El pulso de Puigdemont al Estado
.Hay que esperar a ver qué decide el TJUE. En el caso de que
coincida con la interpretación de la justicia belga, su decisión conllevaría la
nulidad de la sentencia del caso proceso, ya que habría sido dictada por un
órgano judicial carente de competencia para hacerlo
Javier Pérez Royo
Si la decisión del
Gobierno presidido por Mariano Rajoy de aplicar el artículo 155 de la
Constitución en Catalunya en respuesta a la celebración del referéndum del 1 de
octubre de 2017 y a la posterior declaración unilateral de independencia
suspendida el mismo día de su proclamación se hubiera limitado a la destitución
del Govern presidido por Carles Puigdemont y a la disolución del Parlament con
la consiguiente convocatoria de elecciones autonómicas, constitución de un
nuevo Parlament y la investidura de un nuevo President de la Generalitat que
retomara la dirección de la Comunidad Autónoma, la crisis constitucional tal
vez se hubiera podido reconducir en un tiempo razonable.
Nunca lo podremos saber, ya que la decisión del presidente
del Gobierno de destitución de los miembros del Govern y de disolución del
Parlament vino acompañada de la decisión del Fiscal General del Estado, José
Manuel Maza, de activar querellas contra Puigdemont y varios consellers del
Govern ante la Audiencia Nacional (AN) y contra Carme Forcadell y varios miembros
de la Mesa del Parlament ante el Tribunal Supremo (TS) por los delitos de
rebelión y malversación de fondos. El Fiscal General aprovechó la pérdida del
fuero jurisdiccional de los miembros del Govern para activar la querella ante
la AN y ante el TS contra los miembros de la Mesa del Parlament porque estos,
al formar parte de la Diputación Permanente del Parlament, sí conservaban dicho
fuero. Después de varias escaramuzas procesales, el TS concentró el
conocimiento de todas las querellas.
Aunque jurídicamente las querellas activadas por la Fiscalía
General del Estado no tienen nada que ver con la aplicación del artículo 155 de
la Constitución por el Gobierno, con el aval por mayoría absoluta del Senado,
políticamente son inseparables. Desde el momento en que la Fiscalía General del
Estado y la Sala Segunda del TS decidieron intervenir, se convertirían en los
órganos a través de los cuales se articularía la respuesta por parte del Estado
a los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017 en Barcelona. La Fiscalía
General del Estado y la Sala Segunda del TS sustituirían al Gobierno y las
Cortes Generales en la respuesta del Estado a la crisis constitucional generada
por el procés.
Las consecuencias de la traslación de la respuesta de
órganos de naturaleza política, legitimados democráticamente de manera directa,
a órganos de naturaleza jurídica, que carecen de tal legitimación, han sido
muchas y de una trascendencia extraordinaria.
La más importante, a la que voy a dedicar este artículo, ha
sido la de posibilitar que Puigdemont haya podido nada menos que echarle un
pulso al Estado. En el terreno político el nacionalismo catalán no podía
hacerlo. El desequilibrio era tan enorme, que no había pulso posible. El choque
del Estado con la Generalitat no era un choque de trenes, como se dijo en aquel
momento, sino el choque de un acorazado con un velero.
En el terreno jurídico sí era posible el pulso, porque
España es un Estado miembro de la Unión Europea, que es una comunidad jurídica,
y el terreno en el que se produce el enfrentamiento puede no reducirse al
territorio español, sino que puede extenderse al territorio de toda la Unión
Europea. En consecuencia, es posible que no sean solamente la Fiscalía General
del Estado y el TS quienes intervienen en la respuesta al problema, sino que
también puedan hacerlo jueces y tribunales de otros Estados miembros, además
del Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con una
estrategia jurídica bien articulada puede producirse ese resultado. Es,
justamente, lo que ha hecho Puigdemont.
Si Rajoy consideró que dando entrada al Fiscal General del Estado
y a la Sala Segunda del TS tenía resuelta la crisis, se equivocó de la manera
más absoluta. Ha posibilitado que el ex president de la Generalitat haya
diseñado una estrategia de defensa que, al poner las decisiones del TS ante el
espejo de la justicia de otros Estados de la Unión Europea y ante los órganos
judiciales de la propia Unión Europea, Tribunal General y Tribunal de Justicia,
supone echarle un pulso al Estado español.
El pulso se inició a finales de 2017 y todavía no se ha
resuelto. No podemos saber todavía como acabará, pero hasta el momento es
Puigdemont el que está saliendo victorioso de todos los choques con el TS, que
es lo mismo que decir con el Estado español. Pues en tales choques no es un
órgano del Estado el que es desautorizado, sino el Estado del que dicho órgano
es parte.
