La burbuja de la IA se infla con deuda y enciende las alarmas

La burbuja de la IA se infla con deuda y enciende las alarmas

La empresa citó el cumplimiento de las sanciones estadounidenses contra tres organizaciones palestinas que colaboran con la Corte Penal Internacional.
YouTube, propiedad de Google LLC, ha eliminado más de 700 vídeos que documentaban violaciones de derechos humanos por parte de Israel, alegando el cumplimiento de las sanciones estadounidenses impuestas a grupos palestinos de derechos humanos que cooperan con la Corte Penal Internacional (CPI), según una investigación de The Intercept publicada el 5 de noviembre.
La investigación reveló que los videos fueron eliminados después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump sancionara a tres organizaciones palestinas por su trabajo con la CPI en casos de crímenes de guerra contra líderes israelíes.
Las organizaciones sancionadas son Al-Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos.
Las eliminaciones, realizadas a principios de octubre, borraron años de archivos que detallaban las atrocidades israelíes en Gaza y la Cisjordania ocupada, incluyendo imágenes de demoliciones de viviendas, asesinatos de civiles y testimonios de tortura de palestinos.
Entre el material eliminado se encontraban investigaciones sobre el asesinato de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh y documentales como ‘La playa’, que relata la muerte de niños en un ataque aéreo israelí mientras jugaban junto al mar.
YouTube confirmó que las eliminaciones se realizaron en cumplimiento de las “leyes de comercio y exportación” después de que Trump sancionara a los grupos.
Los defensores de los derechos humanos afirmaron que la decisión de la empresa contribuyó de facto a los esfuerzos de Estados Unidos por suprimir las pruebas de las atrocidades israelíes.
“Es realmente difícil imaginar algún argumento serio que sostenga que compartir información de estas organizaciones palestinas de derechos humanos violaría de alguna manera las sanciones”, dijo Sarah Leah Whitson de Democracy for the Arab World Now.
El Centro para los Derechos Constitucionales condenó la decisión como un intento de borrar pruebas de crímenes de guerra, mientras que Al-Haq describió la medida como “un alarmante retroceso para los derechos humanos y la libertad de expresión”.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos afirmó que la acción de YouTube “protege a los perpetradores de la rendición de cuentas”, acusando a Google de complicidad en el silenciamiento de las víctimas de la agresión israelí.
Al Mezan afirmó que su canal fue retirado sin previo aviso. Las tres organizaciones advirtieron que las plataformas estadounidenses que alojan contenido similar podrían pronto sufrir la misma censura, lo que podría eliminar más documentación sobre crímenes de guerra israelíes.
La investigación de The Intercept puso de relieve la parcialidad de YouTube, señalando que el material pro-Israel permanece prácticamente intacto, mientras que las narrativas palestinas son objeto de ataques desproporcionados.
Según el comunicado, la plataforma había mostrado una “gran disposición a cumplir con las exigencias tanto del gobierno de Trump como de Israel”.
La represión se produce en medio de renovados esfuerzos de Estados Unidos por proteger a los funcionarios israelíes de ser procesados después de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra en Gaza.
Desde entonces, Washington ha vuelto a imponer sanciones a los jueces de la CPI y a las entidades que colaboran con las investigaciones de la corte.
Por otra parte, el cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, intervino después de que los editores bloquearan la página del sitio sobre el “genocidio de Gaza” para evitar más cambios el 28 de octubre.
Gales calificó la entrada de “particularmente flagrante” e insistió en que “necesita una corrección inmediata” para reflejar un “enfoque neutral”.
Sus declaraciones provocaron una reacción negativa de los editores, quienes lo acusaron de ceder a la presión política y de socavar los hallazgos de la ONU y de la academia que confirman que las acciones de Israel en Gaza constituyen un genocidio.
