Cataluña la venta de datos médicos y el TTIP..

 

 

 

 

¿Qué tiene que ver la venta de tus datos médicos con el tratado internacional TTIP?

Escrito por  Kaos. Derechos humanos

 

 

 

 

 

 

Boi Ruiz está vendiendo tus datos clínicos a compañías privadas para su uso. Eso te indigna pero no sorprende. Lo que te va a sorprender es que esto está ligado al tratado de libre comercio internacional, el TTIP, que nos va a quitar todos nuestros derechos y va a quitar la poca eficacia que ya tenían nuestros parlamentos. La compañera Clara Valverde nos envía estos textos imprescindibles de varias autoras para entender que puede pasar de aprobarse el TTIP.

Cafeambllet: Catalunya venderá datos de pacientes de la sanidad pública a empresas privadas [La información contenida en este reportaje ha sido recopilada y analizada por Cafeambllet entre los días 8 y 15 de septiembre de 2014. Para acceder al listado de fuentes utilizadas, hacer click aquí . Si quieres colaborar para que Cafeambllet pueda imprimir y distribuir 145.000 ejemplares con esta información, haz click aquí]
El Proyecto VISC+ responde a las demandas de la indústria farmacéutica y tecnológica de liberar datos para potenciar el negocio a nivel internacional.