En el diseño de la estrategia de Carles Puigdemont, el
primer paso era el punto más importante del que dependía que pudiera tener
éxito. Puigdemont tenía que ejercer el derecho fundamental reconocido en el
artículo 19 de la Constitución, de entrar y salir libremente del territorio del
Estado antes de que la Fiscalía lo hubiera denunciado ante un Tribunal de
Justicia, fuera este el que fuera. Si en el momento en que se producía la
denuncia del Ministerio Fiscal, Puigdemont no se encontraba en territorio
español, sino que residía en Bélgica, por ejemplo, no podía ser considerado
"prófugo" por no atender la orden del tribunal español en los
términos en que éste la hubiera dictado. Puigdemont podía ponerse a disposición
de la justicia española en los términos en que lo decidiera la justicia belga
cuando le llegara el requerimiento de la justicia española. Sin este primer
paso, no hubiera podido dar ninguno más.
Una vez dado este paso, constitucionalmente irreprochable,
la justicia española tendría que convencer a la justicia del estado europeo en
que Carles Puigdemont se encontrara, independientemente de que tuviera fijada
en él o no la residencia, de que diera cumplimiento a la orden de detención y
entrega que se había dictado contra él. Si el juez instructor designado por la
Sala Segunda del TS, Pablo Llarena en este caso, no conseguía convencer a
ningún juez europeo de que Puigdemont debía ser extraditado para ser juzgado en
España por los delitos que se incluían en el texto de la orden detención y
entrega dictada contra él, el TS no podría procesarlo y dictar sentencia.
Hasta ahora eso es lo que ha ocurrido en Bélgica y Alemania
de manera expresa y en los demás países de la Unión Europea por los que ha
viajado Puigdemont de manera implícita. En el momento en que escribo este
artículo, es la justicia italiana la que tiene que tomar la decisión sobre la
extradición. Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig también han puesto en
práctica la misma estrategia con el mismo resultado.
Ese primer paso le ha permitido a Puigdemont dar otros
después, a través de los cuales ha ido ampliando el pulso al Estado.
Convocadas las elecciones al Parlamento Europeo, Puigdemont
decidió encabezar una lista para concurrir a las mismas. A pesar de que la
Junta Electoral Central (JEC) intentó impedirlo, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del TS atendería el recurso que interpuso Puigdemont contra la
decisión de la JEC y pudo presentarse y ser proclamado candidato electo por la
JEC.
Una vez proclamado candidato electo, el TS exigió que
viniera personalmente a la sede del Congreso de los Diputados para jurar el
acatamiento a la Constitución española sin garantizarle que no sería detenido
al cruzar la frontera. Puigdemont no vino y, como consecuencia de ello, su
nombre no figuró en la lista de candidatos electos que la JEC remitió a la Mesa
del Parlamento Europeo. No pudo adquirir la condición de diputado europeo y
participar en la sesión constitutiva del Parlamento. Pareció que en ese momento
se ponía fin a este enfrentamiento en términos favorables a la JEC y al TS.
Pero no fue así, porque Oriol Junqueras, que estaba en
prisión desde que se inició la instrucción a finales de 2017, también había
sido elegido diputado europeo. El TS no le permitió acudir a la sede del
Congreso de los Diputados a prometer o jurar la Constitución y, en
consecuencia, su nombre tampoco figuró en la lista enviada por la JEC a la Mesa
del Parlamento Europeo.
Consciente el TS de que se encontraba en arenas movedizas al
actuar de esta manera, decidió elevar una cuestión prejudicial al TJUE, a fin
de que decidiera a partir de qué momento un candidato electo adquiere la
condición de diputado, si desde el momento en que se produce la proclamación
por el órgano de la administración electoral o desde que se jura o promete la
Constitución.
Hasta el momento, el planteamiento de una cuestión
prejudicial conllevaba la paralización del proceso en el curso del cual dicha
cuestión se había planteado hasta que se recibiera la respuesta del TJUE. Pero
el TS no solo continuó la tramitación, sino que incluso dictó sentencia el
mismo día en que se celebró la vista de la cuestión que él mismo había
planteado. Oriol Junqueras fue condenado antes de que el TJUE resolviera la
cuestión prejudicial sobre el momento en que había adquirido la condición de
diputado europeo. Cuando el TJUE dictó sentencia sentando la tesis de que la
condición de diputado se obtiene con la proclamación de candidato electo por la
administración electoral y que no es necesario jurar o prometer la
Constitución, el TS comunicó al TJUE que esa doctrina ya no podía ser aplicada
a Junqueras, aunque sí la aplicaría en el futuro.