Fuente: https://thecradle.co/articles/youtube-deletes-hundreds-of-videos-documenting-israeli-war-crimes
Traducido del ingles por Marwan Pérez para Rebelión
https://rebelion.org/youtube-elimina-cientos-de-videos-que-documentan-crimenes-de-guerra-de-israel/
EL PAÍS difunde el relato marroquí sobre el Sáhara Occidental: del periodismo a la propaganda de Marruecos
"El editorial de EL PAÍS, lejos de informar, blanquea la posición de Rabat y manipula al lector español para presentarla como “consenso internacional”
El editorial de EL PAÍS del 5 de noviembre de 2025, titulado «Cambio en el Sáhara Occidental», no es información: es propaganda. Con tono solemne, el periódico afirma que “la ONU avala el plan marroquí de autonomía” y que “ve imposible un referéndum” para que el pueblo saharaui decida su futuro. Ambas afirmaciones son falsas. La Resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad no respalda la autonomía marroquí como única vía, ni elimina el referéndum, y los discursos oficiales de varios de los países que votaron a favor de la resolución lo dejan muy claro: el derecho a la autodeterminación sigue vigente y la ONU no reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio.
Competencias estatales rehenes de la industria digital
En Washington toma forma un nuevo poder: el complejo tecnológico autoritario. Más ambicioso, más ideologizado y más privatizado que todos los modelos militar-industriales anteriores, está socavando los cimientos de la democracia como jamás se había visto desde los inicios de la era digital. Silicon Valley ya no se conforma con crear aplicaciones, también levanta imperios.

El pasado julio, en lo más profundo de la maquinaria burocrática del Pentágono, el Ejército estadounidense sacrificó con toda la calma un elemento esencial de su soberanía disfrazándolo de racionalización administrativa. El acuerdo de 10.000 millones de dólares firmado con Palantir Technologies —que engloba 75 contratos distintos— es uno de los más espeluznantes en la historia del Departamento de Defensa: la operación ratifica la transferencia de funciones militares cruciales a una empresa cuyo fundador, Peter Thiel, ha declarado abiertamente que “libertad y democracia ya no son compatibles” (1). En el futuro, será cada vez más frecuente determinar objetivos militares, decidir movimientos de tropas o analizar datos de inteligencia con la ayuda de algoritmos diseñados no por el alto mando militar, sino por un consejo de administración responsable ante sus accionistas. El Ejército estadounidense no se ha limitado a adquirir un nuevo programa informático: ha cedido su autonomía operativa a una plataforma de la que ya no podrá prescindir.
Además de Palantir, toda una coalición de empresas, inversores e ideólogos reunidos bajo la enseña del “patriotismo” se dedica a construir un sistema planetario de control tecnológico-político: el “stack autoritario”, llamado así por analogía con el sintagma de “stack tecnológico”, que designa al conjunto de tecnologías usadas para crear una aplicación. Este sistema de control es un agregado de plataformas de servidores de acceso remoto, modelos de inteligencia artificial (IA), sistemas de pagos, redes de drones y constelaciones de satélites. Mientras que el autoritarismo tradicional recurre a la movilización de las masas y a la violencia de Estado, esta forma de poder se apoya en la infraestructura tecnológica y la coordinación financiera, volviendo la resistencia al modo clásico no solo difícil, sino orgánicamente obsoleta. Al mando encontramos a las personalidades más escoradas a la derecha de las grandes tecnológicas: el citado Thiel, Elon Musk, Marc Andreessen, David Sacks, Palmer Luckey y Alexander Karp, cuyas inversiones están al servicio de un proyecto político bien claro: redefinir la soberanía como un tipo de activos privados.
Esta captura de las infraestructuras críticas del Estado se produce en cinco ámbitos estratégicos: los datos personales, las divisas, la defensa, las comunicaciones vía satélite y la energía.
Todo empieza con la apropiación de la arquitectura informática. El contrato de 10.000 millones firmado a finales de julio confirma lo que los entendidos ya sabían: Palantir —una empresa de la que Stephen Miller, subdirector de gabinete de la Casa Blanca, detenta acciones por valor de unos 250.000 dólares (2)— se ha convertido en el sistema operativo por defecto del Gobierno estadounidense.
En el ámbito militar, eso supone intervenir en el campo de batalla, la cadena logística, la gestión de personal y la inteligencia. Su plataforma Foundry —al principio desarrollada como herramienta contrainsurgente en Irak— hizo las delicias del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) al automatizar, por medio de algoritmos políticamente orientados, la elaboración de presupuestos, la elegibilidad para recibir ayudas sociales, el reintegro de los gastos médicos y el pago de las pensiones de los veteranos. Otra herramienta de Palantir, ImmigrationOS, permite a la policía localizar a extranjeros en situación irregular y manejar los flujos de arrestos y expulsiones.
