La ley mordaza anti protesta.

¿Qué será sancionado a partir de ahora en protestas y manifestaciones?

Brais Benítez

La Marea

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, calificada como ley mordazapor la oposición y los movimientos sociales. La nueva ley ha salido adelante con los únicos votos a favor de la mayoría que ostenta el Partido Popular. Las últimas semanas han estado marcadas por el debate sobre algunos de los puntos más polémicos de la nueva ley, como el quelegaliza las devoluciones en caliente en la frontera con Marruecos, que según señaló en un artículo en el Huffington Post el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas.
Desde que el Consejo de Ministros aprobase el proyecto de ley se han introducido algunas modificaciones en el proyecto inicial. Por ejemplo, el botellón, que inicialmente se consideraba falta grave, pasará a considerarse una falta leve, y se ha retirado el “ultraje” a España. La difusión de imágenes de policías en el ejercicio de sus funciones, en cambio, pasa de calificarse de infracción leve a grave. La oposición ha criticado la“discrecionalidad” que facilita el redactado de la ley, como sucede por ejemplo el punto que castiga la “falta de consideración” a un policía. “¿Será obligatorio hablarle de usted?”, se ha preguntado durante la tramitación parlamentaria el diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto.
A continuación, se exponen algunas de las infracciones que quedarán tipificadas en la nueva ley, principalmente aquellas que afectan a los métodos de protesta y manifestaciones que se han llevado a cabo en los últimos años. También se apuntan las sanciones que se aplicarán por el consumo de alcohol en la vía pública, el consumo de estupefacientes, el abandono de animales o la solicitud de servicios sexuales. La oposición se ha comprometido a derogar esta ley si llega a la Moncloa.
Infracciones leves (multa de 100 a 600 euros)– “Falta de respeto y consideración” a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, así como proyectar sobre estos “haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo”.
– Manifestaciones no comunicadas o que hayan sido prohibidas por “razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes”, en cuyo caso serán sancionados los promotores y organizadores.
– Incumplimiento del itinerario en una movilización si se producen “alteraciones menores”.
– Daños o “deslucimiento” de mobiliario o edificios de uso público, lo cual puede incluir la colocación de adhesivos y carteles.
– Escalar edificios o monumentos sin autorización, cuando exista un “cierto riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”. Este ha sido un método de protesta habitual de organizaciones como Greenpeace.
– Negarse a entregar la documentación personal, como el DNI, “cuando se hubiese acordado su retirada o retención”. Si un policía pide que una persona le enseñe el DNI y esta se niega, será considerado una infracción grave.
– Ocupación de un inmueble contra la voluntad del propietario.
– Ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada, como sucede con el top manta.
– Dejar sueltos a animales “feroces o dañinos”, así como abandonar animales domésticos “en condiciones en que pueda peligrar su vida”.
– Consumo de alcohol en la vía pública, “cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”.
Infracciones graves (multas de 601 a 30.000 euros)– “Perturbación grave de la seguridad ciudadana” en manifestaciones frente al Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas regionales, aunque no estén reunidos en su interior los representantes públicos. Es decir, finalmente sólo se sancionarán las manifestaciones en estos lugares cuando haya incidentes.
– Actos de “obstrucción” que pretendan impedir a cualquier autoridad o empleado público “el ejercicio legítimo de sus funciones, así como “el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”. Por ejemplo, tratar de frenar un desahucio.
– Desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse, o dar datos falsos, en caso de que un agente lo solicite.
– Negarse a disolver reuniones o manifestaciones en la vía pública cuando así lo haya ordenado “la autoridad gubernativa”, por ejemplo la Delegación del Gobierno.
– Irrumpir en infraestructuras o instalaciones en que se prestan servicios básicos, como puede ser el metro o un hospital, así como obstruir su funcionamiento, siempre que no incurra en una infracción muy grave. Las movilizaciones de Stop Pujades contra el aumento de tarifas en el transporte público, en algunas ocasiones, pararon convoyes durante algunos minutos.
– Obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores o neumáticos ocasionando “una perturbación grave de la seguridad ciudadana”.
– El uso “no autorizado” de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades y policías que pueda “poner en peligro su seguridad personal o la de su familia”.
– Solicitar o aceptar servicios sexuales, en el caso del demandante, en la vía pública o cerca de lugares donde haya menores. A las personas que ofertan estos servicios, se les pedirá que se abstengan de hacerlo en estos lugares.
– Consumo y tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en la vía pública, o llevar a personas en un vehículo a buscar este tipo de sustancias, como sucede con las cundas en la zona de Embajadores en Madrid. También permitir consumo de estas drogas en locales o establecimientos públicos, así como su plantación y cultivo ilícito en lugares visibles al público, siempre que no sea constitutivo de una infracción penal.
Infracciones muy graves (multas de 30.001 a 600.000 euros)– Reuniones y manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones donde se presten servicios básicos, u obstruir su funcionamiento, “cuando se haya generado un riesgo para las personas o un perjuicio en dicho funcionamiento”. Los responsables sancionados serán los promotores u organizadores.
Fuente: http://www.lamarea.com/2014/12/11/que-sera-sancionado-partir-de-ahora-en-protestas-y-manifestaciones/

Jean-Claude Juncker & Luís de Guindos y el caso LuxLeaks..

Jean-Claude Juncker & Luís de Guindos y el caso LuxLeaks..


."El caso LuxLeaks vuelve a asestar un duro golpe reputacional a Luxemburgo y a su exprimer ministro y hoy presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha escrito este martes un nuevo capítulo del escándalo –que ha puesto de relieve los acuerdos de centenares de grandes empresas con el Gran Ducado para abaratar su factura fiscal– al añadir a Disney, a Skype, a la química estadounidense Koch y a una treintena de multinacionales más a los 340 nombres de empresas revelados a principios de noviembre".  http://cort.as/MPtp

"Es una jurisdicción clave dentro de las estructuras de elusión que diseñan determinadas empresas, con la ayuda de consultoras cualificadas, como PriceWaterhouseCoopers". http://cort.as/MPq1

"Y Luis de Guindos fue responsable de la división financiera de PricewaterhouseCoopers hasta su nombramiento como ministro".  http://cort.as/MPq2


Y cada uno que saque sus conclusiones .

Brasil .-Aécio Neves, el hombre y sus sombras.

Aécio Neves, el hombre y sus sombras

¿Sombras de un golpe a la paraguaya?

