miércoles, 19 de diciembre de 2018

El Merkelato .- El aplauso de los necios .


martes, 18 de diciembre de 2018

Los que menos pagan a Hacienda.- Los bancos .




Los bancos, los que menos pagan a Hacienda por sus beneficios
 Público . Agencias .

Las grandes empresas pagan un tipo efectivo del 7,88% en el Impuesto sobre Sociedades, frente al 18,78% que abonan las pequeñas, según las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria .


Los bancos son las sociedades que menos pagan a Hacienda por los beneficios que obtienen: poco más de 5 euros de cada 100 que ganan. Este es uno de los datos más destacados de una nueva estadística publicada este martes por la Agencia Tributaria (Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades), con los datos facilitados por las empresas en sus declaraciones fiscales (los modelos 200 y 220).

Según esta estadística, referida al ejercicio fiscal de 2016, las 208 entidades de crédito (bancos) censadas por la Agencia Tributaria pagaron en el Impuesto de Sociedades un tipo efectivo sobre el resultado contable del 5,24%, frente al 17,84% que abonaron las 289 aseguradoras y el tipo del 10,69% del más de millón y medio de empresas no financieras existentes en España.


El impuesto que los bancos pagan efectivamente por lo que ganan es apenas una sexta parte de lo que, en teoría, le tocaría abonar al fisco de acuerdo con los tipos nominales del tributo que grava los beneficios: el 30% para las entidades de crédito, frente al 25% de gravamen general, ó el 15% para las los sociedades de nueva creación.

Las diferentes deducciones y bonificaciones que contempla el Impuesto sobre Sociedades permiten que empresas y bancos rebajen sustancialmente su factura fiscal.

La estadística de la Agencia Tributaria refleja que el tipo efectivo sobre los beneficios para el total de empresas es del 10,5%, con diferencias significativas entre sociedades , ya que los grupos concentran el 51% de la facturación y el 59% del beneficio, pero solo aportan el 34% de la cuota líquida.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responde a una pregunta de la oposición durante la sesión de control en el Pleno del Congreso. EFE/ Fernando Alvarado

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responde a una pregunta de la oposición durante la sesión de control en el Pleno del Congreso. EFE/ Fernando Alvarado
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a principios de julio que el Gobierno pretendía "rediseñar" el Impuesto de Sociedades con el fin de que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal (25%) y fijar una tributación real mínima del 15% para los grandes conglomerados empresariales.

Este mismo martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado durante su comparecencia en el Senado que se fijará un tipo mínimo del 15% a partir del cual no se podrán aplicar deducciones dirigido a "grandes corporaciones" y que no afectará a pequeñas y medianas empresas.

La estadística de la Agencia Tributaria muestra que las grandes empresas tributaron a un tipo efectivo sobre el resultado contable en el Impuesto de Sociedades del 7,88% en el año 2016, mientras que las medianas empresas lo hicieron al 13,65% y las pequeñas al 18,78%, con una media total del 10,46%. Por su parte, las empresas sin asalariados pagan un tipo efectivo del 7,46%.

Este es el tipo que pagaron teniendo en cuenta los beneficios, pero adoptando la base imponible, las grandes empresas pagaron un 19,71%, también por debajo de lo que pagaron las empresas de mediano tamaño (22,05%), las pequeñas empresas (22,96%) y las microempresas (22,85%). Como media, las empresas españolas pagaron un tipo efectivo del 10,46% en el ejercicio 2016 sobre el beneficio, un porcentaje que se eleva al 21,25% si se extrapola a la base imponible

domingo, 16 de diciembre de 2018

Reino Unido y la actual crisis del brexit

Un repaso a 26 años de errores catastróficos: cómo llegó Reino Unido a la actual crisis del brexit

El Economista


Los euroescépticos han sido una fuerza clave entre los conservadores
Cameron convocó el referéndum para intentar silenciarlos... y falló
Las elecciones anticipadas de May dejaron un Parlamento ingobernable