El TS cometió un fraude de ley de libro al actuar de esta
manera, pero le dio resultado, ya que consiguió que la JEC no enviara el nombre
de Junqueras a la Mesa del Parlamento Europeo y el Tribunal General no resolvió
a su favor el recurso que interpuso contra la decisión del Parlamento Europeo
de no considerarlo miembro del mismo.
La cuestión prejudicial no surtió efecto para Junqueras,
pero sí para Puigdemont, Comín y Ponsatí, respecto de los cuales no se había
planteado. Los tres adquirieron la condición de Diputados, aunque la JEC no
envió en nombre de ninguno de ellos a la Mesa del Parlamento. El Parlamento ni
siquiera se molestó en tomar en tomar en consideración la decisión de la JEC.
Aquí empieza otra parte del pulso de Puigdemont al Estado.
El TS que se había resistido a solicitar el suplicatorio para poder proceder
contra un diputado electo, español o europeo, se vio obligado a hacerlo. Envió
la solicitud al Parlamento que la acabó aprobando levantando la inmunidad
respecto de Puigdemont, Comín y Ponsatí.
Puigdemont recurrió la decisión del Parlamento Europeo al
Tribunal General solicitando la adopción de medidas cautelares. El Tribunal
admitió a trámite el recurso, pero no adoptó las medidas cautelares solicitadas
porque entendió que la libertad de Puigdemont no corría riesgo mientras se
resolvía el recurso. Así fue hasta que esta pasada semana ha sido detenido en
Italia, instándose por el juez Pablo Llarena que se ejecute por la justicia
italiana la orden de detención y entrega que, en su opinión, no había quedado
en suspenso con la admisión a trámite del recurso contra la decisión del
Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio.
Da toda la impresión de que la justicia italiana tampoco va
a acceder al cumplimiento de la orden de detención y entrega en los términos
solicitados y que para el desenlace del levantamiento definitivo de la
inmunidad de Puigdemont habrá que esperar a que el Tribunal General dicte
sentencia. E incluso entonces el pulso no habrá acabado, ya que el TS elevó
otra cuestión prejudicial al TJUE respecto de la interpretación por la justicia
belga de las órdenes de detención y entrega dictadas por el juez Pablo Llarena.
La justicia belga se ha negado a dar cumplimiento a la orden
de detención y entrega dictada por Llarena por entender que el TS no es el juez
competente para hacerlo. Lo hizo el juez de primera instancia. Lo confirmó la
Sala de Apelaciones. Y renunció a recurrir en casación el Ministerio Fiscal por
entender que no tenía posibilidad de prosperar el recurso ante el Tribunal
Supremo belga. Toda la administración de justicia belga ha rechazado
expresamente dar cumplimiento a la orden de detención y entrega contra todos
los políticos nacionalistas contra los que se dictó.
Hay que esperar a ver qué decide el TJUE. En el caso de que
coincida con la interpretación de la justicia belga, su decisión conllevaría la
nulidad de la sentencia del caso procés, ya que habría sido dictada por un
órgano judicial carente de competencia para hacerlo.
Hasta aquí ha llegado por el momento el reto de Puigdemont.
Todavía tiene recorrido que habrá que seguir atentamente.
Mientras tanto, siguen su camino los recursos de los
condenados en la sentencia del procés ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Son recursos que cuentan ya con el aval de dos magistrados del
Tribunal Constitucional, que emitieron votos particulares en la sentencia
mediante la cual el Tribunal Constitucional resolvió el recurso de amparo
interpuesto contra la sentencia del TS.
Mi impresión es que el TS no va a conseguir procesar y
condenar a Puigdemont. O dicho de otra manera: mi impresión es que Puigdemont
le va a ganar el pulso al Estado
https://www.eldiario.es/contracorriente/pulso-puigdemont_132_8366019.html
NOTA DEL BLOG .-
Pues sí , si va así
ganara el pulso al Estado
, o sea al poder judicial ,
bóveda fundamental del estado
democrático . Y por suerte y hay que agradecérselo de haber tirado de la alfombra y destapado el trampantojo de que no hay
división de poderes y llevamos así desde el 78 , Será por lo tanto una crisis más de
nuestra democracia . La cosa empezó como siempre con nuestra derecha que
cuando pierde la elecciones quiere ganarlas en
el juzgado a golpe de toga . Y empezó esto con el recurso de Rajoy al
TC con lo del Estatut . Les salió bien utilizando un TC medio
deteriorado , por decirlo suave , y
luego insisten ,los jueces son de
los nuestros como en la mafia . Pero hay otro problema
fundamental que la derecha se alimenta de votos en el resto del Estado
al enfrentar el nacionalismo
español a las otras nacionalidades del
Estado y ellas responden lo mismo y ya
es de principios del siglo pasado y seguimos
como en las mismas . Por ser
incapaces de un pacto federal asimetrico +- proudhoniano.Viene de largo , se escogio otra via autonomista y no es lo mismo descentralizar el Estado que unir federando. Y menos metiendo la nación por medio.
