El Falansterio de Theleme

domingo, 17 de noviembre de 2019

El odio al indio .

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 Canal 9  tv

El odio al indio .

Por: Álvaro García Linera
El fascismo, el odio racial, no sólo es a expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.
Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.
En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman “collas”, que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que “hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.
En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los
indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.
El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.
Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de “elecciones limpias” pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.
Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.
Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.
Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.
La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?
Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.
Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.
Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media”, medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.
Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.
Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.
El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.
 Álvaro García Linera  era el vicepresidente  de Bolivia.
https://www.celag.org/

  Una entrevista con Linera
 https://www.lahaine.org/mundo.php/garcia-linera-no-supimos-entender
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Mendoza Post
 El Gobierno interino de Bolivia de la autoproclamada presidente Jeanine Áñez emitió un decreto para eximir a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en la represión.
 Áñez  en contra de lo que dijo la prensa  no tenía ningún rol en la sucesión constitucional, que es: presidente, vicepresidente y presidenta del Senado. Ella es presidenta de una comisión del Senado. No reconocen el órgano constitucional, y un militar coloca la banda.

Además, para aceptar la renuncia del presidente y el vicepresidente se tienen que reunir ambas Cámaras, y leer allí las renuncias. Pero no hubo convocatoria de la Asamblea porque sólo tienen un tercio de los escaños. Así que se reunió ese tercio para que un militar le coloque la banda presidencial.
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sábado, 16 de noviembre de 2019

La ley Aragonés .


