La ficción patriótica va en negrita
En el escrito de acusación de la Fiscalía, algún duende de la
imprenta, o de la toga, ha decido resaltar con negritas algunos párrafos
determinados
Es una práctica poco común, más allá de los encabezamientos y los subtítulos de los documentos judiciales
Es una práctica poco común, más allá de los encabezamientos y los subtítulos de los documentos judiciales
Tras la tempestad, tras
las prisas, no sé si han reparado con extrañeza en que en el escrito de
acusación de la Fiscalía algún duende de la imprenta, o de la toga, ha
decido resaltar con negritas algunos
párrafos determinados. Es una práctica poco común, más allá de los
encabezamientos y los subtítulos de los documentos judiciales. Los
fiscales y los jueces no tienen que vender sus argumentos y saben que
cuentan con la total atención de los que les leen. Sílaba a sílaba a
veces, por ver dónde es atacable la construcción o dónde cabe un
recurso. Así que, me dije, puede que tenga un significado esotérico.
Probé a leer sólo lo subrayado por los fiscales. Hice bien. Es como si
hubieran decidido remarcar la parte más ficcional del documento, aquella
que construye en sí misma un relato que es necesario para apoyar sus
intenciones pero que se despega del resto. Aún hice otra cosa más.
Busqué la moleskine con mis apuntes de aquellos días en directo. La
maratón informativa me llevó de Antena 3 a La Sexta de La Sexta a
Telemadrid o a Onda Cero. Fueron días intensos informativamente. En mis
notas aparecen discursos de los protagonistas, notas sobre los
reporteros que estaban en directo, comentarios de mis compañeros de la
banda contraria de la tertulia para ser refutados. Comparé ambos textos.
No hay duda. La ficción se escribe con
negritas. La realidad construida por la Fiscalía en su acusación se
convierte en una construcción ajena al tiempo y al espacio. La Fiscalía
vivió aquellos hechos en otra dimensión. Los fiscales acusadores, y el
difunto Maza a la cabeza, vivieron aquellos momentos desde otra
perspectiva extracorpórea, puesto que vieron lo que nadie vio, vivieron
lo que nadie vivió, temieron lo que nadie temió.
Vayan a las hemerotecas. Busquen las transmisiones, los comentarios, los
debates acalorados. Traigan al preclaro periodista o político o
gobernante o monarca que vio la rebelión violenta mientras sucedía.
¡Oigan, ni Cristo se dio cuenta! ¿Saben lo único que se discutía
entonces? Lo único que se discutía era si los acontecimientos que se
estaban produciendo eran suficientes para activar
un artículo de la Constitución, que se consideraba de extremada gravedad
usar, y que estaba pensado para responder a casos como este de
vulneración de la legalidad. Nadie hablaba de una acción penal. Nadie.
No he encontrado ni un sólo momento en el que tuviera que hablar ni
discutir ni rebatir a nadie que me hablara de un golpe de Estado. En
absoluto.
Así que nadie se dio cuenta de la rebelión violenta. No
la vieron los periodistas ni los políticos de la oposición, pero, sobre
todo, no la vio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ni su
gobierno. En aquel momento de lo que se hablaba mucho era de la
“coacción estatal”, el principio del ordenamiento jurídico alemán del
que está copiado el artículo 155 de la Constitución. No es hasta el día
21 de octubre en que se comienza a hablar por parte de la Fiscalía
General del Estado de una posible acusación por rebelión “si Puigdemont
lleva a cabo la declaración unilateral de independencia”, que se agita
como un espantajo para que no pase algo que no ha pasado aún, según
parece. De facto el 155 se aplicó y no se produjo ni el más mínimo
altercado. El golpe.
Su Majestad, tampoco se había
enterado de la rebelión violenta cuando interviene el día 3 de octubre.
Así pronuncia la siguiente frase: “Ha vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente.
Se ha situado al margen del Estado de Derecho y de la democracia”.