Frederico Füllgraf

Politika - Chil

Hace un mes, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue reelecta.Eso, los chilenos lo leyeron en los diarios, lo escucharon en las radios y lo vieron en la TV.
Es lo que los periodistas llamamos “noticiario factual”.
¿Que más pudieron leer, escuchar o ver los chilenos sobre Brasil en las últimas semanas?
Los corresponsales de prensa extranjera, en cualquier país, tenemos siempre un ojo en nuestras propias fuentes y otro en los medios locales, sobre los mismos temas que investigamos, pero también sobre lo que dicen de nuestros países de origen.
Sin embargo, como habitante cisandino, me he preguntado si la altura de los picos cordilleranos impide que Chile pueda ver lo que sucede atrás de sus quebradas, porque encontrar una noticia sobre Brasil en los medios nativos es como buscar una aguja en un pajar.
A menos que Jorge Valdivia haya marcado un gol o la prensa boulevard haya descubierto una nueva “brasileña caliente” en Instagram.
El tiempo pasa y más me asalta la percepción de que la Cordillera es la Muralla de Chile - ¿o la muralla será un estado de espíritu de los editores de noticias?
La verdad es que las noticias no son buenas.
Aécio Neves, el hombre y sus sombras
Para comenzar, hasta la fecha, el ex candidato de la oposición derechista, Aécio Neves, no admite su derrota, que fue por una diferencia de 3,5 millones de votos.
¿Pero no había felicitado a la presidenta victoriosa, deseándole un nuevo gobierno exitoso? Si por un lado eso es cierto, ¿quien, por otro lado, nos garantiza que en aquel primer momento el playboy se encontraba sobrio – o al revés?
¿Le suena a difamación? A ver.
Decir, primero, que Neves es un “playboy”, es afirmar lo obvio. Poco más joven que la presidenta, mientras ella vivía en la clandestinidad y combatía a la dictadura con armas en la mano – por lo que después pagó con varios años de cárcel y tortura – Aecinho, nieto del eminente senador y presidente prematuramente fallecido, Tancredo Neves, se entretenía en la farándula de Rio de Janeiro, que le educó los sentidos para notable consumo de tragos y de “la blanquilla”, que parece pero no es azúcar refinado.
Y también a “gastar” mujeres, sobretodo bellas. Cuando Aecinho se tomaba copas demás, algunas veces sobraban unos vapuleos, sobas y golpizas a sus acompañantes humilladas.
Es que el ex candidato al puesto de mandatario del mayor país del Continente sufre de un síndrome que se describe como “minusvalía de lo femenino” - popularmente conocida como surto machista - y cuando lo ataca, distribuye golpes. Así nomás.
Si eso le suena a “pecados juveniles”, entonces le recomiendo la lectura sobre el “Caso Helicoca”.
“Helicoca” es un documental brasileño sobre el helicóptero de la familia Perrella, apresado después de aterrizar en un fundo en el interior de la provincia de Espírito Santo, el 24 de noviembre 2013. El problema: la nave transportaba 445 kilos de pasta-base de cocaína.
Apenas insignificantes cuatro días después, la vinculación de los Perrella con el crimen fue descartada. Según el comisario responsable de la Policía Federal, Leonardo Damasceno, “no existían indicios de participación de los parlamentarios”.
¿Parlamentarios? Sí, el empresario Zezé Perrella, del sector de alimentos, pero gracias sobretodo a su destacada actuación como dirigente del club de fútbol Cruzeiro, de Belo Horizonte (sí, sí, el mismo en que jugaba Claudio Maldonado), fue uno de los diputados más votados en 1998 por el partido derechista DEM.
En 2002, Zezé fue invitado por su amigo Aécio Neves como candidato al Senado por el liberal-derechista PSDB, pero fue derrotado. Sin embargo, en 2006, Zezé fue electo diputado provincial por el PSDB, partido en el que actuó hasta 2009. En 2011 fue denunciado por ocultar en su declaración de bienes una hacienda con valor estimado de mil 410 millones de pesos. Su hijo, Gustavo, también diputado, es el propietario del helicóptero y, como su papá, uno de los protegidos de Aécio Neves.
Esta “protección” fue la clave para que la Policía Federal en Minas Gerais “encajonara” el caso “Helicoca” en menos de 4 días, mientras casos similares demoran meses o años para ser investigados y los reos denunciados.
Aécio Neves se presentó como el “candidato de la ética y la moralidad”, sin embargo por lo menos 14 casos de corrupción y malversación de fondos públicos lo apuntan como uno de los personajes más siniestros del espectro político brasileño. El caso más grave se refiere a la desviación y no aplicación del equivalente a 3mil 450 millones de dólares en recursos federales para la Salud mientras se desempeñaba como gobernador de Minas Gerais. La investigación del Ministerio Público tramita hace años sin presentar la acusación.
¡3 mil 450 millones de dólares! Un monto capaz de empalidecer el tristemente afamado, pero insignificante “mensalón” – supuesto, jamás probado esquema de propinas para diputados no alineados con el ex gobierno Lula – que llevó a la cárcel políticos de la primera plana del PT.
La magistratura y el hedor de azufre
Como la espada de Dámocles, una semana decisiva desafía a Brasil: en los próximos días, el ministro Gilmar Mendes – miembro simultáneo de la Corte Suprema y del Tribunal Superior Electoral – presentará su informe sobre las cuentas de campaña de la presidenta Dilma Rousseff.
Según se especula, no habrá sorpresa: el ministro Mendes votará por la impugnación de las cuentas, a pesar de que el Ministerio Público Electoral haya finalizado su examen, recomendando su aprobación.
Observaciones de los tribunales a las cuentas de campañas políticas suelen ocurrir hasta en la insospechada Alemania de Angela Merkel. Forman parte de la rutina del Estado Democrático. Reparadas las aristas, normalmente las cuentas son aprobadas en seguida, sin fanfarria.
En Brasil, 7 ministros deciden sobre la aprobación. Especulase que serán 3 votos a favor y 3 en contra, con un voto de Minerva por el desempate. Pero no es lo que quiere el ministro Mendes: su objetivo es transformar el trámite en “tribunal político” para impedir la investidura de la presidenta reelecta, el próximo día 1 de enero.
La táctica de Mendes – magistrado íntimamente vinculado a Aécio Neves e involucrado en el famoso “Caso Cachoeira”, empresario corrupto que le prestó su avión privado para un vuelo de Berlín a Brasília – es tocar la tuba en el Judiciario para reforzar a los bombos de la ultra-derecha en las calles, que hace semanas impulsan un golpe militar y el impeachment de Dilma Rousseff.
El objetivo es claro: darle continuidad a la criminalización del PT, selectivamente elegido como el chivo expiatorio del “petrolón”, esquema de millonario soborno de políticos y funcionarios de la petrolera estatal Petrobras por poderosas empresas contratistas.
A pesar de que las investigaciones han apuntado que los contratistas donaron nada menos que 20 millones de dólares a la campaña del candidato Aécio Neves (Dilma recibió aproximadamente 35 millones) y que el soborno de políticos es transversal, cubriendo todo el espectro partidario – no sólo durante el gobierno Dilma, sino desde 1990, en la era Fernando Henrique Cardoso! – el ministro Mendes se complace con verter gasolina a la hoguera para que el PT y su presidenta ardan en el infierno.
Es lo que, con mucha elegancia, se llama la “judicialización” de la política – un eufemismo de gabinete para encubrir el nombre de los bueyes: descarado golpismo.
El “Partido de la Prensa Golpista”
Los medios de comunicación, controlados por 7 familias y apodados por la izquierda de PIG - “Partido de la (im)Prensa Golpista” - contribuyen a su manera para aumentar la temperatura en las calles.
El “PIG” regurgita sus cansativos mantras, replicando cada nota positiva sobre el gobierno con siete reproches y condenas. El gobierno no tiene espacio en los medios, pero la presidenta intimidada ya piensa en postergar su proyecto de Regulación de los Medios, prometido durante su campaña.
La más reciente hazaña mediática fue la encuesta del domingo 7, de Datafolha, servicio del diario Folha de S. Paulo. Según la encuesta, “el 68% de la población cree que la presidenta es responsable” por el escándalo de la Petrobras.
Pero miremos de cerca los números: 43% sí están convencidos de la participación de Rousseff, pero 25% dicen creer que la presidenta tiene “muy poco que ver”. ¿Qué hizo Datafolha? Simple: sumó 43 patatas con 25 naranjos y alcanzó 68%. Por otro lado, 45% de los entrevistados afirmaron que la presidenta “no tiene nada que ver” con el escándalo, y 42% dicen aprobar su gobierno; un alza de confianza de 7% desde las manifestaciones de junio 2013.
Haciendo cuentas: si 45% creen en la honestidad de la presidenta y 42% apoyan a su gobierno, según la “lógica” de Datafolha estos números deberían sumar 87% en su favor.
Pero el título de la encuesta fue otro, diametralmente opuesto: “Datafolha mostra que 68% responsabilizam Dilma por corrupção”.
Esto se leía en los kioscos brasileños el mismo fin de semana en que unos 5 mil derechistas furiosos exhibían la encuesta como “prueba” para su consigna “¡Fuera Dilma!”.
Hace dos meses, la prensa militante anti-gobiernista reverbera hasta el hartazgo que “Dilma y Lula sabían todo” [del escándalo], pero hasta la fecha ninguna prueba, ni siquiera un indicio fue presentado. Lo que explica el intento de encontrar “un cabello en el huevo” del informe de la campaña presidencial.
La población, el anónimo hombre de las calles, piensa diferente, como lo ha mostrado la misma encuesta: el 46% de los 80% que opinaron (20% no tenían opinión formada), creen que el gobierno Rousseff es el que más investigó, y 40% afirman que el castigo de la corrupción fue más intensa.
La denuncia de la corrupción en la administración Rousseff se hizo más transparente, gracias a la investigación más severa de un Ministerio Público empoderado por la presidenta.
Así es que en trama paralela a la investigación sobre la petrolera, el día 4 de diciembre, la Policía Federal imputó a 33 ex altos directores de empresas estatales y toda la dirigencia del partido PSDB, de Aécio Neves y Fernando Henrique Cardoso, por gravísima corrupción en la licitación de obras del Metro de São Paulo y compra de trenes, operativo que involucró 30 mil millones de dólares y compromete a las empresas europeas Alstom y Siemens, que admitieron coimas millonarias para la dirigencia del PSDB que hace más de 20 años gobierna São Paulo.
Pero ¿qué ocurre? El noticiero sobre la corrupción de la oposición suele ser escondido en las páginas internas de los diarios para destacar primeras planas con ataques al PT.
Es más: en un comunicado interno, el presidente del Ministerio Público y Procurador de la República, Rodrigo Janot, escribe el sábado, 6 de diciembre, “Por motivo de las funciones que ejerzo como Procurador-General da República, vengo sufriendo [ataques injustos] por parte da prensa, posiblemente secundada o instrumentalizada, de forma irresponsable, por intereses inconfesables", agregando: ”Jamás aceptaré cualquier acuerdo que implique exclusión de conductas criminales o impunidad de cualquier delincuente”.
Para buen entendedor: con la prensa a su servicio, sectores implicados de la oposición están presionando el Procurador de República para que retroceda en sus investigaciones.
Como decía Joseph Pulitzer: “Con el tiempo, una prensa cínica, mercenaria, demagógica y corrupta formará un público tan vil como ella misma."
En hora buena: no es necesario ser simpatizante de Dilma Rousseff y del PT para entender que Judiciario, Medios y sectores ultra-derechistas se unieron en una campaña sin precedentes para socavar al Estado Democrático de Derecho. Sea cual fuera su desenlace, serán impactante su repercusión en todo el Continente sudamericano.
Frederico Füllgraf: Foreign Correspondent Santiago de Chile Jornal GGN - São Paulo - Brasil
Mailto: f.fuellgraf@gmail 
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Bankia y el botín de la crisis