La ley Aragonés: el dedo que oculta la luna


Eduardo Luque

TopoExpress




Nota de edición: Cataluña es pionera en aplicar los principios de externalización de servicios. La Ley Aragonés, que pretende regular los contratos de la Generalitat con entidades y empresas privadas para prestar servicios sociales básicos, es un ejemplo paradigmático.
*
Se ha repetido hasta la saciedad. El “procés” es una enorme estafa colectiva. Ni son creíbles, ni son posibles, ni son viables los presupuestos teóricos del Independentismo. Lo único cierto es que el movimiento independentista hoy carece de dirección, de estrategia y de objetivos. Es por ello que el riesgo de cronificación del conflicto es mayor que nunca.
Asistimos a un proceso repetido en la historia de Cataluña. Una radicalización social cada vez más intensa con claros tintes xenófobos. Su dirección corresponde a sectores de la clase media profundamente insolidarios. Han conseguido, eso sí, un gran impacto social. A través de una hábil y sostenida campaña propagandística, han convencido a sectores de las clases populares de que sus enemigos históricos (las clases pudientes) son ahora sus aliados. Han inventado una “empresa común”, un “destino en lo universal” tan indefinida e indefinible como es la Independencia de Catalunya. Todo un movimiento que recuerda cada vez más al movimiento carlista; incluso podemos apreciar cómo se estrecha la alianza ente los sectores más reaccionarios del catalanismo y la Iglesia católica, que no duda en ofrecer misas por la libertad de los “presos políticos”. Uno de los últimos que se apuntaron a la fiesta” fue el Obispo de Solsona, Xavier Novell, un sacerdote con talante ultraconservador [1] en lo social [2] pero pro-independencia en lo político.
En realidad, y no nos cansaremos de repetirlo, todo es una gran cortina de humo. Gracias al “procés”, el bipartidismo ha vuelto a resurgir de sus cenizas. El incremento de la extrema derecha, reaparecida como reacción al catalanismo independentista, no augura más que se mantendrá el conflicto “sine die” y conseguir con ello que las grandes “reformas”, es decir, el ataque sistemático a los derechos sociales, no tengan coste político y pueda aplicarse con poca o nula respuesta social.
Cataluña ha sido gracias a los gobiernos conservadores de Pujol, Mas y ahora Puigdemont o Torra, la primera en experimentar recortes sociales. La derecha catalana está aprovechando el “procés” para intentar colar normas que preparen el terreno para privatizar servicios básicos para la ciudadanía. Será posiblemente la única ley que será estudiada en el Parlament de Torra. La ley se denomina “Llei de contractes de serveis a les persones “. Es una propuesta legislativa promovida por el Govern de Cataluña. Su autor es Pere Aragonès, vicepresidente del Govern y miembro destacado de ERC. Se la conoce popularmente como Ley Aragonès, aunque la puso en marcha el ahora preso Raül Romeva. La ley ha conseguido un extraño consenso: tiene en contra la mayoría de los grupos parlamentarios de la «supuesta izquierda catalana» y gran parte de la sociedad civil.
En cambio, las grandes multinacionales de servicios en España están de enhorabuena. Las más beneficiadas serían paradójicamente (ACS) cuya cabeza visible es nada menos que Florentino Pérez. Esta multinacional está muy bien posicionada en Cataluña, en especial en Barcelona ciudad. El Consistorio de Ada Colau cerró jugosos contratos desde el 2015 con esas empresas. En 2018 se renovaron por valor de 25,14 millones para Sacyr social a través de su filial Valoriza y de 29,82 millones para ACS, cuya filial es Clece. El objeto de la licitación era gestionar el servicio de atención domiciliaria (SAD) en Barcelona capital. Evidentemente, si se aprueba la ley estas grandes empresas verán incrementado su negocio. Son las únicas que pueden competir a la baja en precio.
Según los datos disponibles, desde 2015 Sacyr Social ha conseguido más de 140 millones de euros en contratos con diversos ayuntamientos catalanes, aprovechando la fiebre privatizadora de algunos de ellos. En estos momentos, estas dos grandes empresas y otras que también intentarán adjudicarse los concursos públicos están gestionando una gran parte del mercado del Servicio de Atención Domiciliaria (temas de dependencia). Con la nueva reglamentación aumentarán su dominio en el mercado catalán. El método que utilizan esas macro-empresas es sencillo: primero acceden a la licitación, porque uno de los ítems que se barema es el precio (cuanto más bajo mejor y solamente por esa cuestión ya consiguen 40% del total de la puntuación). Al hundir el precio, impiden que pequeñas empresas (como por ejemplo las AMPAS que en algunos casos dan servicio a los comedores escolares) puedan competir con ellas. También sabemos, lo hemos visto en otras ocasiones, que una vez conseguido el contrato y en posición de monopolio suben los precios y bajan la calidad.
