lunes, 27 de octubre de 2014
Cataluña 9-N .-No ser para votar , sino votar para ser.
Las trampas de la consulta
Francisco J. Laporta 20 OCT 2014 -
El País.
Federalistes d'Esquerres
Siempre he pensado que nacionalismo y democracia son dos idearios poco compatibles. La democracia descansa en los ciudadanos pensados individualmente, el nacionalismo en cambio en un todo social —la nación, el pueblo— por encima de ellos. Para la democracia el ciudadano es singular, autónomo e independiente. Para el nacionalismo la ciudadanía es sobre todo pertenencia. Lo que define tu identidad en el ideal democrático es tu individualidad libre y creadora; en el ideal nacionalista, tu pertenencia al todo nacional. Por eso los nacionalistas siempre hablan en nombre de la patria; los demócratas, en nombre de los ciudadanos. Y eso es también lo que hace tentadora la idea de que el mejor antídoto contra el nacionalismo es la democracia. A cada afirmación nacionalista sobre los rasgos y preferencias del “pueblo” debería poder responderse con una pregunta ciudadano por ciudadano. Los resultados serían sorprendentes.
Esto, sin embargo, no parece encajar con el terco empeño que está exhibiendo el nacionalismo catalán en consultar al poble si quiere que Cataluña sea un Estado independiente. “Queremos votar”. El argumento se presenta como irrebatible: si uno es demócrata ha de aceptar que el pueblo catalán, voto a voto, manifieste su posición sobre el tema. ¿No es esto contrario a lo que he afirmado? Creo que no, y para argumentarlo voy a tratar de indagar un poco si hay en el empeño alguna trampa o ardid escondido.
Lo más sorprendente de la posición oficial de la Generalitat y la mayoría nacionalista del Parlamento catalán es que saben que las encuestas de que se dispone hasta el momento, incluso las más sesgadas, vienen afirmando sistemáticamente que la posición independentista no es mayoritaria en Cataluña. Está creciendo mucho, pero no es mayoritaria. Tienen pues que saber que una pregunta sobre el tema lleva hoy por hoy las de perder. Y sin embargo se obstinan en hacer la pregunta. ¿Por qué? La respuesta no puede ser más que esta: en realidad, cualquiera que sea el resultado de la consulta, al realizarla habrán conseguido el reconocimiento jurídico y político de Cataluña como un demos que tiene derecho a manifestarse como sujeto político autónomo. He ahí la trampa subyacente. No es que Cataluña sea una nación y en virtud de ello tenga derecho a decidir; es que si se le reconoce tal derecho se le está atribuyendo la condición de sujeto político con un cuerpo electoral propio. Y si además ese derecho a pronunciarse versa, como es el caso, sobre quién ha de ser el depositario de la soberanía política, entonces se le está reconociendo como nación política.
Lo que busca, pues, esa porfía por hacer la consulta no es un ejercicio de democracia, sino que se reconozca jurídicamente al pueblo de Cataluña el título político de sujeto decisor, porque eso sería un reconocimiento institucional de su carácter de nación. Lo que en definitiva persigue es votar la pregunta, porque el mero hecho de votarla lleva consigo la creación del título para ello, la pretensión de soberanía. Si nos permiten votar esa cuestión, eso significa que tenemos derecho a hacerlo. Y desde esa perspectiva, claro, el resultado da igual. Lo importante es la definición del sujeto colectivo como entidad soberana que el hecho de votar comporta.
Primera trampa, pues: no ser para votar sino votar para ser. Y aquí aparece inmediatamente una segunda trampa. Porque, debido a una sorprendente asimetría, este tipo de procesos parecen abocados a terminar sólo de un modo. El destino de Cataluña una vez alcanzado el carácter de sujeto nacional con derecho a decidir sobre su futuro político acabará por ser, antes o después, la independencia. ¿Por qué? Pues porque si la respuesta es “no”, la cuestión sigue abierta y puede repetirse la consulta indefinidamente; pero si la respuesta es “sí”, el debate se da por cerrado y la decisión se considera irreversible. Esta fijación con la reiteración de las consultas fallidas es un notable rasgo del pensamiento nacionalista. Y un indicio claro de que, en efecto, su amor por la democracia tiene sus límites. En realidad sólo se apoya en ella cuando le da la razón. Ahí está si no Quebec, con un referéndum en el 80, otro en el 95 y un tercero ya anunciado. Y no debemos dudar de que si lo llegan a ganar no vuelven a convocar al pueblo a un nuevo ejercicio de democracia. Esto es lo mismo que sucedería en Cataluña fuere cual fuere el resultado de la hipotética consulta: una vez reconocido el sujeto decisor, el proceso se reiterará las veces necesarias para llegar al resultado querido. El ciudadano catalán debe pensar por ello que vote lo que vote, no hace sino poner su destino en una pendiente en la que cada consulta fallida realimentará los mecanismos nacionalistas del poder social para demandar otra.
La tercera trampa se oculta en la naturaleza misma del tipo de proceso que se propone. Porque el referéndum (o la consulta, o el plebiscito, etcétera) es el puro simplismo. Y en el simplismo solo caben cuestiones simples. Esto se ha dicho tanto que cansa ver una y otra vez cómo se apela a un mecanismo tan elemental para saldar cuestiones complejas y difíciles. Pero la añagaza es precisamente esa, porque al simplificar cuestiones complejas se cuelan de rondón en las consultas mercancías difíciles de vender a cara descubierta. La simplificación es en realidad un encubrimiento. La crisis económica actual se desencadena con el invento financiero de hacer un paquete con créditos hipotecarios de todo género, buenos, malos y peores, y vendérselo al incauto como un título unitario. Pues bien, las preguntas en paquete son como las hipotecas en paquete. El votante catalán debe saber que con el “sí” le van a endosar no pocos activos tóxicos de los que no se le había advertido. Seguramente también con el “no”. Porque ambas posiciones son puras simplificaciones de decisiones complejas que demandan matices, deliberaciones y balances delicados, cosas todas incompatibles con esas decisiones elementales y perentorias. Se sabe ya desde hace mucho que si fueran votadas separadamente las variadas cuestiones agazapadas en la pregunta de un referéndum, los resultados serían muy diferentes.
Como marco jurídico para afrontar cuestiones tan graves, el Parlamento de Cataluña ha engendrado una ley de consultas en la que, por zafarse de los límites legales vigentes, no contempla siquiera un censo serio de electores, suprime a los jueces de la administración electoral del proceso, y no establece delitos o faltas ni recursos judiciales contra las posibles irregularidades. Un texto, pues, ayuno de las más elementales garantías formales. Un paraíso para los ardores de la Asamblea Nacional de Cataluña. Cualquiera que sea el final de este irresponsable proceso, somos muchos los que creemos que los ciudadanos catalanes merecen algo más que esta burda ficción de democracia.
Francisco J. Laporta es catedrático de
Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
domingo, 26 de octubre de 2014
Cataluña la venta de datos médicos y el TTIP..
¿Qué tiene que ver la venta de tus datos médicos con el tratado internacional TTIP?
Escrito por Kaos. Derechos humanos
Boi Ruiz está vendiendo tus datos clínicos a compañías privadas para
su uso. Eso te indigna pero no sorprende. Lo que te va a sorprender es
que esto está ligado al tratado de libre comercio internacional,
el TTIP, que nos va a quitar todos nuestros derechos y va a quitar la
poca eficacia que ya tenían nuestros parlamentos. La compañera Clara
Valverde nos envía estos textos imprescindibles de varias autoras para
entender que puede pasar de aprobarse el TTIP.
Cafeambllet: Catalunya venderá datos de pacientes de la sanidad pública a empresas privadas
[La información contenida en este reportaje ha sido recopilada y
analizada por Cafeambllet entre los días 8 y 15 de septiembre de 2014.