Si Palantir constituye la columna vertebral del Estado autoritario en materia de datos, Anduril es su brazo armado. Esta empresa, cofundada por Palmer Luckey (el creador de Oculus) y Trae Stephens (un antiguo empleado de Palantir) convierte el control de la información en capacidad de combate autónomo. Valorada en 30.500 millones de dólares —una cifra que refleja tanto su éxito comercial como su creciente influencia sobre infraestructuras militares cruciales—, ha firmado contratos de defensa por valor de 22.000 millones de dólares. Su plataforma Lattice integra información satelital, imágenes de radar y fotografías del terreno en un sistema de mando único capaz de planificar y ejecutar operaciones a la velocidad del rayo. Anduril se jacta de haber alcanzado una autonomía de “nivel 5”: despegue, identificación del objetivo, ataque y regreso a la base sin intervención humana. “Autonomía” es también la palabra clave de la iniciativa Unleashing U.S. Military Drone Dominance (‘rienda suelta al dominio militar estadounidense en materia de drones’), anunciada en julio por el secretario de Defensa Peter Hegseth, con la que se aspira a la integración total de los sistemas de armamento autónomo de aquí al 2027.
También en el cielo, aunque un poco más alto, Starshield, la constelación de satélites militares secretos de SpaceX, señala la privatización de un ámbito que hasta ahora era competencia exclusiva del Estado: las comunicaciones en la órbita terrestre baja. Promovida como una “infraestructura soberana”, el hecho es que es propiedad y está controlada por la empresa de Musk. Cuando las comunicaciones en los teatros de operaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) dependen de un hombre que apoya sin ambages a los partidos de ultraderecha europeos, la autonomía defensiva no pasa de ser una quimera. El Pentágono está estudiando la posibilidad de usar Starship, el cohete de SpaceX, como plataforma logística para trasladar tropas y material a cualquier rincón del globo en menos de una hora (3).
Otras plataformas, como GovCloud, de Amazon Web Services, o Azure Government, de Microsoft —en asociación con OpenAI, Meta y Anthropic—, participan ya en operaciones militares y de inteligencia de carácter secreto (4). También en este caso, la “soberanía” que prometen se traduce, sobre todo, en opacidad para la ciudadanía, que pierde así todo derecho de supervisión, y en ataduras para los gobiernos, cada vez más rehenes de infraestructuras industriales privadas.
Alimentar los clústeres de servidores que ponen en funcionamiento estas herramientas requiere un suministro energético estable y potente que solo las tecnologías nucleares avanzadas pueden proveer con el volumen requerido. La central de enriquecimiento de uranio General Matter —la primera en manos de intereses privados en suelo estadounidense desde 2013— está financiada en parte por el Founders Fund de Peter Thiel (que forma parte de su consejo de administración) y es gestionada por antiguos ingenieros de SpaceX. La convergencia no es casual. En opinión del secretario de Energía Christopher Wright, el sector nuclear del futuro deberá responder no tanto a consideraciones de independencia energética como de dominio tecnológico: “La IA es una industria energívora. Cuanto más se invierta en energía, más inteligencia se producirá” (5).
Para entender cómo ha podido producirse esta apropiación tan rápidamente, basta con fijarse en sus protagonistas. Hoy en día, las puertas giratorias ya no se reducen a un movimiento de ida y vuelta entre el Gobierno y la industria: lo que tenemos es una imbricación de ambos universos en el seno de una nueva arquitectura del poder. La carrera política del actual vicepresidente estadounidense James D. Vance probablemente no habría sido tan meteórica si Thiel no le hubiera ayudado, en 2022, a hacerse con su escaño de senador por Ohio con una contribución de 15.000 millones de dólares, la donación individual más importante hasta la fecha para un candidato al Senado. Michael Kratsios, antes mano derecha de Thiel, dirige hoy la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca. Michael Obadal, que en mayo fue nombrado subsecretario del Ejército (el segundo cargo civil más importante en la jerarquía del Pentágono) ocupó un puesto de directivo en Anduril y aún tenía un millón de dólares en acciones de la empresa cuando el Senado lo confirmó en el cargo en septiembre.