Las administraciones públicas catalanas hace tiempo que se lanzaron a externalizar servicios. La concepción neoliberal de la economía –aquella que indica que lo privado es más eficiente– ha calado profundamente. Poco importa que los números muestren una y otra vez que es falso. Ahora ya no es imprescindible un dictamen desde la UE. Muchos de nuestros dirigentes políticos han asumido plenamente esa concepción. Hay que externalizar, hay que privatizar, hay que traspasar esos servicios a otros e intentar ahorrar. Nada de eso se cumple, lo hemos visto en los hospitales madrileños o valencianos gobernados por la derecha. Se licita el servicio, por ejemplo cirugía cardíaca, la gran empresa ofrece gestionar el servicio a bajo costo, se hunden los precios, nadie puede comprometerse por menos dinero. Posteriormente, como el presupuesto no es real y el servicio no se puede cubrir, se exige incrementar el precio del servicio o dejar de intervenir quirúrgicamente. Al final, la administración acaba por pagar más caro el servicio que prestaba anteriormente.
Cataluña, lo hemos dicho con anterioridad, es pionera en aplicar los principios de la externalización de servicios. La ley Aragonès es un ejemplo paradigmático. Pretende regular los contratos que realiza la Generalitat con entidades y empresas privadas para prestar servicios sociales considerados como básicos. La ley propone que un total de 250 servicios sean susceptibles de entrar en estos apartados, que abarcan desde la Sanidad (servicios de Cirugía y Ginecología entre otros), Educación (guarderías públicas, enseñanza preescolar, enseñanza de adultos, comedores escolares…), Dependencia (residencias para mayores…) Así, servicios que ahora presta la administración pública, por ejemplo la etapa infantil de 0 a 6 años, podrán licitarse y ser cubiertos por una empresa privada que evidentemente procurará obtener beneficios. Lo mismo ocurre con las Residencias para los mayores. Se pasaría de una gestión pública a una privada. La amplitud de los servicios que pueden ser regulados según la ley es tal que abarcan prácticamente a todos los sectores sociales.
El recorrido de la ley es largo. Lo inició Raül Romeva, se paralizó con la aplicación del 155, y ahora vuelve a estar en el candelero. En noviembre del 2018 se reinició su tramitación. Pere Aragonès ha defendido el proyecto como una norma “pionera” que busca “más calidad en el servicio, estableciendo criterios de selección que favorezcan la contratación de empresas especializadas que apuesten por la innovación”. Pero las entidades sociales (la Marea Blanca, la FAPAC, AMPAS….) ven en esta norma una puerta abierta a la privatización de los servicios que hasta ahora prestaba la administración.
Desde el primer momento la ley pretende confundir. Se nos dice que responde a una directriz emanada de la UE (Directiva europea 2014/24). No es cierto. La mencionada directriz habla de que serán los Estados los encargados de establecer el régimen jurídico que consideren “más oportuno” para prestar los servicios. En ningún momento se obliga a que sean gestionados por entidades privadas.
La ley Aragonès no plantea directamente la privatización de los servicios sino que abre la posibilidad a que la administración los licite (haga un concurso público). La Generalitat o los Ayuntamientos dejarían de gestionar esos servicios que ahora cubren. Se sobreentiende que puede ser para cualquiera de los sectores que fija la norma (prácticamente todo). Como en Cataluña ninguna ley limita o controla qué sectores pueden ser gestionados por entidades privadas se abre la puerta a que sea cualquiera. La experiencia nos enseña (lo hemos visto con los hospitales valencianos, madrileños e incluso los catalanes, muchos de ellos gestionados por Fundaciones) cómo el costo se dispara y en muchos casos las listas de espera y la calidad se resienten. La administración de la Generalitat tiene mucha prisa. En noviembre del 2018 tuvo que paralizar el Decreto de Servicios de Comedor Escolar al encontrar una fortísima oposición. Inmediatamente planteó la Ley Aragonès que, nuevamente, abría el paso a la privatización de los comedores escolares. El Govern quería prescindir de las AMPAS y de la gestión directa de la administración y permitir la concurrencia de empresas privadas.
A pesar de que el decreto fija unas condiciones que obligan supuestamente (artículo 7) a valorar la responsabilidad social en cuanto a condiciones de trabajo, salarios, derechos laborales, etc… lo cierto es que, como hemos dicho, el criterio fundamental es el precio del servicio a la baja (40% de la licitación) y, evidentemente, son las grandes empresas las más beneficiadas. Los controles que se exigen en la ley sobre sueldos, condiciones laborales de los empleados etc., son tan laxas, que en la práctica permitirán una bajada de los costes por la vía de la desregularización laboral, la precarización o la bajada de salarios.
La derecha catalana, y ERC es un partido de la derecha neoliberal, muestran nuevamente sus límites. Mientras sus dirigentes vociferan contra la España del 78 en favor de los “presos políticos”, no dudan en iniciar un ataque furibundo contra los sistemas públicos de protección social, especialmente los catalanes. En eso coinciden plenamente con el resto de la España “fascista”, como clasifican a quien no piensa como ellos. Es un negocio enorme y de difícil cuantificación. Ignoramos el nivel de penetración que se pretende con la Ley Aragonès. Estamos hablando de centenares de millones. Para eso no hay banderas, ni la roja y gualda ni la cuatribarrada. ACS, SACYR y el Independentismo han encontrado un lugar común, un punto de encuentro: el de sus intereses como clase y grupo social, oculto eso sí por el humo que proviene del “procés”. De nuevo el Independentismo y la derecha reaccionaria española confluyen, nos hacen mirar la punta del dedo para ocultarnos la luna.
Nota