Bankia y las lecciones de la lucha de clases en el sector bancario

G. Buster · · · · ·

07/12/14

“Si los supervisores dijeran a los mercados todo lo que conocemos de las entidades en España y en todo el mundo no existirían los mercados ni la supervisión, porque los supervisores conocen la realidad” Javier Ariztegui, exvicegobernador del Banco de España y expresidente del FROB. La filtración del informe (1 y 2) para el juez Fernando Andreu, que investiga el caso de las acciones preferentes de Bankia, elaborado por los técnicos del Banco de EspañaVíctor Sánchez Nogueras y Antonio González Ruiz, es simplemente demoledor para todos los imputados. Contradice sustancialmente, además, declaraciones anteriores del entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, del vicegobernador del BdE y presidente del FROB Javier Ariztegui, de los presidentes sucesivos de Bankia, Rodrigo Rato y José Ignacio Goirigolzarri, y una larguísima lista de consejeros de la entidad, como, entre otros, el exsecretario de economía Fernández Norniella y, especialmente, del actual ministro de economía y reconocido historiador de Caja Madrid, Luis de Guindos. El informe comienza con un resumen histórico de la crisis de BFA-Bankia en el contexto de la bancarrota de las Cajas de Ahorro que acabó con el rescate del 50% del sector financiero español por la UE, a costa de un Memorándum que ha sido la hoja de ruta de la política de austeridad del gobierno Rajoy, con un coste neto para el erario público de 46.000 millones de euros, la mitad a causa de Bankia, servicio de la deuda aparte. A diferencia de la intervención en el Congreso de los Diputados de Rajoy el 11 de julio de 2012, que fue seguida de la del nuevo gobernador del BdE, Luis Linde, y de la del ministro de economía de Guindos pocos días después así como  de las sesiones informativas de la comisión de economía de los días 24-26 de julio, el informe ofrece una tesis funcional de la crisis del sector bancario español qué, como se recordará, fue calificado en 2008 por Zapatero y Miguel Ángel Fernández Ordóñez como un ejemplo de regulación para el resto del mundo. Sinpermiso dedicó en su momento una editorial a aquella serie de intervenciones parlamentarias, la única explicación pública que han ofrecido las autoridades españolas a los ciudadanos de las causas de sus males en estos últimos tres años. Su explicación “ortodoxa” pretendía fijar los límites del debate, orientado teleológicamente a los objetivos políticos del mismo: la culpa de la crisis la tenía la “politización” aprofesional de la gestión de las Cajas, los fallos de supervisión del Banco de España –cuyo prestigio y autoridad se encargó de hundir el ministro de economía de Guindos-, la “burbuja” inmobiliaria no pinchada por el gobierno Zapatero, la perdida de competitividad y la consiguiente deuda externa comercial como consecuencia de la “rigidez” del mercado laboral. Frente a la tesis del gobierno del PP, el expresidentes del BdE, Fernández Ordóñez, y la exministra de economía Salgado, defendieron entonces su gestión, también en el marco de una política neoliberal “ortodoxa”, como “gradualista” a partir de la creación del FROB, para propiciar una reconcentración bancaria, tras el saneamiento público de las Cajas de Ahorro, que favorecería esencialmente a las grandes entidades como el Santander, BBVA y La Caixa: los ahorros de la mayoría se entregarían a la gestión de los “mejores”, bajo la protección del estado. Como sabemos, este esquema fracasó. Alrededor de Caja Madrid y el Banco de Valencia se desató una guerra por el control de la reestructuración de las entidades –de las que dependían en buena medida la financiación de las dos Comunidades autónomas más importantes del PP- que no fue tanto un enfrentamiento entre los partidos, patronales y sindicatos sometidos al férreo pacto de corrupción establecido por Blesa, como un choque institucional entre el BdE y el Ministerio de Economía, presionados por los grandes intereses oligárquicos de la banca privada para orientar a favor de intereses concretos el rescate que imponía la UE como respuesta urgente, a falta de cualquier plan a largo plazo, de la crisis del euro. La salida a bolsa de Bankia La tesis del informe elaborado para el juez Andreu, que intenta ante todo responder a la cuestión de la responsabilidad penal de las perdidas de los preferentistas, es en este sentido unilateral: hubo un fraude fiscal en la contabilidad de BFA-Bankia, que no cumplió en 2011 con la normativa del BdE, en especial en lo referente al valor de los activos inmobiliarios de las sociedades participadas del Grupo Bankia. Aunque la decisión de salida a bolsa de Bankia se tomo en el consejo de administración de 17 de febrero de 2011, nombrando a la firma Lazard como asesor, hasta el consejo del 28 de junio no se optó por “unanimidad” la formula definitiva de OPS, descartando las otras dos posibilidades: colocación de un 20% del capital entre terceros inversores o la entrada del FROB en el capital “debido a los efectos sobre la gobernanza” (es decir, la aparición de terceros o del FROB que cuestionaría el pacto de hierro forjado por Blesa a golpe de tarjetas “negras”).  En el informe de Lazard se señala ya la preocupación por la relación patrimonial BFA-Bankia y por la exposición al sector inmobiliario. Como se sabe, la primera preocupación se resolvería haciendo recaer sobre BFA el descuento del valor de las acciones (diez meses más tarde, Deloitte sacaría las conclusiones pertinentes y propondría valorar su patrimonio en Bankia en 0). La segunda se acabaría convirtiendo en un “error contable”, como reconoce el acta del consejo de administración de Bankia de 12 de diciembre de 2011. Las sucesivas auditorias de Deloitte, una de las cuatro grandes multinacionales del sector junto a PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst&Young y KPGM, fueron ratificando esa contabilidad que no cumplía la normativa del BdE. Con esa información salió a bolsa el 55% del capital de Bankia el 20 de julio de 2011, a un precio de 3,75 euros por acción, tras los controles del BdE y el beneplácito  de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De todas las filtraciones habidas hasta la fecha sobre la salida a bolsa de Bankia quizás una de las más interesante son las declaraciones ante el juez Andréu del exvicegobernador del BdE y presidente del FROB, Javier Ariztegui. Según el informe de los técnicos del BdE de septiembre de 2011, “se estima dudosa la devolución de fondos del FROB” (4.465 millones inyectados en el BFA a finales de diciembre de 2010, antes de que el plan de Rato lo convirtiese en un ‘banco malo’ para la salida a bolsa de Bankia). Preguntado sobre si tomó alguna medida como presidente del FROB, Ariztegui responde que no, “me lo prohíbe la ley”, en concreto informar a la CNMV o darse por enterado como presidente del FROB de la información que tenía como subgobernador del BdE. Además, “el FROB le había dado el préstamo al BFA, no a Bankia”. Menos mal que, ante estos casos de bipolaridad institucional en los mecanismos reguladores financieros públicos, el art. 7.2 de la Ley de autonomía del BdE establece entre sus misiones “apoyar la política del gobierno”. Pero para los autores del informe, y esta es la frase penalmente decisiva, "no puede alegarse desconocimiento de este deterioro a 31 de diciembre de 2010, porque BFA tenía la información necesaria, o estaba a su alcance conseguirla, para establecer la correcta valoración de los activos". Como señala Javier Cremades, de uno de los bufetes que espera hacerse de oro con el caso, “según nuestro Código civil, tales contratos pueden ser anulados y por consiguiente procederse a una