La noche del pasado 25 de julio, tras el “Pujolazo”, nadie habría dado un céntimo por el gobierno de la Generalitat y por su presidente, Artur Mas. Un presidente que, además de declararse “hijo político” de Jordi Pujol, había sido durante años suconseller de Hacienda y su jefe de gabinete. Y un gobierno monopolizado por una fuerza política (CiU) que, sobre haber empezado su andadura (en 2010) con un postureo extremistamente neoliberal y austeritario vistosamente aplaudido y sostenido parlamentariamente por el PP, sobre tener su sede embargada por uno de los más escandalosos casos de corrupción política registrados hasta la fecha en el Reino de España, acababa de asistir al suicidio moral y político, en directo y ante propios y ajenos, de su fundador, padre, patrón y, si se quiere decir castizamente, señor de horca y cuchillo. Para complicar más las cosas, ese gobierno derechista que se había subido atropelladamente al carro del soberanismo tras el gran éxito de la Diada del 11 de septiembre de 2012, no dependía ahora del PP, sino que, desde el fiasco electoral de CiU en noviembre de 2012, dependía parlamentariamente de la benevolencia de lo que casi todo el mundo entendía como la fuerza política de futuro en Cataluña, una pujante ERC de centroizquierda. Y para complicarlas todavía más, y por si el sedicentemente férreo marcaje parlamentario de ERC sobre CiU no bastara, existía un poderosísimo movimiento democrático popular (centenares de miles de personas) de inspiración soberanista que, vigilante en la calle, pasmosamente bien organizado y dotado de una enorme capilaridad social, podía –como tanto se ha repetido— “pasarle por encima a Mas y a su gobierno” sin mayor tramite que el de proponérselo.
Este pasado 10 de noviembre ni sus peores enemigos podrán negar que Mas es ahora mismo –¡menos de 4 meses después!— el verdadero amo del tablero de la política catalana. ¿Cómo es posible?
Hace poco más de un año, escribíamos que el imponente auge del movimiento popular soberanista en Cataluña revestía el carácter de un auténtico curiosum en la vida política europea: un enorme movimiento popular de protesta democrática callejera, insólito en una Europa meridional cuyas poblaciones comenzaban a sucumbir visiblemente en la calle (Grecia, Portugal, no digamos Italia) a los efectos social y políticamente devastadores de cuatro años de extremistas políticas procíclicas de consolidación fiscal, destrucción salarial, estrangulamiento de servicios públicos y jaque sin precedentes a los derechos sociales. Pues bien; este asombroso triunfo al que acabamos de asistir de lo que un perspicaz periodista ha comenzado ya a llamar el “partido del Presidente” viene a confirmar ese carácter. Para lo que puedan servir, las observaciones que siguen tratan de echar alguna luz más o menos informal –y más o menos desenfadada— sobre las últimas aventuras y desventuras del curiosumcatalán.
1. Crónica de un chasco
Vayamos a los hechos más pertinentes entre el 25 de julio y el 9N:
26 de Julio.— El día siguiente al shock de la confesión autoinculpatoria de Jordi Pujol, ningún partido o grupo de las izquierdas catalanas (PSC, ERC, ICV, EUiA, CUP) se atreve a exigir la dimisión inmediata del presidente Mas y de su gobierno austeritario. Verosímilmente, en el caso de las cuatro últimas fuerzas, porque ninguna se atreve a presentarse como la primera en poner en riesgo el “proceso soberanista” en marcha: había, supuestamente, una situación, de emergencia nacional. Ni siquiera se aprovecha la circunstancia para exigir la remodelación del govern, y la salida del mismo de tipos tan emblemáticamente causantes de la peor emergencia social, como el privatizador conseller de Sanidad Boi Ruiz, el inefable home de negocis del entorno inmediasto de la familia Pujol, Felip Puig, o el verdadero monumento a la torpeza locutiva parlamentaria que es el conseller de economía Andreu Mas Colell.