1) Ha sido declarado persona “non grata” en algunos municipios catalanes por sus posturas especialmente retrógradas contra el colectivo Gay y LGTV. 2) El Obispado de Solsona tiene inmatriculadas en los últimos años más de 332 propiedades. Gracias a la ley aprobada por el expresidente Aznar que permitía a la iglesia incluir como propias en el Registro, edificaciones y terrenos que la Iglesia consideraba como propios.
Fuente: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/la-ley-aragones-el-dedo-que-oculta-la-luna/


 y ver ..
https://www.eltriangle.eu/ca/actualitat/al-carrer/ocupen-el-departament-de-treball-per-protestar-contra-la-llei-aragones_104194_102.html


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viernes, 15 de noviembre de 2019

El informe del CEPR sobre las elecciones en Bolivia .



CEPR CENTER FOR ECONOMIC AND POLICY RESEARCH


¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA
 


Por Guillaume Long, David Rosnick, Cavan Kharrazian y Kevin Cashman*

Noviembre de 2019
 


http://cepr.net/images//stories/reports/bolivia-elections-2019-11-spanish.pdf
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La resistencia al golpe en Bolivia

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, logró ingresar al Parlamento

Jaque al golpe en Bolivia


Sebastián Ochoa

lavaca.org




La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, logró ingresar al Parlamento, pese al intento policial de detenerla, y con la camisa rota y moretones anunció: “Venimos a trabajar”. La senadora de 30 años logró así dejar en evidencia que la autoproclamación de Jeanine Áñez como Presidenta es anticonstitucional. En las calles y desde El Alto, una multitud se movilizó para dejar en claro que desconoce a esta mandataria de facto y reclamar el regreso de Evo Morales. Bolivia está peleando así momentos trascendentes para las instituciones democráticas.
A tres días de la renuncia forzada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, la careta democrática de los golpistas comienza a caer. Ayer, las y los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) intentaron ingresar a la Asamblea Legislativa Plurinacional para rechazar la autoproclamación de la senadora Jeanine Áñez como nueva Presidenta. El plan era rechazar la carta de renuncia de Evo Morales y exigir su retorno al país para que retome sus funciones. La Policía intentó impedir que ingresaran a la plaza Murillo. El día anterior era Áñez quien rogaba que se acercaran al Parlamento para dar quórum. Mientras, las muertes de bolivianos en enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas y la Policía continúan en aumento.
Legisladores del MAS solicitaron a los medios de comunicación que divulguen los asesinatos de defensores de Morales en enfrentamientos callejeros. Ayer se confirmó el deceso de dos personas en Yapacaní y en Montero, poblaciones de Santa Cruz de la Sierra, mayormente campesinas. No hay un conteo oficial de los caídos en repudio al golpe. Según la Defensoría del Pueblo, hasta la mañana del miércoles eran cuatro. Según la Fiscalía General, eran seis. En El Alto dicen que son muchos más. Los medios de comunicación guardan silencio sobre estas muertes. Salvo la señal argentina Crónica TV, ningún medio estuvo ayer en la represión a balazos contra la población alteña.
Este miércoles una noticia pasó desapercibida. El jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, renunció a su cargo. De inmediato, Áñez designó una nueva cúpula militar. Kaliman había sido posesionado por Evo Morales en 2018. El domingo pasado, dejó de obedecerle y se sumó al derrocamiento. Ahora, cuando se evidencia que hay mucha gente dispuesta a salir a la calle para dar la vida por Evo, optó por retirarse. Todo parece indicar que se viene una represión más despiadada para quienes defiendan al MAS.
El domingo, cuando renunció Morales, sumaron sus renuncias unos cuarenta de sus legisladores, ministros, funcionarios de toda línea, con la intención de “pacificar el país”, pero ninguna de esas renuncias fue aceptada conforme a los procesos administrativos.
Ayer, legisladores del MAS, que hasta el 22 de enero de 2020 tienen la mayoría en ambas cámaras, intentaron llegar a la Asamblea. La policía lo impidió. Hubo forcejeos, empujones, golpes y gasificación, que terminaron con la Presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, con la ropa rota y moretones. Habiendo renunciado Evo Morales y Álvaro García Linera, constitucionalmente correspondería a ella jurar como nueva Presidenta. Quien sí lo hizo, Áñez, es la vicepresidenta segunda del Senado y al reaparecer Salvatierra en el Parlamento, no le correspondería constitucionalmente el título que ahora ostenta.
Las movilizaciones de ayer en El Alto y en La Paz reclamaron por la ilegalidad de la unción de Áñez. Organizaciones campesinas de Cochabamba y Chuquisaca, que nunca dejaron de apoyar a Morales, anunciaron que este jueves comenzarán a bloquear carreteras hasta que regrese “el Presidente”, como le siguen llamando.
En conferencia de prensa, la Presidenta del Senado Adriana Salvatierra dijo: “Han pretendido impedir el acceso a parlamentarios y parlamentarias, hemos sido violentamente agredidas, nos han golpeado, nos han gasificado. Como MAS, denunciamos la inexistencia de garantías para trabajar con tranquilidad en nuestras acciones parlamentarias. Es la clara muestra de la violencia que están dispuestos a ejercer. Anoche en el Parlamento no tuvieron quorum, por lo cual lo que hicieron es una ilegalidad a toda costa. Es más ilegal aun, cuando este ejercicio se complementa con violencia física hacia los parlamentarios. Queremos paz para las y los bolivianos. Pero esa paz no puede existir si no existen garantías para la vida. El presidente Evo Morales ha sido claro: no queremos que exista violencia. Antes de que salgan fuerzas militares a las calles, él prefirió retirar su presidencia del Estado.
Más tarde, subió un video a sus redes sociales, donde dio dos mensajes: “Primero, soy una persona sumamente respetuosa de los símbolos patrios, por supuesto de la bandera nacional y de la wiphala. No soy una persona que quema wiphalas, que saca wiphalas de los lugares centrales donde merecen estar”, dijo en referencia a las y los golpistas.
“El segundo mensaje fundamental, es que estamos iniciando una lucha por la recuperación de la democracia y contra el Golpe de Estado. Y eso, así como nuestra bandera, debe ser la lucha que una a todo el pueblo boliviano”, concluyó.
Ayer, el multitudinario cabildo en la ciudad de El Alto finalizó con la lectura de una declaración, en la cual sostuvieron que “nos quieren someter como en anteriores dictaduras. Por eso el pueblo alteño se levanta contra el Golpe de Estado provocado por la derecha racista”. En ese documento, exigieron “la renuncia inmediata de la senadora Jeanine Áñez Chávez, por golpista y autonombrarse Presidenta del Estado a sabiendas de que es ilegal e ilegítima su posesión”. Y advirtieron que “en caso de no ser escuchados, tomaremos medidas drásticas con movilizaciones y nos declararemos en Paro Cívico en la ciudad de El Alto”. Como firma, el clamor que se hizo conocido en 2003 y ahora vuelve a resonar: “El Alto de pie, nunca de rodillas”.
Quién es la mandataria de facto
El martes por la noche, la senadora Jeanine Áñez ingresó al Palacio Quemado a tomar posesión de las oficinas presidenciales, llevando en alto una enorme Biblia. A partir de la viralización de varios de sus tweets, es de público conocimiento su desprecio por los indígenas. Ahora está borrando esos mensajes, que aún persisten en capturas de pantalla. El que más circuló, de abril de 2013, reza: “Sueño con una Bolivia libre de ritos satánico (sic) indígenas. La ciudad no es para los indios, que se vayan al Altiplano o al Chaco”.
Hace 52 años nació en San Joaquín, departamento de Beni. Esta región amazónica, junto con Santa Cruz, poseen más del 50 por ciento del territorio nacional. Tanta tierra es usada mayormente por la agroindustria cruceña y por la ganadería beniana, cuyos intereses Áñez siempre defendió.
Ingresó a la política en 2006, como constituyente en la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución actual, aprobada en 2009 y que incluye varios símbolos indígenas en la administración y gestión del Estado Plurinacional. Desde 2010 es senadora por el partido de derecha Unidad Demócrata. Es Licenciada en Derecho. Y está en contra del aborto legal.
Fuente: http://www.lavaca.org/portada/bolivia-jaque-al-golpe/
      …………. Más tarde ...




El partido de Evo Morales recupera el control del Senado y alivia el riesgo de una bifurcación institucional en el país

El Senado ha elegido por unanimidad este jueves como presidenta a Eva Copa, del Movimiento al Socialismo, que se suma al nombramiento en la Cámara de Diputados de Sergio Choque, también del partido de Morales