Por Albano Dante Fachin Pozzi
La primera noticia que tuve sobre el Proyecto Visc+ + me llegó por Twitter, donde alguien escribió: “Leed este artículo de la diputada de la CUP, Isabel Vallet. IM-PRES-CIN-DI-BLE “. El artículo en cuestión se titulaba “Nuestro historial médico: en venta“.
Un titular que si no hubiera sido obra de una de las diputadas que mejor conoce el sistema sanitario catalán- me habría parecido hasta cierto punto exagerado. Pero, lamentablemente, no hay ninguna exageración.
Partiendo del artículo de Isabel Vallet, en la revista cafèambllet decidimos investigar la génesis, las características y los impulsores del Proyecto Visc+, la herramienta que permitirá al Gobierno de la Generalitat de Cataluña poner en manos de la industria sanitaria internacional los datos médicos de los 7 millones de usuarios del sistema sanitario catalán.
El Proyecto Visc+
El 4 de junio de 2013 el Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó el Proyecto Visc+. Según la nota de prensa publicada en su web, el objetivo del Visc+ es “poner la información sanitaria a disposición de los ciudadanos, las empresas y la investigación” para “mejorar los servicios de salud”, “mejorar la investigación” y “poner en valor el conocimiento”.
Para hacer posible todo esto, el Proyecto Visc+ se propone “relacionar y estructurar” toda la información obtenida en centros de atención primaria, hospitales, urgencias e, incluso, en las recetas electrónicas. Toda esta información se centraría en un punto que recogería también los 60 millones de documentos contenidos en las historias clínicas de los ciudadanos que utilizan el sistema público de salud. Esta centralización es el primer paso para poner los datos “a disposición de los ciudadanos, las empresas y la investigación”.
Negocio con los datos de todos?
En Cataluña hace tiempo que funcionan varios sistemas para compartir y analizar los datos del sistema sanitario público. Dos ejemplos son la Historia Clínica Compartida –que permite que los historiales médicos estén accesibles a cualquier punto servicio sanitario– o los datos recopilados por la Central de Resultados, que permiten estudiar y mejorar la gestión del sistema sanitario público.
En cuanto a datos para la investigación científica la Generalitat dispone de varias fuentes de información disponible para los investigadores, entre ellas el SIDIAP, que ofrece datos a los investigadores del Instituto Sanitario Vall d’Hebron, la Universidad Politécnica o al Instituto Municipal de Investigaciones Médicas.
Pero el Proyecto Visc+ aporta una novedad muy importante que ninguno de los sistemas anteriores podía ofrecer: mientras que organismos como el SIDIAP establecen claramente que “no cede datos a entidades con ánimo de lucro”, el Proyecto Visc+ tiene a la empresa privada como destinatario principal de los datos. Josep Mª Argimón, uno de los máximos responsables del proyecto lo explica con claridad:
“El proyecto Visc+ proporcionará valor aportando mayor capacidad para que las industrias sanitarias, las farmacéuticas y las biotecnológicas desarrollen su actividad” beneficiando al “tejido económico e industrial”. Según Argimón la apuesta por hacer participar al sector privado en el proyecto Visc+ tiene como objetivo “la promoción y comercialización de los servicios que ofrece el proyecto”.
Más claro no se puede decir.
De dónde sale esto?
Para valorar el peso que el sector privado tiene en el Proyecto Visc+ es útil ver cómo se gestó su nacimiento y quiénes son las personas y empresas implicadas.
Las primeras menciones a las oportunidades de negocio que ofrece la venta de la información médica de los ciudadanos las encontramos en varios documentos publicados por la Fundación TicSalut, un ente creado en 2006 por la Generalitat a instancias de la consejera Marina Geli (PSC). En enero de 2008 Geli dio entrada a la Fundación TicSalut (financiada con recursos públicos) al sector empresarial, creando el “Consejo de Empresas de la Fundación TicSalut”. Entre las empresas miembros encontramos farmacéuticas (Baxter, Esteve, Roche), consultoras (Applus, PWC, Deloitte), tecnológicas (Telefónica, IBM, Indra) y proveedores varios (El Corte Inglés, Agfa, Linde Healthcare).
En el acto de presentación del “Consejo de Empresas” la consejera Marina Geli fue clara y dijo a los empresarios: “Nosotros los necesitamos a ustedes”. Carles Fradera –adjunto de dirección del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Generalitat (CIDEM)– fue aún más claro que Geli: “Os aseguro que os saldrá a cuenta”.
Desde entonces, la importancia del conglomerado industrial ha tomado una enorme relevancia en la Fundación TicSalut y es quien marca las líneas de actuación, tal y como reconoce el actual director de la fundación, Francisco Cuyàs:
“queremos que las empresas nos propongan introducir innovación tecnológica en el mercado “. Gracias a las propuestas del sector privado, Cuyàs explica que la fundación “ha identificado 5 tendencias a nivel internacional” y una de ellas es “la revolución del big data”.
Y aquí es donde entran en juego los datos médicos de los 7 millones de usuarios de los servicios del CatSalut.
El big data
El big data es la capacidad de manipular informáticamente grandes volúmenes de datos con el objetivo de obtener información útil y relevante. En este sentido el proyecto Visc+ tiene dos objetivos fundamentales: centralizar toda la información médica del sistema de salud pública y como hemos visto ponerla a disposición de la industria sanitaria internacional, que lleva años presionando a los gobiernos para que liberen los datos los servicios públicos de salud. Una presión que en Cataluña hace años que lidera la consultora PWC, una de las cuatro grandes consultoras del mundo. En su informe “10 temas candentes de la sanidad 2013″ PWC dedica especial atención a este tema:
“La liberación de estos datos y su reutilización permitirá generar grandes beneficios” como “identificar cuáles son los grupos de riesgo poblacionales con mayor precisión” lo que puede ser “una herramienta útil para el sector asegurador, ya que podrá ajustar las sus primas al riesgo de sus clientes y esto implica disponer de bases de datos poblacionales con información sobre las características personales, comportamientos, patrones de consumo y enfermedades de los individuos”.
Pero PWC es consciente de que estos datos son muy delicadas: “los datos generados en el entorno de la sanidad suelen ser datos con información personal y privada, lo que dificulta su liberación ya que los datos de salud requieren generalmente el consentimiento del sujeto “. Por todo ello, el informe explica que “queda mucho por hacer ya que la confidencialidad y la protección de la privacidad parecen poner barreras al movimiento de allliberament de datos de salud”. Y concluye:
“Pero el reto más difícil será convencer a todos los que actualmente se creen” dueños de los datos “, en clara referencia a las administraciones que custodian la información de los ciudadanos.
Uno de los empresarios colaboradores del TicSalut, Vicens Yeves lo establece con claridad: “Toda la información relativa a los pacientes ya está totalmente digitalizada, sólo falta la voluntad política para compartir esta información”. El proyecto Visc+ es la expresión de esta voluntad política.
La puerta giratoria
El proyecto Visc+ parece hecho a medida de las recomendaciones de PWC y hace realidad las demandas de liberar al sector privado los datos más privados de los ciudadanos.
El proyecto Visc+ lo desarrolla la Agencia de Evaluación y Calidad Sanitarias (AQUA). Este organismo de la Generalitat encargó a PWC el asesoramiento para llevar a cabo el proyecto. Se da la circunstancia de que el actual director de la división sanitaria de PWC (que elaboró ​​el informe recomendando la liberación de datos) es Joan Guanyabens, quien llegó al cargo directamente del AQuAS, de la que era máximo responsable. Así Guanyabens pasa de “propietario de los datos” a trabajar para “convencer a quien se cree propietario de los datos”
Operación en marcha
El informe de PWC pidiendo la publicación de datos se hizo público en abril de 2013. Dos meses después el Gobierno aprobaba el proyecto Visc+. La aprobación llegaba después de que el AQuAS hiciera un “contraste de la idea inicial con los clientes potenciales”. Una vez estos “clientes potenciales” tuvieron dicho la suya, el Aqua “explicar el proyecto a los agentes claves del Gobierno”. Esta sucesión de hechos nos indica que más que de una demanda del Gobierno al sector privado, estamos ante un plan del sector privado -claramente descrito por PWC- que luego se comunica al Gobierno. Este proceso queda totalmente en evidencia cuando miramos el proceso de creación del proyecto.
Diálogo competitivo?
Normalmente, cuando una administración pública debe satisfacer una necesidad lo primero que hace es establecer cuál es la necesidad para luego convocar a las empresas del sector privado que pueden ofrecer el producto o servicio que necesita la administración a través de un concurso público donde las empresas hacen sus ofertas. Pero el caso del Visc+ es diferente. Según el director del Aqua, Josep Mª Argimon:
“Las inversiones [para llevar a cabo el proyecto Visc+] son difíciles de cuantificar” y por ello se convoca a un ‘diálogo competitivo’ entre empresas del sector para decidir cómo se debe llevar a cabo el proyecto”.
El “diálogo competitivo” es una herramienta de contratación utilizada cuando la administración tiene una necesidad concreta pero no puede establecer por sí mismo de qué manera debe satisfacerla. ¿Cuál es la necesidad concreta en este caso? Los promotores del Visc+ presentan dos necesidades: el tratamiento de datos para gestionar mejor el sistema público y la “generación de productos y servicios” para las empresas.
Con estos dos objetivos el AQuAS convoca a nueve empresas a un “diálogo competitivo” para diseñar y poner en marcha el Visc+. Quién recomendó al AQuAS utilizar los ‘diálogos competitivos’ para hacer la contratación fue PWC. ¿Cuál es entonces la “necesidad” del Gobierno para impulsar el proyecto Visc+, más allá de las vaguedades de “mejora del servicio” y “sostenibilidad del sistema”?
La industria en el frente del barco
En el pliego de condiciones hecho por el Aqua a instancias de PWC se explica que el objetivo es centralizar los datos médicos del sistema público para “mejorar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad del sistema sanitario”. Pero advierte: “No tenemos dinero” y por ello “necesitamos al sector privado” para hacer frente a los 25 millones de euros que se calcula que puede costar la operación. Como es comprensible, una inversión de esta envergadura no se hace si no hay una perspectiva de beneficio clara. Por eso el AQuAS establece que el Visc+ debe contemplar “la creación de un catálogo de servicios”. Unos servicios que el Visc+ quiere poner a la venta al sector privado internacional, como explica Argimón:
“Los retos del proyecto VIVO + son disponer de un catálogo de servicios orientado a las necesidades del mercado, tener la capacidad de promover la demanda y atraer clientes y encontrar un partner solvente con capacidad de comercialización a nivel internacional con un plan de negocio creíble”.
Es decir: alguien capaz de construir un negocio basado en los datos de los ciudadanos.
Las empresas
Si miramos las 9 empresas seleccionadas para participar en los llamados “diálogos competitivos” es fácil imaginar el tipo de “servicios” que pueden suministrar. Destaca la empresa IMS Health especializada en “captar datos de pacientes provenientes de proveedores de servicios sanitarios que poseen historias clínicas y documentación sanitaria”. El negocio de IMS Health es “transformar los datos en información útil para medir el mercado, descubrir los comportamientos de los pacientes y los médicos, ayudar a identificar al paciente correcto para hacer la correcta promoción de productos”. Para ello “IMS Health trabaja con información de registros de pacientes de proveedores sanitarios, compañías farmacéuticas y gobiernos”. IMS Health –implicada en varios escándalos en todo el mundo por su uso de datos sanitarios (ver recuadro)– tiene entre sus clientes a casi todas las compañías farmacéuticas del mundo. Según una investigación de Open Secrets IMS Health dedicó, sólo en los EEUU, cerca de 3 millones de dólares para hacer lobby a los miembros del Senado ya entidades reguladoras de privacidad de datos.
El resto de las empresas que diseñan el Proyecto VIVO + son las consultoras PWC, Deloite (con gran presencia de ex altos cargos públicos, como David Madí o Jordi Sevilla, máximos hombres de confianza de Artur Mas y Zapatero respectivamente), Atos, Everis y McKinsey. Encontramos también a las tecnológicas Accenture, T-Systems, HP y ECISA, filial de El Corte Inglés.
