jueves, 10 de mayo de 2018

Macri hunde a Argentina en la miseria


 Argentina. Se otorgaron créditos impagables para cobrarlos en especie


  Carlos A. Larriera

Tiene que haber una explicación. Probablemente estaba en la estrategia del gran capital que sucediera esto. Se puede pensar que la finalidad era cobrar una deuda impagable en especie, es decir en bienes materiales.

En general no hay una explicación sobre las razones del gobierno para haberse colocado prácticamente en un callejón sin salida.

La deuda externa en divisas es impagable. Los Lebacs y sus intereses son impagables.[i] El gobierno cuenta únicamente con la renovación constante de estos préstamos. Pero los capitalistas sólo seguirán prestando mientras el riesgo no sea mayor que la ganancia esperada.

Y cuando opinan que el deudor, en este caso el gobierno, está agotando su capacidad de pago de las deudas dejan de prestarle preventivamente, y sobreviene una crisis como la del 2001, cuando los acreedores externos dejaron de refinanciar la deuda.

Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, respondiendo también a otras causas, como el aumento de las tasas de interés de los bonos del gobierno de los Estados Unidos, bonos que son los que tienen habitualmente mayor demanda inversora, porque subsiste la confianza en la capacidad de pago de los EE.UU, que es el único país en el mundo que puede emitir moneda sin respaldo alguno.

Que el gobierno cometa errores de todo tipo no sería novedad. Pero que el gran capital que es su mandante no haya operado para corregirlos a tiempo es a primera vista, bastante extraño. Sabían que estaban prestando dólares que no se podían pagar, y sin embargo lo siguieron haciendo durante un tiempo.[ii]

Tiene que haber una explicación. Probablemente estaba en la estrategia del gran capital que sucediera esto. Se puede pensar que la finalidad era cobrar una deuda impagable en especie, es decir en bienes materiales. El gobierno ya recurrió por ayuda al FMI, que funciona en lo esencial bajo la directivas de EEUU, y entonces de alguna manera éste en algún momento le hará saber al gobierno que si no puede pagar en divisas lo tendrá que hacer en bienes físicos. Algo semejante a las privatizaciones de los ’90 que se pagaron en buena parte con bonos de la deuda externa.

Ahora la escala será mucho mayor, ya no vienen por las empresas de servicios del estado, que ya están en manos privadas. Vienen por el país todo. No sólo el petróleo y otras riquezas naturales, sino por el territorio. Pensando en las peores posibilidades demandarán, por ejemplo, que se pague la deuda con una buena parte de la Patagonia.[iii]

Esto ya ha sucedido en Grecia. Primero Alemania le vendió material bélico muy costoso que Grecia no necesitaba. Después reclamó el pago de las cuotas adeudadas por esas compras. Ante la imposibilidad de responder de Grecia, exigieron que el pago se realizara con los aeropuertos, las islas y algunas otras cosas.

Es parte de la política mundial del gran capital.

Para éste en el país “sobran” 20 ó 30 millones de habitantes. Como no piensan recurrir a ellos como mano de obra, y los que utilicen lo harán con salarios de miseria, los costos de la existencia de estos millones de habitantes no están dispuestos a pagarlos. Es el caso de la jubilación, o las obras sociales como el PAMI, o la educación gratuita, la cobertura hospitalaria, y tantas otras cosas.

Objetivamente, esté o no en su planes estratégicos, van concretando un genocidio gradual y silencioso. El ejemplo de los afiliados al PAMI, que cada vez cubre menos prestaciones, incluídos medicamentos, es muy ilustrativo. No hay estadísticas pero es lógico pensar que ya han muerto por esta política muchos jubilados, y que su número irá aumentando.

También quieren bajar el “gasto público improductivo”, es decir, el que realiza una cierta redistribución del ingreso, y por otra parte, resta a los subsidios que les otorga el Estado permanentemente a las grandes empresas del poder económico dominante.

Todo esto no lo pueden realizar sin la más completa pasividad y desmoralización de la población. La represión directa no es suficiente y el gigantesco engaño mediático se agotará drásticamente en algún momento.

Si la mayoría de la población, esos 20 ó 30 millones, pierde sus empleos, o cobra salarios en negro y de miseria, se queda sin sus viviendas, sus derechos, sus depósitos bancarios, la derrota estructural del pueblo vendrá más por la pérdida de todo sustento económico y de todo derecho, que por la represión, la que se reducirá a ayudar a esta descomposición social.

Los anuncios del viernes 4 de mayo de Dujovne y Caputo, lejos de anunciar una contención de la crisis económica, financiera y cambiaria, de hecho están anunciando, al hablar de bajar el déficit fiscal como solución, del agravamiento inevitable de ésta.