Se desata la furia popular

El pueblo boliviano rechaza el golpe de Estado


Eduardo Paz Rada

Rebelión




El intento de “regularizar” el golpe de estado en Bolivia por parte de los jerarcas militares con los representantes de la derecha oligárquica, apadrinados por Donald Trump y sus operadores regionales establecidos en Miami y el Departamento de Estado, ha desatado la furia popular en las calles y caminos de todo el país, particularmente en el eje troncal de La Paz, El Alto, Norte Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, defendiendo la democracia y poniendo el jaque a militares, policías y a la “Guaidó boliviana” escogida como ficha para aparecer como presidenta. A la bronca por el golpe dado a Evo Morales el pasado 10 de noviembre, quien debía terminar su mandato el 22 de enero próximo, ahora se ha sumado el malestar y protesta por los actos de grupos policiales y políticos conservadores de haber quemado y pisoteado la whipala, emblemática bandera de la identidad indígena elevada a símbolo nacional de la patria. Este hecho trajo a la memoria las declaraciones de Jeanine “Guaidó” Añez que manifestó su rechazo a la whipala después que la Asamblea Constituyente de 2009 la convirtió en símbolo.
La lucha popular se expresa en decenas de miles de obreros, campesinos, comerciantes, informales, indígenas, villeros y vecinos, hombres y mujeres por igual, junto a ancianos y niños, y se ha cobrado la vida de al menos seis personas sin que los medios de comunicación controlados y manipulados den la información. Inclusive en la región de Yapacani (camino de Cochabamba a Santa Cruz) los militares han preparado trincheras de guerra para intentar frenar a los colonizadores de la región.
Hasta ahora el pueblo de la ciudad de El Alto, bastión de la rebelión popular de octubre de 2003 que tiró abajo a los gobiernos neoliberales y a sus partidos, nuevamente se ha convertido en la vanguardia de lucha movilizando a las masas mas excluidas y marginadas, las que en los últimos tres días se han desplegado hacia el centro de la ciudad de La Paz y asedian los palacios ejecutivo y legislativo. A su vez, los campesinos han iniciado el cerco a las ciudades principales restringiendo el comercio de productos básicos de consumo y cerrando totalmente la circulación de vehículos en las carreteras.
Se moviliza todo el país
En el Norte de Potosí, Uncía y Llallagua, donde confluyen los ayllus o comunidades ancestrales con los trabajadores mineros, el control territorial ha obligado al repliegue de los efectivos policiales y militares, mientras que en las ciudades principales han sido incendiadas más de una decena de cuarteles policiales porque el movimiento popular considera que sectores policiales han traicionado al pueblo y a la democracia con su motín del sábado pasado.
En el sur de Cochabamba los barrios populares han desarrollado masivas manifestaciones que fueron reprimidas por las fuerzas conjuntas de policías y militares, aunque sectores militares se negaron a tomar medidas y protegieron a los manifestantes en el cuartel cercano a la Tamborada, acto parecido se produjo en Oruro, donde los soldados se negaban a salir afirmando que no pueden atacar a su pueblo porque ellos vienen del mismo. El segundo de los dirigentes cocaleros de la región del Chapare, Andrónico Rodriguez, convocó a una movilización nacional y ha anunciado que la movilización de los cocaleros será total controlando un territorio que articula el oriente y el occidente del país.
Esto ha generado bloqueos en Parotani, carretera que vincula a Cochabamba con La Paz y Oruro, y en la región el altiplano andino, por una parte, y la realización de manifestaciones en Montero, cerca a la ciudad de Santa Cruz, y en la ciudad de Cochabamba, al centro del país, por otra.
Evolución de la escalada
El golpe en cascada o bola de nieve estuvo orientado por el dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien impulsó concentraciones masivas en la Plaza del Cristo en esa ciudad, rechazando los resultados electorales del 20 de octubre calificados de fraudulentos y pidió la renuncia del presidente Evo Morales. Su acción fue acompañada también con bloqueos urbanos y manifestaciones masivas de los sectores medios y acomodados, principalmente, en varias ciudades del país, las que fueron ampliándose hasta culminar con el motín policial en Cochabamba el sábado 9 de noviembre. Inclusive se incendiaron los edificios de varios Tribunales Departamentales Electorales y de Gobernadores y Alcaldes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Al día siguiente Camacho ingresó al Palacio de Gobierno en la Plaza Murillo donde dejó una biblia, una bandera y una carta (borrador de renuncia del presidente) y poco después el Alto Mando Militar pidió la renuncia del presidente consolidando el golpe de estado a pesar del pedido de Morales de realizar un dialogo nacional. El discurso de Camacho se caracteriza por el anticomunismo, la exacerbación cristiana, la crítica a la dictadura de Morales y la restitución de la democracia en el país. No dejó de hacerse la analogía de la colonización española con la cruz y la espada sobre los indígenas.
Los parlamentarios conservadores, una minoría tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, vulnerando la Constitución y las leyes, impulsaron a que la senadora Jeanine Añez se autoproclamara presidenta del Estado en una reunión sin quórum de parlamentarios, tomando el Palacio de Gobierno y acelerando la posesión de un nuevo Alto Mando Militar y convocando a la pacificación nacional ante la violencia que se generaliza en el país. Esta situación ha sido respondida con una reunión paralela y mayoritaria de senadores y diputados “masistas” desconociendo las decisiones ilegales y abriendo una situación de alta incertidumbre.
Mientras el presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador junto al electo presidente de Argentina, Alberto Fernandez, conseguían con grandes dificultades que Evo Morales viaje y se asile en la capital mexicana y reivindicaban la integración soberana y solidaria de América Latina y el Caribe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “festejaba” la salida de Morales. De hecho, en Bolivia tambalea el golpe de estado.
Eduardo Paz Rada. Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.

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El litio de Bolivia y el golpe incivico militar .