¿Qué harán con nuestros datos?
Una vez hemos visto la génesis del Proyecto Visc+ y los intereses que intervienen, habrá que seguir con mucha atención qué pasará con nuestros datos médicas.
Por eso hacemos un repaso a diversas cuestiones técnicas que intervienen en este proceso. También hacemos una mirada a la fuerte polémica que provocó un proyecto similar al Visc+ que se intentó imponer en el Reino Unido. Por último, hacemos una mirada a la trayectoria de las empresas implicadas en el proyecto, con el fin de ver el ecosistema en el que se moverán nuestros datos más íntimas si este proyecto sigue adelante.
La idea es dar claves para abrir un debate que en Cataluña está pasando desapercibido, entre otras cosas, por la poca información con que se desarrolla este proyecto en nuestro país. El artículo de Isabel Vallet debería ser el primer escalón de un debate muy abierto y muy profundo. El tema lo merece. El Gobierno está a punto de poner a la venta los datos médicos de 7 millones de personas en Cataluña.
Quién verá mis datos y qué podrá hacer?
Uno de los objetivos del Proyecto Visc+ es generar negocio a partir de los datos de los usuarios del servicio público de salud. Esto abre interrogantes enormes sobre el uso que se dará a dichos datos. En Inglaterra este tema ha generado una fuerte polémica. En Cataluña el silencio y la opacidad es enorme.
La inversión que deberán hacer las empresas que colaboran con el Gobierno para desarrollar el Proyecto Visc+ está alrededor de los 25 millones de euros. Esto quiere decir que las expectativas de negocio deben ser muy elevadas para justificar una inversión de esta magnitud.
Dado que todo el negocio se basa en los datos médicos de los ciudadanos, la primera pregunta que hay que responder es a quién pertenecen estos datos. El debate en este sentido es amplio, con 3 posturas diferentes: 1) Son propiedad del paciente. 2) Son propiedad del médico. 3) Son propiedad del centro. Por eso el psiquiatra Juan Antomás, del Hospital de Navarra cree que hay que hablar del “derecho al acceso a los datos”. En este sentido, la ley reconoce el derecho a “la confidencialidad de toda información relacionada con su estancia en instituciones sanitarias públicas”.
Ante este hecho, el impulsores del Proyecto Visc+ aseguran que la intimidad de los pacientes “está protegida” ya que los datos estarán “anonimizadas”. La anonimización es la capacidad de utilizar los datos de los individuos sin que éstos puedan ser identificados. Así, los datos utilizados por los investigadores contienen los datos médicos de muchas personas pero no tienen ni los nombres, ni los números de identificación, ni las direcciones. Además, los impulsores del Proyecto Visc+ Perlen –aunque de manera muy imprecisa– de un “código ético” que debería regular la cesión de datos a empresas e industrias.
Pero el tema es más complejo. A principios de este año el gobierno de David Cameron tuvo que afrontar una enorme polémica cuando el servicio nacional de salud inglés (NHS) intentó poner en marcha un proyecto similar en Visc+. Fruto de aquel debate, quedaron claras algunas cosas a tener en cuenta. En primer lugar, efectivamente existen procesos de anonimización de los datos, pero existe también la des-anonimización, un proceso que, mediante diversas técnicas informáticas puede cruzar información hasta poder re-identificar a las personas y relacionarlas con su información médica personal . Una posibilidad real que incluso acabó siendo reconocida por el directivo del NHS, Mark Davies, quien admitió que, efectivamente hay un “pequeño riesgo” de que los pacientes sean identificados ya que las compañías de seguros, los hospitales privados y las compañías farmacéuticas podían cruzar los datos del NHS con sus propias:
“Se puede re-identificar a la gente si tienes muchos datos. Esto dependerá de cómo utilicen los datos una vez que las tengan”
En este sentido el sistema inglés tiene desde el principio un observatorio de privacidad donde participan varias asociaciones independientes que vigilan quién tiene acceso a los datos y en qué condiciones. Sin embargo, las críticas han sido enormes. La periodista Asher Wolf, especialista en tecnología, advertía a un artículo publicado en la revista Wired:
“El punto central del problema es que no tenemos capacidad de saber con exactitud quién tiene nuestros datos y para qué las usa y aunque el NHS haga firmar contratos a las empresas que compran datos no hay una manera real de que el NHS pueda saber si un comprador aplica técnicas de des-anonimización. ¿Cómo podría saberlo? “.
Phil Booth, miembro de la asociación de pacientes MedConfidential pone el dedo en la llaga y parece describir el proyecto Visc+ sin conocerlo:
“Los responsables quieren que creamos que el objetivo es mejorar el sistema y la investigación, pero los usos puramente comerciales no paran de crecer”.
En este sentido, el experto en bioética y fundador de EthicsandGenetics, Edward Hockings, afirma que
“Cuando la comercialización es la fuerza motora nos encontramos en un terreno sin referencias”
Hockings es una de las caras visibles de la intensa campaña para advertir a los ciudadanos del peligro de no ejercer el derecho de borrarse del plan.
La revista científica Nature publicó un duro editorial criticando como el gobierno inglés “falla a la hora de informar sobre la amenaza real y las posibles consecuencias del programa” y señala que el problema es que el gobierno no facilitar a los ciudadanos el opción de no participar en el programa.
En el caso del proyecto Visc+ ninguno de los documentos publicados por el gobierno o por los impulsores del proyecto recoge ninguna mención sobre la posibilidad de los ciudadanos de no dar consentimiento a que sus datos sean vendidas. Lo que si encontramos, al pliego de condiciones de los “diálogos competitivos”, es la demanda a las empresas adjudicatarias de “disponer de una gran capacidad de promoción para dar a conocer las bondades de esta iniciativa”. Y aquí entran los medios de comunicación, los tertulianos y todo el entramado mediático para conseguir la aceptación de la ciudadanía: “Se valorará el uso de medios de comunicación” y la capacidad “para involucrar personalidades relevantes para los objetivos del proyecto” . El documento, sin embargo, no hace ninguna referencia a la necesidad de explicar los riesgos a la población. Y los riesgos no son sólo teóricos o residuales.
La investigadora Latanya Sweeney de la Universidad de Harvard logró re-identificar un 90,5% de los participantes en un proyecto de investigación genómica. En base a esta experiencia Sweeney desarrolló un sistema que permite identificar al 87% de la población de los Estados Unidos sólo sabiendo su dato de nacimiento, su género y su código postal.
Los estudios de Sweeney han dejado claro que la anonimización que se puede conseguir con medios técnicos nunca es totalmente segura e insiste en que toda publicación de datos debe estar acompañada de medidas complementarias, como la elaboración de entornos contractuales, el seguimiento por parte de los dueños de la información y “leyes y políticas muy claras”.
En este sentido, el Proyecto Visc+ presenta una total falta de concreción a la hora de explicar qué políticas y leyes regirán un cambio tan enorme en el tratamiento de los datos más sensibles de los ciudadanos. Aunque el proyecto ya está prácticamente terminado, no se conocen modificaciones legales, no ha habido debate público y las oportunidad de participación social han sido nulas. Así, mientras las empresas han participado desde el principio, modelando y diseñando el proyecto, los ciudadanos y los profesionales de la sanidad han sido totalmente ignorados en todo el proceso. Por todo ello, con la información disponible, es difícil saber quién verá los datos, para qué se utilizarán y, sobre todo, qué control tendremos los ciudadanos sobre su uso.
Durante la elaboración de esta información hemos intentado ponernos en contacto con los responsables del proyecto VIVO + y los CatSalut pero ha sido imposible hablar con ninguno de ellos.
Las empresas implicadas en Visc+
El procedimiento del “diálogo competitivo” elegido por el Gobierno para llevar a cabo el Proyecto VIVO + hace que las empresas jueguen un papel fundamental no sólo como proveedores sino como desarrolladores del sistema que permitirá vender los datos médicos.
PriceWaterHouseCoopers (PWC) y Deloitte
PWC y Deloitte participan en el proyecto Visc+ y son dos de las cuatro consultoras más grandes del mundo. Sus informes y “recomendaciones” tienen una enorme influencia en muchos gobiernos a la hora de tomar decisiones y se caracterizan por una postura política y económica totalmente favorable a los intereses de la banca y las multinacionales. Una influencia que mantienen a pesar de los enormes riesgos que han protagonizado:. PWC auditaba las empresas de Diaz Ferran y no supo ver lo que finalmente fue un agujero de 552M €. Deloitte participó en la salida a bolsa de Bankia que acabó con millones de euros perdidos y la ruina de miles de personas atrapadas por las preferentes. Las investigaciones posteriores han detectado “infracciones muy graves” a los trabajos de Deloitte. Son sólo 2 ejemplos entre muchos. Como muchos son los casos de puertas giratorias entre los cargos públicos y PWC y Deloitte: Jaume Matas (PP), Joaquim Triadú y David Madí, Ramon Bonastre (CiU), Jordi Sevilla (PSOE). Como hemos visto, a PWC encontramos a Joan Guanyabens, que pasó del Aqua al PWC que asesora al Aqua.
IMS Health
Esta empresa es una de las 5 más importantes en su sector a nivel mundial y fundamenta su negocio en la venta de datos médicos en la industria farmacéutica. Dispone de los datos de 400 millones de pacientes lo que le permite “tener acceso a los pacientes correctos”. IMS Health ha visto implicada en varios escándalos en relación a la seguridad de los datos en venta. En 2013 en Alemania el semanario Der Spiegel informó de la extracción de datos de las recetas electrónicas.
Un hecho que fue calificado por Thilo Weichert -del Centro Independiente para la Protección de la Privacidad- como “uno de los más graves escándalos desde la posguerra”.
El ministro de sanidad alemán Daniel Bahr pidió una investigación a la vez que el escándalo se trasladaba a la vecina Austria donde se descubrió que IMS Health compraba información a una red de 350 médicos. Una de las mayores preocupaciones de la compañía explica su folleto de salida a bolsa- son las leyes de protección de datos de los estados.
Por ello, con la intención de presionar al marco regulador, IMS Health ha invertido en los últimos 10 años cerca de 3 millones de dólares para financiar grupos de presión en Estados Unidos. En Europa IMS Health es muy activo en el ámbito de la legislación de privacidad y mantiene equipos que monitorizan los movimientos legislativos y emiten informes y peticiones al Parlamento.
T-Systems
Esta empresa es una de las principales proveedoras de tecnología de la Generalitat de Cataluña, sobre todo después del proceso de privatización de los servicios informáticos. En concreto, T-System y Telefónica ganaron el 2012 contratos por valor de 1.062M € incluidos los servicios de gestión informática de gran parte del sistema sanitario catalán.
Everis
Esta empresa consultora tiene entre sus principales clientes a las más importantes empresas farmacéuticas. Al igual que las otras consultoras, Everis apuesta por la política de puertas giratorias: Eduardo Serra (ex-ministro de defensa del PP), Eugenio Galdón (ex jefe de gabinete de Felipe Gonzalez y director del Grupo Prisa y Cadena COPE) o la ex-ministra del PSOE Cristina Garmendia han aportado sus conocimientos a Everis.
Wellpoint
Wellpoint es una compañía aseguradora estadounidense que tanto los documentos de la Fundación TicSalut como el informe sobre sanidad de PWC se pone como referente en cuanto al negocio de los datos sanitarios. El problema es que el historial de Wellpoint en este ámbito está lejos de ser ejemplar. El año 2013 Wellpoint tuvo que pagar al Departamento de Salud de Estados Unidos una multa de 1,7 millones de dólares por haber permitido la exposición de las historias clínicas de más de 600.000 personas. No era la primera vez. En 2011 Wellpoint fue multado con 100.000 dólares por haber dejado expuesta la información médica de 32.000 pacientes.
http://angelsmcastells.com/2014/09/16/cafeambllet-catalunya-vendera-datos-de-pacientes-de-la-sanidad-publica-a-empresas-privadas/