restitución de las prestaciones realizadas. El accionista devolverá la acción a la compañía y la compañía devolverá el dinero al inversor con intereses y, en su caso, con la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder. Por otro lado, debe procederse a una restitución al ciudadano de la confianza legítima que debe tener en sus instituciones”. Según la prensa, Bankia se prepara ya para lo peor: “En caso de que dicho evento se produzca, estimamos que el impacto en la valoración del banco sería importante, ya que el importe captado en la salida a bolsa, en torno a 3.000 millones de euros, representa el 19,5% de la capitalización bursátil y tres veces el beneficio neto estimado para 2014". Bankia acaba de superar las últimas pruebas de estrés europeas, quedando en tercer lugar en cuanto a su capitalización. Pero sus acciones se han desplomado en esta semana, tras las filtraciones, un 6%, situándose en una cotización de 1,33 euros. Como es conocido, la CNMV tiene un expediente abierto, por su parte, sobre la manipulación de las transacciones de compra y venta de acciones. Según el informe de la CNMV, incorporada a la causa, el conflicto de interés no sólo afectaba a las operaciones entre clientes, "sino que se extendía también a la actuación de las entidades. Éstas, al permitir que la operativa descrita se produjera, se veían beneficiadas, ya que así evitaban la existencia de posibles reclamaciones y denuncias por parte de los clientes vendedores (falta de liquidez, mala información en la compra, etc.), el consiguiente perjuicio reputacional e incluso la potencial pérdida de clientes". Los efectos de las políticas del gobierno en la crisis de Bankia El informe atribuye al deterioro de la economía real la causa fundamental de la crisis de BFA-Bankia: las proyecciones realizadas en los distintos planes operativos del banco “estaban basadas en las magnitudes a diciembre de 2009”. Se esperaba una recuperación económica en dos o tres años, que permitiese frenar y reestructurar el efecto de la morosidad sobre la sostenibilidad a medio plazo de la institución. Tampoco era algo muy distinto de lo que había sido el programa electoral del PP: Rajoy estaba convencido de que su elección sería un elemento determinante de salida de la crisis, entre otras cosas porque tendría el apoyo de Ángela Merkel y los conservadores europeos para superar la herencia socialista. Así que la primera victima del incumplimiento del programa del PP –obligado a “hacer cosas que no le gustaban” por la herencia de la gestión del PSOE de la crisis- fue Rato. Su plan de reestructuración, a pesar de los “errores contables” conocidos desde diciembre de 2010, fue aprobado por el BdE –aunque este es uno de los puntos que rechaza en otro ataque de bipolaridad el entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez- pero ya de Guindos había tomado la dirección. Con el apoyo de los presidentes del Santander, BBVA y La Caixa, obligó a dimitir a Rato y abrió el proceso de rescate europeo. Son especialmente sugerentes las declaraciones textuales que recoge el informe del presidente del BBVA, Francisco González, en las paginas 48-49 del Informe: “Es muy difícil decir qué es razonable y qué no es razonable en un mundo dónde las cifras son monstruosas y van cambiando”. Las presiones de la UE y el BCE, que el Gobierno Rajoy ni supo ni quiso resistir, ante la crisis de confianza en el euro y la deuda pública griega, se proyectaron en una estrategia de choque para recuperar la credibilidad de la hasta entonces ejemplar y ahora vilipendiada banca española. El método: elevar por encima de las exigencias legales europeas los niveles de capitalización de la banca española, a través de los reales decretos 2/2012 del mes de febrero y el 18/2012 de abril, que será el que desencadene definitivamente la quiebra de Bankia y la necesidad del rescate de la UE. En la página 41 del informe se recoge una pequeña pincelada de la perplejidad del consejo de administración de Bankia el 28 de marzo. El impacto del RD 2/2012 supuso: “En Bankia saneamientos adicionales por 1.580 M y 872 en capital. En BFA solo por capital, 802 M, debido a los saneamientos realizados (en realidad gracias  los ajustes con cargo a reservas, inicial y complementario, de puesta a valor razonable en la constitución del SIP). Doña Araceli mora solicitó constancia en acta de que las entidades de crédito españolas se ven obligadas a efectuar dotaciones adicionales con cargo a resultados contrarias a las normas internacionales, lo que supone debilitar la credibilidad y reputación del modelo español, así como una desventaja para las entidades en relación a sus comparables de otros países. Sugiere que se traslade a las autoridades esta inconsistencia”. Llegados a este punto, más allá de la cadena de responsabilidades penales en relación a las preferentes y la salida a bolsa de Bankia, lo que se delimita claramente en el informe son las responsabilidades políticas de las dos estrategias seguidas: la “gradual” del PSOE a partir de la creación del FROB, y la de “choque” del PP con los reales decretos 2 y 18/ 2012. Hay que constatar que la sesión de estudio sobre el tema de la Comisión de Economía del congreso de los Diputados fue completamente inútil, porque solo sirvió para dejar en acta las versiones más melifluas de los principales actores, que después declararían con mucho mayor vigor ante el juez Andréu. La necesidad de una auditoria ciudadana ¿Cómo recuperar el hilo? Cualquiera que sean las conclusiones penales del auto del juez Andréu, lo que parece imprescindible es una auditoria pública y transparente de la crisis de BFA-Bankia y otras Cajas de Ahorro, que han supuesto un aumento de la deuda pública cercano al 100% del PIB y justificado las políticas de austeridad con sus terribles consecuencias. Sin esa auditoria –que debería formar parte de cualquier programa político de modernización y regeneración de España- será imposible determinar la cadena de hechos, los fallos del modelo de regulación que se consideraba “ejemplar”, los “errores contables”, la corrupción, el nepotismo en las políticas de gestión de la crisis y sentar las bases de un nuevo sistema bancario al servicio de una economía productiva y no de los especuladores. A los que, por cierto se protegió previamente con la reforma del artículo 135 de la Constitución del 78 para dar prioridad a sus intereses. Una auditoria pública ciudadana, a partir de las conclusiones penales del caso Bankia, sería un gigantesco ejercicio de educación popular sobre el papel de los bancos y el sistema financiero. Su punto de partida no es otro que el magnifico Informe elaborado por Víctor Sánchez Nogueras y Antonio González Ruiz. Sin duda, plantearía la necesidad de importantes reformas y de la creación de una banca pública a partir de la mayoría que ostenta el estado en el capital de las Cajas de Ahorro rescatas con dinero público. Si se pudo hacer en Islandia, ¿por qué no en España? Porque la mayor estafa, después de esta gigantesca ‘confabulación de los idiotas’ que se nos ha hecho pasar por la gestión de unos magníficos profesionales –cuya principal preocupación era su propio patrimonio- sería la reprivatización de Bankia y de las Cajas de Ahorro rescatadas. Esa privatización era, en última instancia, el verdadero objetivo de un proceso de fusiones y reestructuraciones que acabaron con las Cajas de Ahorro, entidades de ahorro sin animo de lucro, para convertirlas en bancos comerciales y venderlas a las grandes entidades financieras del sector. Ese iba a ser su botín de la crisis. G. Buster es miembro del comité de redacción de Sinpermiso ver  también ... Fuente: http://cort.as/M503 Más: http://cort.as/MAFF