El litio de Bolivia y la urgencia de un golpe

Vijay Prashad
Brasil de Fato 


El presidente de Bolivia Evo Morales fue derrocado por un golpe militar el 10 de noviembre. Ahora está en México. Antes de ser obligado a dejar la presidencia estuvo dedicado a un amplio proyecto de llevar democracia económica y social a su largamente explotado país. Es importante recordar que Bolivia ha sufrido una serie de golpes de Estado, a menudo encabezados por los militares y la oligarquía en nombre de las empresas mineras transnacionales. Inicialmente, eran empresas de estaño, pero el estaño ya no es el objetivo principal en Bolivia. El objetivo principal son sus enormes depósitos de litio, cruciales para los automóviles eléctricos.
Durante los últimos 13 años, Morales ha tratado de construir una relación diferente entre el país y sus recursos naturales. No quería que esos recursos beneficien a las transnacionales mineras, sino a su propia población. Parte de esa promesa se cumplió ya que ha disminuido el porcentaje de pobreza y la población boliviana ha mejorado sus indicadores sociales. La nacionalización los recursos combinada con el uso de sus ingresos para financiar el desarrollo social ha desempeñado un papel importante. La actitud del gobierno de Morales hacia las empresas transnacionales produjo una áspera respuesta por parte de ellas, muchas de las cuales llevaron a Bolivia ante los tribunales.
En el transcurso de los últimos años, Bolivia ha luchado por aumentar las inversiones para desarrollar sus reservas de litio de forma que devuelvan la riqueza del país a su gente. El vicepresidente de Morales, Álvaro García Linera, dijo que el litio será «el combustible que alimente al mundo». Bolivia no pudo llegar a acuerdos con empresas transnacionales occidentales; entonces decidió asociarse con empresas chinas. Esto hizo vulnerable al gobierno de Morales. Había entrado en la nueva Guerra Fría entre Occidente y China. El golpe contra Morales no se puede entender sin una mirada a este enfrentamiento.

Choque con las empresas transnacionales

Cuando Evo Morales y el Movimiento al Socialismo asumieron el poder en 2006, el gobierno inmediatamente intentó deshacer décadas de robo por parte de las empresas mineras transnacionales. El gobierno de Morales se apoderó de varias de las operaciones mineras de las empresas más poderosas, como Glencore, Jindal Steel, Anglo-Argentinian Pan American Energy y South American Silver (ahora TriMetals Mining). Envió el mensaje de que las cosas no iban a continuar como antes.
Sin embargo, estas grandes empresas continuaron con sus operaciones –basadas en contratos antiguos– en algunas zonas del país. Por ejemplo, la transnacional canadiense South American Silver había creado una compañía en 2003 –antes de que Morales llegara al poder– para explotar en Malku Khota, en busca de plata e indio (un metal de tierras raras utilizado en televisores de pantalla plana). South American Silver comenzó entonces a extender el alcance de sus concesiones. La tierra que reclamaba está habitada por indígenas bolivianos, que argumentaban que la compañía estaba destruyendo sus espacios sagrados, así como promoviendo una atmósfera de violencia.
El 1 de agosto de 2012, el gobierno de Morales, mediante el Decreto Supremo No. 1308 anuló el contrato con la South American Silver (TriMetals Mining), que entonces buscó arbitraje internacional y compensaciones. El gobierno canadiense de Justin Trudeau –como parte de un movimiento más amplio a favor de las compañías mineras canadienses en Sudamérica– ejerció una presión inmensa sobre Bolivia. En agosto de 2019, TriMetals alcanzó un acuerdo con el gobierno boliviano por 25,8 millones de dólares, aproximadamente una décima parte de lo que había exigido anteriormente como compensación.
Jindal Steel, una corporación transnacional india tenía un viejo contrato para extraer mineral de hierro en Bolivia, en El Mutún, un contrato que el gobierno de Morales suspendió en 2007. En junio de 2012, Jindal Steel rescindió el contrato, buscó arbitraje internacional y una compensación por su inversión. En 2014 ganó 22,5 millones de dólares de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Paris. En otro caso, Jindal Steel exigió una compensación de 100 millones de dólares.
El gobierno de Morales confiscó tres instalaciones de la empresa minera transnacional con sede en Suiza, Glencore, estas incluyen una mina de estaño y zinc, así como dos fundiciones. La expropiación de la mina tuvo lugar luego de que la subsidiaria de Glencore se enfrentara violentamente con los mineros.
De manera más agresiva, Pan American demandó al gobierno boliviano por 1.500 millones de dólares por la expropiación de su participación en la Petrolera Chaco hecha por la compañía estatal de energía. Bolivia llegó a un acuerdo por 357 millones de dólares en 2014.
La escala de estos pagos es enorme. En 2014 se estimó que los pagos privados y públicos hechos para la nacionalización de estos sectores clave ascendían por lo menos a 1.900 millones de dólares (El PIB de Bolivia era de 28.000 millones de dólares en ese momento).
En 2014, hasta el Financial Times, estuvo de acuerdo en que la estrategia de Morales no era del todo inadecuada. «La prueba del éxito del modelo económico de Morales es que desde que llegó al poder, ha triplicado el tamaño de la economía al tiempo que ha logrado un récord en reservas de divisas».