Dos años y medio después del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE, el Gobierno británico se encuentra en una posición de crisis absoluta: incapaz de sacar adelante su acuerdo con la UE en el Parlamento -más de 400 de los 650 diputados han indicado su oposición-, bajo la amenaza de una moción de censura y con el riesgo de una catástrofe sin precedentes si no hay un acuerdo firmado antes del próximo 29 de marzo. Todo lo que podía salir mal ha salido mal.
Pero, ¿de quién es la culpa de la crisis del Gobierno de Theresa May? De todos y de nadie. De hecho, hay que remontarse a 1992 para entender una serie de errores catastróficos que han llevado a Reino Unido a esta situación.
Thatcher y los rebeldes
Fue en 1992 cuando Reino Unido tuvo que ratificar el Tratado de Maastricht por el que se creó la Unión Europea, como evolución de la antigua Comunidad Económica Europea. Margaret Thatcher, que había sido depuesta como primera ministra apenas dos años antes, anunció su oposición al acuerdo y lideró a una serie de jóvenes diputados 'tories' que preferían a la legendaria 'Dama de Hierro' frente a su sustituto, John Major. El entonces 'premier' perdió una serie de votos clave, y apenas logró ratificar el tratado tras varias derrotas y por un escasísimo margen. Su Gobierno nunca se recuperó de aquellas divisiones y acabó en una derrota electoral histórica.
Esos jóvenes rebeldes -entre ellos el actual ministro de Comercio de May, Liam Fox- crecieron en la oposición a las aplastantes mayorías absolutas de Tony Blair. Mientras el bando mayoritario del partido culpaba a los euroescépticos de haber hundido el Gobierno de Major y haberle abierto las puertas a los laboristas, los 'rebeldes de Maastricht' se convencían de que el problema era haber aceptado el tratado de la UE.
Cuando David Cameron se presentó a líder de la oposición tras una derrota 'tory' más, en 2005, los euroescépticos eran todavía una fuerza pequeña pero muy poderosa por su capacidad de movilizar a sus miembros para actuar al unísono. Para conseguir su apoyo, Cameron les ofreció salir del Partido Popular Europeo en Bruselas y unirse a una de las formaciones euroescépticas de derecha en el Parlamento Europeo. A cambio, Cameron obtuvo los votos necesarios para convertirse en nuevo líder del Partido Conservador. Y los euroescépticos tomaron nota de su importancia.
David Cameron estaba convencido de que nunca tendría que convocar el referéndum sobre el Brexit
Y, llegado el momento, se la cobraron. En 2013, con Cameron al frente de un Gobierno de coalición con el (muy europeísta) Partido Liberal-Demócrata, los euroescépticos temían perder el voto anti-europeo a manos del UKIP, el partido abiertamente eurófobo del populista Nigel Farage, que llevaba una década pidiendo la salida del Reino Unido de la UE. De nuevo, volvieron a amenazar con derribar al Gobierno si no se cumplían sus condiciones.
Para calmar a los 70 rebeldes -entre ellos el actual ministro de Hacienda, Phillip Hammond, o el de Agricultura, Michael Gove-, Cameron les ofreció celebrar un referéndum de permanencia si ganaba las siguientes elecciones por mayoría absoluta. El entonces primer ministro estaba convencido de que no lo haría, que tendría que repetir la coalición y de que sus socios le obligarían a abandonar esta promesa. Eso, si no ganaban los laboristas, como pronosticaban algunas encuestas. Pero, contra todo pronóstico, Cameron obtuvo esa mayoría absoluta . El referéndum era una realidad.
Y quizá el referéndum se habría ganado si Cameron hubiera formulado la pregunta en un formato "Sí/no" a permanecer, que suele dar votos extra a la opción positiva. O si no hubiera respetado las normas de neutralidad gubernamental que normalmente solo se aplican a las elecciones generales. O si hubiera obligado a todo su Gobierno a apoyar la permanencia, en vez de dejar que importantes ministros lideraran la opción de salida. Pero quería actuar de la forma más neutra posible para acabar con las divisiones en su partido. Y el tiro le salió por la culata.