Gregory Barbaccia pasó diez años en la división de inteligencia de Palantir antes de convertirse en director de sistemas de información del Gobierno federal, donde supervisa programas de integración de datos que enriquecen directamente a su antiguo empleador. Clark Minor, su homólogo en el Departamento de Salud y Servicios Sociales, era un alto responsable en Palantir, una empresa que, entre 2021 y 2024, se benefició de cerca de 300 millones de dólares en contratos con este mismo departamento. Pero el colmo tal vez sea el Destacamento 201, una unidad creada en junio por el Pentágono con el fin de estimular la “innovación” y que cuenta con cuatro pesos pesados de Palantir, Meta y OpenAI ascendidos al grado de teniente coronel (6): hasta este punto se está difuminando, premeditadamente, la frontera entre subcontratistas y mandos, entre búsqueda de beneficios y defensa nacional.
Y ahora, siga el rastro de los capitales para descubrir el plan.
La osamenta la constituye Founders Fund, que, con sus 17.000 millones de dólares, es el buque insignia de Thiel. En junio, dominó la última ronda de financiación de Anduril con una participación de mil millones. Posicionado desde muy pronto en el ámbito de la inteligencia y las comunicaciones vía satélite, es el mayor accionista institucional de Palantir y de SpaceX. A diferencia del capital riesgo tradicional, más pasivo, el fondo interviene directamente en las decisiones estratégicas de empresas que están redibujando el perímetro del Estado. Trae Stephens es, simultáneamente, presidente ejecutivo de Anduril y socio de Founders Fund. Otro de los socios, Delian Asparouhov, está al frente de Varda Space Industries, que aspira a construir la primera estación espacial de uso industrial. Scott Nolan, presidente-director general de General Matter, también ha conservado sus funciones en el fondo.
Creado por colaboradores cercanos de Thiel y Vance, 1789 Capital simboliza al mismo tiempo la mutación dinástica del capital riesgo y el vínculo que une al poder presidencial con los beneficios del sector armamentístico. En noviembre de 2024, la entrada de Donald Trump Jr., vástago del presidente, como socio de la empresa se tradujo en un cambio de escala de la misma. El fondo de inversión, que partía de 150 millones de dólares de valor de mercado, cuenta actualmente con más de mil millones. Campeón autoproclamado de la “inversión patriótica”, lleva más de 50 millones de dólares inyectados en el imperio de Elon Musk (SpaceX en lo que atañe al dominio del espacio, xAI en la IA militar) (7).
Con sus 600 millones de dólares en activos, el fondo American Dynamism, creado por Andreessen Horowitz (a16z), invierte en tecnologías de defensa y apoya a las personalidades que están “construyendo” Estados Unidos. En 2024, el propio Marc Andreessen había hecho un llamamiento a los multimillonarios de Silicon Valley para que apoyaran la candidatura de Trump. Los gigantes 8VC y General Catalyst, pese a ser algo más discretos, no por ello son menos influyentes. Joseph Lonsdale, fundador de 8VC y cofundador de Palantir, trabajó junto con Musk en la organización America PAC, que acabó siendo un instrumento esencial en la victoria de Trump. En cuanto a General Catalyst, realizó una ronda de financiación de 1480 millones de dólares para Anduril, y 8VC invirtió 450 millones en la empresa de defensa. La estrategia ha dado sus frutos: en 2025, Palantir se ha puesto en cabeza del índice bursátil S&P 500 con unos resultados trimestrales que superan los mil millones de dólares, impulsados por un aumento del 53% en la rúbrica de contratos públicos.
Cuando tu cliente ya no puede prescindir de ti porque te has convertido en su sistema operativo, eso ya no se llama “beneficios”, se llama “poder”. Un poder que, hoy en día, supone una amenaza tanto para la soberanía europea como para la democracia estadounidense.
En Italia, los responsables de defensa están considerando confiar a Starlink, el sistema de Elon Musk, la gestión de sus comunicaciones encriptadas vía satélite. En Alemania, donde el uso de herramientas de vigilancia de Palantir por parte de la policía y varios länder (Hesse, Baviera y Renania del Norte-Westfalia) suscitó fuertes protestas (y un recurso ante el Tribunal Constitucional), las autoridades federales no excluyen la posibilidad de generalizar esta práctica en todo el país (8).