Los neoliberales contra Podemos

Respuestas a los ataques neoliberales contra el documento preparado a propuesta de Podemos  

Escrito por  Vicenç Navarro

 

Entrevista realizada al profesor Vicenç Navarro, Catedrático Emérito, por los estudiantes de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra. "Si por radical quiere decir que voy a la raíz de los problemas, entonces no tengo por qué sentirme insultado, aunque la intención de los que lo dicen es ofenderme".

¿Qué le ha parecido la respuesta que está recibiendo su documento de propuestas económicas y sociales?

Francamente, me ha sorprendido la enorme hostilidad personal que el Profesor Juan Torres y yo hemos recibido. Durante mi largo exilio he vivido en Suecia, Reino Unido y EEUU y nunca he recibido un tratamiento como aquí en España. Constantemente se están refiriendo a mi persona como “asesor de Fidel Castro”, insinuando con ello que lo que deseo para España es tener un sistema como el cubano. Yo asesoré al gobierno cubano en el año 1971, hace ya más de 40 años. Estoy orgulloso de ello, habiendo ayudado al gobierno cubano a establecer el servicio sanitario público que considero uno de los mejores en los países del mundo en desarrollo. Pero desde entonces –hace más de cuarenta años- he asesorado a muchísimos gobiernos, tanto en América Latina como en Europa y Norteamérica. En Latinoamérica asesoré al gobierno Allende en Chile. En EEUU asesoré más recientemente a la Sra. Hillary Clinton, en la Casa Blanca, en sus reformas sanitarias. En Europa asesoré hace años al gobierno sueco, país al que conozco bien, pues allí tengo familia, y me eduqué en parte en aquel país. Y también asesoré más recientemente al gobierno de Felipe González y al candidato socialista Josep Borrell. En realidad, es un motivo de orgullo para mí que propusiera el establecimiento en España del Cuarto Pilar del Bienestar, es decir, el derecho a los servicios de ayuda a las familias, que están muy desatendidas en España. Me alegró que el Sr. Borrell hiciera suya esta propuesta, que luego se generalizó en las prácticas y discursos de los distintos partidos políticos.