Tres dones opinen sobre el Projecte Visc+ a @cafeambllet 01 oct La més cordial i sincera ENHORABONA a Marta Sibina i Albano Dante pel núm. 4 de Cafeambllet!


I un privilegi compartir plana i opinió amb Teresa Forcades i Isabel Vallet:
“El projecte VISC+ és un cavall de Troia de la privatització”
Per Àngels M. Castells · Economista
Els Tractats TTIP i TISA que ara ens amenacen des del costat fosc de la globalització són la concreció de la “corporatocràcia” que ja està governant el món.
De la mateixa manera que per justificar aquests tractats es teoritzen uns falsos “avantatges competitius” dels països, es juga avui al VISC + amb “diàlegs competitius” entre empreses disposades a saquejar allò públic. Pensen els estults que esmentar la paraula “competitivitat” ennobleix i justifica qualsevol acte de pirateria, quan la reflexió honesta ens condueix a denunciar la nuesa del rei, o el que és el mateix, que la “sana competència” no existeix, i la “competitivitat “és la variant del nostre temps d’un monstre nascut d’alimentar en una societat en descomposició els més baixos instints, els prejudicis malthusians i la descarnada llei de la selva.
I un altre engany del VISC + (encara que no és ni de bon tros l’últim): “disposar de les dades de les històries clíniques afavorirà la investigació i millorarà les condicions de salut”. Si s’apostès de debo per la investigació, per què la nostra joventut millor preparada ha de seguir buscant laboratoris i universitats on poder seguir desenvolupant les seves capacitats lluny de Wert i d’aquesta Espanya voluntàriament descerebrada?
La resposta és fàcil: perquè menteixen. I sobre tot quan prometen que les seves maniobres impliquen beneficis per a la majoria. No a Tractats com els TTIP / TISA, VISC+ i altres cavalls de Troia d’aquesta globalització en el costat fosc que no milloren per a res les vides de les persones.
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“Ens hem de negar a que venguin les nostres dades. Ens hem d’organitzar”
Per Isabel Vallet · Diputada de las CUP
Per nosaltres la venda de l’historial sanitari no és una operació aïllada, forma part d’una estratègia de privatització. La promoció de l’entrada de capital privat en la sanitat pública, o la privatització per segments, l’ha dissenyada en tres informes successius la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) i s’ha anat aplicant, amb més o menys èxit, pel Departament de Salut. L’any 2013 un tercer informe de PWC ens advertia de la necessitat de fer negoci amb les bases de dades clíniques sense “restriccions per a certs usos com el comercial”.
Una vegada que projecte VISC+ entri en vigor no sabrem per fer què s’usaran les nostres dades. No sabrem si les asseguradores les usaran per fer estudis per apujar primes de risc. No sabem si les farmacèutiques les usaran per analitzar si produir un determinat medicament és o no rendible. No sabem si les empreses de recursos humans les usaran per determinar factors i perfils en base a informacions confidencials sobre salut mental, o hàbits de consum d’alcohol o tabac. Vendre informació essencial per planificar i millorar la nostra salut és descapitalització. Facilitar informació perquè la sanitat privada competeixi amb la sanitat pública és descapitalització. Renunciar a les tasques de promoció de la salut a favor de les empreses farmacèutiques o asseguradores que persegueixen l’ànim de lucre és descapitalització.
No podem deixar que aquesta descapitalització segueixi, ens hem de negar a que venguin les nostres dades, ens hem de negar a que ens robin el dret a una sanitat pública i per fer això ens hem d’organitzar.
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“El guany del projecte VISC+ l’obtindran les empreses”
Teresa Forcades · Metgessa
A Le Monde Diplomàtique en Español d’aquest mes (setembre 2014), hi ha un magnífic article de l’investigador Raoul Marc Jennar titulat ‘Acuerdos de libre comercio en todas direcciones: Cincuenta Estados negocian en secreto la liberalización de servicios’. L’autor denuncia que en aquests moments a l’ambaixada australiana de Ginebra s’estan reunint els cinquanta països que representen el 70% dels intercanvis mundials de serveis per negociar l’Acord sobre Comerç de Serveis (ACS o TISA en anglès) que voldrien implementar de forma immediata al 2015. Crec que el projecte VISC+ se situa en aquest context d’atac frontal a nivell mundial contra la concepció no-mercantilista de la societat. La noció que les persones no som mercaderies i que les normes que regulen la nostra convivència han de reflectir la nostra dignitat, respectar-la, protegir-la i potencia-la és per a la concepció neoliberal de la societat un absurd passat de moda, un impediment ridícul al progrés. Un impediment al progrés … de qui?, ens hem de preguntar. Qui n’obtindrà un guany, del projecte VISC+? Està clar que per presentar-lo a la societat cal afirmar que ‘la societat’, en aquest cas els usuaris del servei català de salut, en traurem un benefici perquè les empreses privades que compraran les nostres dades ens oferiran a canvi millors prestacions. En realitat, aquest benefici comporta la privatització dels serveis de salut i implica excloure i deixar sense cap tipus de cobertura sanitària a tothom que no pugui pagar, com passa als EEUU. La mercantilització de les persones és incompatible amb la democràcia. No a la mercantilització de les dades dels pacients que suposa el projecte VISC+.
http://angelsmcastells.com/2014/10/01/tres-dones-opinen-sobre-el-projecte-visc-a-cafeambllet/

En Cataluña, los problemas de los políticos no son los de los ciudadanos

 

 

Las cuentas del cuento

Cuando las palabras impiden entender las cosas, toca abandonarlas: las dificultades que surgen de preguntas incorrectas no tienen solución.

 En Cataluña, los problemas de los políticos no son los de los ciudadanos

Félix Ovejero 24 OCT 2014  

 :

 El País.

     

La dignidad de las palabras es la primera víctima del nacionalismo. Los nacionalistas han puesto en circulación expresiones que nada significan (lengua propia, encaje, hecho diferencial, singularidad, desafección), que se usan en sentido contrario al debido (reconocimiento, discriminación positiva, democracia, cohesión, igualdad) o, simplemente, que, bien pensadas, resultan contradictorias (programa —nacionalista— de construcción nacional, federalismo asimétrico, golpes de Estado del Tribunal Constitucional).

Cuando las palabras impiden entender las cosas, toca abandonarlas. Los problemas resultado de preguntas incorrectas son irresolubles. Los científicos no determinaron la naturaleza del flogisto, el peso del calórico o la densidad del éter. Se limitaron a mostrar el desafuero de los marcos conceptuales que sostenían tales “sustancias”. El primer paso para resolver los problemas es describirlos debidamente. De otro modo nos sucederá como a los de la NASA cuando empeñaron recursos en un bolígrafo para escribir en ausencia de gravedad. Los rusos restauraron la mirada sensata: existían lápices de grafito.

Otras veces sí que cabe tasar las afirmaciones. El trabajo requiere orden intelectual, calibrar fuentes y paciencia para rebuscar en la hojarasca. Así se han desmontado mentiras sobre balanzas fiscales, el informe PISA y sentencias de La Haya o del Tribunal Constitucional alemán. A esos resultados cabe añadir ahora el trabajo de Juan F. Arza y Pau Marí-Klose, recogido en el libro Cataluña. El mito de la secesión. <TB>De su lectura se desprende que tampoco ahora el cuento es como se cuenta.

El cuento sostiene que el origen del lío hay que buscarlo en el recorte del Constitucional de un Estatuto que condensaba una demanda generalizada —ricos y pobres, catalanes de todas las procedencias— de mayor autogobierno. El referéndum sería la respuesta de los políticos a un impulso popular. La intransigencia del PP, la causa última del independentismo.

Pues bien, a la luz de datos y fechas, ninguna de las afirmaciones empíricas contenidas en el párrafo anterior se sostiene. Los despropósitos normativos o jurídicos ya se conocen: el derecho de autodeterminación, mientras se respeten los derechos y libertades, resulta incompatible con una idea cabal de democracia; defender las propuestas políticas y acudir al Constitucional forma parte del juego democrático, al menos tanto como dar por bueno un referéndum con una menesterosa participación como el del Estatut. Allí han acudido todos (hubo siete recursos, recuerden), incluidos Gobiernos nacionalistas en cuestiones que afectaban a todos los españoles y, por cierto, con excelentes resultados: han obtenido tantas o más sentencias favorables que el Gobierno central.

La condición nacionalista parece oficiar como requisito para ingresar en la clase política

Pero la fábula importante afecta a los hechos. Para empezar no había demanda de autogobierno (si es que se puede asociar, sin más, el autogobierno con un aumento de las competencias autonómicas). Conocíamos, por distintas encuestas, que, antes de desatarse la pasión por un Estatuto, los catalanes estábamos entre los españoles más satisfechos con nuestro grado de autogobierno. Y no cambiaron mucho las cosas cuando comenzó el baile. En el 2002, poco antes de iniciarse el debate estatutario, el 52,7% de los catalanes veía a Cataluña como una región española, mientras un 37,6% la veía como nación. En el 2006, después de varios años con políticos y medios entregados a la causa, poco antes del referéndum, solo el 36,3% valoraba positivamente la denominación de Cataluña como nación en el Estatuto. De hecho, por entonces, el “reconocimiento” de la identidad parecía caminar la dirección opuesta a la de sus voceros: el 73,9% de los catalanes suscribía la frase “el idioma español es un elemento básico de nuestra identidad” y un 66,4% la afirmación “la historia que compartimos, con sus cosas buenas y malas, es la que nos hace a todos españoles”. Y del Estatuto, pues ya sabemos: ratificado con el 36% del electorado. Incluso ahora, según datos de la Generalitat, la proporción de catalanes que identifican la relación Cataluña-España como un problema importante oscila entre el 20 y 25% en los distintos barómetros que se publican en 2013 y 2014. Únicamente para el 10% supone el principal problema.

Con todo, lo más interesante es desmenuzar los datos por clases sociales: sólo el 11% de los entrevistados en hogares humildes considera alguno de los aspectos relacionados con la organización del Estado uno de los principales problemas de Cataluña. Entre los que ingresan más de 2.400 euros la cosa cambia, pero tampoco parece ser una obsesión: un 31%.

Y es que la transversalidad es otra de las fantasías nacionalistas. Ni la cultural ni la social, si resultan distinguibles, a la vista de quienes son ricos y quienes no. El secesionismo no reúne a los catalanes. Si nos atenemos al origen cultural, hay un brecha, creciente, entre personas cuyos padres nacieron en Cataluña y aquellas otras cuyos padres nacieron fuera. Unos resultados que se corresponden casi como un calco cuando examinamos los apoyos según los ingresos. Incluso ahora, en plena campaña independentista, una amplia mayoría de la clase obrera se muestra contraria al derecho a la autodeterminación, a diferencia de lo que sucede con las clases medias y altas. También aquí la brecha se ha ensanchado en los últimos años. Vamos, que transversalidad social, tampoco.