En cuanto al Bundeswehr, se encuentra atado de pies y manos a Anduril desde que Rheinmetall, la principal empresa de defensa alemana, anunciara el pasado 18 de junio su asociación con la firma estadounidense para crear versiones “europeas” de los misiles Barracuda y los drones autónomos Fury susceptibles de ser usados en misiones de la OTAN. En realidad, la arquitectura subyacente seguirá siendo estadounidense: los sistemas europeos usan la plataforma Lattice, reciben continuamente actualizaciones de los servidores californianos y funcionan dentro de parámetros definidos por Silicon Valley.
El Reino Unido ha llegado a un nivel de dependencia todavía mayor. El Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) del país lleva desde 2023 gestionando los datos de millones de pacientes con ayuda de la Federated Data Platform de Palantir, por la que pagó 330 millones de libras esterlinas. Pese a ello, el pasado mayo, el Gobierno tuvo que abonar ocho millones de libras a la auditoría KPMG para tratar de vencer las reticencias a usar esta herramienta de algunos grupos hospitalarios. Pero se ve que a algunos la correa que empuña Peter Thiel no les parecía lo bastante corta, ya que Londres también firmó en septiembre una asociación de defensa por valor de 1500 millones de libras que ha convertido al país en un centro neurálgico de los sistemas de IA militar de Palantir.
Las anteriores decisiones no generaron debates parlamentarios dignos de ese nombre, y pocas ocuparon la portada en los periódicos. Sin embargo, revelan lo dispuestos que se muestran los gobiernos del Viejo Continente —a los que tanto les llena la boca la “autonomía estratégica”— a ceder sus prerrogativas a plataformas estadounidenses dirigidas por individuos que pisotean abiertamente la democracia europea.

El cerco se estrecha con cada nuevo contrato. Cuando los servicios del Estado ya no pueden funcionar sin Palantir, cuando los drones de Anduril se convierten en la norma en los países de la OTAN y los modelos de IA que hacen que todo lo demás funcione están alimentados por centrales nucleares, ya no hay posibilidad de vuelta atrás. La imagen que se nos ofrece no es la de un dominio industrial al modo clásico, sino la de una mutación fundamental de la soberanía, que deja de ser una autoridad política ejercida a través de instituciones relativamente democráticas para convertirse en una capacidad técnica dirigida por intereses privados. Mientras en Bruselas se sigue parloteando sobre “soberanía digital”, los países europeos firman asociaciones que hipotecan su autonomía e insertan la lógica antidemocrática en las propias estructuras de poder.
La metamorfosis política de Silicon Valley señala el punto de maduración de lo que Evgeny Morozov califica de “intelectuales oligarcas”, unos “nuevos legisladores” que se valen de la infraestructura tecnológica para extender su evangelio y construir una gobernanza posdemocrática. Lo que había empezado siendo un ensimismamiento libertario se metamorfoseó en una apropiación de los mecanismos de control de carácter autoritario. Quienes ayer confiaban en librarse de la autoridad de los Estados creando naciones autónomas en medio del océano se ocupan hoy de las más altas responsabilidades gubernamentales. En vista de su fracaso a la hora de crear instituciones paralelas, se les ha ocurrido algo mejor: convertirse en la infraestructura estatal.
Tal vez sea en el ámbito de las criptomonedas donde su éxito resulta más patente. En el marco de la Genius Act de Trump, las criptomonedas estables (stablecoins) se han visto promovidas al nivel de “infraestructura de seguridad nacional”, lo que equivale a dotar a los emisores privados de poderes que se acercan a los de un banco central. El pasado junio, el secretario del Tesoro Scott Bessent calculó que la demanda de bonos del Tesoro así generada ascendía a dos billones de dólares.
Los “tecnoautoritarios” saben perfectamente que para ejercer el poder no hay necesidad alguna de ganar elecciones: basta con conseguir contactos. Cada licitación reduce un poco más el abanico de opciones democráticas hasta que solo quedan las técnicamente permitidas por una infraestructura al servicio de los accionistas. Privada de su contenido, la democracia solo sobrevive como una antigua interfaz que se conserva por un prurito de estabilidad.
(1) Peter Thiel, “The Education of a Libertarian”, 13 de abril de 2009, www.cato-unbound.org
(2) Nick Schwellenbach, “Stephen Miller’s Financial Stake in ICE Contractor Palantir”, Project on Government Oversight (POGO), 24 de junio de 2025, www.pogo.org
(3) Audrey Decker, “Pentagon eyes Starship, designed for Mars, for military missions somewhat closer to home”, 15 de marzo de 2024, www.defenseone.com
(4) Para una síntesis véase Andrea Coveri, Claudio Cozza y Dario Guarascio, “Big Tech and the US digital-military-industrial complex”, Intereconomics, vol. 60, n.º 2, Hamburgo, 2025.