Para acceder al listado de fuentes utilizadas, hacer click aquí . Si quieres colaborar para que Cafeambllet pueda imprimir y distribuir 145.000 ejemplares con esta información, haz click aquí]El Proyecto VISC+ responde a las demandas de la indústria farmacéutica y tecnológica de liberar datos para potenciar el negocio a nivel internacional.
Por Albano Dante Fachin Pozzi
La primera noticia que tuve sobre el Proyecto Visc+ + me llegó por Twitter, donde alguien escribió: “Leed este artículo de la diputada de la CUP, Isabel Vallet. IM-PRES-CIN-DI-BLE “. El artículo en cuestión se titulaba “Nuestro historial médico: en venta“.
Un titular que si no hubiera sido obra de una de las diputadas que mejor conoce el sistema sanitario catalán- me habría parecido hasta cierto punto exagerado. Pero, lamentablemente, no hay ninguna exageración.
Partiendo del artículo de Isabel Vallet, en la revista cafèambllet decidimos investigar la génesis, las características y los impulsores del Proyecto Visc+, la herramienta que permitirá al Gobierno de la Generalitat de Cataluña poner en manos de la industria sanitaria internacional los datos médicos de los 7 millones de usuarios del sistema sanitario catalán.
El Proyecto Visc+
El 4 de junio de 2013 el Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó el Proyecto Visc+. Según la nota de prensa publicada en su web, el objetivo del Visc+ es “poner la información sanitaria a disposición de los ciudadanos, las empresas y la investigación” para “mejorar los servicios de salud”, “mejorar la investigación” y “poner en valor el conocimiento”.
Para hacer posible todo esto, el Proyecto Visc+ se propone “relacionar y estructurar” toda la información obtenida en centros de atención primaria, hospitales, urgencias e, incluso, en las recetas electrónicas. Toda esta información se centraría en un punto que recogería también los 60 millones de documentos contenidos en las historias clínicas de los ciudadanos que utilizan el sistema público de salud. Esta centralización es el primer paso para poner los datos “a disposición de los ciudadanos, las empresas y la investigación”.
Negocio con los datos de todos?
En Cataluña hace tiempo que funcionan varios sistemas para compartir y analizar los datos del sistema sanitario público. Dos ejemplos son la Historia Clínica Compartida –que permite que los historiales médicos estén accesibles a cualquier punto servicio sanitario– o los datos recopilados por la Central de Resultados, que permiten estudiar y mejorar la gestión del sistema sanitario público.
En cuanto a datos para la investigación científica la Generalitat dispone de varias fuentes de información disponible para los investigadores, entre ellas el SIDIAP, que ofrece datos a los investigadores del Instituto Sanitario Vall d’Hebron, la Universidad Politécnica o al Instituto Municipal de Investigaciones Médicas.
Pero el Proyecto Visc+ aporta una novedad muy importante que ninguno de los sistemas anteriores podía ofrecer: mientras que organismos como el SIDIAP establecen claramente que “no cede datos a entidades con ánimo de lucro”, el Proyecto Visc+ tiene a la empresa privada como destinatario principal de los datos. Josep Mª Argimón, uno de los máximos responsables del proyecto lo explica con claridad:
“El proyecto Visc+ proporcionará valor aportando mayor capacidad para que las industrias sanitarias, las farmacéuticas y las biotecnológicas desarrollen su actividad” beneficiando al “tejido económico e industrial”. Según Argimón la apuesta por hacer participar al sector privado en el proyecto Visc+ tiene como objetivo “la promoción y comercialización de los servicios que ofrece el proyecto”.
Más claro no se puede decir.
De dónde sale esto?
Para valorar el peso que el sector privado tiene en el Proyecto Visc+ es útil ver cómo se gestó su nacimiento y quiénes son las personas y empresas implicadas.
Las primeras menciones a las oportunidades de negocio que ofrece la venta de la información médica de los ciudadanos las encontramos en varios documentos publicados por la Fundación TicSalut, un ente creado en 2006 por la Generalitat a instancias de la consejera Marina Geli (PSC). En enero de 2008 Geli dio entrada a la Fundación TicSalut (financiada con recursos públicos) al sector empresarial, creando el “Consejo de Empresas de la Fundación TicSalut”. Entre las empresas miembros encontramos farmacéuticas (Baxter, Esteve, Roche), consultoras (Applus, PWC, Deloitte), tecnológicas (Telefónica, IBM, Indra) y proveedores varios (El Corte Inglés, Agfa, Linde Healthcare).
En el acto de presentación del “Consejo de Empresas” la consejera Marina Geli fue clara y dijo a los empresarios: “Nosotros los necesitamos a ustedes”. Carles Fradera –adjunto de dirección del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Generalitat (CIDEM)– fue aún más claro que Geli: “Os aseguro que os saldrá a cuenta”.
Desde entonces, la importancia del conglomerado industrial ha tomado una enorme relevancia en la Fundación TicSalut y es quien marca las líneas de actuación, tal y como reconoce el actual director de la fundación, Francisco Cuyàs:
“queremos que las empresas nos propongan introducir innovación tecnológica en el mercado “. Gracias a las propuestas del sector privado, Cuyàs explica que la fundación “ha identificado 5 tendencias a nivel internacional” y una de ellas es “la revolución del big data”.
Y aquí es donde entran en juego los datos médicos de los 7 millones de usuarios de los servicios del CatSalut.
El big data
El big data es la capacidad de manipular informáticamente grandes volúmenes de datos con el objetivo de obtener información útil y relevante. En este sentido el proyecto Visc+ tiene dos objetivos fundamentales: centralizar toda la información médica del sistema de salud pública y como hemos visto ponerla a disposición de la industria sanitaria internacional, que lleva años presionando a los gobiernos para que liberen los datos los servicios públicos de salud. Una presión que en Cataluña hace años que lidera la consultora PWC, una de las cuatro grandes consultoras del mundo. En su informe “10 temas candentes de la sanidad 2013″ PWC dedica especial atención a este tema:
“La liberación de estos datos y su reutilización permitirá generar grandes beneficios” como “identificar cuáles son los grupos de riesgo poblacionales con mayor precisión” lo que puede ser “una herramienta útil para el sector asegurador, ya que podrá ajustar las sus primas al riesgo de sus clientes y esto implica disponer de bases de datos poblacionales con información sobre las características personales, comportamientos, patrones de consumo y enfermedades de los individuos”.
Pero PWC es consciente de que estos datos son muy delicadas: “los datos generados en el entorno de la sanidad suelen ser datos con información personal y privada, lo que dificulta su liberación ya que los datos de salud requieren generalmente el consentimiento del sujeto “. Por todo ello, el informe explica que “queda mucho por hacer ya que la confidencialidad y la protección de la privacidad parecen poner barreras al movimiento de allliberament de datos de salud”. Y concluye:
“Pero el reto más difícil será convencer a todos los que actualmente se creen” dueños de los datos “, en clara referencia a las administraciones que custodian la información de los ciudadanos.
Uno de los empresarios colaboradores del TicSalut, Vicens Yeves lo establece con claridad: “Toda la información relativa a los pacientes ya está totalmente digitalizada, sólo falta la voluntad política para compartir esta información”. El proyecto Visc+ es la expresión de esta voluntad política.
La puerta giratoria
El proyecto Visc+ parece hecho a medida de las recomendaciones de PWC y hace realidad las demandas de liberar al sector privado los datos más privados de los ciudadanos.