Frente a su padre, Juan Carlos I, que afirmó el mismo 23-F: “La Corona
no puede tolerar de forma alguna acciones o actitudes que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático”. En negritas se lo pongo, como si fuera fiscal del Supremo.
En esas dos frases tienen toda
la diferencia. Felipe VI habló todo el tiempo de la vulneración de la
norma constitucional -y el instrumento previsto para combatir eso es el
artículo 155 de la CE- mientras que su padre se refirió a la ruptura de
la democracia mediante la fuerza. ¡Coño, parece que él sí se dio cuenta!
Ambos fueron exactos. Hubo intento violento de acabar con la democracia
en el golpe del 81 y hubo desobediencia de los mandatos
constitucionales en Cataluña. ¿Qué tiene que ver esto con la acusación
jurídicamente obscena que realiza ahora la Fiscalía? En este sentido les
recomiendo la traca final contenida en un último párrafo en negrita que sintetiza muy bien lo que les digo, al loar la intervención real (en un escrito de acusación). Así que “ dos días después
de la votación”, el Rey se dirige a los españoles, ya que la gravedad
del golpe de Estado no le hizo hablar en ese mismo momento, como su
padre, sino que espero 48 horas con la rebelión en marcha, se supone, y
con esta glosa de pimpampum y que no pinta nada en un documento fiscal,
termina un escrito que contiene párrafos claramente políticos y otros
claramente delirantes. No entiendo cómo no terminan de meter en la
conspiración a un presidente del Gobierno que ante la clara violencia
ejercida en la rebelión no movió un dedo, ni ante el jefe del Estado que
aguardó dos días para decir nada. Se les habrá pasado.
También refuerzan con esta tipografía los tiempos verbales que resultan
anómalos en un relato de hechos que acusa y pide una caterva de años.
El terrible condicional. Así la violencia necesaria para tal rebelión
gira en la negrita en torno a “17.000 efectivos de mossos que acatarían exclusivamente sus instrucciones y que, llegado el caso, podrían proteger coactivamente sus objetivos criminales”.
Así que ni el caso llegó ni protegieron nada coactivamente, pero en
negrita lo tenemos, eso unido al disloque de que la independencia sea un
objetivo criminal en una democracia que tiene en su seno legalmente
partidos independentistas.
No menos grave resulta
este resalte cuando se utiliza para transformar en criminales
actividades lícitas en toda democracia como son las concentraciones y
manifestaciones de protesta o de reclamación. “El apoyo de la sociedad civil
movilizada podría constituir igualmente un factor decisivo a la hora de
forzar negociaciones con el Estado”, subrayan en negrita como frase
relevante para una acusación criminal como sucede con “hicieron reiteradas llamadas públicas para que la ciudadanía acudiera a votar”.
La acusación es una aberración y una construcción ficcional y
voluntarista sobre unos hechos que no encajan en el tipo de la rebelión y
que se llevó a cabo inicialmente para conseguir inhabilitar a unos
determinados políticos y dejarlos fuera de juego en las elecciones
convocadas tras la aplicación del 155. Política, hecha con togas. Ahora
toca sostenerla y no enmendarla. Veremos si hasta el final. ¿Cómo
quieren que los tribunales extranjeros no tropiecen contra esa
evidencia? Y digo eso porque mucho me temo que los magistrados de la
Sala Segunda andan sumidos en la misma bruma quimérica. Desde luego, si
quieren saber lo que pasó aquellos días, les aconsejo más cualquier bloc
de notas de un periodista que la acusación presentada por el ministerio
público, obligado si no me equivoco a defender la legalidad.
Me da miedo todo esto como debe dárselo a cualquiera que no esté por la
labor de meterse en la masa borreguera de la venganza y el escarmiento.