En el gobierno se han despojado de toda herramienta de política económica que les permita un mínimo de independencia en la toma de decisiones. A partir de esto se ven y se verán obligados a aceptar todas las exigencias del poder económico global, seguramente en buena medida a través de uno de sus representantes, como el FMI.

Ha eliminado toda posibilidad de conseguir y atesorar dólares genuinos. Eliminó las retenciones, la obligación de los exportadores de liquidar divisas en un plazo determinado, designó la liberación total de los mercados financieros y cambiario,  eliminó muchos impuestos a los ricos. De esta manera no tiene suficientes ingresos ni de dólares ni de pesos. Y a su vez tienen un gasto descomunal de los mismos. Las reservas del banco central son mayoritariamente de préstamos en dólares o del capital invertido en la bicicleta financiera. Los primeros hay que pagarlos con intereses, los segundos se van del país apenas les conviene otra plaza, como es en este momento la compra de bonos del gobierno de Estados Unidos.

Las LEBACs son impagables, constituyen un monto superior al billón de pesos.

Su plan de bajar el déficit fiscal se basa exclusivamente en bajar el gasto destinado a cubrir necesidades de la población. Ni aún así podrá reducir el déficit en la medida pronosticada. La miseria a la que se puede someter a la población es limitada, los ingresos que se le pueden extraer tienen un límite, y no pueden ni mucho menos podrán cubrir la exención de impuestos a los ricos, el pago de intereses descomunales de las LEBACs (26-30-40%) ni el resto de los subsidios al gran capital.

Todo señala que su plan inicial es someter a la población a la miseria más extrema. Como ni aún así el gran capital conseguirá las ganancias que persigue, no hay ninguna salida a mediano o largo plazo. Y probablemente ni siquiera a corto plazo.

No hay una política de desarrollo productivo aunque el poder económico se quedara con la mayor parte del valor trabajo de la producción. Se trata solamente de saquear lo que ya existe, y una vez logrado esto se agotan las posibilidades de aumentar sus ganancias.

Lo que aún pueden hacer es aprovechar las riquezas naturales del país, apoderarse de sus territorios, pero esto no les proporcionará ganancias ilimitadas, sino sólo por un tiempo.

El gran capital arrastra al mundo entero al abismo con esta política, pero su búsqueda de ganancia es imposible de renunciar o de frenar. Como el escorpión, no puede con su naturaleza.

Desde el punto de vista del desarrollo de la humanidad el gran capital está completamente loco. El llamado “neoliberalismo” no tiene ni puede tener ningún plan de desarrollo, sino un plan de saqueo, que por su propia naturaleza llega un momento que se agota.

Y este agotamiento se producirá junto con la descomposición total de la sociedad, con lo cual las posibilidades de recuperación de la población mundial son muy escasas.

Este panorama aterrador, a pesar de ser completamente real, no es tenido adecuadamente en cuenta por ningún sector político de ningún país del planeta, ni progresista ni de izquierda. Estos se manejan como si viviéramos en una eterna democracia burguesa con relativa profundización de los elementos democráticos, en algunos gobiernos más, como el último, en otros menos, como los que hemos tenido en el país hasta la asunción del actual gobierno. Y, consecuentemente, estas organizaciones políticas no ayudan en la medida necesaria a la elevación de la conciencia de la población capacitándola para entender la naturaleza y profundidad de la crisis actual.

Sería hora de dejarnos de ir por las ramas y pensar y en llevar a la práctica una política capaz de enfrentar, frenar y vencer la política del gran poder económico.

Pasan los días, las semanas, los meses y los años y ninguna organización política asume consecuentemente esa tarea fundamental, mientras el poder capitalista nos lleva cada vez más cerca del abismo.

Pero el gran capital tiene sus propias contradicciones que son muy profundas. Por ejemplo, en el país está instalado, no sólo en buena parte de la población, sino incluso de los empresarios que hoy gobiernan, que el que tiene dólares se salva, aunque el país se hunda. Y consecuentemente todos sin excepciones tienen sus capitales en paraísos fiscales. Pero esas tenencias están en dólares. Y el dólar es una moneda esencialmente fiduciaria, es decir, que se basa en la confianza que se le tiene, porque su valor real está muy por debajo del nominal.

Un sinceramiento del valor del dólar llevará a la quiebra a la mayoría de las fortunas. La reciente creación del petro-yuan lleva lentamente al dólar a ese desenlace.

Cobrar la deuda en bienes materiales es la única explicación lógica de la pasividad del capital concentrado frente al camino al abismo emprendido por este gobierno.