El orden causal no es de abajo a arriba. Los políticos no son el eco de las demandas de los ciudadanos. No hay otro eco que el de su propia voz. Sucede, sin ir más lejos, con el desatino de la inmersión, un caso único en el mundo. Hasta donde sabemos, los catalanes apostamos por el bilingüismo en la enseñanza. Quizá por eso la Generalitat, que encuesta sobre lo humano y lo divino, nunca pregunta acerca de las lenguas en la enseñanza. En la única encuesta fiable, de 1998, el 50,2% de los catalanes se mostraba a favor de una enseñanza bilingüe y solo un 9,3% de la enseñanza exclusiva en catalán. Desde entonces nada más se ha querido saber. Lo que sí sostiene la Generalitat es que la inmersión es un modelo de éxito y que aumenta la cohesión. Sobre él éxito, lo que muestran los estudios serios es que, ceteris paribus, la inmersión perjudica significativamente la competencia de los estudiantes que tienen el castellano como lengua habitual. Sobre la cohesión, basta con ver como está el patio y, ya de paso, comparar, por ejemplo, con Finlandia, donde la elección de la lengua vehicular no parece que haya conducido al cainismo.

Las piezas empíricas del relato —transversalidad, identidad, discriminación, expolio— son débiles

Sencillamente, los problemas de los políticos no son los problemas de los ciudadanos. Algo que no sorprende cuando estudiamos la identidad de los políticos. Sabíamos, por los estudios sobre apellidos (un procedimiento común entre investigadores para identificar exclusiones sociales de raíz cultural), que los parlamentarios catalanes y sus votantes, en lo que atañe a identidades culturales, guardaban escasas semejanzas. También sabíamos, desde 1999, que mientras Cataluña era una nación para el 70% de los parlamentarios socialistas, entre sus votantes la cosa quedaba en un 26%. Estudios más recientes confirman que viven en mundos diferentes. En 2009-2010, el 70% de los representantes autonómicos de CiU se reconocía exclusivamente catalán y el resto más catalán que español. Entre sus votantes los porcentajes eran 36% y 35%. Mientras solo el 20% de los votantes socialistas se sentía más catalán que español, entre los parlamentarios del PSC el porcentaje era del 75%.

No es que los parlamentarios se sitúen lejos del núcleo central de sus votantes, es que están en posiciones más nacionalistas que sus votantes más nacionalistas. Visto de otro modo: por circunstancias sociales o, directamente, culturales, la condición nacionalista parece oficiar como requisito para ingresar en la clase política.

Por lo que se ve, las transversalidad, la identidad, la cohesión, las piezas empíricas del relato, son tan débiles como las que sostienen el relato normativo: la discriminación y el expolio. En realidad, la hipótesis más parsimoniosa es que el nacionalismo, sostenido por unas élites políticas culturales alejadas de la sociedad catalana, ceba un problema al que se presenta como solución. Lo malo es que, si quiere sobrevivir como proyecto político, el problema no ha de encontrar nunca solución. Su supervivencia está vinculada a la recreación del problema, al naufragio de las terceras vías.

Félix Ovejero es profesor de la Universidad de Barcelona. Acaba de publicará El compromiso del creador (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores)

España .- Paro , precariedad y desánimo.

Cinco claves que enfrían el optimismo sobre el empleo

 

Pese a que en 2014 se han creado 368.800 empleos, en el cómputo global de la legislatura se han destruido 648.200. Además, el poco empleo que se crea es precario y mal pagado. A este ritmo no se recuperará el nivel anterior a la crisis hasta 2028.

JORGE OTERO Madrid 23/10/2014  

El Público

 

 

Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), la auténtica radiografía del empleo en España, apuntan una leve mejoría de la situación. Pero si se miran con una perspectiva global y se toma como referencia la llegada de Rajoy a La Moncloa, el margen para el optimismo se reduce de forma significativa.
Pero excluyendo esa referencia temporal, tampoco se pueden echar las campanas al vuelo: es cierto que en los últimos meses se ha creado empleo (368.800 empleos en lo que va de año), pero casi todo precario; baja el número de parados, pero no todos encuentran trabajo: no son pocos los que ya se han rendido y han desistido de buscarlo; el paro de larga duración no deja de crecer y el ritmo de creación de empleo es desesperantemente lento después de que durante seis años, entre 2008 y 2013, se destruyera a un ritmo vertiginoso. La recuperación aún está muy lejos, por mucho que el Gobierno se empeñe en transmitir lo contrario y hasta se atreva a dar por zanjada la crisis a finales de 2015.
Estos son algunos datos que no invitan al optimismo.

01. Cunde el 'efecto desánimo'

De la última EPA se puede deducir que cerca de un 22% de las personas que han dejado de figurar como parados en las estadísticas oficiales en el último trimestre lo ha hecho porque simplemente ha dejado de buscar un trabajo o ha emigrado a otro país. Las cifras cantan: entre julio de septiembre de este año 195.000 personas abandonaron la cola del paro, pero sólo se crearon 151.000 empleos. Esa diferencia, 44.000 personas, se corresponde exactamente con el descenso de la población activa (los que tienen o buscan un empleo): en el segundo trimestre de este año había 22.975.900 activos mientras que tres meses después son 22.931.700. No todos los que dejan de estar parados encuentran un trabajo. Según el sindicato Comisiones Obreras (CCOO),  "el 47% del menor desempleo se explica porque hay menos personas buscando empleo".
Teniendo en cuenta los ocupados, los parados y los activos en diciembre de 2011 (23.440.300 activos) y en septiembre de 2014 (22.931.700 activos), 507.800 personas han sido expulsadas del mercado laboral español en los últimos tres años: han dejado de buscar trabajo o se han ido a buscarlo a otro país (hace un año eran 369.000 personas en esa situación). La tasa de paro baja, pero ello se debe a partes casi iguales tanto al aumento del número de ocupados como al número de personas que deja de buscar un trabajo. Al llegar Rajoy al poder la tasa de paro estaba, con la nueva metodología contable aprobada este año, en el 22,56%. Hoy esa tasa sigue por encima: 23,67%. 
Hagan las cuentas.

02. Precariedad

La reforma laboral que el PP aprobó en febrero de 2012 está fracasando en su objetivo declarado de acabar con la temporalidad y fomentar la contratación indefinida. La EPA es cristalina en ese sentido: el total de asalariados con contrato indefinido bajó entre julio y septiembre en 26.700 personas, mientras que el de asalariados con contrato temporal subió en 122.400. La tendencia se repite desde hace tiempo. En octubre de 2014 hay 263.600 trabajadores menos con contrato indefinido de los que había en diciembre de 2011. En cuanto a los temporales, estos también han bajado en 172.300, un ritmo de bajada inferior. Lo que sí ha crecido de forma notable son los trabajadores a tiempo parcial: 166.000 más. A la par, también hay menos personas trabajando a jornada completa, en concreto 369.400 menos que hace tres años.

03. Sin solución al paro juvenil

El desempleo entre los menores de 25 años sigue creciendo: 27.000 parados más entre julio y septiembre, un período en el que se supone que muchos de ellos encuentran algún empleo aunque sea por unas pocas horas. Ahora son 867.000 los parados de esa edad. En cualquier caso, no parece haber solución para el paro juvenil cuya tasa se sitúa en el 52,38%. Curiosamente la tasa ha bajado, pero ello se debe a que ha crecido mucho más el número de jóvenes que buscan un empleo: 73.700 en los últimos tres meses.

04. Paro de larga duración

Este problema se agrava con el paso del tiempo, dado que el ritmo de creación de empleo en 2014 es mucho menor del de destrucción en los años anteriores. CCOO  apunta que casi 3,5 millones de personas, el 62% de los desempleados, son parados de larga duración. El número de personas que llevan más de dos años en paro ha crecido en 162.000 en el último año, hasta llegar a los 2.343.600 parados. El drama se acrecienta si se mira el número de hogares con todos sus miembros en paro: 1.789.400 hogares.

05. 648.200 empleos destruidos

Aunque la evolución del empleo en los últimos meses ha sido la más positiva desde que se inició la crisis —en lo que va de 2014 hay 508.100 parados menos y se han creado 368.800 empleos más— todavía hay más desempleados de los que había al llegar el PP al poder en diciembre de 2011. En concreto, según la EPA, hay 140.400 parados más que en diciembre de 2011. Sin embargo, el dato más fiable, el que da la medida de las cosas, es el de la destrucción del número de empleos: 648.200 en tres años, y eso descontando los que se han creado en 2014. A este ritmo necesitaremos 13 años más para recuperar los niveles previos a la crisis, a finales de 2007.