También asesoré al gobierno tripartito en Catalunya, al cual valoré positivamente. Ni que decir tiene que casi ninguna de estas asesorías ha aparecido en esa definición de mi biografía, centrándose solo en mi relación con el gobierno cubano. Nunca había visto tanta mezquindad y bajeza en mi más de medio siglo de trabajo profesional. Ni la FOX en EEUU llega a estos niveles. Es un indicador más de la bajísima calidad democrática de la cultura mediática y política del país, en la que es difícil debatir, pues no se respetan las más mínimas normas de decencia en ese intercambio. No existe debate. Es un intercambio de insultos en el intento de destruir al adversario. Me gustaría que hubiera una movilización ciudadana en protesta por tanta mezquindad.

A usted también le han definido como radical y antisistema.

Si por radical quiere decir que voy a la raíz de los problemas, entonces no tengo por qué sentirme insultado, aunque la intención de los que lo dicen es ofenderme. En cuanto a antisistema, es bien conocido que mis valores pertenecen a la sensibilidad socialista, que en nuestros países de elevado desarrollo económico desearía desarrollar y alcanzar por la vía democrática. Soy un socialdemócrata al cual los socialdemócratas de hoy llaman, a fin de ser amables, socialdemócrata tradicional, con lo cual quieren decir anticuado. Creo, sin embargo, que los valores del socialismo son tan válidos hoy como lo eran cuando se estableció tal proyecto político. Es una lástima que el socialismo haya sido abandonado por una gran parte de los partidos que así se definen en Europa.

Uno de los temas que ha creado más revuelo es la propuesta de crear bancos públicos. Les acusan de apoyarse en modelos anticuados que han mostrado su fracaso en España.

Ha habido una enorme manipulación de estas propuestas, atribuyéndonos posturas que no tenemos. Una de ellas es sobre qué hacer con el Instituto de Crédito Oficial, el ICO. Se nos ha llegado a insultar llamándonos ignorantes, poniendo esta acusación en una página visible en El País. De nuevo, deberían leerse el informe y también conocer de nuestras críticas a dicha institución en trabajos anteriores. Se ha llegado a la grosería de creer que no sabíamos que el ICO puede ya recibir préstamos del Banco Central Europeo. Que lean nuestros trabajos y verán que sí lo conocíamos. Y léanse también el documento. Y verán que ahí indicamos que el ICO recibe préstamos del Banco Central Europeo. Este no es el problema. El problema es la distribución de este dinero recibido del Banco Central Europeo, que se asigna en gran parte a través de la banca privada, estableciéndose una complicidad que es preocupante. Lo que decimos es que ese instituto debería mejorarse. Por favor, que no se nos malinterprete ni manipule como se está haciendo masivamente.

En cuanto a la banca pública, subrayamos que la dificultad de conseguir crédito se debe al comportamiento de la banca privada en España. La banca privada ha recibido 130.000 millones de euros sin contar con el dinero recibido del Banco Central Europeo, sin que con ello se haya resuelto el tema del problema de crédito. Hoy, España es uno de los países que tiene el sector público bancario más reducido de la Unión Europea de los Quince, y es a la vez el que tiene más problemas para conseguir crédito. La gran mayoría de países de la UE-15 tienen sectores bancarios públicos más extensos que España. Por favor, que se informen de lo que ocurre en la UE antes de insultarnos. En cuanto a que varias cajas de ahorros estuvieran en dificultades, ello no niega que otras fueran exitosas. En EEUU, el Estado con menos problemas financieros ha sido Dakota del Norte, que tiene una banca pública. Y así muchos otros ejemplos.

Pero lo que es incluso más importante es que la banca privada debería definirse constitucionalmente como un servicio público, propuesta que hacemos en el informe, y de lo que tampoco se ha hablado. Los taxis son privados pero ejercen una función pública. Consideramos que es un error que la banca privada no sea sometida a un mandato de servicio público, y que tenga la oferta de crédito como un objetivo de su política bancaria. La manera como está actuando muestra la necesidad de que se le obligue a hacerlo.

Otra crítica que les han hecho es que el coste de sus propuestas es totalmente inviable. Varios portavoces cercanos al PSOE han indicado que su propuesta de expansión del empleo público para alcanzar los niveles de Suecia costaría una cantidad, 140.000 millones de euros, que es inasumible.

De nuevo, lean el informe. Lo que nosotros subrayamos es la necesidad de que se estimule la economía a base de una inversión muy considerable en la infraestructura social del país, que está muy poco financiada. El gasto público social por habitante en España es de los más bajos de la UE-15. En España ha habido un énfasis en la infraestructura física que en algunos capítulos, como el transporte ferroviario, ha beneficiado solo a un sector minoritario y privilegiado de la población, tal como es el caso del AVE. Lo que sugerimos es que en lugar de hacer este tipo de inversión en infraestructura física se haga en la infraestructura social, invirtiendo, por ejemplo, en escuelas de infancia, para garantizar el acceso por parte de los infantes a este servicio público, un servicio de una enorme importancia.

Pero insisten. ¿Cómo lo pagan?

Constantemente se dice que no se puede hacer algo porque no hay dinero, olvidando que siempre hay alternativas. Ha sido una constante en nuestra historia reciente, en la que también se nos decía que no había posibilidades de aumento del gasto público y que se tenía que recortar dicho gasto. El Sr. Zapatero congeló las pensiones para conseguir 1.200 millones de euros, cuando habría podido conseguir más dinero, 2.100 millones de euros, manteniendo el impuesto de patrimonio, o 2.500 millones anulando las rebajas del impuesto de sucesiones. Lo mismo, el Sr. Rajoy ha recortado 6.000 millones de euros en la sanidad pública. Podría haber conseguido casi la misma cantidad anulando la bajada del impuesto de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan el 0,12% de todas las empresas, bajada de impuestos que había ocurrido con su voto favorable. Y así un largo etcétera.

Ahora se nos dice que no hay dinero. En 2013 España se había gastado más de 40.000 millones de euros en establecer el AVE, que nos cuesta unos 400 millones de euros mantenerlo. ¿Por qué no se ha invertido en escuelas de infancia, con lo cual además se habría creado mucho más empleo? Y así constantemente. El gobierno Rajoy ha recortado 600 millones de euros en los servicios a las personas con dependencia, cuando podría haber conseguido incluso más dinero reduciendo el subsidio a la Iglesia Católica para enseñar religión en las escuelas públicas. Si se hiciera pagar al erario público lo que deberían pagar las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas, que representan el 71% de todo el fraude fiscal en España, que es nada menos que de 44.000 millones de euros, conseguiríamos el dinero para ir invirtiendo en la escasamente financiada infraestructura social del país.

Nosotros no decimos que se gasten de golpe 140.000 millones en reducir el enorme déficit social de España. Lo que estamos diciendo es que la infraestructura social está desatendida y que deberíamos priorizarla para resolver los enormes problemas sociales de España, creando, además, empleo, y en el caso de las escuelas de infancia, ayudando a la mujer a que se integrara en el mundo del trabajo.

Usted comentaba en su charla esta mañana en la clase que le habían sorprendido no solo las interpretaciones malintencionadas por parte de muchos de los tertulianos, comentaristas y políticos, sino el silencio casi absoluto que ha habido sobre una de las principales propuestas que han hecho, en la que subrayaban que la igualdad de género es necesaria no solo por razones humanas y sociales, sino también por razones económicas.