Agosto.— De este mes de vacación veraniega lo más notable parece una conversación secreta entre Mas y Junqueras, en la que el presidente hace saber al “líder de la oposición” su determinación a que la consulta del 9N (pactada en diciembre de 2013) no se salga de la legalidad, y de no proceder a hacerla como tal, si el gobierno español recurre al Tribunal Constitucional y éste la paraliza. Se suceden una serie de declaraciones amedrentatorias de Junqueras hacia Mas, el sentido inequívoco de las cuales es que si Mas no cumple con el 9N tal como acordaron en su día las fuerzas integrantes del pacto soberanista, Junqueras dejará de sostener a Mas parlamentariamente. El resto de fuerzas soberanistas (ICV, EUiA y CUP) exigen a Mas lo mismo, y aprovechan para dar a ERC una puñalada de pícaro –algunos, un simple pellizco de monja— por su sostén parlamentario a las políticas neoliberales “inaceptables” de Mas y su govern. Abundan los comentarios periodísticos y tertulianos de que si Mas no cumple lo pactado para la consulta del 9N, el presidente “está acabado”, y no sólo parlamentariamente: también porque la “sociedad civil movilizada le pasará por encima”.
11 de Septiembre.— La gran V ciudadana de la Diada fue un éxito de convocatoria popular no por esperado, menos espectacular. El Pujolazo parecía no haber hecho mella en la moral popular, y el movimiento democrático realizaba otra demostración de fuerza, autoorganización y enorme capilaridad social, particularmente entre unas robustas clases medias catalanas ahora crecientemente politizadas con la crisis por el soplo de la esperanza soberanista, pero de gran y vieja tradición democrática. Los habituales insultos de la nueva y la vieja extrema derecha españolistas (“nazis”, “identitarios”, etc), además de inaceptablemente necios en sí mismos, no pueden sino reforzar la cohesión y la autoestima de los injustamente insultados. No sólo eso: la “causa democrática catalana” empezó a ganar adeptos inesperados por todo el Reino.
26 de Septiembre.— Tras varias escaramuzas entre ERC y CiU sobre la fecha más conveniente de comparecencia de Pujol en sede parlamentaria que los lectores muy interesados en el Procés recordarán de sobra, pero que no merecen ni ser recordados para el resto de lectores, un expresidente expuesto a la befa y aun al escrache públicos desde el 25 de julio comparece ante el Parlament para dar explicaciones. Lo más notable de esa comparecencia termina siendo la explosión de cólera de un Pujol firme y ensoberbecido, que ni siquiera se priva de acusar a sus (tímidos) acusadores de “inmoralidad política”. El espectáculo resulta tan pasmoso, que sólo parece prima facie descriptible en términos etológicos, más que propiamente políticos. Es el de un viejo macho alfa haciendo gran alarde de sus facultades de plenitud ante una colección de acollonados diputados y diputadas. (Para ser justos, y con independencia del contenido de sus respectivas intervenciones, hay que decir que sólo las del ecosocialista Joan Herrera, el independentista radical David Fernández y el monárquico-liberal Albert Rivera lograron sobreponerse un poco al clima de estupefacción imperante.) Pero la pregunta propiamente política que quedó en el aire es otra: cómo consiguió la Segunda Restauración borbónica y su régimen del 78 convertir al Parlament y la Generalitat de Catalunya –instituciones harto más antiguas, como suele recordar con razón Mas— en una jaula más apta a la observación etológico-cognitiva que a la crónica política. La pregunta es tanto más pertinente, cuanto que el Pujolazo parecía haber desbaratado de golpe la ilusión –más tácita que explícita—de buena parte del soberanismo, según la cual Cataluña era diferente y aún muy diferente de España: como si la “Transición”, dígase así, no hubiera tenido también radicales efectos de configuración de la política catalana, por “específicos” que éstos fueran (como, en efecto, fueron: pero de eso, luego). Baste por ahora decir que esa ilusión, que no es la única, ni siquiera, tal vez, la más importante, ha sido desde luego parte importante en los errores graves de las izquierdas catalanas: nunca hubo “oasis catalán”).