El proyecto Visc+ lo desarrolla la Agencia de Evaluación y Calidad Sanitarias (AQUA). Este organismo de la Generalitat encargó a PWC el asesoramiento para llevar a cabo el proyecto. Se da la circunstancia de que el actual director de la división sanitaria de PWC (que elaboró el informe recomendando la liberación de datos) es Joan Guanyabens, quien llegó al cargo directamente del AQuAS, de la que era máximo responsable. Así Guanyabens pasa de “propietario de los datos” a trabajar para “convencer a quien se cree propietario de los datos”
Operación en marcha
El informe de PWC pidiendo la publicación de datos se hizo público en abril de 2013. Dos meses después el Gobierno aprobaba el proyecto Visc+. La aprobación llegaba después de que el AQuAS hiciera un “contraste de la idea inicial con los clientes potenciales”. Una vez estos “clientes potenciales” tuvieron dicho la suya, el Aqua “explicar el proyecto a los agentes claves del Gobierno”. Esta sucesión de hechos nos indica que más que de una demanda del Gobierno al sector privado, estamos ante un plan del sector privado -claramente descrito por PWC- que luego se comunica al Gobierno. Este proceso queda totalmente en evidencia cuando miramos el proceso de creación del proyecto.
Diálogo competitivo?
Normalmente, cuando una administración pública debe satisfacer una necesidad lo primero que hace es establecer cuál es la necesidad para luego convocar a las empresas del sector privado que pueden ofrecer el producto o servicio que necesita la administración a través de un concurso público donde las empresas hacen sus ofertas. Pero el caso del Visc+ es diferente. Según el director del Aqua, Josep Mª Argimon:
“Las inversiones [para llevar a cabo el proyecto Visc+] son difíciles de cuantificar” y por ello se convoca a un ‘diálogo competitivo’ entre empresas del sector para decidir cómo se debe llevar a cabo el proyecto”.
El “diálogo competitivo” es una herramienta de contratación utilizada cuando la administración tiene una necesidad concreta pero no puede establecer por sí mismo de qué manera debe satisfacerla. ¿Cuál es la necesidad concreta en este caso? Los promotores del Visc+ presentan dos necesidades: el tratamiento de datos para gestionar mejor el sistema público y la “generación de productos y servicios” para las empresas.
Con estos dos objetivos el AQuAS convoca a nueve empresas a un “diálogo competitivo” para diseñar y poner en marcha el Visc+. Quién recomendó al AQuAS utilizar los ‘diálogos competitivos’ para hacer la contratación fue PWC. ¿Cuál es entonces la “necesidad” del Gobierno para impulsar el proyecto Visc+, más allá de las vaguedades de “mejora del servicio” y “sostenibilidad del sistema”?
La industria en el frente del barco
En el pliego de condiciones hecho por el Aqua a instancias de PWC se explica que el objetivo es centralizar los datos médicos del sistema público para “mejorar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad del sistema sanitario”. Pero advierte: “No tenemos dinero” y por ello “necesitamos al sector privado” para hacer frente a los 25 millones de euros que se calcula que puede costar la operación. Como es comprensible, una inversión de esta envergadura no se hace si no hay una perspectiva de beneficio clara. Por eso el AQuAS establece que el Visc+ debe contemplar “la creación de un catálogo de servicios”. Unos servicios que el Visc+ quiere poner a la venta al sector privado internacional, como explica Argimón:
“Los retos del proyecto VIVO + son disponer de un catálogo de servicios orientado a las necesidades del mercado, tener la capacidad de promover la demanda y atraer clientes y encontrar un partner solvente con capacidad de comercialización a nivel internacional con un plan de negocio creíble”.
Es decir: alguien capaz de construir un negocio basado en los datos de los ciudadanos.
Las empresas
Si miramos las 9 empresas seleccionadas para participar en los llamados “diálogos competitivos” es fácil imaginar el tipo de “servicios” que pueden suministrar. Destaca la empresa IMS Health especializada en “captar datos de pacientes provenientes de proveedores de servicios sanitarios que poseen historias clínicas y documentación sanitaria”. El negocio de IMS Health es “transformar los datos en información útil para medir el mercado, descubrir los comportamientos de los pacientes y los médicos, ayudar a identificar al paciente correcto para hacer la correcta promoción de productos”. Para ello “IMS Health trabaja con información de registros de pacientes de proveedores sanitarios, compañías farmacéuticas y gobiernos”. IMS Health –implicada en varios escándalos en todo el mundo por su uso de datos sanitarios (ver recuadro)– tiene entre sus clientes a casi todas las compañías farmacéuticas del mundo. Según una investigación de Open Secrets IMS Health dedicó, sólo en los EEUU, cerca de 3 millones de dólares para hacer lobby a los miembros del Senado ya entidades reguladoras de privacidad de datos.
El resto de las empresas que diseñan el Proyecto VIVO + son las consultoras PWC, Deloite (con gran presencia de ex altos cargos públicos, como David Madí o Jordi Sevilla, máximos hombres de confianza de Artur Mas y Zapatero respectivamente), Atos, Everis y McKinsey. Encontramos también a las tecnológicas Accenture, T-Systems, HP y ECISA, filial de El Corte Inglés.
¿Qué harán con nuestros datos?
Una vez hemos visto la génesis del Proyecto Visc+ y los intereses que intervienen, habrá que seguir con mucha atención qué pasará con nuestros datos médicas.
Por eso hacemos un repaso a diversas cuestiones técnicas que intervienen en este proceso. También hacemos una mirada a la fuerte polémica que provocó un proyecto similar al Visc+ que se intentó imponer en el Reino Unido. Por último, hacemos una mirada a la trayectoria de las empresas implicadas en el proyecto, con el fin de ver el ecosistema en el que se moverán nuestros datos más íntimas si este proyecto sigue adelante.
La idea es dar claves para abrir un debate que en Cataluña está pasando desapercibido, entre otras cosas, por la poca información con que se desarrolla este proyecto en nuestro país. El artículo de Isabel Vallet debería ser el primer escalón de un debate muy abierto y muy profundo. El tema lo merece. El Gobierno está a punto de poner a la venta los datos médicos de 7 millones de personas en Cataluña.
Quién verá mis datos y qué podrá hacer?
Uno de los objetivos del Proyecto Visc+ es generar negocio a partir de los datos de los usuarios del servicio público de salud. Esto abre interrogantes enormes sobre el uso que se dará a dichos datos. En Inglaterra este tema ha generado una fuerte polémica. En Cataluña el silencio y la opacidad es enorme.
La inversión que deberán hacer las empresas que colaboran con el Gobierno para desarrollar el Proyecto Visc+ está alrededor de los 25 millones de euros. Esto quiere decir que las expectativas de negocio deben ser muy elevadas para justificar una inversión de esta magnitud.
Dado que todo el negocio se basa en los datos médicos de los ciudadanos, la primera pregunta que hay que responder es a quién pertenecen estos datos. El debate en este sentido es amplio, con 3 posturas diferentes: 1) Son propiedad del paciente. 2) Son propiedad del médico. 3) Son propiedad del centro. Por eso el psiquiatra Juan Antomás, del Hospital de Navarra cree que hay que hablar del “derecho al acceso a los datos”. En este sentido, la ley reconoce el derecho a “la confidencialidad de toda información relacionada con su estancia en instituciones sanitarias públicas”.
Ante este hecho, el impulsores del Proyecto Visc+ aseguran que la intimidad de los pacientes “está protegida” ya que los datos estarán “anonimizadas”. La anonimización es la capacidad de utilizar los datos de los individuos sin que éstos puedan ser identificados. Así, los datos utilizados por los investigadores contienen los datos médicos de muchas personas pero no tienen ni los nombres, ni los números de identificación, ni las direcciones. Además, los impulsores del Proyecto Visc+ Perlen –aunque de manera muy imprecisa– de un “código ético” que debería regular la cesión de datos a empresas e industrias.