Con la victoria del brexit y la dimisión de Cameron, May llegó al poder para implementar el resultado ante la incomparecencia de los 'brexiteros', que se fueron eliminando entre sí en una caótica campaña de primarias para sustituir al líder saliente llena de traiciones. Solo quedaba una candidata seria, pero tenía que granjearse la aceptación del bando vencedor.
Dado que, en el referéndum, May había apoyado la permanencia, la única forma de demostrar su transformación hacia el brexit fue prometer la activación del mecanismo de salida por el Artículo 50 del tratado de la Unión lo antes posible. Ese mecanismo da dos años para negociar una salida ordenada o, de lo contrario, condena al país que solicita su salida a sufrir un caos económico extraordinario.
Todas las cartas, en resumen, las tenía la UE desde el momento en que tomó esta decisión, entre los aplausos de los asistentes al congreso de los 'tories'. Este mes, precisamente, numerosos diputados y medios que habían celebrado la activación del Artículo 50 como certeza de que el brexit se pondría en marcha están criticando a May por haberlo activado, sin darse cuenta de lo que supondría. Pero en aquel entonces el Parlamento votó casi unánimemente por activarlo y cumplir el mandato del referéndum, sin que el Gobierno -ni los laboristas- entendieran lo que estaban haciendo.
Una negociación sin objetivos
Al quedar a merced de las fechas establecidas por la Unión, los Veintisiete pudieron empezar a poner sus condiciones. Y una era garantizar que la frontera de Irlanda no se cerraría bajo ningún escenario , como línea roja irrenunciable para seguir negociando. May cedió, sin que -según explicaron después- sus propios ministros entendieran que ello supondría dividir el país, atando a Irlanda del Norte a la UE de forma permanente, o impedir un brexit duro en el resto del país.
Mientras tanto, ni May ni sus ministros reconocieron públicamente los problemas y las dificultades del brexit: en todos sus discursos en los que anunciabam sus objetivos y líneas rojas nunca llegaron a explicar los riesgos de una salida desordenada ni los efectos del problema de la frontera con Irlanda.
Durante el referéndum, el tema de la división de Irlanda apenas apareció como un tema de debate. Solo un político a nivel nacional -May, precisamente- habló de él como motivo para votar contra el brexit. Una vez iniciadas las negociaciones, la primera ministra pasó meses afirmando que existían alternativas tecnológicas -control remoto de entrada y salida de productos y declaración y pago de aranceles mediante cámaras y códigos QR- que no requerirían del "mecanismo de emergencia" que mantendría atado a Irlanda del Norte a la UE. Bruselas los rechazó de plano.
Por otro lado, el ala euroescéptica de su partido, envalentonada por la victoria en el referéndum, afirmó desde el principio que salir sin acuerdo no supondría ningún problema ni riesgo alguno, y que solo tendría "una considerable ventaja", según el que pronto sería nombrado ministro del brexit, David Davis. Con esa ventaja, el nuevo acuerdo comercial que negociarían con la UE sería "el más fácil de alcanzar de la Historia de la humanidad", y para marzo de 2019, Reino Unido habría completado "un mercado internacional notablemente superior a la UE", según Liam Fox. Todo ello era legalmente imposible, pero nadie les preguntó por los problemas. Es más: les recompensaron con cargos.