27 de Septiembre.— En un acto revestido de toda la solemnidad protocolaria, Mas firma el decreto por el que se regirá la convocatoria del 9N. Lo más recordado de ese día son los mohines emocionados del dirigente de la CUP David Fernández. El ecosocialista Joan Herrera, al parecer más avisado, es, en cambio, el único jefe de las fuerzas del pacto soberanista que se niega a acudir a ese acto como séquito de Mas. Y es muy interesante observar esto, porque está cargado de consecuencias: Herrera se convierte por unos días en objeto de escarnio independentista: es un tites (un pendejo) y un vacilón, no un true believer. El hecho es muy importante por dos motivos:
A) porque, en efecto, Herrera nunca se presentó como tal, sino como un partidario consecuente del “derecho a decidir” de Cataluña, razón por la cual la crítica era cuando menos extemporánea, y:
B) la saña con que, a pesar de eso, fue atacado revelaba, por si falta hacía, que los independentistas true believers no terminaban de entender (¡exactamente igual que los unionistas españolistas más ranciamente apegados a la Segunda Restauración!) algo fundamental en la naturaleza del Procés que estaba en marcha. Y es a saber: no sólo que lo que se estaba dirimiendo era el ejercicio de la autodeterminación de Cataluña, sino que para que ese ejercicio tuviera validez política y pudiera llegar a ser una vía hacia una posible independencia de Cataluña, era de todo punto imprescindible la máxima participación de los catalanes no independentistas, y con mayor motivo, huelga decirlo, de los que explícitamente reconocen ese derecho y luchan por él. Hace poco más de un año ya tuvimos ocasión de avisar sobre esta ceguera –ahora sabemos que suicida— de los independentistas más fervientes a propósito de la gran manifestación de la Diada de 2013: dijimos entonces que fue un error grave de la ANC convertir esa manifestación en un acto independentista excluyente. Ese error fue sólo uno de los primeros de una reveladora serie de yerros, no por innecesarios menos fatales.
29 de Septiembre.— El Tribunal Constitucional admite a trámite los dos recursos planteados por el gobierno de España contra el decreto de convocatoria del 9N de la Generalitat, y por consecuencia de esa admisión, queda suspenda provisionalmente la consulta, y Artur Mas, explícitamente “avisado” de su deber de “obediencia”.
14 de Octubre.— Mas anuncia que, en congruencia con la posición que fijó públicamente en agosto de proceder con escrupuloso respeto a la legalidad vigente, acatará esa decisión, y convoca a una especie de cónclave, rodeado de secreto y “discreción”, al conjunto de los partidos soberanistas que habían pactado el 9N. Idas y venidas, declaraciones altisonantes, estupefacientes lloriqueos del hasta hace muy poco “Goliat” Junqueras en una estupefaciente entrevista retransmitida en directo. Mas propone y acaba imponiendo un “Nou-Nou-N”, un nuevo 9N, un “butifarrendum”, como llegó a bautizarse en su momento, que ya no sería una “consulta” legalmente amparada por su decreto, sino una especie de fiesta participativa popular con voto incluido.