PP. PSOE UPD CIU a favor del TTIP . ( VIDEO)

PP. PSOE UPD CIU a favor del TTIP . ( VIDEO)

Gracias a documentos filtrados por la plataforma Fíltrala y Wikileaks tenemos suficiente información para afirmar que estos cuatro partidos se han unido para inutilizar definitivamente el Parlamento. Si no paramos sus planes va a dar igual a quien votemos.

http://www.cafeambllet.com/ttip/

 Video.... ver..

http://www.kaosenlared.net/component/k2/98496-v%C3%ADdeo-%C2%BF 

El masacre de los kurdos sirios

 

Kobani : la caída del Stalingrado kurdo

20 oct 2014

 

  Público.es

 Nazarin Armanian
“Kobani no es una prioridad de EEUU”, aclara John Kerry para disipar dudas de quienes (incluso los propios kurdos) aún confunden al Gobierno de EEUU y sus marines con los hermanos de caridad que se desviven por salvar a los oprimidos del mundo.
La capital del Kurdistán sirio y símbolo del experimento del Gobierno izquierdista del Partido de la Unión Democrática (PUD) —próximo al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), Kobani y sus consejos populares— ha caído en pedazos después de varias semanas resistiendo, desde que el 16 de septiembre fuese asediada por los terroristas del Estado Islámico (EI), provocando la muerte de cientos de civiles, y la huida de la mayoría de los 45.000 de sus habitantes.
Sin acceso a alimentos ni atención sanitaria, los kobaníes aterrorizados no recibieron ayuda ni de una inútil ONU ni de los estados que podrían haber recurrido a la doctrina de Responsabilidad de proteger “R2P”, que le sirvió a la OTAN para atacar a Libia.  Aquí, no es ningún secreto que  los mercenarios del EI,  que carecen de una sede “presidencial”, un cuartel general, ministerios, cadenas de tele o aeropuertos, reciban avisos y huyan antes del inicio de los bombardeos de la aviación de EEUU (¿por eso ningún centro vinculado a los intereses de las potencias occidentales ha sido atacado, hasta hoy, por el EI?).
Las bombas caen sobre las posiciones de la guerrilla kurda, las viviendas o las infraestructuras de la zona (la última, una refinería) para trasladar Siria a la “Edad de Piedra” como se hizo con Irak y Libia, dos estados fuertes árabes.
La caída de Kobani (significa “Unión”, por la alianza de dos tribus kurdas que fundaron la urbe, que alberga milenarios monumentos asirios y armenios) es un duro golpe psicológico al movimiento progresista kurdo.
Kurdos de derecha y de izquierda
Es hora de matizar el concepto del “pueblo kurdo”, —como grupo étnico de 30-40 millones de personas repartidas entre varios países y unidas por un sentimiento de pertenencia y lazos históricos—, y tratarle como cualquier sociedad que sufre una encarnizada lucha de clases,  aunque pese a los defensores fanáticos del “mítico” pueblo kurdo para exigir responsabilidad de una parte de la tragedia que sufren los kurdos de a pie,  a las élites que les guían, a veces hacia el infierno de las batallas suicidas.
Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido tres zonas autónomas kurdas: la República de Mahabad, dirigida por los marxistas en Irán en 1946, y que fue aplastada duramente por las tropas del Sha; la Región Autónoma Kurda (RAK), instaurada en Irak desde 1991 amen a la agresión militar de EEUU y sus socios, y gestionada por las fuerzas derechistas y feudales; y la zona autónoma de los kurdos de Siria, creada en 2012 a partir de una jugada estratégica de Bashar al Assad,  y liderada por el PUD, quien ha instalado un interesante e incipiente sistema político de democracia popular directa.
Quizás la peor parte de esta compleja y dolorosa lucha se la han llevado los kurdos de Irak, que, además de ser perseguidos por los gobiernos del “nacionalismo árabe”, han tenido que soportar, desde hace décadas, las consecuencias de los tejemanejes de las familias Barezani y Talibani, dos clanes dirigentes kurdos, que, en sus ansias de convertirse en cabeza de ratón que no cola de león, vendieron su alma a EEUU (mientras éste bombardeaba durante años a los civiles árabes iraquíes), y a las potencias y fuerzas más reaccionarias de la región.
Su última hazaña ha sido aprovechar el avance del EI sobre Irak para hacerse con el control de varias ciudades del norte del país, e incluso utilizarle de mediador para vender su petróleo a Turquía e Israel, justo cuando las atrocidades que el Califato cometía contra las minorías religiosas izadíes y cristianas ocupaban los titulares de la prensa mundial.
Masud Barezani, el presidente millonario de la oligarquía engordada por la renta del petróleo y la ingente ayuda de occidente, aprovechando esta situación iba a declarar la independencia de la RAK de Irak, pero hoy, con el aumento del conflicto, estará pensando en cómo evitar la destrucción de su feudo.
Erdogan pierde en casa y en el Consejo de Seguridad
Los disturbios, en protesta por la inacción de Ankara ante el avance del EI y la matanza de los kurdos de Siria, que dejaron una treintena de muertos en el sureste de Turquía, amenazan el proceso de paz iniciado entre Tayyeb Erdogan y Abdullah Öcalan, el líder del PKK, ya que muchos de los líderes kurdos de Turquía son de Siria (además de ser alauíes).
Los manifestantes pedían habilitar un corredor de seguridad hasta Kobani —situada a pocos kilómetros de la frontera turca—, y armar a sus combatientes, que luchan contra el Estado Islámico. Eso es pedir peras al olmo: acabar con Kobani ha sido un objetivo de Erdogan.  Se ha librado del PKK en aquella zona sin mancharse las manos de sangre.
Ante las peticiones de “salvar Kobani” del PUD, las condiciones ofrecidas por Ankara no tienen desperdicio:
- Que abandone la idea de autodeterminación y rompa con PKK.
- Que se una a la lucha por derrocar a Bashar al Assad.
- Que integre las Unidades de Protección Popular, su brazo armado, en el Ejército Libre de Siria.
- Que permita a las tropas turcas gestionar la seguridad de la zona kurda de Siria, controlando las entradas y salidas de las personas (¿o de los militantes del PKK?). O sea, crear una segunda Gaza.
Obviamente, Erdogan lo que pretende es la abdicación del PUD, destruir al PKK en Siria y así sacar ventajas en sus negociaciones con la izquierda kurda de Anatolia. ¡Está induciendo al PKK-PUD al suicidio político! Además, con una mentalidad y actitud así, ¿qué iba a ofrecer al PKK a cambio de que dejara la lucha armada?
Propuestas estériles para ser rechazadas y para que el mandatario turco pudiese seguir respaldando a su criatura del EI, que al puro estilo de las Yeni Cheri, “Fuerzas Especiales Otomanas”, arrasan pueblos enteros en su camino.
Ankara también ha ofrecido otras condiciones imposibles de realizar a la OTAN, a cambio de unirse a la “Coalición antiEI”: crear una zona de amortiguamiento terrestre y otra de  exclusión aérea en el territorio sirio y eliminar a Assad, lo que significa nada menos que una declaración de guerra a Damasco (¡y a Irán!).
La negativa de la OTAN se debe a que, en este momento,  la prioridad de Obama es acabar con el programa nuclear de Irán, y no aumentar la desconfianza de Teherán hacia las verdaderas intenciones de Washington de volver a militarizar Irak. Que no consiguiera ocupar el sillón del miembro no permanente del Consejo de Seguridad en favor de España —el socio fiel de EEUU— fue un duro castigo a este socio díscolo de la OTAN .
Erdogan corre el riesgo de enfrentarse a una nueva ronda de la guerra contra el PKK y en la propia Turquía. Aunque también existe la posibilidad de que  Öcalan, que lleva 15 años en prisión, y que ha renunciado al marxismo y a la independencia, pida a sus adeptos mantener la calma. Está por ver la capacidad de “desobediencia” a Apo de aquel sector del PKK que cuestiona las “concesiones casi unilaterales” del divinizado líder kurdo. También existe la posibilidad de que estas protestas hayan sido organizadas por quienes desean ver roto el diálogo kurdo-turco y de cómo Öcalan se degrada en la Alcatraz turca.
El PKK se encuentra en un callejón: si vuelve a las armas, perderá el poco apoyo internacional del que goza, si no lo hace, será su fin político.
Los gobernantes turcos que detestan al Partido de los Trabajadores  kurdos mantienen magníficas relaciones con el Gobierno derechista de la ARKI: el aroma de petróleo y gas, y encima baratos, disipa cualquier tensión étnica.
Irán, pragmático y amenazado
Teherán, por su parte, mantiene buena y activa amistad con los kurdos de Irak, respalda a los kurdos sirios (por ser enemigos del EI) y, mientras persigue a PJAK (Partido de Vida Libre del Kurdistán), la rama del PKK,  autoriza, por primera vez en tres décadas, una manifestación kurda en solidaridad con  Kobani.
Israel celebra la desintegración de Sudán, Siria, Irak, Libia y Yemen, esperando que este proceso alcance a Irán, país con una veintena de grandes grupos étnicos (azeríes, kurdos, baluches, turcomanos y árabes, ente otros), que viven sin ningún tipo de autonomía político-administrativa, siendo caldo de cultivo de tensiones étnicas. El mismo Israel que en 1999 contribuyó a la detención del entonces marxista Abdullah Öcalan en Kenia, ahora apoya un Estado kurdo independiente (si es de extrema derecha, mejor).
El mapamundi de la Segunda Guerra Mundial, que empezó a sufrir cambios tras la desintegración de la Unión Soviética, sigue cambiándose a golpe de guerras, y en ésta, todo el mundo echa leña al fuego, enviando armas a los implicados, sin que nadie proponga un plan de paz, evitando masacres de pueblos enteros.
 Bienvenidos al nuevo laberinto pantanoso de Oriente Próximo y a un inexistente país llamado Kurdistán.

Los kurdos de Kobané .

 

Los kurdos sirios asediados

Kobané, la víctima de gran juego turco

Cyril Roussel

Orient XXI

Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

En las últimas veinticuatro horas la coalición dirigida por Estados Unidos ha multiplicado los bombardeos contra la Organización del Estado Islámico (OEI) que está atacando la ciudad kurda siria de Kobané. Sin embargo y a pesar de la defensa encarnizada de sus defensores, la ciudad podría caer, tanto más cuanto que Turquía bloquea férreamente su frontera, a pesar del riesgo de que su intransigencia haga fracasar las negociaciones entre el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) y Ankara.