Precisamente, May dio las carteras encargadas de negociar la salida a sus principales figuras (Boris Johnson en Exteriores, Davis y Dominic Raab en brexit,Fox en Comercio) con la esperanza de que vieran los problemas reales que supondría una salida sin acuerdo, y las dificultades de negociar uno. Pero cuando llegó la hora de tomar decisiones duras, los 'brexiteros' optaron por abandonar el Gobierno y atacar a la primera ministra por no conseguir el brexit duro que ellos querían, en vez de reconocer que tal cosa no existía. Mejor mantener el sueño vivo y culpar a alguien de su fracaso que reconocer que sus fantasías siempre habían sido irrealizables.
A ello hay que añadir las expectativas erróneas de May sobre cómo funcionaría la negociación. Reino Unido ya tenía grandes excepciones a las normas europeas: no tiene el euro, no está en el Espacio Schengen y contribuye menos al presupuesto europeo, entre otros beneficios negociados por Thatcher y Major durante los años 80 y 90. De hecho, como ministra de Interior de Cameron, May había conseguido adoptar solo parte de las leyes y estructuras de coordinación de seguridad europea.
Así, May tomó la posición de pedir seguir en parte de las estructuras del mercado común y, a la vez, poder cerrar las fronteras y hacer acuerdos con otros países, estrategia que describió como "tener un pastel y comérnoslo a la vez". Cuando la UE insistió en que el mercado común no era divisible, y que Reino Unido no podía estar solo en las partes de la UE que le gustaban, obligando a May a elegir claramente entre estar dentro o fuera, el ala 'brexitera' denunció esas condiciones como "un castigo" de Bruselas.
Además, uno de sus principales eslóganes en ese tiempo ha sido "ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo", minimizando los problemas que podrían derivar de una salida caótica de la UE. Cuando su plan ha cambiado -ahora este acuerdo es mejor que nada-, los diputados más intransigentes solo tienen que citar sus propias palabras para justificar un voto en contra y minimizar los riesgos que ahora sí resalta May.
Las peores elecciones
Pero quizá la puntilla fue el gigantesco error de haber convocado elecciones en mayo de 2017 , con el mecanismo de salida ya activado. May, que había heredado de Cameron su ajustada mayoría absoluta, llamó a las urnas cuando las encuestas le daban una ventaja de 20 puntos sobre los laboristas de Jeremy Corbyn, al que sus propios diputados querían cesar.
Las quinielas del Gobierno pronosticaban una mayoría absoluta aplastante de entre 70 y 100 diputados, o incluso más, lo que le habría dado un colchón para poder ignorar a los 'brexiteros' radicales y a los pro-UE entre sus filas, frente a un laborismo en descomposición. Pero una campaña horrible, que le ganó el mote de "Maybot" por su actitud fría y robótica y resucitó a un Corbyn mucho más telegénico y amable, le hizo perder una docena de diputados . Así, en minoría, May quedó a merced de la oposición y de los extremistas de su partido.
No solo eso, sino que el nuevo Parlamento quedó dividido en grupos irreconciliables con objetivos distintos: unos apoyan el acuerdo de May, otros quieren un nuevo referéndum y otros quieren una salida dura; y cada bando está dividido entre los que quieren provocar nuevas elecciones anticipadas que den una victoria a Corbyn, los que quieren un nuevo primer ministro 'tory' y los que están a gusto con May.
El resultado de esta larga cadena de errores, presiones y decisiones evitables es que May está atrapada entre dividir su partido, llevar al país a su barranco o hundir su Gobierno. No hay nadie que pueda reemplazarla en su partido sin tener los mismos retos. Y no hay mayoría en el Parlamento ni para aprobar ninguna opción, ni para ir a elecciones. Alguien tendrá que ceder, pero las líneas sobre la arena llevan trazadas muchos años ya.
Fuente: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9575566/12/18/Una-serie-de-errores-catastroficos-como-llego-Reino-Unido-a-la-actual-crisis-del-Brexit.html?utm_source=acuerdos&utm_medium=lavanguardia&utm_campaign=20181212_errores_brexit