(5) “Secretary of Energy Chris Wright delivers keynote remarks at CERAWeek 2025”, Washington, D. C., 10 de marzo de 2025, www.energy.gov
(6) Shyam Sankar, director tecnológico de Palantir; Andrew Bosworth, su homólogo en Meta; Kevin Weil, director de producto en OpenAI; y Robert McGrew, exdirector de investigación en OpenAI. Véase Ashley Roque, “Palantir, Meta, OpenAI execs to commission into army reserve, from ‘Detachment 201’”, Londres, 13 de junio de 2025, https://breakingdefense.com
(7) Alexandra Ulmer y Joseph Tanfani, “Trump-linked venture fund 1789 Capital tops $1 billion in assets”, Reuters, 8 de septiembre de 2025.
(8) Angelo Amante y Crispian Balmer, “Italy’s defence minister says decision on Musk’s Starlink should be technical”, Reuters, 15 de abril de 2025; Marcel Fürstenau, “German police expands use of Palantir surveillance software”, 8 de abril de 2025, www.dw.com
Francesca Bria

Ha sido lanzado recientemente en Brasil, el libro del periodista Jamil Chade cuyo título podría ser traducido como “Ojalá que seas deportado”, el que reúne un conjunto de 48 crónicas y reportajes escritos durante su estadía en Estados Unidos, en un período que abarca desde el final de la campaña presidencial (17 de octubre de 2024) pasando por los primeros meses de la gestión de Donald Trump y concluyendo con una última crónica (25 de mayo de 2025) redactada días antes del retorno definitivo del escritor y su familia al lugar en el cual reside actualmente (Ginebra, Suiza).
Los textos que componen el libro abordan diversos aspectos de la historia reciente y de la vida cotidiana de los habitantes de ese país, configurando un panorama devastador desde todos los aspectos, evidenciando por la magnitud de la decadencia en que se encuentra desde hace décadas la sociedad estadounidense y que se ha incrementado en este último periodo con el surgimiento del líder extremista republicano y sus adeptos.
La crónica que da nombre al libro relata la experiencia que tuvo su hijo pequeño en una escuela del barrio luego de tener un altercado con una colega de clase. En una situación coloquial de altercado entre niños de diez u once años, la compañera de curso le espetó a su hijo “Ojalá que seas deportado”. Como nos advierte Chade “La novedad ciertamente no es la existencia de una discusión entre niños, sino el surgimiento de una nueva manera de agredir, basada en el odio, que es instrumentalizado por un grupo ultraconservador que llegó al poder. Nadie nace odiando. No brota de forma espontánea de la cabeza de ningún niño la idea de desear que la otra persona sea deportada”.
El tema de la persecución en masa de los migrantes irregulares -o incluso con papeles de residencia- y la truculencia de los abordajes que sufren las personas solo por sus características raciales, es una temática que atraviesa la mayor parte de las crónicas redactadas por Jamil Chade en ese periodo. A lo largo de sus viajes por el territorio estadunidense y la frontera mexicana, el escritor desplaza el foco de sus análisis hacia distintos espacios simbólicos y reales: desde Manhattan hasta la frontera con México, en abrigos de deportados, barrios empobrecidos, escuelas de inmigrantes, pueblos abandonados y un sinnúmero de escenarios distópicos que diseñan el paisaje humano y las políticas coercitivas hacia poblaciones vulnerables en un país autoritario.
A través de una prosa periodística cargada de testimonios, datos y vivencias, explora cómo la deshumanización del “otro”, la inmigración, la xenofobia, los recortes de derechos y la polarización política se entrelazan para producir lo que él conceptualiza como la “distopía americana”.