La monarquía además ya se vio como añadió más enfrentamiento , en vez de cumplir con su mandato constitucional que
es equilibrar y llamar
a la calma , salió en la TV
soltando la bronca a una parte ,
la débil por otro lado . y entonces al aplicar el 155 fueron a por todas , como
Rajoy habría fardado que no habría urnas y las hubo paliza policial al canto y a continuación judicialización de la
política de nuevo y ancha es Castilla y El Cid
cabalga … y pensado que
mantenía las riendas , los
babiecas salieron en estampida
judicial , bastaba inhabilitarlos
, pero
no , había que escarmentarlos y
juntarlos a todos en un gran proceso
judicial y saltarse jueces naturales y
tribunales, acusándolos de rebelión
y luego sentenciándolos por
sedición que nos suena a los que tenemos cierta edad a
los códigos franquistas militares o al Proceso de Burgos ,
delitos que ya no hay en las democracias europeas , claro luego no podían extraditar a
Puigdemont por malversación si era el
President y tener menor condena y condenar los otros por
sedición a años de prisión . Cayendo en su propia trampa
como ahora otra vez más el juez Llarena .
La corte de apelación de Sassari interpreta que el proceso
debe quedar suspendido hasta que la Justicia resuelva la cuestión prejudicial
elevada por Pablo Llarena . El
zasca fue un cañonazo . La cuestión prejudicial la habia elevado el propio Pablo Llarena .Y aun así mientras tanto antes de eso ,venga
recursos al juez de prisiones
para que no pudieran salir antes ni el fin de semana cuando ya le
tocaba saltándose la propia ley.
Pero claro eso llevo a que el
PP ya no controlara nada y al final cuando los jueces tampoco puedan se
acabó la cabalgada y tendremos que
agradecerlo a Puigdemont y los
demás el ver en que democracia de cortijo es en la que vivimos . Se supone
que esto acabara en una crisis de Estado
como otras de nuestra singular historia.
Menos mal que estamos en la UE y la salida a crisis no será como en otras anteriores ni
jugando a salidas lampedusianas como la del 1978 . Se ve que nuestra
derecha el que estábamos en la UE se lo habían
olvidado y que nuestra soberanía es bien limitada . No solo monetaria. No esperemos tampoco de la derecha
española que haya cambiado ya se ve solo se mira a sí misma . hacia atrás
reinventando el pasado imperial En Europa
ni hay imperios y menos
mentales .El pasado es ya otros país y los acontecimientos políticos
,se producen a pesar de los políticos . y solo en el presente es repetible la
estulticia .
Y añado después de la nota anterior que sale el TC el dia 5 de octubre y avala a Llarena https://www.eldiario.es/politica/constitucional-avala-ordenes-detencion-puigdemont-exconsellers_1_8368948.ht Se están avalando a si mismos y a sus disparates
judicales y con uno tapan otro , desde lo del Estatut que tenía que
volver a ser votado en Cataluña , que según la Constitucion el texto
resultante tiene que ser el votado en la Autonomia sin modificar , asi
rompieron el consenso territorial y constitucional, otra cosa es que lo
hubieran reformado al salir del Congreso o luego hicieran una
interpetación cuando se quisiera aplicar ; decian que modificaba la
Constitución y van ellos y la rompen . Y con el proceso han hecho lo
mismo , ni juez natural , y venga acusarlos de rebelión para ir a la
Audiencia nacional y pasarlos luego al TS en un macro juicio y
sentenciarlos por sedicion , que tampoco ya hay en los Estados de la
UE y peor ni es motivo de extradición , y luego Llarena sigue
liandola , no podia extraditar a Puigdemont por malversación por
implicaba minima pena y distinta y el tenia que ser el principal
responsable ya que era el President y encima la siguio liando , la
ultima ya se ve La corte de apelación de Sassari interpreta que el
proceso debe quedar suspendido hasta que la Justicia resuelva la
cuestión prejudicial elevada por Pablo Llarena . No ha sido solo un
zasca en todos los morros sino un cañonazo , por eso el TC tiene que
seguir avalandolo ya que van como el cantero poniendo estacas a una
apared que se derrumba sobre el .. y tira milla ...................
hasta el precipicio judicial y despues de ellos el diluvio universal .
Parece ser que como no había casilla en el formulario para eso delitos, la primera juez
que cursó una orden, la Sra. Lamela la añadió a mano y es
el motivo por el que Alemania y Bélgica entraron en el fondo del
asunto, Sea o no así la peticion si fue por rebelión y sedición y fue rechazada por que en sus codigos tampoco existe.