El móvil del incidente de ‎Kerch



 Ucrania revela el móvil del incidente de ‎Kerch
RED VOLTAIRE 


Ucrania y Rusia concluyeron en 1997 un Tratado de Amistad que entró en vigor en 1999. ‎Ese tratado debía renovarse automáticamente cada 10 años, si ninguna de las partes decidía ‎abrogarlo. ‎

En octubre de este año, Ucrania decidió poner fin a ese tratado y organizó el incidente de Kerch ‎para justificar la ruptura. El presidente de Ucrania, Petro Porochenko, ha ordenado además a su ‎administración hacer un inventario de todos los acuerdos entre Ucrania y Rusia para evaluar las ‎posibilidades de romperlos. ‎

Entre otras disposiciones, el Tratado de Amistad ya mencionado y su extensión de 2003 estipula ‎que el Mar de Azov es un mar interior ucrano-ruso, donde los buques de guerra de otros países ‎no pueden penetrar sin la autorización expresa de Ucrania y Rusia. Por lo tanto, la Convención de ‎la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, no se aplica al Mar de Azov. ‎

Si se abrogan el Tratado de Amistad y su extensión, el Mar de Azov pasaría a regirse por el ‎derecho internacional, con aguas territoriales ucranianas, aguas territoriales rusas y aguas ‎internacionales, de manera que los navíos de la OTAN ya no tendrían que solicitar la ‎autorización de la Federación Rusa para penetrar en ese mar. ‎

Eso explica además la activa participación de la OTAN en la preparación del incidente de Kerch. ‎

sábado, 15 de diciembre de 2018

Los jonkys del 155


Estado de excepción permanente



La propuesta de Aznar, secundada por Casado y Rivera, que no es más que la "declaración de un estado de excepción permanente e indefinido" en Catalunya, es una manera de resolver la tensión

A partir del momento en que se ponga en práctica esa "intervención total y sin límite de tiempo", la tensión desaparece. De momento desaparece. Después ya se verá, pero de momento desaparece

Javier Pérez Royo
El  diario .es
Esta es la propuesta que hizo explícitamente José María Aznar en el día de ayer. Implícitamente es la que viene haciendo desde hace bastante tiempo. Propuesta que coincide con la reclamación permanente por parte de Albert Rivera y Pablo Casado de activación de manera inmediata del artículo 155 de la Constitución (CE). (Por cierto, sería preciso que el Tribunal Constitucional resolviera los dos recursos que se interpusieron contra la aplicación del artículo 155 por el Gobierno de Mariano Rajoy, a fin de que quedaran despejadas las dudas de constitucionalidad que en dichos recursos se planteaban y que pudiéramos saber con la mayor precisión posible qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el 155 CE).

Pero abandonemos el terreno jurídico y centrémonos en el político, que es en el que habrá que encontrar una respuesta a la forma de integración de Catalunya dentro del Estado. Está claro que la fórmula de integración diseñada en la Constitución y desarrollada a través del Estatuto de Autonomía, el de 1980 en primer lugar y el de 2006 después, revisado por la STC 31/2010,  sigue estando vigente desde un punto de vista formal, pero no resulta aceptable en su aplicación ni para la mayor parte de la sociedad catalana ni para los partidos de la derecha española, PP, Ciudadanos y VOX, que representan una parte minoritaria en Catalunya, pero mayoritaria en lo que a este asunto se refiere, fuera de ella.


Nos encontramos ante un supuesto de tensión entre la norma jurídica y la realidad social. La norma, el bloque de la Constitucionalidad integrado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía dice una cosa. La interpretación que de esa norma se hace por parte de los distintos actores que intervienen en el proceso político de aplicación de la misma son irreconciliables. Y la autoridad del árbitro, el Tribunal Constitucional, es reconocida por algunos de los actores, pero no por otros.

Esta es la realidad, complicada toda vía más por la inminencia de la apertura de un juicio en el Tribunal Supremo por delito de rebelión contra exconsellers del Govern, la expresidenta del Parlament, los presidentes de ANC y OMNIUM y algunos otros políticos nacionalistas catalanes.

No cabe duda de que la propuesta de José María Aznar, secundada por Pablo Casado y Albert Rivera, que no es más que la “declaración de un estado de excepción permanente e indefinido” en Catalunya, es una manera de resolver la tensión. A partir del momento en que se ponga en práctica esa “intervención total y sin límite de tiempo”, la tensión desaparece. De momento desaparece. Después ya se verá, pero de momento desaparece. Habrá una norma jurídica, la que apruebe el Senado por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno en aplicación del 155 CE y esa norma jurídica será interpretada y aplicada unilateral y discrecionalmente por el Gobierno de la Nación hasta el momento  que considere oportuno.

Esta es la propuesta que está encima de la mesa y que exige para poder aplicarla desalojar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno. El pasado miércoles Pablo Casado lo dejó dicho en el Pleno del Congreso de los Diputados. Convoque elecciones para que nosotros podamos hacer lo que ustedes no se atreven a hacer.