Esta sensación de estar dentro de un país decadente es claramente expuesta en la crónica “Mississipi y sus pantanos”, en la cual describe el panorama desolador de una pequeña ciudad de Arkansas llamada West Helena. En dicha crónica retrata ese lugarejo como salido de una película de terror: “En ambos lados de la calle central, casas destruidas, tiendas cerradas, techos desmoronados y un olor de desamparo. El viento aullaba, casi para susurrarme la noticia de que aquel local estaba abandonado (…) En West Helena, una orgullosa bandera americana flamea de manera triunfal sobre la alcaldía. Pero no esconde el hecho de que la ciudad tiene 35% de su población de ocho mil habitantes viviendo bajo la línea de la pobreza. El PIB per cápita promedio del local es inferior al de Bolivia y apenas un poco superior al de Bangladesh”. Y continua su relato con un análisis comparativo entre los estados más empobrecidos del sur ese país (Alabama, Tennessee, Arkansas, Mississippi y Luisiana) que poseen una renta promedio tres o cuatro veces inferior que los habitantes de la ciudad de Nueva York.
Las referencias que se realizan de esta pequeña ciudad abandonada nos muestran que la degradación de los espacios periféricos funciona también como una frontera interna, un territorio donde el “otro” (inmigrante, vulnerable, marginado) habita o atraviesa. Esto conecta con la frontera en el sentido literal: migrantes que cruzan, o que son expulsados, pero también la frontera simbólica y existencial, entre ciudadanos considerados “legítimos” y aquellos “que no lo son”.
En ese paisaje, la administración Trump no ha hecho más que profundizar las desigualdades entre los estadounidenses, como queda corroborado, por ejemplo, con anuncios realizados por el gobierno de que recortará 850 mil millones de dólares del presupuesto de la nación destinados al sistema público de salud, el Medicaid. En los estados del sur del país, aproximadamente 700 mil personas dependen integralmente de este programa para tener acceso a la salud, incluidas las políticas de asistencia a la natalidad.
Por otra parte, sus narraciones sobre los albergues de deportados en la frontera con México constituyen un nodo crítico en la narración de Chade: son la materialización de la política de expulsión, del “ser considerado prescindible”. Aparecen no solo como espacios de tránsito sino de detención, vulnerabilidad, destierro y desesperación. Los albergues no son simplemente consecuencia de la inmigración, sino parte de una maquinaria que produce la condición de seres humanos residuales, indeseables y descartables.
De esta manera, las crónicas de Jamil Chade nos muestran una cara poco tratada de los Estados Unidos contemporáneos: el miedo, la exclusión, la frontera geográfica y existencial dentro de la sociedad. Es una invitación a pensar que la distopía ya no es solo ficción; que la promesa del sueño americano convive con realidades de exclusión, vulnerabilidad y desamparo. Sus escritos representan una crítica vehemente de los caminos hacia los cuales se dirige una sociedad que se decía democrática y que hoy se percibe como un espacio de autoritarismo y represión a todos quienes no se encuadran con el tipo ideal del hombre blanco supremacista americano.
Si el lector espera una estructura académica tradicional con teoría amplia y sistemática, podría quedarse con ganas, pues el libro privilegia la narrativa, el testimonio y la denuncia, más que el desarrollo teórico extenso. Sin embargo, el apelo del autor es potente e incontestable. El libro contiene una línea de análisis crítico hacia el ascenso de la extrema derecha, la instrumentalización de la inmigración como arma política y el debilitamiento de instituciones democráticas. Es un retrato de una sociedad que bajo el mandato de Trump se ha transformado en la negación del “sueño americano” mostrando la persecución en masa de los migrantes, deshumanización, ciudades abandonadas y poblaciones dejadas a su suerte.
En definitiva, los temas centrales abordados en el libro – la deportación de inmigrantes, la exclusión de los pobres, el desmonte de políticas sociales y las prácticas de censura – nos ofrecen una visión articulada de cómo la crisis migratoria y de violación de los derechos humanos en los Estados Unidos implementada durante el gobierno de Donald Trump, no es un fenómeno aislado, sino una faceta de lo que se podría llamar la construcción de la “distopía americana”. Este modelo implica que la exclusión, el miedo y la represión clasista y racista ya no están en los márgenes sino en el centro de la vida cotidiana de un Imperio en decadencia.
Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales, editor del blog Socialismo y Democracia, autor del libro De Dilma a Bolsonaro: itinerario de la tragedia sociopolítica brasileña (editorial RIL, 2021) y coeditor del libro EP Thompson en Chile: solidaridad, historia y poesía de un intelectual militante (Ariadna Ediciones, 2024).
Fuente: https://fmdelacuadra.blogspot.com/2025/10/del-sueno-americano-la-distopia.html