Litio
Las reservas clave de Bolivia son de litio, que es esencial para los automóviles eléctricos. Bolivia afirma tener el 70% de las reservas mundiales de litio, sobre todo en el Salar de Uyuni. La complejidad de esta minería y su procesamiento ha significado que Bolivia no haya sido capaz de desarrollar la industria del litio por sí misma. Se requiere de capital y experticia.
El Salar está a 3.600 metros sobre el nivel del mar y recibe altas precipitaciones. Esto dificulta utilizar evaporación solar. Soluciones más simples ya están disponibles para el desierto de Atacama en Chile y para Hombre Muerto en Argentina. En Bolivia se necesitan soluciones técnicamente más complejas, lo que significa que se requiere más inversión.
La política de nacionalización del gobierno de Morales y la complejidad geográfica del Salar de Uyuni ahuyentaron a varias empresas mineras transnacionales. Eramet (Francia), FMC (Estados Unidos) y Posco (Corea del Sur) no pudieron hacer negocios con Bolivia y ahora operan en Argentina.
Morales dejó claro que cualquier desarrollo del litio tenía que hacerse con su compañía minera nacional, la COMIBOL y con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), su compañía nacional de litio como socias paritarias.
El año pasado la empresa alemana ACI Systems llegó a un acuerdo con Bolivia. Después de protestas de los residentes en la región del Salar de Uyuni, Morales canceló el acuerdo el 4 de noviembre de 2019.
Empresas chinas –como TBEA Group y China Machinery Engineering– llegaron a un acuerdo con YLB. Se dijo que Tianqui Lithium Group de China, que opera en Argentina, iba a llegar a un acuerdo con YLB. Tanto las inversiones chinas como la Compañía Boliviana de Litio estaban experimentando con nuevas formas de extraer el litio y de compartir las ganancias del litio. La idea de que hubiera un nuevo pacto social para el litio era inaceptable para las principales compañías mineras transnacionales.
Tesla y Pure Energy Minerals (Canadá) mostraron ambas gran interés en tener una participación directa en el litio boliviano. Pero no pudieron llegar a un acuerdo que tuviera en cuenta los parámetros establecidos por el gobierno de Morales. El propio Evo fue un impedimento directo para que las empresas transnacionales no chinas se hicieran cargo de los campos de litio. Tuvo que irse.
Después del golpe, las acciones de Tesla aumentaron astronómicamente.
Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2019/11/12/articulo-or-el-litio-boliviano-y-la-urgencia-de-un-golpe/
Edición: y traducción: Pilar Troya

 Y  ver ...
Denuncian que la OEA 'fabricó' el informe de un supuesto fraude electoral en Bolivia

Ese informe sirvió de base y de coartada a los opositores al expresidente Evo Morales para forzar su salida del poder.



https://www.celag.org/sobre-la-oea-y-las-elecciones-en-bolivia/

AL IGUAL  ..
http://cepr.net/images/stories/reports/bolivia-elections-2019-11.pdf?v=2


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jueves, 14 de noviembre de 2019

La normalización pública de Vox .





Felipe VI saluda a Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros.
Felipe VI saluda a Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros en Cabrales ,Asturias . (1)
Lo ‘normal’ crece



 Francesc-Marc Álvaro



Vox ha sido tratado por la mayoría de los partidos políticos y grandes medios como una opción normal y el resultado de ello es que una parte con­siderable de electores han pensado que, efectivamente, se trata de una opción perfectamente normal. No son necesarios sesudos estudios académicos para concluir que, si nos dedicamos a normalizar al fas­cismo, lo que ocurre es que el fascismo se convierte en normal y se agranda. Es lo que ha ocurrido en España en las últimas elecciones generales.



El debate que organizó la Academia de Televisión durante la campaña fue un ejemplo de la actitud errónea del resto de partidos ante los ultras, con la excepción de Podemos. Sólo los de Pablo Iglesias y los nacionalistas y soberanistas vascos y catalanes (ausentes del mencionado debate) se atreven a desmontar el discurso tóxico y falaz (con frases tomadas directamente del credo falangista) de Santiago Abascal y su camarilla. Es grave que ni socialistas ni populares repliquen de forma contundente la retahíla de propuestas inquietantes que emiten los dirigentes de Vox.

En España, la derecha extrema no puede dejar de ser franquista, es su tradición y su filiación

En el terreno de la sociedad civil, llama la atención la escasez de voces relevantes del mundo económico y empresarial que han expresado su preocupación por el aumento espectacular del número de escaños de Vox, algo que contrasta con las diversas manifestaciones reticentes o abiertamente contrarias al acuerdo de gobierno entre socialistas y podemitas. ¿Por qué determinadas elites dan tan poca importancia a 52 diputados ultras? Algunas fuentes conocedoras del Madrid de la pomada me ofrecen una perspectiva que no se ve desde Catalu­nya: en el núcleo dirigente de Vox están varios personajes que, por apellido y posición social, forman parte de los círculos capitalinos de poder e influencia, figuras (antes cercanas al PP) que se han puesto el casco y las botas del neofascismo sin abandonar los salones donde son recibidos con total normalidad. Según un buen conocedor de este escenario, “la normalización pública de Vox viene precedida por la normalización inadvertida en los entornos donde sus impulsores son tratados, desde siempre, como elementos para nada marginales”.