Y no porque me importe una higa el planteamiento de los
independentistas catalanes ni porque lo apoye sino porque no sé si lo
que se derive de este juicio será un golpe definitivo al Estado de
Derecho del que sí es mi país: España. Y esa sí es una inquietud patriótica
Abundan los miradores y los paneles informativos sobre la riqueza de fauna y flora de la zona, pero ningún indicador nos advierte de lo que ocurrió aquí el 22 de octubre de 1965, de la muerte espantosa de más de setenta trabajadores en aquel día odioso. Una pintada hecha a mano, en la parte trasera de una señal de tráfico, que apunta a un camino adyacente es el único rastro que encontraremos: Monolito. El acceso está cortado con una cadena y en la senda no hay huellas recientes. Una manta de hojas y retamas conducen al pequeño monumento alzado por iniciativa de Los Niños del Salto en un otero cercano al pantano del Tiétar. La placa se instaló el 5 de marzo de 2016 pero, a pesar de que han transcurrido más de dos años, se ve que a las autoridades no les ha dado tiempo todavía de señalizar convenientemente el lugar de homenaje.
Los Saltos de Torrejón se convertirán en una gran obra de ingeniería, que aprovecha las aguas del río Tajo y el Tiétar mediante un trasvase desde ambos ríos hacia una única central hidroeléctrica. En los ocho años que dura la obra, trabajarán en ella más de 4.000 personas, en su mayoría procedentes de las localidades más cercanas, como Malpartida de Plasencia, Torrejón, Serradilla, Jaraicejo o Arroyo de la Luz. Pero además, los pueblos vecinos a la presa se llenan de “salteros”, que proceden de otras zonas de Extremadura y de España. “Primero se empezó a ir en bicicleta, luego se iba en camiones y al final pusieron autocares”, recuerda Filomeno Rubio, vecino de Malpartida, que trabajaba en la presa en tareas de sondeos y cimentación. Las condiciones de trabajo serán de una extraordinaria dureza. Valgan como muestra dos datos: las jornadas laborales son de 12 horas diarias y los trabajadores no tienen derecho a vacaciones, sólo se para el 1º de mayo, que se instituye como el día de fiesta en El Salto de Torrejón.
La muerte y el olvido
Una enorme conmoción recorre todos los pueblos de la comarca, pero los mandarines del franquismo tienen clarísima su estrategia desde el primer momento: ocultación, silencio, minimización de los hechos. “Un muerto y varios heridos en accidente en la presa de Torrejón”. Ese es el titular del diario HOY y de la generalidad de la prensa al día siguiente. A pesar de que la tragedia se ha desencadenado a las nueve de la mañana y de que durante toda la jornada han ido apareciendo decenas de cadáveres, los periódicos empequeñecerán los efectos devastadores del accidente. La catástrofe de la presa de Ribadelago está en la memoria colectiva –ocurrió el 9 de enero de 1959- y el régimen no está dispuesto a un nuevo escándalo internacional. El NO-DO del 1 de noviembre de aquel año abre con la fiesta de las debutantes, un baile de las jóvenes de la burguesía en Barcelona, y menciona el accidente de los Saltos, dedicándole a la noticia 37 segundos. “La impetuosa corriente arrastró gran número de víctimas” se limita a afirmar, cuando han transcurrido ya diez días desde el siniestro.
En junio de 2007, las hijas de Agustín Oliva Sanguino, vecino de Arroyo de la Luz, encontraban la lápida de su padre en el cementerio de Toril. Dos meses después del accidente el juez de Navalmoral había solicitado que los familiares de Agustín se desplazaran hasta Toril para identificar el cuerpo pero, según parece, la carta fue a parar a la hermana del finado, que no sabía leer. Se da la circunstancia de que en el cementerio de Toril, junto a la tumba de Agustín Oliva, hay otras seis sepulturas más de personas en circunstancias similares, así como una fosa común. Como indicaron las hijas, María Victoria y Felisa, “puede haber otras seis familias como nosotras”.