La larga duración del conflicto sirio se explica por la diversidad de actores implicados, pero también por su imbricación en unas lógicas nacionales, regionales e internacionales contradictorias en relación con unas potencias exteriores aliadas que les financian o respaldan: Occidente contra China y Rusia, Turquía y el Golfo contra Irán, Iraq (chií) e Hizbolá. Además del enfrentamiento entre el régimen y el Ejercito Libre Sirio (ELS), nuevos grupos armados, que apoyan a cada uno de los proyectos territoriales rivales, tratan de controlar partes del territorio sirio.

Uno de esos actor, que desde 2012 se volvió fundamental en el escenario sirio, parecía haberse retirado del juego: los kurdos de Siria. Escasamente implicados en los cálculos estratégicos y geopolíticos de la potencias beligerantes, los kurdos sirios parecían «mantenerse al margen» desde hace casi dos años. A pesar de la ausencia de un apoyo declarado al margen de las redes sociales propias dominadas por el Partido de la Unión Democrática (PYD) cercano al PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), sin embargo se libraron rápidamente de la tutela de Damasco sin integrase en otras coaliciones o fuerzas militares contrarias al régimen (Coordinación Nacional Siria, Coalición Nacional de las Fuerzas de la Oposición y de la Revolución, Frente Islámico, Frente de Liberación Islámica).

Una región autoadministrada

El papel de Turquía, que apoya a los rebeldes sirios del CNS desde 2011, lo mismo que los movimientos más radicales con el alargamiento del conflicto, ha sido primordial en este rechazo de los kurdos de la coalición (CNS y después Coalición Nacional de las Fuerzas de la Oposición y de la Revolución, CNFOR). Desde el inicio del conflicto Ankara siempre ha maniobrado para marginarlos, privarlos de recursos y hacerlos vulnerables. Sin embargo, rápidamente supieron aprovecharse de la guerra civil para poner en marcha su propio proyecto político y territorial: una región autoadministrada llamada Rojawa, compuesta por tres cantones autónomos: Afrin, Kobané y Djezireh. Ayudados por los kurdos turcos tanto para establecer su propia administración como para crear las milicias de autodefensa, el paso dado por los kurdos tenía todo para desagradar al poderoso vecino del norte que solo podía constatar su incapacidad para influir en el caso sirio.

Ankara lleva tiempo actuando en la sombra para destruir el proyecto kurdo, precisamente porque es una concretización de las ideas del  PKK, su enemigo hereditario. Y con la anunciada caída de Kobané y la erradicación del conjunto del cantón ha quedado muy claro que Turquía ha jugado la baza yijadista para limpiar el norte de Siria de la presencia kurda.

Antes del asedio solo denunciaban esta esta estrategia los miembros del Partido de la Unión Democratica (PYD) que regularmente denunciaban la implicación turca en varias de las batallas que los kurdos libraban contra los yihadistas a lo largo de la frontera sirio-turca. El padrinazgo de la Unidades de Protección Popular (YPG) del PYD y la proximidad ideológica entre el PYD y el PKK seguramente podían hacer sonreír a los observadores extranjeros que tenían tendencia a interpretar estas supuestas «pruebas» como el resultado de una manía obsesiva de los luchadores turcos que todo lo analizan a través del prisma antiturco. La sistemática aversión del PKK a Ankara y, por consiguiente, la desconfianza de la que es objeto esta organización (a la que Occidente considera «terrorista») contribuyeronsin duda  durante un tiempo a minimizar, hablando mediáticamente, el papel de Ankara en el avance yihadista en el norte de Siria.

Colusión con los yihadistas
Hay muchas pruebas de la benevolencia de Ankara hacia los yihadistas. Desde 2012 los kurdos de Djezireh se quejaban de las facilidades que se les daban a estos combatientes para atravesar la frontera turco-siria en ambos sentidos. Los años siguientes demostraron que los cada vez más numerosos yihadistas se beneficiaban de servicios y de redes de ayuda financiera eficaces del lado turco. Durante los violentos combates de Sarikaniye en 2013 incluso acudían en su ayuda vehículos turcos.

A partir de 2013 los combatientes yihadistas se internacionalizan. Frente a las milicias kurdas, cada vez se encuentran menos sirios enrolados en el Estado Islámico de Iraq y del Levante (ISIS), aunque hay marroquíes, libios, iraquíes, chechenos y paquistaníes. Una parte de los miembros del ISIS ha transitado por Turquía, como siguen haciendo los yihadistas europeos que van a Siria y se benefician en el lado turco de todas las facilidades para lanzarse a la Yihad. En los encuentros que tuve con los representantes del cantón de Djezireh me enseñaron los pasaportes recogidos a las víctimas yihadistas durante las diferentes batallas en Sarikaniye (verano y otoño de 2013): poco eran sirios.

La dejadez y complacencia de Ankara salieron a la luz cuando cientos de combatientes yihadistas tomaron la ciudad armenia de Kessab en marzo de 2014. Y es que los combatientes habían llegado a esta ciudad fronteriza desde la provincia turca de Hatay.  La casi toma de la Kobané por parte de los yihadistas ha estado facilitada recientemente por el bloqueo de Turquía, que cerró su frontera, lo que impidió esta vez que cualquier refuerzo turco acudiera a defender la ciudad por el norte en el momento más crítico. Se comprenden mejor los silencios de Ankara y las dudas respecto a su participación en la coalición internacional contra la Organización del Estado Islámico (OEI).

Un cantón estratégico
Kobané es estratégico para los kurdos. Es el cantón central de tres territorios que, si se unieran, podrían constituir a largo plazo un Kurdistán autónomo viable en Siria. Eso es precisamente lo que quiere evitar Ankara. El PKK y los YPG, por el contrario, deben demostrar que pueden defender las zonas con población kurda. Han basado su legitimidad sobre ese punto y todavía no en las urnas. La pérdida del cantón (ya efectiva) y de su cabeza de distrito sería un duro golpe para los kurdos, incluso una tragedia. Se trataría de un revés terrible que marcaría las conciencias kurdas, pero esta pérdida no sería una desilusión política. Como en la guerra de Yugoslavia, acabamos de asistir a un nuevo episodio de limpieza étnica que acompaña a cada avance del OEI en las zonas que no son de mayoría sunní. Otro golpe grave al proyecto autonomista kurdo (Rojawa pierde uno de sus tres cantones) es la geografía de toda una zona de poblamiento que podría ser borrada. Después de Djebel Sinjar en Iraq, territorio refugio de los kurdes yezidis, la bolsa kurda de Kobané es el segundo espacio comunitario que corre peligro de desaparecer. El siguiente podría ser el cantón de Afrin, que tiene la misma configuración geográfica que Kobané: está enclavado en medio de un entorno árabe y es limítrofe de Turquía. El cantón de Djezireh, por su parte, parece más difícil de tomar. Al tener una frontera con el Kurdistán iraquí, este territorio se podría defender mejor gracias a los refuerzos enviados desde el lado iraquí, sobre todo después de que el PKK volara a ayudar a los kurdos de Iraq, en Shingal y Makhmur, durante la ofensiva de la OEI en agosto de 2014.

La lejanía de Damasco y el desmembramiento de los grupos rebeldes han contribuido al éxito del proyecto kurdo. Pero la cercanía de Turquía y la emergencia, tras sus victorias en territorio iraquí, de la OEI, han modificado totalmente el equilibrio de fuerzas que había permitido entre 2012 y 2014 un cierto statu quo en el norte de Siria. Desde septiembre de 2014 los kurdos de Siria, sin ningún apoyo exterior, no parecen ser capaces de poder defender su proyecto frente a los yihadistas fuertemente armados y a la complacencia turca respecto a ellos.

Una victoria más simbólica que estratégica
Contrariamente a lo que informa muchos medios occidentales, la pérdida del cantón de Kobané y la subsiguiente limpieza étnica con la huida de más de 300.000 personas no representa una toma estratégica para la OEI. Al contrario que el cantón de Djezireh, el de Kobané no posee ninguna riqueza natural comercializable. Ni siquiera tienen una posición estratégica: la OEI no necesitaba en absoluto controlar esta gran población agrícola para abrirse una ventana hacia Turquía, ventana que los yihadistas tienen desde hace tiempo gracias al control de la zona fronteriza al este y al oeste de Tell Abyad (parte septentrional del gobernorado de Raqqa). Y es precisamente a lo largo de estos casi 150 km de frontera común donde se efectúan los tráficos de mercancías y el paso de combatientes. En efecto, los yihadistas promueven la expansión territorial con el objetivo de crear  un gran califato. Pero el Rojawa, un proyecto laico, multiétnico, en el que tienen cabida las mujeres y de inspiración democrático, supone una traba para ese propósito. Sin duda Kobané no es estratégico para la OEI sino simbólico: lo que buscan los yihadistas es una victoria sobre los kurdos del PKK, un movimiento que hasta el momento casi siempre les ha vencido en el terreno militar.