Este va a ser el eje en torno al cual va a girar la vida política española en el futuro inmediato. Nadie puede desconocer los términos en que se va a producir el enfrentamiento. Desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa e imponer un "estado de excepción permanente e indefinido" en Catalunya  es la propuesta de la derecha española menos extrema, ya que la de la más extrema, es la supresión pura y simple del reconocimiento del derecho a la autonomía con carácter general en todo el Estado, que es la propuesta de VOX.

Los interrogantes se imponen: ¿Es posible que tras una “intervención total y sin límite de tiempo” en Catalunya se pueda continuar ejerciendo el derecho a la autonomía en el resto del Estado como se ha venido haciendo a lo largo de estos últimos casi cuarenta años? ¿No afecta la supresión permanente e indefinida del ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya al ejercicio de tal derecho en el resto de España? ¿Es posible que, en el supuesto de que el anterior interrogante tuviera una respuesta afirmativa, se pudiera volver a ejercer en Catalunya el derecho a la autonomía de una manera que fuera "recognoscible" como tal tras la "intervención total y sin límite de tiempo"? ¿No sería esa estrategia de Aznar, Casado y Rivera el caballo de Troya para que se acabe imponiendo la estrategia de Abascal?

A todos estos interrogantes va a tener que dar respuesta la sociedad española. Toda la sociedad española. Los tres partidos de la derecha española los han puesto encima de la mesa y nadie puede no sentirse interpelado por ellos, porque tienen fuerza suficiente para exigir una respuesta. No son los demás partidos políticos los que están siendo interpelados por PP, Ciudadanos y VOX. Somos todos los ciudadanos españoles. Porque es la forma de Estado de la Democracia española lo que está en juego.

Cada ciudadano tendrá que mirarse a sí mismo y decidir en conciencia.

Nota.-  De hecho los que propone el trio   del PP, C’s y Vox y su caudillo Aznar ya se aplicó durante décadas a Catalunya durante el régimen "constitucional" en la España de Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII, pero entonces se llamaba "estado de guerra", que permitía al Capitán General gobernar como en una colonia, sin control alguno y ejecutando a los enemigos del régimen sin que tuviera que dar explicaciones. También es la "forma de gobierno" del franquismo, tan añorado y querido por el citado tripartito, Sobre lo que opina mayoritariamente la sociedad española ya nos lo podemos imaginar visto el resultado de las elecciones andaluzas, la "via turca" es la opción preferida, no la "via britànica", y porque la "via serbia" no hace falta. Ese camino se ve cuando les  vemos calificar a  Cataluña de ulsterización, para apretar al PSOE y  se suicide políticamente   , cuando es una insurrección pacifica,  y no tiene nada que ver con ello, ni con el País  Vasco, donde el franquismo agónico  declaraba estados de excepción.  Como se ve  el franquismo no fue una excepción .







El secreto profesional de los periodistas

Caso Cursach: Los jueces no pueden disponer del secreto profesional de los periodistas
 Joaquín Urías
Profesor titular de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla

Agentes de la Policía Nacional requisaron hace dos días por orden judicial los teléfonos móviles y los ordenadores de dos redactores del Diario de Mallorca y de Europa Press en el marco de la investigación de una presunta trama de corrupción en torno al empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach. La actuación judicial, que cuenta con el apoyo del Ministerio Público, ha suscitado una oleada de reacciones y protestas de la profesión periodística, pero también de numerosos juristas que consideramos la medida como una vulneración del secreto profesional.
Aquí explico por qué.
El secreto profesional de los periodistas es una garantía de la libertad de información específicamente prevista en el artículo 20 de la Constitución. El texto constitucional encarga a la ley su regulación, pero su mención supone reconocer la eficacia directa del derecho. El Tribunal Constitucional en la sentencia 199/1999 señala que el reconocimiento constitucional del secreto profesional está destinado a asegurar el modo de ejercicio de su fundamental libertad de información.
Para mayor abundamiento, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado de forma vinculante para España aspectos del derecho que no se encuentran en la regulación del mismo que hacen las leyes procesales españolas.