19 de Octubre.— La ANC y Omnium organizan un gran acto en Barcelona al que acuden cerca de 100.000 personas. Resulta evidente que Carme Forcadell y Muriel Casals han sucumbido al ultimátum de Mas: o butifarrendum o se acabó el Procés, es lo que hay. En su parlamento desde la tribuna, Carme Forcadell hace un amago de autonomíaa y, tras aceptar el butifarrendum como mal menor, “exige” al President en nombre del movimiento popular soberanista que haya elecciones pleibiscitarias inmediatamente después del 9N (“antes de tres meses”). No cabe duda de la composición ideológica de los manifestantes: el 58,6% de los que se declaran de izquierda en Cataluña son independentistas, y lo son también el 58,5% de los que se declaran de centroizquierda; por contra, sólo el 33% de los independentistas se declaran en el centro, sólo el 36,2% se ubican a sí mismos en el centroderecha, y sólo el 38,2% se sitúan netamente en la derecha. La esforzada –y crédula— masa de izquierda que asiste combativa al acto ni siquiera repara en el hecho de que, en la tribuna de los parlamentos se halla un personaje exsocialliberal (del PSC) pasado al neoliberalismo duro de CDC, el tertuliano habitual y consejero de Endesa Germà Bel. El “tibio” Herrera no asiste al acto; Junqueras, sí, pero –en vivo contraste con el chocante regocijo de otros jefes de formaciones de izquierda menores—sin el ningún entusiasmo y con una inconfundible cara de circunstancias: ya empezaba a darse por muerto politicamente.
4 de Noviembre.— Después de celebrar por todo lo alto el “fracaso de Mas y su consulta” y de hacer todo tipo de chanzas sobre el sucedáneo del Nou-9-N, el gobierno Rajoy da un paso aparentemente incongruente con eso, y presenta ante el TC un nuevo recurso contra el “butiffarrendum”. El TC lo admite también a trámite por unanimidad, lo que significa su automática suspensión, pero esta vez sin –como pretendía el gobierno— “advertir” expresamente al Presidente Mas de la “obligación de cumplimiento”. Como explicó en su momento el constitucionalista Pérez Royo, tal como estaba planteado, el “butifarrendum” no era ya otra cosa que ejercicio de libertad de expresión y “derecho al pataleo”, y difícilmente podía hacer ya más de lo que hizo el TC sin perder el último adarme que pudiera quedarle, no ya de autonomía, sino de probidad jurídica. Por una filtración de El Periódico de Cataluña del 7 de noviembre, se supo que existía desde hacía meses una línea de negociación secreta entre el govern y el gobierno, cuyos protagonistas principales eran la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y el superasesor de Rajoy Pedro Arriola, de un lado, y, del otro, la vicepresidenta Joana Ortega y Joan Rigol, presidente de la Comisión delDret a decidir. La naïf e irritada reacción de Junqueras a esas revelaciones autoriza a creer que, ahora sí, el hombretón se daba definitivamente por muerto.
8 de Noviembre.— La autoproclamada “astucia” de Mas en el manejo del Procés no fue desmentida por los hechos: si lo que verosímilmente habían pactado los negociadores secretos era que todo se dejara en manos de la “sociedad civil” y que elgovern se mantuviera prudentemente al margen, Mas hizo lo contrario: asumió públicamente toda la responsabilidad y presentó abiertamente el butifarréndum como un proceso, en el desarrollo del cual su gobierno, además de “responsable último”, era parte organizativa importante, junto con los partidos soberanistas y la “sociedad civil”.
9 de Noviembre.— Las fuerzas soberanistas consiguen un éxito de movilización y organización indiscutible, para tratarse de un “butiffarrendum”: 2 millones 400 mil votantes (más de un tercio del censo eficazmente improvisado sobre la marcha, a la norteamericana). En una jornada por muchos motivos memorable, y como si del final del Padrino se tratara, en 24 horas el President ha liquidaso de un solo golpe a todos y cada uno de sus enemigos: ha humillado de forma antológica a Rajoy y al gobierno de España, con efectos verosímilmente demoledores para un PP ya herido de muerte por los interminables escándalos de corrupción; ha llevado al ridículo de la extrema desesperación al PP de Cataluña, cuya líder, Sánchez Camacho echa la lengua a pacer e irrita notablemente al fiscal general del Estado; se ha cepillado sin despeinarse a Junqueras; y para postre, ha culminado la jornada con un letal abrazo del oso al verboso (y valioso) líder del independentismo más radical y “de base”, un David Fernández inopinadamente atacado por la enfermedad que el viejo Marx diagnosticó en su día como “cretinismo parlamentario”. Artur Mas es el verdadero héroe de la jornada. Sin pretenderlo, acaba de rendir el que tal vez sea el último servicio prestado por el soberanismo catalán como factor capital de descomposición del régimen del 78. Andres Trapiello expresaba todo un estado de ánimo de la derecha españolista más doliente desde las páginas de El País (¡El País!): “el independentismo logró en 12 horas lo que no consiguió el terrorismo de ETA en treinta años: liquidar el Estado”.