Pero el tema es más complejo. A principios de este año el gobierno de David Cameron tuvo que afrontar una enorme polémica cuando el servicio nacional de salud inglés (NHS) intentó poner en marcha un proyecto similar en Visc+. Fruto de aquel debate, quedaron claras algunas cosas a tener en cuenta. En primer lugar, efectivamente existen procesos de anonimización de los datos, pero existe también la des-anonimización, un proceso que, mediante diversas técnicas informáticas puede cruzar información hasta poder re-identificar a las personas y relacionarlas con su información médica personal . Una posibilidad real que incluso acabó siendo reconocida por el directivo del NHS, Mark Davies, quien admitió que, efectivamente hay un “pequeño riesgo” de que los pacientes sean identificados ya que las compañías de seguros, los hospitales privados y las compañías farmacéuticas podían cruzar los datos del NHS con sus propias:
“Se puede re-identificar a la gente si tienes muchos datos. Esto dependerá de cómo utilicen los datos una vez que las tengan”
En este sentido el sistema inglés tiene desde el principio un observatorio de privacidad donde participan varias asociaciones independientes que vigilan quién tiene acceso a los datos y en qué condiciones. Sin embargo, las críticas han sido enormes. La periodista Asher Wolf, especialista en tecnología, advertía a un artículo publicado en la revista Wired:
“El punto central del problema es que no tenemos capacidad de saber con exactitud quién tiene nuestros datos y para qué las usa y aunque el NHS haga firmar contratos a las empresas que compran datos no hay una manera real de que el NHS pueda saber si un comprador aplica técnicas de des-anonimización. ¿Cómo podría saberlo? “.
Phil Booth, miembro de la asociación de pacientes MedConfidential pone el dedo en la llaga y parece describir el proyecto Visc+ sin conocerlo:
“Los responsables quieren que creamos que el objetivo es mejorar el sistema y la investigación, pero los usos puramente comerciales no paran de crecer”.
En este sentido, el experto en bioética y fundador de EthicsandGenetics, Edward Hockings, afirma que
“Cuando la comercialización es la fuerza motora nos encontramos en un terreno sin referencias”
Hockings es una de las caras visibles de la intensa campaña para advertir a los ciudadanos del peligro de no ejercer el derecho de borrarse del plan.
La revista científica Nature publicó un duro editorial criticando como el gobierno inglés “falla a la hora de informar sobre la amenaza real y las posibles consecuencias del programa” y señala que el problema es que el gobierno no facilitar a los ciudadanos el opción de no participar en el programa.
En el caso del proyecto Visc+ ninguno de los documentos publicados por el gobierno o por los impulsores del proyecto recoge ninguna mención sobre la posibilidad de los ciudadanos de no dar consentimiento a que sus datos sean vendidas. Lo que si encontramos, al pliego de condiciones de los “diálogos competitivos”, es la demanda a las empresas adjudicatarias de “disponer de una gran capacidad de promoción para dar a conocer las bondades de esta iniciativa”. Y aquí entran los medios de comunicación, los tertulianos y todo el entramado mediático para conseguir la aceptación de la ciudadanía: “Se valorará el uso de medios de comunicación” y la capacidad “para involucrar personalidades relevantes para los objetivos del proyecto” . El documento, sin embargo, no hace ninguna referencia a la necesidad de explicar los riesgos a la población. Y los riesgos no son sólo teóricos o residuales.
La investigadora Latanya Sweeney de la Universidad de Harvard logró re-identificar un 90,5% de los participantes en un proyecto de investigación genómica. En base a esta experiencia Sweeney desarrolló un sistema que permite identificar al 87% de la población de los Estados Unidos sólo sabiendo su dato de nacimiento, su género y su código postal.
Los estudios de Sweeney han dejado claro que la anonimización que se puede conseguir con medios técnicos nunca es totalmente segura e insiste en que toda publicación de datos debe estar acompañada de medidas complementarias, como la elaboración de entornos contractuales, el seguimiento por parte de los dueños de la información y “leyes y políticas muy claras”.
En este sentido, el Proyecto Visc+ presenta una total falta de concreción a la hora de explicar qué políticas y leyes regirán un cambio tan enorme en el tratamiento de los datos más sensibles de los ciudadanos. Aunque el proyecto ya está prácticamente terminado, no se conocen modificaciones legales, no ha habido debate público y las oportunidad de participación social han sido nulas. Así, mientras las empresas han participado desde el principio, modelando y diseñando el proyecto, los ciudadanos y los profesionales de la sanidad han sido totalmente ignorados en todo el proceso. Por todo ello, con la información disponible, es difícil saber quién verá los datos, para qué se utilizarán y, sobre todo, qué control tendremos los ciudadanos sobre su uso.
Durante la elaboración de esta información hemos intentado ponernos en contacto con los responsables del proyecto VIVO + y los CatSalut pero ha sido imposible hablar con ninguno de ellos.
Las empresas implicadas en Visc+
El procedimiento del “diálogo competitivo” elegido por el Gobierno para llevar a cabo el Proyecto VIVO + hace que las empresas jueguen un papel fundamental no sólo como proveedores sino como desarrolladores del sistema que permitirá vender los datos médicos.
PriceWaterHouseCoopers (PWC) y Deloitte
PWC y Deloitte participan en el proyecto Visc+ y son dos de las cuatro consultoras más grandes del mundo. Sus informes y “recomendaciones” tienen una enorme influencia en muchos gobiernos a la hora de tomar decisiones y se caracterizan por una postura política y económica totalmente favorable a los intereses de la banca y las multinacionales. Una influencia que mantienen a pesar de los enormes riesgos que han protagonizado:. PWC auditaba las empresas de Diaz Ferran y no supo ver lo que finalmente fue un agujero de 552M €. Deloitte participó en la salida a bolsa de Bankia que acabó con millones de euros perdidos y la ruina de miles de personas atrapadas por las preferentes. Las investigaciones posteriores han detectado “infracciones muy graves” a los trabajos de Deloitte. Son sólo 2 ejemplos entre muchos. Como muchos son los casos de puertas giratorias entre los cargos públicos y PWC y Deloitte: Jaume Matas (PP), Joaquim Triadú y David Madí, Ramon Bonastre (CiU), Jordi Sevilla (PSOE). Como hemos visto, a PWC encontramos a Joan Guanyabens, que pasó del Aqua al PWC que asesora al Aqua.
IMS Health
Esta empresa es una de las 5 más importantes en su sector a nivel mundial y fundamenta su negocio en la venta de datos médicos en la industria farmacéutica. Dispone de los datos de 400 millones de pacientes lo que le permite “tener acceso a los pacientes correctos”. IMS Health ha visto implicada en varios escándalos en relación a la seguridad de los datos en venta. En 2013 en Alemania el semanario Der Spiegel informó de la extracción de datos de las recetas electrónicas.
Un hecho que fue calificado por Thilo Weichert -del Centro Independiente para la Protección de la Privacidad- como “uno de los más graves escándalos desde la posguerra”.
El ministro de sanidad alemán Daniel Bahr pidió una investigación a la vez que el escándalo se trasladaba a la vecina Austria donde se descubrió que IMS Health compraba información a una red de 350 médicos. Una de las mayores preocupaciones de la compañía explica su folleto de salida a bolsa- son las leyes de protección de datos de los estados.
Por ello, con la intención de presionar al marco regulador, IMS Health ha invertido en los últimos 10 años cerca de 3 millones de dólares para financiar grupos de presión en Estados Unidos. En Europa IMS Health es muy activo en el ámbito de la legislación de privacidad y mantiene equipos que monitorizan los movimientos legislativos y emiten informes y peticiones al Parlamento.
T-Systems
Esta empresa es una de las principales proveedoras de tecnología de la Generalitat de Cataluña, sobre todo después del proceso de privatización de los servicios informáticos. En concreto, T-System y Telefónica ganaron el 2012 contratos por valor de 1.062M € incluidos los servicios de gestión informática de gran parte del sistema sanitario catalán.