Este es un eje central de las propuestas que apenas ha aparecido en los medios, supongo que debido al enorme machismo que existe en la cultura española. Enfatizamos que es fundamental crear empleo a base de expandir la infraestructura social de España que, como he dicho antes, está a la cola de la Europa Social. Esta inversión en infraestructura incluye la expansión del Cuarto Pilar del Bienestar para incluir el acceso a las escuelas de infancia, además de a los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, que ya existen y que están subfinanciados. En España tenemos un Estado del Bienestar que es como una silla de cuatro patas que solo tiene tres. Tenemos el derecho a la sanidad, el derecho a la educación y el derecho a las pensiones. En realidad, todavía no está establecido el principio de universalidad en la sanidad. Y las pensiones no contributivas son demasiado bajas. Hacemos recomendaciones en este sentido. Pero al menos están reconocidos como problemas que tienen que resolverse, y que las derechas han debilitado enormemente debido a las políticas públicas llevadas a cabo por el Partido Popular. Los datos así lo muestran.

Ahora bien, a esta silla le falta la cuarta pata: el derecho de las familias a los servicios que las apoyan, como los servicios domiciliarios y las escuelas de infancia. De ahí que cuando yo propuse este derecho le llamara el Cuarto Pilar del Bienestar. En España estamos en pañales. Somos uno de los países que menos ayuda a las familias. Y en España decir familias quiere decir mujer. De ahí que consideremos urgente y necesario que se establezcan esos servicios como derechos que ayuden a la mujer a incorporarse al mercado de trabajo, compartiendo su proyecto laboral con sus responsabilidades familiares. Y muy importante también es que cambien los valores del hombre para hacerse corresponsable de las tareas familiares.

Usted ha insistido en la importancia de la igualdad de género en España, ayudando a la mujer a integrarse en el mercado de trabajo.

La necesidad económica de ello queda clara en que si en lugar del 52% de las mujeres estuviera en el mercado de trabajo, lo estuviera el 78%, como en Suecia, tendríamos muchísimos más puestos de trabajo creando riqueza y pagando impuestos. Como decimos en el texto, si en lugar de uno de cada 10 adultos trabajando en los servicios públicos, de los cuales los más importantes son los servicios del Estado del Bienestar -educación, sanidad, servicios sociales, escuelas de infancia y servicios domiciliarios, entre otros-, tuviéramos a casi uno de cada 4 como en Suecia, tendríamos 3.5 millones más de puestos de trabajo. Encuentro sorprendente que algunos portavoces del PSOE hayan dicho que esto es imposible porque costaría 140.000 millones de euros. Nosotros no hemos dicho que esto se haga en una legislatura, sino en varias. Y ello puede hacerse en varias legislaturas si se aumentan los ingresos al Estado alcanzando un porcentaje del PIB semejante al que existe en Suecia. Ello nos significaría 150.000 millones de euros más cada año.

Pero dicen que esto es imposible.

Que las derechas digan que es imposible lo entiendo. Lo que me preocupa es que lo digan los que se llaman socialdemócratas.

Pero dicen que la ciudadanía no aprobaría el incremento de impuestos que ello significaría.

El problema en España no es que la gente normal y corriente no pague impuestos. El problema es que las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas, así como las clases pudientes que derivan sus rentas del capital, no pagan lo que deberían. Si a ello se incluye el fraude fiscal y la economía sumergida, verán que España tiene los recursos para pagar el Estado del Bienestar que corresponde a su nivel de desarrollo económico. Y así lo señalamos en el documento.

¿Cómo valora usted a los medios de comunicación?

Lo he indicado en bastantes ocasiones. El punto más débil de la democracia en España es la falta de diversidad ideológica de dichos medios. La práctica totalidad de los grandes medios está controlada por grupos financieros y económicos, así como por partidos de tradición conservadora y liberal. Un tanto semejante ocurre en las revistas económicas, financiadas por la gran banca y las grandes corporaciones, lo que conduce a una casi dictadura de pensamiento económico. De ahí que con una actitud militante digna de la mejor causa intenten destruir a las voces críticas sin ningún tipo de reparo o decencia, como ocurre ahora con el Profesor Juan Torres y conmigo. Un caso claro son los panfletos que se definen como revistas económicas, los cuales me definen constantemente como asesor de Fidel Castro. El último caso es Expansión, que recurre sola y exclusivamente a economistas neoliberales en su evaluación del programa. Predeciblemente, todos anuncian un desastre. Compare esta selección de economistas y su evaluación de nuestro programa con los comentarios que ha hecho el director adjunto del Financial Times (Wolfgang Münchau), que en un artículo de solo hace unos días aplaudió las líneas estratégicas de nuestro plan, que consistían en un estímulo masivo de la economía, a base de una gran inversión en la infraestructura del país y una reestructuración de la deuda pública, líneas que Podemos ha hecho suyas. Sería impensable que esto ocurriera en las revistas económicas de España. Y ahí está el problema, que es incluso más grave que la falta de diversidad, pues a este problema se añade la enorme mezquindad de la cual son capaces algunos medios para destruir las voces críticas. Lamento que ello ocurra, pues muestra el gran subdesarrollo de la cultura democrática en este país.

http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2014/12/01/entrevista-al-profesor-navarro-a-raiz-de-la-publicacion-del-documento-del-cual-es-coautor-junto-con-el-profesor-juan-torres-preparado-a-propuesta-de-podemos/

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 Video , presentación del programa

Rueda de Prensa: Presentación del documento ... - YouTube

► 71:38► 71:38

www.youtube.com/watch?v=i_z3z6vWe3s

Periodismo en España .- Crisis estructural .

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La crisis estructural del periodismo en España

Miguel Álvarez (03-12-2014)

La corte de los milagros del régimen del 78.

El “Pequeño Nicolás” en la corte de los milagros del régimen del 78



G. Buster · · · · ·
 
30/11/14

Las entrevistas del “Pequeño Nicolás”, -o Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que prefiere ser llamado “Fran”- al programa de TeleCinco Un Nuevo Tiempo (1 y 2), y a los periodistas de El Mundo, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, han traído a este presente algo que cada vez se parece más a pasadas crisis de régimen en la historia del Reino de España: la camarilla.

La camarilla es ese mundo de pícaros y buscones que pulula como moscas alrededor del poder político en descomposición. Por lo general aparece en la fase senil de los distintos regímenes borbónicos, una vez que, rotas las esclusas que mantenían secretas las operaciones especulativas de las distintas oligarquías, se desborda la mierda y aparecen componedores y fontaneros que prometen contenerla o reconducirla por vías excepcionales o milagrosas. El “Pequeño Nicolás”, a sus 20 años, ha tenido ya que lidiar, según él, con temas de “soberanía” como los casos Pujol y Urdangarín, a cambio de implicar a la independentista ERC.  Bien podría haber hecho suya la frase de aquel joven Lord Palmerston en el debate del Parlamento británico sobre el alcantarillado londinense: “La mierda es solo materia situada en un lugar equivocado”.