El 10 de Noviembre y su resaca inmediata.— En la fecha en la que tantos y tantos incautos, y tantos y tantos demagogos grupusculares –y tantos y tantos aprendices de Gran Inquisidor dostoyekskiano— habían dicho que Cataluña sería ya independiente (las hemerotecas son muy crueles), el Procés vuelve a la casilla de partida: no hay fecha alguna para un “verdadero referéndum de autodeterminación”, y sólo la obcecación del beato o la premeditación del manipulador puede considerar factible algún tipo de DUI (Declaración Unilateral de Independencia): hasta el omnipresente tertuliano y economista pop neoliberal Xavier Sala i Martín, el campeón de los diagnósticos acertados, ha tenido que salir al paso de independentistas todavía más presos que él del espejismo, según el cual un proceso de independencia en el mundo encantadoramente “globalizado” en que vivimos es cosa poco menos que de coser y cantar (para divertirse comprobando que este tuerto neoclásico es ahora el rey del “realismo” político, véase AQUÍ). La señora Forcadell lleva ya días callada, y, por supuesto, no se espera que le recuerde al President el “ultimátum” que le dirigió el pasado 19 de octubre (elecciones “antes de 3 meses”). Por distintos motivos, lo cierto es que nadie está de verdad interesado en unas elecciones autonómicas, y menos que nadie el intrigante Iceta y los zozobrantes Rajoy y Pedro Sánchez.
No lo están el resto de fuerzas soberanistas, que nada podrían ganar con unos comicios anticipados, y algunas, si no todas, podrían perder mucho con la segura irrupción a lo grande de Podemos en el panorama catalán, una fuerza que ya ha advertido que, a diferencia de las municipales (Guanyem Barcelona), ni siquiera dejará en las autonómicas que ICV sea cola de león. Una fuerza, cuyos principales dirigentes (Pablo Iglesias e Iñigo Errejón) han llegado ya a esbozar una política inteligente respecto del derecho de autodeterminación de Cataluña y que, además de arrebatar votos a las izquierdas tradicionales catalanas (y de frenar definitivamente el postureo demagógico de ese Albert Rivera que comparte asesora de imagen con el huero figurín que está provisionalmente a la cabeza del PSOE), podría sacar de la abstención a una enorme bolsa de votantes tradicionalmente excluidos del “oasis catalán”, particularmente en los barrios obreros de Barcelona y su comarca. (Dicho sea de paso: una particularidad en la configuración de la política catalana por la Transición es el pacto entre PSC y CiU luego del caso Banca catalana en 1984, por el que, a través de distintos mecanismos –incluido señaladamente el del tipo de política lingüística impuesta por el pujolismo a las instituciones públicas— las elecciones autonómicas se conviertieron en la práctica en elecciones con sufragio censitario, con baja participación del cinturón rojo barcelonés: el PSC sólo podía ganar en las generales españolas, CDC ganaría siempre en las autonómicas catalanas.)
Y aunque el crecido portavoz Homs no tardó en sacar pecho declarando que CDC no teme ni unas elecciones anticipadas ni presentarse en solitario a las mismas (sin lista única” independentista), el secretario general de CDC, Rull, ya ha dejado dicho que “el objetivo no es correr, es llegar, votar y ganar”. Y Mas, héroe y dueño por ahora de la situación, no se ha privado hoy mismo (16 noviembre) de acusar al resto de fuerzas soberanistas de “dividir”, declarando redondamente que las cosas de palacio van despacio y que “el independentismo debe todavía crecer y seducir a los que votaron ‘sí-no’”.