Everis
Esta empresa consultora tiene entre sus principales clientes a las más importantes empresas farmacéuticas. Al igual que las otras consultoras, Everis apuesta por la política de puertas giratorias: Eduardo Serra (ex-ministro de defensa del PP), Eugenio Galdón (ex jefe de gabinete de Felipe Gonzalez y director del Grupo Prisa y Cadena COPE) o la ex-ministra del PSOE Cristina Garmendia han aportado sus conocimientos a Everis.
Wellpoint
Wellpoint es una compañía aseguradora estadounidense que tanto los documentos de la Fundación TicSalut como el informe sobre sanidad de PWC se pone como referente en cuanto al negocio de los datos sanitarios. El problema es que el historial de Wellpoint en este ámbito está lejos de ser ejemplar. El año 2013 Wellpoint tuvo que pagar al Departamento de Salud de Estados Unidos una multa de 1,7 millones de dólares por haber permitido la exposición de las historias clínicas de más de 600.000 personas. No era la primera vez. En 2011 Wellpoint fue multado con 100.000 dólares por haber dejado expuesta la información médica de 32.000 pacientes.
http://angelsmcastells.com/2014/09/16/cafeambllet-catalunya-vendera-datos-de-pacientes-de-la-sanidad-publica-a-empresas-privadas/
Tres dones opinen sobre el Projecte Visc+ a @cafeambllet 01 oct La més cordial i sincera ENHORABONA a Marta Sibina i Albano Dante pel núm. 4 de Cafeambllet!
I un privilegi compartir plana i opinió amb Teresa Forcades i Isabel Vallet:
“El projecte VISC+ és un cavall de Troia de la privatització”
Per Àngels M. Castells · Economista
Els Tractats TTIP i TISA que ara ens amenacen des del costat fosc de la globalització són la concreció de la “corporatocràcia” que ja està governant el món.
De la mateixa manera que per justificar aquests tractats es teoritzen uns falsos “avantatges competitius” dels països, es juga avui al VISC + amb “diàlegs competitius” entre empreses disposades a saquejar allò públic. Pensen els estults que esmentar la paraula “competitivitat” ennobleix i justifica qualsevol acte de pirateria, quan la reflexió honesta ens condueix a denunciar la nuesa del rei, o el que és el mateix, que la “sana competència” no existeix, i la “competitivitat “és la variant del nostre temps d’un monstre nascut d’alimentar en una societat en descomposició els més baixos instints, els prejudicis malthusians i la descarnada llei de la selva.
I un altre engany del VISC + (encara que no és ni de bon tros l’últim): “disposar de les dades de les històries clíniques afavorirà la investigació i millorarà les condicions de salut”. Si s’apostès de debo per la investigació, per què la nostra joventut millor preparada ha de seguir buscant laboratoris i universitats on poder seguir desenvolupant les seves capacitats lluny de Wert i d’aquesta Espanya voluntàriament descerebrada?
La resposta és fàcil: perquè menteixen. I sobre tot quan prometen que les seves maniobres impliquen beneficis per a la majoria. No a Tractats com els TTIP / TISA, VISC+ i altres cavalls de Troia d’aquesta globalització en el costat fosc que no milloren per a res les vides de les persones.
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“Ens hem de negar a que venguin les nostres dades. Ens hem d’organitzar”
Per Isabel Vallet · Diputada de las CUP
Per nosaltres la venda de l’historial sanitari no és una operació aïllada, forma part d’una estratègia de privatització. La promoció de l’entrada de capital privat en la sanitat pública, o la privatització per segments, l’ha dissenyada en tres informes successius la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) i s’ha anat aplicant, amb més o menys èxit, pel Departament de Salut. L’any 2013 un tercer informe de PWC ens advertia de la necessitat de fer negoci amb les bases de dades clíniques sense “restriccions per a certs usos com el comercial”.
Una vegada que projecte VISC+ entri en vigor no sabrem per fer què s’usaran les nostres dades. No sabrem si les asseguradores les usaran per fer estudis per apujar primes de risc. No sabem si les farmacèutiques les usaran per analitzar si produir un determinat medicament és o no rendible. No sabem si les empreses de recursos humans les usaran per determinar factors i perfils en base a informacions confidencials sobre salut mental, o hàbits de consum d’alcohol o tabac. Vendre informació essencial per planificar i millorar la nostra salut és descapitalització. Facilitar informació perquè la sanitat privada competeixi amb la sanitat pública és descapitalització. Renunciar a les tasques de promoció de la salut a favor de les empreses farmacèutiques o asseguradores que persegueixen l’ànim de lucre és descapitalització.
No podem deixar que aquesta descapitalització segueixi, ens hem de negar a que venguin les nostres dades, ens hem de negar a que ens robin el dret a una sanitat pública i per fer això ens hem d’organitzar.
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“El guany del projecte VISC+ l’obtindran les empreses”
Teresa Forcades · Metgessa
A Le Monde Diplomàtique en Español d’aquest mes (setembre 2014), hi ha un magnífic article de l’investigador Raoul Marc Jennar titulat ‘Acuerdos de libre comercio en todas direcciones: Cincuenta Estados negocian en secreto la liberalización de servicios’. L’autor denuncia que en aquests moments a l’ambaixada australiana de Ginebra s’estan reunint els cinquanta països que representen el 70% dels intercanvis mundials de serveis per negociar l’Acord sobre Comerç de Serveis (ACS o TISA en anglès) que voldrien implementar de forma immediata al 2015. Crec que el projecte VISC+ se situa en aquest context d’atac frontal a nivell mundial contra la concepció no-mercantilista de la societat. La noció que les persones no som mercaderies i que les normes que regulen la nostra convivència han de reflectir la nostra dignitat, respectar-la, protegir-la i potencia-la és per a la concepció neoliberal de la societat un absurd passat de moda, un impediment ridícul al progrés. Un impediment al progrés … de qui?, ens hem de preguntar. Qui n’obtindrà un guany, del projecte VISC+? Està clar que per presentar-lo a la societat cal afirmar que ‘la societat’, en aquest cas els usuaris del servei català de salut, en traurem un benefici perquè les empreses privades que compraran les nostres dades ens oferiran a canvi millors prestacions. En realitat, aquest benefici comporta la privatització dels serveis de salut i implica excloure i deixar sense cap tipus de cobertura sanitària a tothom que no pugui pagar, com passa als EEUU. La mercantilització de les persones és incompatible amb la democràcia. No a la mercantilització de les dades dels pacients que suposa el projecte VISC+.
http://angelsmcastells.com/2014/10/01/tres-dones-opinen-sobre-el-projecte-visc-a-cafeambllet/
jueves, 23 de octubre de 2014
En Cataluña, los problemas de los políticos no son los de los ciudadanos
Las cuentas
del cuento
Cuando las palabras impiden entender las cosas, toca
abandonarlas: las dificultades que surgen de preguntas incorrectas no tienen
solución.
En Cataluña, los problemas de los políticos no son los de los
ciudadanos
Félix Ovejero 24 OCT 2014
:
El País.
La dignidad de las palabras es la primera víctima del
nacionalismo. Los nacionalistas han puesto en circulación expresiones que nada
significan (lengua propia, encaje, hecho diferencial, singularidad,
desafección), que se usan en sentido contrario al debido (reconocimiento,
discriminación positiva, democracia, cohesión, igualdad) o, simplemente, que,
bien pensadas, resultan contradictorias (programa —nacionalista— de
construcción nacional, federalismo asimétrico, golpes de Estado del Tribunal
Constitucional).