Carlos A. Larriera

8.5.2018





[i] https://www.eldestapeweb.com/primera-licitacion-lebac-el-ano-400-mil-millones-juego-n38391

El Destape web, 16.1.2018, “Primera licitación de Lebac en el año: $400 mil millones en juego”, 

Según información oficial, en la actualidad hay 1,16 billón de pesos colocados en Lebac, una cifra que supera al total de dinero físico y en cuentas corrientes, de poco más de un billón. El stock de Lebac se multiplicó por 3,7 desde que Macri está en la Presidencia y Sturzenegger en el Banco Central, ya que era de solo 370 mil millones de pesos en diciembre de 2015.

[ii] Hoy circula información de que ya se ha suspendido el crédito externo privado. Por ejemplo en la revista Forbes: “Puede que sea momento de salir de la Argentina”, Infobae, 8.5.2018.

https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2018/05/03/forbes-puede-que-sea-momento-de-salir-de-la-argentina/

[iii] Algunos ejemplos relacionados con la posibilidad de venta de la Patagonia:

Mauricio Macri: “El Proyecto Patagonia es un primer gran paso hacia el futuro de la región”. Infobae, 8.5.2018

https://www.infobae.com/politica/2017/02/12/mauricio-macri-el-proyecto-patagonia-es-un-primer-gran-paso-hacia-el-futuro-de-la-region/

Plan Patagonia: Macri y Weretilneck ofrecen entregar la Patagonia cordillerana a la megaminería, La izquierda diario, 27.2.2017, https://www.laizquierdadiario.com/Plan-Patagonia-Macri-y-Weretilneck-ofrecen-entregar-la-Patagonia-cordillerana-a-la-megamineria



Modificación de Macri a la Ley de Tierras, Se profundiza la extranjerización de las tierras argentinas, diario Hoy, La Plata, 8.5.2018


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Notas del blog .-- 1 .-Los elogios de Rajoy y Rivera a la política económica de Macri en Argentina... hace menos de un mes
 

https://www.eldiario.es/rastreador/Rajoy-politica-economica-Macri-Argentina_6_769633039.html

 Nota   2 .-
Según Macri, la llamada  ... a iniciar negociaciones con el FMI busca “equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas”. Según los datos, el desastre volvió con él. Los datos del propio Ministerio de Hacienda muestran que la deuda externa bruta del sector público no financiero y banco central, entre 2003 y 2015, aumentó un 8%. En contraste, sólo en 2016 (último dato oficial), el aumento fue del 21%. Esta misma fuente muestra que el Gobierno aumentó en un 62% su deuda externa entre fines de 2015 y fines de 2017, mientras entre 2006 y 2015 la misma aumentó 9%1.





 

miércoles, 9 de mayo de 2018

España .- ¿Independencia judicial? .



La independencia judicial, ¿en entredicho?