En cambio, a Turquía le convendría la victoria de los yihadistas en Kobané por más de una razón. En efecto, aunque Turquía se presentaba como la gran perdedora del conflicto sirio, parece tener finalmente en sus manos las bazas de su supremacía futura en el norte de Siria: las victorias de la OEI sobre los kurdos sirios no pueden sino confortar a Turquía, que busca cualquier pretexto para una intervención en Siria con el fin de instaurar ahí una zona tampón que le permitiría cerrar sus fronteras a los refugiados sirios y mantener alejados a los kurdos del PKK. La supremacía de los yihadistas en su frontera meridional le daría todos los pretextos para una intervención (cuando lo deseara y a condición de que Estados Unidos ablande su postura) como es debido, que esta vez se podría hacer con la aprobación de la coalición internacional. Sin duda Turquía seguirá jugando a su manera la carta yihadista en su guerra con Siria, carta doblemente ganadora: podría ofrecerle un derecho de invasión y aniquilar toda esperanza kurda de crear un proyecto político-territorial bajo influencia del PKK. Tanto si entra Turquía en su territorio o, peor, si deja hacer, un poco más, a la OEI, el proyecto kurdo de Rojawa corre peligro de terminar dentro de muy poco y de echar a los caminos a más de un millón de refugiados kurdos y cristianos.

Unas críticas muy comedidas
Los kurdos, tanto de Turquía como de la diáspora, se sublevan precisamente frente a estos cálculos estratégicos. Haya hecho o no Ankara promesas a los kurdos (comprometiéndose a facilitar el establecimiento de un corredor sobre su territorio que habría permitido llevar armas y refuerzos), las consecuencias sobre el escenario político turco de la tragedia de esta ciudad podrían firmar el fin del proceso de paz iniciado entre el gobierno turco y el PKK. El riesgo entonces sería que se reiniciara el conflicto en territorio turco. Sin embargo, las organizaciones kurdas en Turquía (Partido por la Paz y la Democracia, BDP, Partido Democrático del Pueblo, DEHAP) e incluso el PYD, que sigue siendo bastante mesurado en estas críticas al poder turco, no parecen querer romper totalmente el diálogo con Turquía. Romper el embargo por medio del diálogo y la presión de la opinión pública podría ser una solución para tratar de salvar Kobané, si no es ya demasiado tarde. En todo caso, la movilización de los kurdos en Turquía y en el mundo (que ha obligado a los aviones de la coalición a intensificar sus ataques en torno a Kobané en apoyo de los combatientes  kurdos) ya es un grave revés para el poder, obligado a partir de ahora a mostrar su verdadero rostro.

Así, las alianzas y los cálculos personales de los actores externos del conflicto sirio se vuelven cada vez más contradictorios con algunos de los objetivos declarados y a las poblaciones locales cada vez les parecen más cínicos. Francia en su política de «todo excepto Bachar» apoya a partir de ahora a Turquía que, aunque es miembro de la OTAN y miembro tardío de la coalición internacional contra la OEI, sigue jugando explícitamente la carta de los yihadistas para aniquilar el proyecto kurdo. Ankara trata de negociar su compromiso en la guerra contra la OEI a cambio de la posibilidad de utilizar a su manera a Siria como un glacis defensivo limpio del PKK o a cambio de la garantía de llevar sus aliados y tropas hasta Damasco. París, ya inclinado a apoyar las posturas de países del Golfo como Arabia Saudí, matriz ideológica y financiera del yihadismo salafista, parece querer entrar en este juego que, al final, costará caro en vidas humanas y en gestión de los flujos de refugiados. Cuando el gobierno francés parece tan preocupado por sus candidatos a la yihad, ¿como puede todavía seguir en esta vía en la que los objetivos declarados ya no coinciden con los cálculos personales y los beneficios que se buscan?

Cyril Roussel es doctor en Geografía, investigador del Instituto Francés de Oriente Próximo en Amman. En Siria entre 1997 y 2005, y en Jordania desde 2010, está investigando actualmente en las fronteras entre Siria e Iraq. Más particularmente, trabaja sobre los movimientos y la circulación de mercancías y de personas, los procesos de construcción territorial en curso y las dinámicas transfronterizas.
Fuente: http://orientxxi.info/magazine/kobane-victime-du-grand-jeu-turc,0719


 Y VER ESTE DOSSIER...

http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/1eikobane.pdf

9-N en Cataluña , el pucherazo político.

Locales, urnas y panderetas

El Gobierno actúa a favor de una parte de la ciudadanía y en contra de la otra, y pierde la neutralidad que le es exigible

Francisco Morente Valero 

  El País

Habrá locales, urnas y papeletas, dijo el president en su comparecencia del martes pasado. Así que ya sabemos lo que se prepara para el 9-N: locales abiertos, urnas de cartón y montones de papeletas con la inefable doble pregunta encadenada. Ninguna sorpresa. En este país llevamos meses machacando con que democracia es votar. Punto. Qué se vote, quién vote, bajo qué amparo legal y cómo se ejerza ese derecho parecen ser cuestiones irrelevantes. Aquí se trata de votar, aunque la forma de hacerlo recuerde más la charanga y pandereta que se suele atribuir a España que la seriedad y la feina ben feta con las que nos solemos autorrepresentar los catalanes.

La nueva jugada de Artur Mas deja algunos mensajes inquietantes. El primero, evidentemente, es su concepción de la democracia. Prescindir de los procedimientos y las garantías de control y transparencia propios de los procesos electorales democráticos dignos de ese nombre con el solo objetivo de colocar las urnas y que se vote nos acerca peligrosamente a los países que usan urnas y votos para sustentar a los sátrapas que los gobiernan.

Ciertamente, el mismo Artur Mas ha dicho que el resultado (¿podía ser de otra manera?) no tendrá validez jurídica, pero hay poca duda de que tendrá efectos políticos, y puede que de notable importancia. A nadie se le oculta (aunque el president sí hace todo lo posible por camuflarlo) que no estamos ante una verdadera consulta ni ante un acto realmente electoral. Lo que se ha puesto en marcha es, simplemente, una nueva acción de propaganda y agitación política, una continuación de la V por nuevas vías.

Y ese es el segundo mensaje inquietante que se nos ha enviado. Hasta ahora se había procurado aparentar (porque era solo apariencia) que la movilización soberanista de los últimos años surgía de la base, del pueblo, y era canalizada por la llamada sociedad civil, materializada en la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. En esa interpretación, los dirigentes políticos, y muy especialmente el Gobierno convergente, no tenían nada que ver con el impulso de la movilización, limitándose a seguir los pasos que el pueblo ordenaba. Hasta el punto de que, cuando se planteaba la posibilidad de desobedecer al Tribunal Constitucional, se argüía que, de hacerlo, no se estaría realmente ante un acto de desobendiencia a las leyes sino de obediencia a lo que el pueblo catalán había decidido.

Ahora ya no hace falta seguir disimulando. La campaña de propaganda y agitación pasa directamente al Gobierno de la Generalitat

Ahora ya no hace falta seguir disimulando. La campaña de propaganda y agitación pasa directamente al Gobiernode la Generalitat. Lo que organizado por la ANC sería una convocatoria legítima de ejercicio de los derechos civiles, orquestado por el Gobierno pasa a ser un acto de división de la sociedad catalana.

El Gobierno actúa a favor de una parte de la ciudadanía y en contra de la otra. Pierde la neutralidad exigible a la Administración en cualquier acción que tenga que ver con la manifestación de la voluntad de los ciudadanos mediante el voto. Y, lo que no es menos grave, pone los recursos públicos (es decir, los impuestos de todos) al servicio de una causa partidista. Con la (no)convocatoria del nuevo 9-N, el Gobierno rompe las reglas del juego y, de paso, deja en evidencia a quienes ingenuamente (o no) lo han acompañado durante estos últimos meses.

Algunas fuerzas políticas descubren ahora que han sido utilizadas. Que Artur Mas utiliza medias verdades que acaban siendo mentiras. Que el president jamás se planteó seriamente poner las urnas de verdad el 9 de noviembre; que todo era una estrategia para dotar de transversalidad al proceso, reforzar su figura, capear el malestar social por los brutales recortes que su Gobierno viene aplicando desde 2010, y, llegado el momento, plantear un trágala a sus socios en el que todos pierden menos él y su partido.

ICV-EUiA y la CUP han quedado en absoluta evidencia, mientras que ERC se ve ahora en la tesitura de tener que escoger entre retirarle el apoyo parlamentario (dándole a Mas la excusa para apoyarse en otras fuerzas para acabar la legislatura) o aceptar a regañadientes la Gran Lista Patriótica con la que Mas salvaría su carrera, mantendría la presidencia, atajaría la sangría electoral de su partido y evitaría el sorpasso republicano.

Que su socio de Gobierno y líder de la oposición tenga que tragar quina no es algo que nos preocupe a muchos. Sí lo hace ver el triste papel de los dirigentes de una fuerza que se dice heredera del partido que representó el antifranquismo y el catalanismo más transversal y popular. El batacazo que les vaticinan las encuestas seguramente no es ajeno a esa percepción y al hecho de que muchos de sus electores no hayan entendido su presencia en determinadas fotos. Falta de estética, sin duda. Pero no solo eso.

Francisco Morente es profesor de Historia Contemporánea en la UAB