Harina de otro costal es que Mas se salga esta vez con la suya. Si sólo siguiera contando la “emergencia nacional”, habría a estas alturas que descontar como muy probable que sí, que se saldría con la suya. Pero está también la “emergencia social”, y no es nada seguro que, tras haberse despejado definitivamente la “niebla independentista” en Cataluña, no empiecen a estallar con toda su fuerza y a radicalizarse dinámicas unitarias de “emergencia social”: el prometedor fenómeno municipal de Guanyem-Barcelona va, obviamente, en esa línea. Después del 9N, Cataluña ha entrado en un escenario político “postindependentista”: muy difícilmente podrá el independentismo seguir monopolizando la agenda política.
2. La geografía social y política del voto del 9N, y los límites del independentismo
Aunque el derecho de autodeterminación de Cataluña figura sólo en el puesto 4º del ranking de preocupaciones de los catalanes (por detrás del paro, de la situación económica y de la corrupción política), un 80% está claramente a favor del ejercicio de ese derecho. El 9N sólo fueron votar un tercio largo de los convocados a las urnas de cartón. Una cosa es segura: prácticamente todos los independentistas fueron a votar: si admitiéramos que todas las papeletas ‘si-si’ expresan una posición independentista (lo que no es, obviamente, el caso en este “butifarréndum”, porque hay que registrar un indeterminado pero desde luego no pequeño volumen de voto estratégico de castigo a la caverna españolista), los independentistas son 1,8 millones de votos sobre un censo de más de 6. Otro medio millón largo votó otras cosas, señaladamente el “si-no” recomendado informalmente por los jefes de dos partidos tradicionales de la escena política catalana –la Unió de Durán Lleida y la ICV de Joan Herrera—, cuya profunda crisis actual se expreso en el hecho de que ni siquiera lograron fijar una posición común de partido sobre el sentido del voto. Es decir que del 80% de partidarios del ejercicio del derecho de autodeterminación que no son independentistas, sólo una porción muy pequeña acudió a las urnas. La obcecación de los independentistas con el independentismo, su incomprensión del hecho elemental de que, incluso para favorecer la causa del independentismo, había que presentar clara y no sectariamente el proceso como un proceso de autodeterminación al que todos los demócratas partidarios del “derecho a decidir” estaban convocados y eran bienvenidos, se atravesó como principal obstáculo en el camino de una participación masiva del voto democrático antiindependentista en el “butifarréndum”. Mas, que es ahora el listo de la clase, apunta precisamente a eso cuando dice que el “independentismo tiene que crecer” y tratar de “seducir” al voto ‘si-no’ . Dicho sea de pasada, y llevando hasta el final la falsa lógica de una “consulta” que no era tal, sino una jornada de movilización contra la prohibición del ejercicio del derecho de autodeterminación: alguna fuerza soberanista de izquierda, aparentemente consciente de que el proceso soberanista catalán era sobre todo una manifestación de la crisis de la Segunda Restauración –y no un repentino e inopinado brote de locura identitario-nacionalista de centenares de miles de catalanes—, podría haber apostado por un “si-en blanco”. Eso habría al menos mostrado que no se estaba necesariamente por principio en contra de la independencia, sino que simplemente se dejaba esa cuestión al albur de la evolución venidera de la crisis del régimen monárquico español, poniendo de paso en evidencia al más iluso de los espejismos independentistas, la idea de que “todo depende de nosotros”, pase lo que pase en el resto del mundo, y particularmente, sea cuál sea la correlación de fuerzas políticas en el conjunto del Reino de España…
Si atendemos a la geografía social y política del voto del 9N, la conclusión es evidente: la mayor participación se correlacionó con el mayor volumen de “si-si”, y eso se dio en la Cataluña profunda (la central no costera, salvo el autónomo Valle de Arán, desde siempre hostil al independentismo). Por el contrario, le menor participación se correlaciona con el mayor volumen de voto distinto al “si-si” –particularmente el “si-no”—, y eso se dio en la Cataluña costera y muy particularmente en el llamado “cinturón rojo” de Barcelona: en Hospitalet, la segunda ciudad del país en peso demográfico, sólo votó “si-si” el 13,82% (frente a la media del 80%); en Santa Coloma de Gramanet, el 10,76%; en Cornellá, el 14,30%...