Proteger la identidad de las fuentes informativas

La idea es proteger la identidad de las fuentes informativas para que no puedan ser descubiertas a partir del periodista. El objetivo de la previsión constitucional es asegurar que los poderes del estado nunca van a exigir a un redactor que revele quiénes son sus fuentes. De ese modo se asegura que puedan seguir recibiendo información.
El derecho tiene que ser delimitado conforme a su finalidad constitucional. No cubre el que los periodistas colaboren en un delito, por ejemplo ocultando información sobre algo que ocurrirá. Tampoco impide que se investigue, por ejemplo, quién ha cometido un delito de revelación de secretos pasando determinada información al periodista siempre y cuando no se haga utilizando sin su consentimiento los datos del profesional de la información. Mucho menos puede usarse para eximir al periodista de confirmar la veracidad de lo que narre.
Su espacio natural es la declaración judicial. Cuando un juez llame a un periodista a declarar como testigo y le ordene que revele la identidad de sus fuentes, éste puede negarse a hacerlo sin que por ello pueda ser castigado por desobediencia o delitos similares relacionados con su falta de colaboración con la justicia.
Los jueces no pueden disponer libremente del secreto profesional de los periodistas que existe, precisamente, frente a su afán indagatorio. Es una norma que les viene dada y que deben respetar como el resto de garantías procesales.

Lo que dice el Tribunal de Estrasburgo

También se vulnera el derecho cuando se utiliza al periodista, sin su consentimiento, para descubrir a la fuente. Sucede así cuando judicialmente se incautan documentos o dispositivos, se interceptan sus comunicaciones o se usa cualquier otro método que violente su voluntad con objeto de averiguar la identidad de sus informantes. La jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo no deja duda a este respecto.
Para los periodistas el secreto profesional no es una obligación, sino un derecho. De ese modo, siempre cabe la renuncia voluntaria. Así, en última instancia se protege la palabra del periodista cuando asegura a una fuente que va a preservar su identidad. Si el periodista no quiere, a través de él nunca se va a descubrir quién le facilitó los materiales para escribir una noticia. Si se lesiona el derecho a la confidencialidad de las fuentes, se lesiona directamente el derecho a informar del periodista e indirectamente el derecho de todos a recibir información.Este artículo fue publicado aquí  . ver  el original.


Nota del Blog  .-El juez ,se carga el secreto profesional de los periodistas ,defendido en la constitución , el fiscal general lo apoya , y el CGPJ también , no hay color ... y la justicia española no es un cachondeo . El acusado estará encantado de la filtración... pistas para su defensa... para localizar testigos... para un recurso... que bien... que gran aportación...

jueves, 13 de diciembre de 2018

Macron está acabado .


Resultado de imagen de macron napoleon




Una implosión triple y simultánea en el centro de la UE


Rafael Poch de Feliu

Blog personal
EURASIA.