Cuando las palabras impiden entender las cosas, toca
abandonarlas. Los problemas resultado de preguntas incorrectas son
irresolubles. Los científicos no determinaron la naturaleza del flogisto, el
peso del calórico o la densidad del éter. Se limitaron a mostrar el desafuero
de los marcos conceptuales que sostenían tales “sustancias”. El primer paso
para resolver los problemas es describirlos debidamente. De otro modo nos
sucederá como a los de la NASA cuando empeñaron recursos en un bolígrafo para
escribir en ausencia de gravedad. Los rusos restauraron la mirada sensata:
existían lápices de grafito.
Otras veces sí que cabe tasar las afirmaciones. El trabajo
requiere orden intelectual, calibrar fuentes y paciencia para rebuscar en la
hojarasca. Así se han desmontado mentiras sobre balanzas fiscales, el informe
PISA y sentencias de La Haya o del Tribunal Constitucional alemán. A esos
resultados cabe añadir ahora el trabajo de Juan F. Arza y Pau Marí-Klose,
recogido en el libro Cataluña. El mito de la secesión. <TB>De su lectura
se desprende que tampoco ahora el cuento es como se cuenta.
El cuento sostiene que el origen del lío hay que buscarlo en
el recorte del Constitucional de un Estatuto que condensaba una demanda
generalizada —ricos y pobres, catalanes de todas las procedencias— de mayor
autogobierno. El referéndum sería la respuesta de los políticos a un impulso
popular. La intransigencia del PP, la causa última del independentismo.
Pues bien, a la luz de datos y fechas, ninguna de las
afirmaciones empíricas contenidas en el párrafo anterior se sostiene. Los
despropósitos normativos o jurídicos ya se conocen: el derecho de
autodeterminación, mientras se respeten los derechos y libertades, resulta
incompatible con una idea cabal de democracia; defender las propuestas
políticas y acudir al Constitucional forma parte del juego democrático, al
menos tanto como dar por bueno un referéndum con una menesterosa participación
como el del Estatut. Allí han acudido todos (hubo siete recursos, recuerden),
incluidos Gobiernos nacionalistas en cuestiones que afectaban a todos los
españoles y, por cierto, con excelentes resultados: han obtenido tantas o más
sentencias favorables que el Gobierno central.
La condición nacionalista parece oficiar como requisito para
ingresar en la clase política
Pero la fábula importante afecta a los hechos. Para empezar
no había demanda de autogobierno (si es que se puede asociar, sin más, el
autogobierno con un aumento de las competencias autonómicas). Conocíamos, por
distintas encuestas, que, antes de desatarse la pasión por un Estatuto, los
catalanes estábamos entre los españoles más satisfechos con nuestro grado de
autogobierno. Y no cambiaron mucho las cosas cuando comenzó el baile. En el
2002, poco antes de iniciarse el debate estatutario, el 52,7% de los catalanes
veía a Cataluña como una región española, mientras un 37,6% la veía como
nación. En el 2006, después de varios años con políticos y medios entregados a
la causa, poco antes del referéndum, solo el 36,3% valoraba positivamente la
denominación de Cataluña como nación en el Estatuto. De hecho, por entonces, el
“reconocimiento” de la identidad parecía caminar la dirección opuesta a la de
sus voceros: el 73,9% de los catalanes suscribía la frase “el idioma español es
un elemento básico de nuestra identidad” y un 66,4% la afirmación “la historia
que compartimos, con sus cosas buenas y malas, es la que nos hace a todos
españoles”. Y del Estatuto, pues ya sabemos: ratificado con el 36% del
electorado. Incluso ahora, según datos de la Generalitat, la proporción de
catalanes que identifican la relación Cataluña-España como un problema
importante oscila entre el 20 y 25% en los distintos barómetros que se publican
en 2013 y 2014. Únicamente para el 10% supone el principal problema.
Con todo, lo más interesante es desmenuzar los datos por
clases sociales: sólo el 11% de los entrevistados en hogares humildes considera
alguno de los aspectos relacionados con la organización del Estado uno de los
principales problemas de Cataluña. Entre los que ingresan más de 2.400 euros la
cosa cambia, pero tampoco parece ser una obsesión: un 31%.
Y es que la transversalidad es otra de las fantasías
nacionalistas. Ni la cultural ni la social, si resultan distinguibles, a la
vista de quienes son ricos y quienes no. El secesionismo no reúne a los
catalanes. Si nos atenemos al origen cultural, hay un brecha, creciente, entre
personas cuyos padres nacieron en Cataluña y aquellas otras cuyos padres
nacieron fuera. Unos resultados que se corresponden casi como un calco cuando
examinamos los apoyos según los ingresos. Incluso ahora, en plena campaña
independentista, una amplia mayoría de la clase obrera se muestra contraria al
derecho a la autodeterminación, a diferencia de lo que sucede con las clases
medias y altas. También aquí la brecha se ha ensanchado en los últimos años.
Vamos, que transversalidad social, tampoco.
El orden causal no es de abajo a arriba. Los políticos no
son el eco de las demandas de los ciudadanos. No hay otro eco que el de su
propia voz. Sucede, sin ir más lejos, con el desatino de la inmersión, un caso
único en el mundo. Hasta donde sabemos, los catalanes apostamos por el
bilingüismo en la enseñanza. Quizá por eso la Generalitat, que encuesta sobre
lo humano y lo divino, nunca pregunta acerca de las lenguas en la enseñanza. En
la única encuesta fiable, de 1998, el 50,2% de los catalanes se mostraba a
favor de una enseñanza bilingüe y solo un 9,3% de la enseñanza exclusiva en
catalán. Desde entonces nada más se ha querido saber. Lo que sí sostiene la
Generalitat es que la inmersión es un modelo de éxito y que aumenta la
cohesión. Sobre él éxito, lo que muestran los estudios serios es que, ceteris
paribus, la inmersión perjudica significativamente la competencia de los
estudiantes que tienen el castellano como lengua habitual. Sobre la cohesión,
basta con ver como está el patio y, ya de paso, comparar, por ejemplo, con
Finlandia, donde la elección de la lengua vehicular no parece que haya
conducido al cainismo.
Las piezas empíricas del relato —transversalidad, identidad,
discriminación, expolio— son débiles
Sencillamente, los problemas de los políticos no son los
problemas de los ciudadanos. Algo que no sorprende cuando estudiamos la
identidad de los políticos. Sabíamos, por los estudios sobre apellidos (un
procedimiento común entre investigadores para identificar exclusiones sociales
de raíz cultural), que los parlamentarios catalanes y sus votantes, en lo que
atañe a identidades culturales, guardaban escasas semejanzas. También sabíamos,
desde 1999, que mientras Cataluña era una nación para el 70% de los
parlamentarios socialistas, entre sus votantes la cosa quedaba en un 26%.
Estudios más recientes confirman que viven en mundos diferentes. En 2009-2010,
el 70% de los representantes autonómicos de CiU se reconocía exclusivamente
catalán y el resto más catalán que español. Entre sus votantes los porcentajes
eran 36% y 35%. Mientras solo el 20% de los votantes socialistas se sentía más
catalán que español, entre los parlamentarios del PSC el porcentaje era del
75%.
No es que los parlamentarios se sitúen lejos del núcleo
central de sus votantes, es que están en posiciones más nacionalistas que sus
votantes más nacionalistas. Visto de otro modo: por circunstancias sociales o,
directamente, culturales, la condición nacionalista parece oficiar como
requisito para ingresar en la clase política.
Por lo que se ve, las transversalidad, la identidad, la
cohesión, las piezas empíricas del relato, son tan débiles como las que
sostienen el relato normativo: la discriminación y el expolio. En realidad, la
hipótesis más parsimoniosa es que el nacionalismo, sostenido por unas élites
políticas culturales alejadas de la sociedad catalana, ceba un problema al que
se presenta como solución. Lo malo es que, si quiere sobrevivir como proyecto
político, el problema no ha de encontrar nunca solución. Su supervivencia está
vinculada a la recreación del problema, al naufragio de las terceras vías.