Quizás los historiadores futuros contrapongan el día de mañana este Fran Iglesias a Pablo Iglesias, flamante secretario general de PODEMOS. Esta semana han venido a ocupar más o menos el mismo tiempo en los espacios televisivos y ambos causan conmoción en las mentes bienpensantes de nuestra oligarquía, rebautizada comocasta.

El primero, porque como un pequeño príncipe exuperiano, ha recorrido los senderos del Partido Popular –desde Nuevas Generaciones hasta los despachos de la Vicepresidenta del Gobierno, pasando por FAES- revelándonos la verdadera naturaleza de un paisaje conocido: los amigos-corderos que se vuelven en contra del héroe, la caja dónde se esconde el cordero amigo para preparar su inesperado ataque, los baobabs problemáticos, el volcánico deber ser, el zorro maquiavélicamente consciente y como no, la rosa única, como la “soberanía”, que hay que cuidar y mimar.

El segundo, porque ha recorrido los senderos de la izquierda “tradicional” para concluir que el problema no fue tanto la realidad de la Transición –consecuencia de la correlación de fuerzas- sino la “narrativa” de la Transición que, de cesión en cesión, se resignó a gestionar o “resistir” en el espacio reservado a la oposición, olvidando lo más importante: el control del Boletín Oficial del Estado.

A cada lado del mismo sendero, los dos se refieren en buena medida a lo mismo: un estado en descomposición en el que los favores políticos y económicos se compran y se venden en una ilusión virtual alejada del país real, llena de “significantes flotantes” a los que solo tiene inicialmente acceso el CNI, gracias al famoso sistema informático de escuchas telefónicas que Aznar solicitó y obtuvo en su primera visita a Bush después del 11-S, como contrapartida al “triángulo de las Azores”.

Pero como en el Reino de España no hay secretos, sobre todo desde que se ha roto, como consecuencia de la crisis económica, la omertá que juramentaba a las distintas fracciones de la oligarquía ibérica de pata negra, a sus corre-ve-y-diles y subcontratistas de menor estirpe, ha aparecido todo un sector de medios especializados en la interpretación de los “significantes flotantes” filtrados por el CNI y por todos los demás, revueltos y confundidos: los confidenciales.

Las declaraciones del “Pequeño Nicolás” bien podrían ser un resumen de corta y pega, como los documentos oficiales que enarbola, de esos confidenciales. Nada ha dicho que no se conociera y, lo que es más revelador, que no fuera creíble para las mentes bienpensantes. Tan creíble, que va acompañado del uso de coches oficiales, escoltas, chalets y gastos de representación, y una colección de fotografías y selffiesque descarnan las relaciones de poder de la agonía del régimen del 78. Hoy todas esas personalidades e instituciones reniegan de él.

Hay momentos enternecedores de sus declaraciones, como su autoproclamado sentido de estado, su preocupación por las interpretaciones maliciosas en relación a su asesoramiento a Arturo Fernández en su campaña para ser reelegido dirigente de la patronal, o su relación con la Casa del Rey. En un momento de la entrevista en TeleCinco, uno de los periodistas, Jaime González, llegó a desearle “como un padre”, que fuese verdad todo lo que había afirmado, compitiendo con Esther Palomeras y Marta Rivera por ver quién de ellos conseguía destripar el “sentido de estado” del joven Fran, que insistía que “siempre se planifica la estrategia”, pero se negaba a revelar ningún secreto oficial.

El “Pequeño Nicolás” ha terminado su viaje por los senderos del PP y del CNI cuando ha sido detenido por seis agentes de los servicios internos de la policía, el sumario sometido a secreto, teniendo que ocultarse cuarenta días tras ser puesto en libertad para evitar seguimientos y reaparecer posteriormente para defender la verdad, “que solo es una”, porque “se han cruzado ciertas líneas rojas”.  Y en pleno mareo general post 9N catalán y con las encuestas apuntando a la victoria de Podemos en Autonomías como Navarra, -donde no se conoce aun a sus candidatos o su programa, pero donde se llevaría por delante al carlismo reciclado de UPN, que ha resistido hasta ahora a la izquierda, al nacionalismo vasco y al propio PP- la historia del “Pequeño Nicolás” es tan verosímil, a pesar de ser aparentemente un corta y pega de confidenciales, que se judicializa, igual que la convocatoria de Más de la “nueva consulta” del 9N y que, como dice otra estrella televisiva, Jordí Évole, “entrará antes en la cárcel el ‘Pequeño Nicolás’ que Rato”.

En otras épocas notables de la monarquía borbónica, en los reinados de Isabel II y Alfonso XIII, los personajes más destacados de la camarilla eran religiosos: el Padre Claret, confesor de la Reina, y Sor Patrocinio (a los que Valle Inclán dedicó La Corte de los Milagros), o la Madre Maravillas. Los recorridos vitales no fueron tan distintos, su acceso a un poder en descomposición por detrás de los biombos, la interpretación de la realidad de su época a la luz de la “única verdad”, trapicheos oligárquicos y latifundistas al amparo del secreto de los confesionarios, en una época en la que todavía no había sistemas informáticos de escucha. La llagada Sor Patrocinio levantó su sentido de estado contra la amenaza del liberalismo, tras haber sido pretendida cuando era La Quiroguita, por Salustiano Olózaga, y acabó siendo expulsada del Reino por Narváez.

La Madre Maravillas de Jesús, hija del Ministro de Fomento, Marqués de Pidal, ocupa un lugar especial en la España de los años 20 y 30 del siglo pasado, que se extenderá asombrosamente hasta 2008, a pesar de haber muerto en 1974 y haber sido beatificada en 1998. Fue ella la que articuló el culto al Sagrado Corazón de Jesús desde su convento carmelita en el Cerro de los Ángeles, construido gracias a la donación de la familia Oriol de unos terrenos comunales del pueblo de Getafe, en Madrid.

La historia de la petición de colocar una placa con su nombre en el Congreso de los Diputados, alegando que ocupa actualmente uno de los edificios de la familia Pidal, dónde había nacido, es uno de los capítulos institucionales más esperpénticos y, a la vez, reveladores de hasta qué punto la crisis del régimen del 78 se comenzó a anunciar ya en la segunda legislatura del gobierno Zapatero.

Y de aquellos polvos, estos lodos. Fran Iglesias difícilmente podría competir con Pablo Iglesias si hubiera continuado esta saga religiosa de camarillas. Como digno representante de las Nuevas Generaciones del PP, su aconfesionalismo constitucional puede ocultar filiaciones religiosas, expuestas hoy en las distintas capillas otorgadas al mejor donante en la madrileña Catedral de la Almudena, bajo cuyos frescos neo bizantinos no ha quedado lugar ya para la feligresía regular de a pie, solo para la disciplinada.

Los secretos de la vida política y social española no pasan hoy por el confesionario, sino por el sistema informático de escuchas norteamericano del CNI, blindado en su autonomía –solo comparable a la del Banco de España- por una Ley que lleva su nombre y cuyo objetivo era adecuar su funcionamiento al régimen constitucional del 78. Según el “Pequeño Nicolás”, se consiguió plenamente: él sería el mejor ejemplo.

Gustavo Buster es miembro del comité de redacción de Sinpermiso