Otro frente de normalización de la oferta ultra proviene de esos ejercicios de clasificación recreativa a los que se prestan algunos intelectuales que afirman que Vox no es franquista ni fascista, que sólo se trata de imitadores de Salvini o de extremistas modernos. ¿Por qué gente ilustrada se dedica a quitar hierro a una organización que es mucho más que nacionalpopulista? Para estos profesionales del lenguaje y las ideas no sería complicado rastrear los trazos de retórica franquista, falangista y nacionalcatólica que impregnan los mensajes de Vox, por encima y por debajo de los discursos simplistas sobre inmigración, globalización y políticas de género, copiados de sus homólogos europeos. No deja de ser chocante que muchos de los que califican a Quim Torra de “supremacista” sean tan moderados a la hora de etiquetar a los de Abascal.

Que Vox tenga en sus filas a expertos en batallas culturales con capacidad para imitar lo que hacen los ultras italianos, franceses y polacos no les aleja ni un ápice de los restos de franquismo social y cultural que existen por las Españas, y que ahora se sienten llamados por una marca que adoptan como la puesta al día de su universo sentimental e ideológico. Es obvio que no todos los que votan Vox son ni se consideran franquistas, pero Vox no tendría sentido si no guiñara el ojo a los que todavía justifican la dictadura. En España, la derecha extrema no puede dejar de ser franquista, es su tradición y su filiación, desde los tiempos de Fuerza Nueva (con el notario Blas Piñar al frente) hasta Vox, por mucho que algunos de sus ideólogos se consideren finos neocons de inspiración estadounidense. Por eso ondea su gran obsesión con los catalanes y vascos, como base de la supuesta anti-España, elemento constitutivo de su proyecto político. Vox añade al enemigo exterior de todos los neofascistas europeos (la inmigración) el enemigo interior (los independentistas catalanes y, por extensión, lo catalán y lo vasco como sospechoso y anómalo), al que hay que eliminar. La noche electoral el eslogan más coreado ante la sede de Vox fue “a por ellos”.

Mucho se ha hablado de Vox como producto crecido a raíz del proceso catalán, hasta el punto de presentar a los soberanistas como responsables del despertar del monstruo. Está claro que la crisis catalana ha servido para avivar las brasas del fascismo cañí, pero no debe olvidarse el papel esencial que ha tenido Ciudadanos preparando la pista de aterrizaje de los ultras. El españolismo hipercentralista, uniformista y excluyente de la formación de Albert ­Rivera (como antes el de UPyD) calentó al personal con un discurso diario de odio hacia el catalanismo y el vasquismo, repleto de mentiras, difamaciones y campañas para desacreditar partidos, dirigentes e instituciones. La ironía amarga es que Vox ha acabado devorando a quienes, sin saberlo, crearon el marco propicio para que Abascal entrara al galope.


 https://www.lavanguardia.com/opinion/20191114/471587838919/lo-normal-crece.html


 Nota sobre la foto (1)
https://www.elespanol.com/reportajes/20191020/rocio-monasterio-consiguio-ansiada-reyes-mandada-publico/437956985_0.html
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El “bolsonaro boliviano” .




¿Quién es Luis Fernando Camacho, el hombre que encabeza el golpe de Estado en Bolivia ?

 

El “bolsonaro boliviano” .Camacho, líder de facto de las protestas, defendió “el regreso de la Biblia al palacio” .

Camacho, líder de facto de las movilizaciones, rechazó presentar una candidatura para las elecciones. Pero su discurso ante una multitud de bolivianos de tez casi exclusivamente blanca en un país en el que el 60% de la población es indígena parecía el de un activista que ya huele el poder.

Por si cabía duda de que la nueva derecha latinoamericana se parece mucho a la vieja, Camacho terminó su discurso con la promesa de que “Bolivia va a ser la esperanza de todos los países que viven con el comunismo”.  Y compareció debajo de la imponente estatua del Cristo Redentor en el centro de la ciudad con el emblema de la ciudad –la cruz de Felipe IV de España y de los conquistadores– estampado en su polo blanco y un rosario en la muñeca. Ante decenas de miles de seguidores, defendió “el regreso de la Biblia al palacio presidencial”.
 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191114/471587757195/bolivia-evo-morales-mexico-jeanine-anez-elecciones.html

    

ver   https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/10/luis-fernando-camacho-el-fundamentalista-religioso-que-lidero-el-golpe-en-Bolivia/


¿Quién es Luis Fernando Camacho, el hombre que encabeza el golpe de Estado en Bolivia y que promete que 'Dios volverá al Palacio'?

Este domingo ingresó por la fuerza al Palacio de Gobierno a dejar una carta al Ejecutivo con una bandera de Bolivia y una Biblia.
..

 ver https://actualidad.rt.com/actualidad/333279-perfil-luis-camacho-golpe-estado-bolivia

    Sospechoso de corrupción en los documentos de Panamá, el líder del golpe boliviano dice instruido por Ernesto Araújo
Luis Fernando Camacho, quien convocó a los militares para un golpe de estado en Evo Morales, fue recibido por Ernesto Araújo, canciller de Bolsonaro, en mayo. El líder de la oposición posee compañías offshore que figuran en el caso de los Papeles de Panamá, que es investigado por Lava Jato en Brasil
….

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Suspeito de corrupção no Panama Papers, líder golpista ...


https://revistaforum.com.br › global › suspeito-de-corr...


  1. En caché
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La represión a las protestas contra el golpe de Estado marcan el primer día de Áñez tras su autoproclamación en Bolivia


 
https://actualidad.rt.com/actualidad/333624-gases-lacrimogenos-balas-goma-sobrevue

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