Félix Ovejero es profesor de la Universidad de Barcelona.
Acaba de publicará El compromiso del creador (Galaxia Gutenberg / Círculo de
Lectores)
España .- Paro , precariedad y desánimo.
Cinco claves que enfrían el optimismo sobre el empleo
Pese a que en 2014 se han creado 368.800 empleos, en el cómputo global de la legislatura se han destruido 648.200. Además, el poco empleo que se crea es precario y mal pagado. A este ritmo no se recuperará el nivel anterior a la crisis hasta 2028.
Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), la auténtica radiografía del empleo en España, apuntan una leve mejoría de la situación. Pero si se miran con una perspectiva global y se toma como referencia la llegada de Rajoy a La Moncloa, el margen para el optimismo se reduce de forma significativa.
Pero excluyendo esa referencia temporal, tampoco se pueden echar las campanas al vuelo: es cierto que en los últimos meses se ha creado empleo (368.800 empleos en lo que va de año), pero casi todo precario; baja el número de parados, pero no todos encuentran trabajo: no son pocos los que ya se han rendido y han desistido de buscarlo; el paro de larga duración no deja de crecer y el ritmo de creación de empleo es desesperantemente lento después de que durante seis años, entre 2008 y 2013, se destruyera a un ritmo vertiginoso. La recuperación aún está muy lejos, por mucho que el Gobierno se empeñe en transmitir lo contrario y hasta se atreva a dar por zanjada la crisis a finales de 2015.
Estos son algunos datos que no invitan al optimismo.
01. Cunde el 'efecto desánimo'
De la última EPA se puede deducir que cerca de un 22% de las personas que han dejado de figurar como parados en las estadísticas oficiales en el último trimestre lo ha hecho porque simplemente ha dejado de buscar un trabajo o ha emigrado a otro país. Las cifras cantan: entre julio de septiembre de este año 195.000 personas abandonaron la cola del paro, pero sólo se crearon 151.000 empleos. Esa diferencia, 44.000 personas, se corresponde exactamente con el descenso de la población activa (los que tienen o buscan un empleo): en el segundo trimestre de este año había 22.975.900 activos mientras que tres meses después son 22.931.700. No todos los que dejan de estar parados encuentran un trabajo. Según el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), "el 47% del menor desempleo se explica porque hay menos personas buscando empleo".Teniendo en cuenta los ocupados, los parados y los activos en diciembre de 2011 (23.440.300 activos) y en septiembre de 2014 (22.931.700 activos), 507.800 personas han sido expulsadas del mercado laboral español en los últimos tres años: han dejado de buscar trabajo o se han ido a buscarlo a otro país (hace un año eran 369.000 personas en esa situación). La tasa de paro baja, pero ello se debe a partes casi iguales tanto al aumento del número de ocupados como al número de personas que deja de buscar un trabajo. Al llegar Rajoy al poder la tasa de paro estaba, con la nueva metodología contable aprobada este año, en el 22,56%. Hoy esa tasa sigue por encima: 23,67%.
Hagan las cuentas.
02. Precariedad
La reforma laboral que el PP aprobó en febrero de 2012 está fracasando en su objetivo declarado de acabar con la temporalidad y fomentar la contratación indefinida. La EPA es cristalina en ese sentido: el total de asalariados con contrato indefinido bajó entre julio y septiembre en 26.700 personas, mientras que el de asalariados con contrato temporal subió en 122.400. La tendencia se repite desde hace tiempo. En octubre de 2014 hay 263.600 trabajadores menos con contrato indefinido de los que había en diciembre de 2011. En cuanto a los temporales, estos también han bajado en 172.300, un ritmo de bajada inferior. Lo que sí ha crecido de forma notable son los trabajadores a tiempo parcial: 166.000 más. A la par, también hay menos personas trabajando a jornada completa, en concreto 369.400 menos que hace tres años.03. Sin solución al paro juvenil
El desempleo entre los menores de 25 años sigue creciendo: 27.000 parados más entre julio y septiembre, un período en el que se supone que muchos de ellos encuentran algún empleo aunque sea por unas pocas horas. Ahora son 867.000 los parados de esa edad. En cualquier caso, no parece haber solución para el paro juvenil cuya tasa se sitúa en el 52,38%. Curiosamente la tasa ha bajado, pero ello se debe a que ha crecido mucho más el número de jóvenes que buscan un empleo: 73.700 en los últimos tres meses.04. Paro de larga duración
Este problema se agrava con el paso del tiempo, dado que el ritmo de creación de empleo en 2014 es mucho menor del de destrucción en los años anteriores. CCOO apunta que casi 3,5 millones de personas, el 62% de los desempleados, son parados de larga duración. El número de personas que llevan más de dos años en paro ha crecido en 162.000 en el último año, hasta llegar a los 2.343.600 parados. El drama se acrecienta si se mira el número de hogares con todos sus miembros en paro: 1.789.400 hogares.05. 648.200 empleos destruidos
Aunque la evolución del empleo en los últimos meses ha sido la más positiva desde que se inició la crisis —en lo que va de 2014 hay 508.100 parados menos y se han creado 368.800 empleos más— todavía hay más desempleados de los que había al llegar el PP al poder en diciembre de 2011. En concreto, según la EPA, hay 140.400 parados más que en diciembre de 2011. Sin embargo, el dato más fiable, el que da la medida de las cosas, es el de la destrucción del número de empleos: 648.200 en tres años, y eso descontando los que se han creado en 2014. A este ritmo necesitaremos 13 años más para recuperar los niveles previos a la crisis, a finales de 2007.miércoles, 22 de octubre de 2014
PP. PSOE UPD CIU a favor del TTIP . ( VIDEO)
PP. PSOE UPD CIU a favor del TTIP . ( VIDEO)
Gracias
a documentos filtrados por la plataforma Fíltrala y Wikileaks tenemos
suficiente información para afirmar que estos cuatro partidos se han
unido para inutilizar definitivamente el Parlamento. Si no paramos sus
planes va a dar igual a quien votemos.
Video.... ver..
lunes, 20 de octubre de 2014
El masacre de los kurdos sirios
Kobani : la caída del Stalingrado kurdo
Público.esNazarin Armanian
“Kobani no es una prioridad de EEUU”, aclara John Kerry para disipar dudas de quienes (incluso los propios kurdos) aún confunden al Gobierno de EEUU y sus marines con los hermanos de caridad que se desviven por salvar a los oprimidos del mundo.
La capital del Kurdistán sirio y símbolo del experimento del Gobierno izquierdista del Partido de la Unión Democrática (PUD) —próximo al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), Kobani y sus consejos populares— ha caído en pedazos después de varias semanas resistiendo, desde que el 16 de septiembre fuese asediada por los terroristas del Estado Islámico (EI), provocando la muerte de cientos de civiles, y la huida de la mayoría de los 45.000 de sus habitantes.
Sin acceso a alimentos ni atención sanitaria, los kobaníes aterrorizados no recibieron ayuda ni de una inútil ONU ni de los estados que podrían haber recurrido a la doctrina de Responsabilidad de proteger “R2P”, que le sirvió a la OTAN para atacar a Libia. Aquí, no es ningún secreto que los mercenarios del EI, que carecen de una sede “presidencial”, un cuartel general, ministerios, cadenas de tele o aeropuertos, reciban avisos y huyan antes del inicio de los bombardeos de la aviación de EEUU (¿por eso ningún centro vinculado a los intereses de las potencias occidentales ha sido atacado, hasta hoy, por el EI?).