3. La autodeterminación es la luna; el movimiento neoindependentista catalán es sólo el dedo que apunta hacia ella
Ayer, 15 de noviembre, nada menos que The Economist se pronunciaba sobre el asunto catalán con un editorial exigiendo poner de una vez fin a la disputa “dejando votar a los catalanes” en un referéndum legal “como el escocés”. El mundo empresarial madrileño y barcelonés se ha movido desde hace tiempo en un sentido no muy distinto. El esquema de base parece suficientemente realista a primera vista, habida cuenta de los resultados del 9N: hoy por hoy, los independentistas están todavía muy lejos de poder ganar un referéndum; no hay precedentes de un referéndum de secesión que haya registrado una participación inferior al 83%, y en Quebec se registró cerca de un 98%: así que al independentismo catalán le faltarían todavía, en el más halagüeño de los casos, alrededor de un millón de votos.) ¿Por qué, pues, enterquecerse en abortarlo? Parece necio. El pequeño problema, como hemos contado varias veces desde estas páginas, es que el Reino de España no es el Reino Unido. El régimen del 78, como ha observado agudamente el constitucionalista español Javier Pérez Royo, no fue una restauración de la democracia con formas monárquico-parlamentarias, sino que fue una restauración monárquica con formas democráticas (“Monarquía insostenible”, El País, 27 de junio 2014). El precio de ese pecado original fue la liquidación, no sólo de la reivindicación republicana, sino de las exigencias de autodeterminación para Cataluña, Euskadi y Galicia común a todas las izquierdas antifranquistas, incluido el PSOE de Suresnes: ningún pueblo de España podía autodeterminarse, si la Segunda Restauración significaba precisamente la negación de la autodeterminación del conjunto de todos los pueblos de España.
El ponente constitucional comunista Jordi Solé Tura se quedó en su momento sólo en esa nueva posición revisionista; PSOE y nacionalistas vascos y catalanes se limitaron a mirar oportunistamente para otro lado (para luego recoger los frutos de su inclusión en el arco político dinástico). Empezó entonces en España un muy rentable negocio académico y publicístico, consistente en degradar o poner al menos sordina al principio de autodeterminación de los pueblos, un principio forjado por la Escuela de Salamanca en el siglo XVI (del modo más notable por Bartolomé de Las Casas) y recuperado y refinado por la Ilustración dieciochesca radicalmente anticolonialista (el enciclopedista Jaucourt –“mueran las colonias antes que un principio”—, el republicano Kant, el revolucionario jacobino Abbé Gregoire y tantos otros). Ese principio, como el conjunto de los Derechos Humanos revolucionarios, desapareció prácticamente del derecho constitucional mundial –a pesar de los intentos de Lenin y del presidente Wilson por revivirlo a comienzos de la primera posguerra— durante 150 años: desde el golpe de Estado termidoriano (1794) hasta la derrota político-militar del nazifascismo en 1945.