Macron está acabado, Merkel se va dejando un estropicio y el brexit es un caos
Asistimos estos días a la triple y simultánea implosión del poder en Francia, Reino Unido y Alemania. Los tres principales socios de la Unión Europea afrontan erupciones de distinto signo que confluyen en el mismo resultado, un peldaño más abajo en el proceso desintegrador en curso.
En Francia Macron está acabado. Podemos discutir la evolución del proceso y cuanto durará. Es posible que el Presidente confirme los pronósticos del Napoleon le petit e intente un golpe de fuerza. También es posible que acabe abandonando el Elíseo en helicóptero, pero el resultado será el mismo: su política de darle la puntilla a 30 años de neoliberalismo en Francia para ponerla de una vez por todas en línea con el conjunto europeo, se ha demostrado impracticable. Los franceses no quieren más degradación, piden un cambio de política y Macron es incapaz de concederles ese cambio.
Tras la digna revuelta griega, dramáticamente traicionada por Syriza, y el agotamiento del 15-M en España, es la primera vez que el factor social actúa en la UE, de una forma clara y rotunda -con un inequívoco componente de clase- desde la quiebra de 2008. El vaso se ha desbordado. Habrá que ver qué impulsos de ejemplo lanza hacia otros países, lo que en 2011 llamamos el efecto 1848.
Los franceses no son antieuropeos, más bien fueron los inventores de la integración europea. No se oponen al cambio, más bien quieren un cambio socialmente progresivo y no regresivo. Respecto a la violencia, no se mide en escaparates, cubos de basura y mobiliario urbano dañado: se mide en millones de vidas degradadas a lo largo de por lo menos una generación. El Estado y la República se repliegan ante la mundialización favoreciendo los intereses de los más acomodados e incrementando las desigualdades. Todo esto es evidente para cualquier persona normal que lo sufra, pero no lo es para los no afectados: el grueso de los políticos y del complejo mediático desconectados de la vida de los comunes.
En el Reino Unido la crisis es resultado del caos que provoca la aplicación de la voluntad de la población expresada en un voto democrático sobre la salida del país de la UE. Hasta el referéndum del Brexit de junio de 2016 ninguna votación de ciudadanos europeos desfavorable a la política de la UE ahora cuestionada en Francia fue atendida. Se trata de 8 consultas a lo largo de 24 años que comienzan en 1992 en Dinamarca hasta Holanda en 2016, pasando por Irlanda, Francia y Grecia. Siempre se les hizo volver a votar, se impuso lo mismo por otras vías, o simplemente se ignoró. El Brexit fue una excepción en todo eso y crea un montón de dificultades, en primer lugar porque Bruselas tiene que lograr que el asunto salga mal a fin de que la salida no se haga atractiva allí donde existe terreno abonado; desde Italia a Polonia, pasando por Hungría y, sobre todo, por Francia… La pregunta sigue siendo: ¿Qué tipo de club es ese del que no puedes salir sin ser duramente castigado? Hay que analizar qué reflexión sobre la UE introduce esa pregunta para la población europea que asiste al espectáculo del Brexit desde la barrera.
En Alemania el triple desmonte practicado se salda con la salida de la canciller Merkel. Se trata del desmonte social heredado de la agenda 2010de Schröder y disolvente de la cohesión social interna, se trata del impulso anti europeo del nacionalismo exportador potenciado por el dumping salarial de aquella agenda, y se trata del fin de la ostpolitik que ha vuelto a destacar tropas alemanas junto a la frontera rusa. Resulta que esa triple calamidad de la Europa alemana también desemboca en una crisis política. Se disuelve el bipartidismo de los volksparteien (CDU y SPD) para consagrar un amplio abanico. La CDU es la última fuerza que aún obtiene más del 25% del voto. Como dice Jakob Augstein, “el último volkspartei de Alemania”, cuyo Bundestag ya cuenta con el mayor grupo parlamentario de ultraderecha del continente. En ese contexto Merkel se va, entregando el testigo a una continuadora antes de que el triple fiasco de su gestión se haga evidente.
Vista desde el bunker central del euro en Frankfurt, la situación es prodigiosa. La crisis política afecta por igual a las tres variantes; el Reino Unido no está en la moneda única, Francia es una clara víctima del euro y Alemania no solo está en el euro sino que es su administradora, la guardiana de su ortodoxia y su principal beneficiaria. ¿Cómo hay que interpretar esto? ¿Cuándo se preguntarán los tecnócratas del BCE y de la Comisión por la viabilidad de la política de austeridad? Hasta el momento no han visto venir nada, ni el Brexit, ni la revuelta en Francia ni el avance ultra por doquier y también en Alemania. ¿Será diferente ahora? No lo creo. Con esta triple y simultánea implosión del poder en los países centrales de la UE, la austeridad tal como la conocíamos está muerta pero sus autores no se dan cuenta. Es, podríamos decir, el momento soviético del proceso de crisis desintegradora que vive la Unión Europea.

Nota del blog .-   Macron  como no tiene un partido sino un mero instrumento electoral transitorio y, además, pasa por encima del Parlamento y hasta de sus ministros, tampoco tiene contacto con los electores y las élites locales. Esta en una burbuja . ver 

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=250093