Las bombas caen sobre las posiciones de la guerrilla kurda, las viviendas o las infraestructuras de la zona (la última, una refinería) para trasladar Siria a la “Edad de Piedra” como se hizo con Irak y Libia, dos estados fuertes árabes.
La caída de Kobani (significa “Unión”, por la alianza de dos tribus kurdas que fundaron la urbe, que alberga milenarios monumentos asirios y armenios) es un duro golpe psicológico al movimiento progresista kurdo.
Kurdos de derecha y de izquierda
Es hora de matizar el concepto del “pueblo kurdo”, —como grupo étnico de 30-40 millones de personas repartidas entre varios países y unidas por un sentimiento de pertenencia y lazos históricos—, y tratarle como cualquier sociedad que sufre una encarnizada lucha de clases, aunque pese a los defensores fanáticos del “mítico” pueblo kurdo para exigir responsabilidad de una parte de la tragedia que sufren los kurdos de a pie, a las élites que les guían, a veces hacia el infierno de las batallas suicidas.
Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido tres zonas autónomas kurdas: la República de Mahabad, dirigida por los marxistas en Irán en 1946, y que fue aplastada duramente por las tropas del Sha; la Región Autónoma Kurda (RAK), instaurada en Irak desde 1991 amen a la agresión militar de EEUU y sus socios, y gestionada por las fuerzas derechistas y feudales; y la zona autónoma de los kurdos de Siria, creada en 2012 a partir de una jugada estratégica de Bashar al Assad, y liderada por el PUD, quien ha instalado un interesante e incipiente sistema político de democracia popular directa.
Quizás la peor parte de esta compleja y dolorosa lucha se la han llevado los kurdos de Irak, que, además de ser perseguidos por los gobiernos del “nacionalismo árabe”, han tenido que soportar, desde hace décadas, las consecuencias de los tejemanejes de las familias Barezani y Talibani, dos clanes dirigentes kurdos, que, en sus ansias de convertirse en cabeza de ratón que no cola de león, vendieron su alma a EEUU (mientras éste bombardeaba durante años a los civiles árabes iraquíes), y a las potencias y fuerzas más reaccionarias de la región.
Su última hazaña ha sido aprovechar el avance del EI sobre Irak para hacerse con el control de varias ciudades del norte del país, e incluso utilizarle de mediador para vender su petróleo a Turquía e Israel, justo cuando las atrocidades que el Califato cometía contra las minorías religiosas izadíes y cristianas ocupaban los titulares de la prensa mundial.
Masud Barezani, el presidente millonario de la oligarquía engordada por la renta del petróleo y la ingente ayuda de occidente, aprovechando esta situación iba a declarar la independencia de la RAK de Irak, pero hoy, con el aumento del conflicto, estará pensando en cómo evitar la destrucción de su feudo.
Erdogan pierde en casa y en el Consejo de Seguridad
Los disturbios, en protesta por la inacción de Ankara ante el avance del EI y la matanza de los kurdos de Siria, que dejaron una treintena de muertos en el sureste de Turquía, amenazan el proceso de paz iniciado entre Tayyeb Erdogan y Abdullah Öcalan, el líder del PKK, ya que muchos de los líderes kurdos de Turquía son de Siria (además de ser alauíes).
Los manifestantes pedían habilitar un corredor de seguridad hasta Kobani —situada a pocos kilómetros de la frontera turca—, y armar a sus combatientes, que luchan contra el Estado Islámico. Eso es pedir peras al olmo: acabar con Kobani ha sido un objetivo de Erdogan. Se ha librado del PKK en aquella zona sin mancharse las manos de sangre.
Ante las peticiones de “salvar Kobani” del PUD, las condiciones ofrecidas por Ankara no tienen desperdicio:
- Que abandone la idea de autodeterminación y rompa con PKK.
- Que se una a la lucha por derrocar a Bashar al Assad.
- Que integre las Unidades de Protección Popular, su brazo armado, en el Ejército Libre de Siria.
- Que permita a las tropas turcas gestionar la seguridad de la zona kurda de Siria, controlando las entradas y salidas de las personas (¿o de los militantes del PKK?). O sea, crear una segunda Gaza.
Obviamente, Erdogan lo que pretende es la abdicación del PUD, destruir al PKK en Siria y así sacar ventajas en sus negociaciones con la izquierda kurda de Anatolia. ¡Está induciendo al PKK-PUD al suicidio político! Además, con una mentalidad y actitud así, ¿qué iba a ofrecer al PKK a cambio de que dejara la lucha armada?
Propuestas estériles para ser rechazadas y para que el mandatario turco pudiese seguir respaldando a su criatura del EI, que al puro estilo de las Yeni Cheri, “Fuerzas Especiales Otomanas”, arrasan pueblos enteros en su camino.
Ankara también ha ofrecido otras condiciones imposibles de realizar a la OTAN, a cambio de unirse a la “Coalición antiEI”: crear una zona de amortiguamiento terrestre y otra de exclusión aérea en el territorio sirio y eliminar a Assad, lo que significa nada menos que una declaración de guerra a Damasco (¡y a Irán!).
La negativa de la OTAN se debe a que, en este momento, la prioridad de Obama es acabar con el programa nuclear de Irán, y no aumentar la desconfianza de Teherán hacia las verdaderas intenciones de Washington de volver a militarizar Irak. Que no consiguiera ocupar el sillón del miembro no permanente del Consejo de Seguridad en favor de España —el socio fiel de EEUU— fue un duro castigo a este socio díscolo de la OTAN .
Erdogan corre el riesgo de enfrentarse a una nueva ronda de la guerra contra el PKK y en la propia Turquía. Aunque también existe la posibilidad de que Öcalan, que lleva 15 años en prisión, y que ha renunciado al marxismo y a la independencia, pida a sus adeptos mantener la calma. Está por ver la capacidad de “desobediencia” a Apo de aquel sector del PKK que cuestiona las “concesiones casi unilaterales” del divinizado líder kurdo. También existe la posibilidad de que estas protestas hayan sido organizadas por quienes desean ver roto el diálogo kurdo-turco y de cómo Öcalan se degrada en la Alcatraz turca.
El PKK se encuentra en un callejón: si vuelve a las armas, perderá el poco apoyo internacional del que goza, si no lo hace, será su fin político.
Los gobernantes turcos que detestan al Partido de los Trabajadores kurdos mantienen magníficas relaciones con el Gobierno derechista de la ARKI: el aroma de petróleo y gas, y encima baratos, disipa cualquier tensión étnica.
Irán, pragmático y amenazado
Teherán, por su parte, mantiene buena y activa amistad con los kurdos de Irak, respalda a los kurdos sirios (por ser enemigos del EI) y, mientras persigue a PJAK (Partido de Vida Libre del Kurdistán), la rama del PKK, autoriza, por primera vez en tres décadas, una manifestación kurda en solidaridad con Kobani.
Israel celebra la desintegración de Sudán, Siria, Irak, Libia y Yemen, esperando que este proceso alcance a Irán, país con una veintena de grandes grupos étnicos (azeríes, kurdos, baluches, turcomanos y árabes, ente otros), que viven sin ningún tipo de autonomía político-administrativa, siendo caldo de cultivo de tensiones étnicas. El mismo Israel que en 1999 contribuyó a la detención del entonces marxista Abdullah Öcalan en Kenia, ahora apoya un Estado kurdo independiente (si es de extrema derecha, mejor).
El mapamundi de la Segunda Guerra Mundial, que empezó a sufrir cambios tras la desintegración de la Unión Soviética, sigue cambiándose a golpe de guerras, y en ésta, todo el mundo echa leña al fuego, enviando armas a los implicados, sin que nadie proponga un plan de paz, evitando masacres de pueblos enteros.
Bienvenidos al nuevo laberinto pantanoso de Oriente Próximo y a un inexistente país llamado Kurdistán.
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