La Declaración Universal de NNUU de 1948 lo reintrodujo con toda solemnidad, pero a causa del estallido de la Guerra Fría y de la consiguiente restauración de la doctrina geopolítica de las ”zonas de influencia” –que Roosevelt y su efímero Secretario de Estado Edward Stettinius habían querido evitar a toda costa en 1944—, el derecho de autodeterminación de los pueblos tendió a ser en la práctica revisado iuspositivistamente, recortado y limitado a situaciones de colonización “particularmente graves” en el llamado “tercer mundo”. (Obsérvese, por cierto, que tras el desplome del “socialismo real” y en el tránsito hacia la reconfiguración de las “zonas de influencia” volvieron a proliferar, para bien y para mal, las autodeterminaciones de distintos pueblos viejoeuropeos.) El caso es que Reino de España debe de ser es uno de los pocos países en donde parece académicamente respetable ignorar que la vieja doctrina que se afianzó entre de Vittoria y Bartolomé de Las Casas y el Kant republicano-revolucionario (ese “derecho internacional democrático-cosmopolita” que Meinecke dio por definitivamente muerto en 1908 en su clásico Weltbürgertum und Nationalstaat: la tripleta indivisible de inalienables derechos individuales, derechos colectivos de los pueblos y derechos de la humanidad toda) mantiene desde 1948 toda su vigencia doctrinal y está en el núcleo normativo (ius cogens) de la justicia universal y del derecho internacional público: el ius cogens es el principal baluarte jurídico internacional contra el peligrosísimo regreso de la Realpolitik y de la lucha geopolítica descarnada por esferas de influencia que ha traído consigo la remundialización económica neoliberal.
Precisamente: la "globalización" neoliberal, que ha puesto una presión insoportable sobre la soberanía monetaria y fiscal de los Estados nacionales, ha terminado por generar múltiples tentaciones de secessio plebis y fugas al Aventino, particularmente en la vieja Europa: debería ser suficientemente obvio que alguna relación guardan el auge soberanista en Cataluña y la capitulación de la soberanía española que significó la reforma exprés del artículo 135 de la CE improvisada por PP y PSOE en el malhadado verano de 2011. Cada Estado lidia con esas situaciones de desagregación centrífuga como puede o sabe: la politíca es históricamente path depending, como es bien sabido.
Y lo que convendría entender cabalmente es que en el Reino de España esas tentaciones aventinas son particularmente peligrosas, porque se amalgaman a inveteradas exigencias de autodeterminación tal vez dormidas durante décadas, pero espectacularmente despertadas por la evidente trituración de la soberanía política del Reino de España a que hemos asistido en estos seis últimos años de grave depresión económica. Y la autodeterminación de los pueblos apunta al corazón mismo de la II Restauración. Lo importante aquí --a diferencia del Reino Unido UK— no es el resultado de un "referéndum”, que casi todo el mundo daría hoy por hoy por descontado, sino el hecho mismo de que se haga, es decir, el reconocimiento mismo del derecho de autodeterminación (véase por ejemplo el artículo de Francisco Laporta en El País del pasado 20 de octubre),
Sólo los obnubilados pueden empeñarse ya a estas alturas en atender al dedo de la independencia que apunta a la Luna; porque el peligro real para los "poderes que realmente son" es, precisamente... la Luna, es decir, el ejercicio real del derecho de autodeterminación. El grueso de los errores políticos de las izquierdas catalanas en los últimos años derivan, en el mejor de los casos, de no sacar las debidas consecuencias de eso tan sencillo. En el peor, de ni siquiera advertirlo. El drama revelado en toda su magnitud el 9N es que, tras el lapso crucial que medió entre laAbdicación real y el Pujolazo, las distintas izquierdas catalanas tradicionales desaprovecharon la oportunidad política de enfocarlo así y de despejar preventivamente la niebla de la política catalana. Los antiguos pintaban a la ocasión (la diosa griega Tyché, la latina Fortuna) calva, porque pasa una sola vez, y si no la coges por el pelo y la dejas calva, ya no vuelve a pasar… La crisis de la II Restauración seguirá, metamorfoseándose por otras vías y radicalizándose social y políticamente, y el problema de la autodeterminación catalana seguirá siendo parte importante en el desarrollo de esa crisis. Pero sea de ello lo que fuere, diríase que Cataluña comenzó a entrar el 9N en un escenario político muy distinto, en el que el independentismo habrá dejado de ser el asunto principal de la agenda política.
Antoni Domènech es el editor de SinPermiso. Gustavo Buster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.
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