El artículo 117 de la Constitución dice que: “La justicia emana del pueblo, se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Si analizamos el texto muchos de los contenidos que recoge son papel mojado en la aplicación de la justicia. “Emana del pueblo”, sin embargo, lo que sería posible, que en votaciones democráticas se eligieran a las distintas instituciones de la justicia, no es verdad. Son los partidos políticos los que eligen, por tanto controlan, las distintas instituciones judiciales. Con este sistema, está claro que el pueblo español no está representado, sino los intereses, en bastantes jueces y magistrados, de los grupos políticos mayoritarios. Veamos cómo se distribuyen ese poder:
- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de veintiún miembros, diez son elegidos por el Congreso y diez por el Senado y su Presidente es el Presidente del Tribunal Supremo.
- El Tribunal Supremo: tiene un número indeterminado de Magistrados. Son nombrados por el rey a propuesta del CGPJ.
- El Tribunal Constitucional: tiene12 miembros de los que 10 son elegidos directamente por el poder político y otros 2 por el CGPJ.
Queda claro que, aunque con honrosas excepciones, los nombrados a dedo por los partidos (los mayoritarios controlan), lógicamente busca no al mejor preparado, al más profesional, sino a aquel que defienda mejor sus intereses partidarios. Basta leer algunos dictámenes judiciales para saber que esconden las sentencias y a quién benefician. Aquí queda en entredicho lo que recoge el artículo 117 “independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
A lo largo de las diferentes legislaturas hemos comprobado como el Fiscal General del Estado, elegido directamente por el Gobierno de turno, controla a bastantes fiscales que obedeciendo las instrucciones de su jefe se han comportado, en ocasiones, como defensores de los acusados cuando éstos pertenece a un estatus político cercano al Gobierno, a la monarquía o al poder económico.
Para esclarecer esta influencia decisiva del poder político en las decisiones judiciales voy poner algunos ejemplos:
- La Vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, el pasado mes de Diciembre lanzó un discurso alardeando que el PP había descabezado a ERC y Junts per Catalunya Esta señora se convirtió en juez y apartó a políticos elegidos democráticamente antes que ningún juez lo hiciera. Después el juez Llarena le hizo caso y metió en la cárcel a los máximos responsables de ambos partidos con una resolución y argumentación plagada de suposiciones y valoraciones personales.
- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá (reprobado por el Congreso), ante las multitudinarias manifestaciones en contra de la sentencia a La Manada, al igual que ha hecho el Gobierno del PP cuando la reivindicación de derechos sale masivamente a la calle (Igualdad y derechos de la Mujer, Pensionistas), ha salido para aprovechar la coyuntura y sumarse a la ola de indignación. El Sr. Catalá ha censurado el voto de absolución de uno de los jueces, afirmando que “tiene algún problema singular”. Grave error, pues un ministro nunca debe dudar públicamente de la capacidad de un juez. Sin embargo, no ha criticado la sentencia (sólo por abusos sexuales), auténtica barbaridad que refleja el talante de determinados jueces, Ante esta metedura de pata, las asociaciones de jueces y fiscales han pedido la dimisión del ministro, pero ¿han levantado su voz estas asociaciones ante los casos de personas enjuiciadas, y algunas condenadas, que acogiéndose al derecho constitucional de “libertad de expresión”, han manifestado públicamente críticas a las barbaridades que se están cometiendo desde el Gobierno contra los trabajadores, las mujeres, los pensionistas, los jóvenes y la ciudadanía más desfavorecida?
- Mientras se condena a años de cárcel, como he recogido, a personas pacíficas por ejercer el derecho a la libertad de expresión o de manifestación, determinados jueces, aplicando la represora ley Mordaza que intenta acabar con las críticas y oposición a las desastrosas políticas del Gobierno, utilizan distinto rasero para hacer justicia. La extrema derecha valenciana tiene un largo historial de crímenes (asesinato de Guillén Agulló en 1993) y ataques gravísimos contra ciudadanos, políticos e instituciones. Sin embargo, en un solo caso ha sido condenado un asesino y de todas las tropelías que han cometido han quedado absueltos. Tampoco ha visto delito el juzgado nº 42 de Madrid y archivado la causa ante los gravísimos insultos (desearle la muerte, vejestorio despreciable, comentarios racistas y otras lindezas), que policías municipales de Madrid (funcionarios públicos que deben respeto a las personas y a la institución a la que pertenecen) hicieron contra su alcaldesa, Manuela Carmena ¿Qué hubiera ocurrido si esos WhatsApp los hacen públicos otros ciudadanos? Posiblemente hubiera habido otra sentencia ¿Tendrá algo que ver en la sentencia de La Manada que entre los encausados hay un guardia civil y un soldado profesional?
La justicia en nuestro país está en entredicho (barómetro de confianza institucional 7-4-13). Los ciudadanos cada vez confían menos en ella y su indignación crece ante determinadas decisiones judiciales que difícilmente se pueden entender en un estado democrático y de derecho. Y no les falta razón.
El reparto político del CGPJ, cuya función es garantizar la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado, “condiciona su independencia y lleva aparejado que este organismo judicial sea correa de transmisión política. No hay separación de poderes”, como explicó José Antonio Martín Pallín, exfiscal del Tribunal Supremo y Magistrado Emérito del mismo, en su conferencia del pasado 15 de Febrero en Córdoba sobre “La justicia en la Transición”.
Esto mismo es lo que manifiesta una Asociación de Juristas que defienden los derechos civiles y que han presentado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo una acusación por un presunto delito de prevaricación contra la cúpula judicial del CGPJ por afinidad política con el PP, favoreciendo los casos de corrupción que le afectan y, por tanto, falta de independencia en sus actuaciones (Kaos en la Red, 3-5-18).
También el Consejo de Europa (formado por 47 estados), cuya función principal es la defensa y protección del Estado de Derecho y los DDHH, ha llamado la atención al Gobierno de Rajoy por la falta de independencia judicial en España. El Presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (perteneciente al Consejo de Europa), Marin Mrčela , critica esta falta de independencia y ha señalado que “l o que queremos es eliminar la posibilidad de que la política influencie el sistema judicial” (Insurgente, 4-5-18).
La situación que viven los dirigentes catalanes encarcelados por el juez Llarena del Tribunal Supremo, para muchos expertos en derecho internacional y DDHH ha supuesto una gran preocupación porque no se puede encarcelar a personas por “ejercer sus derechos de expresión, de opinión y de participación política”. Los argumentos esgrimidos por el juez Llarena para solicitar la extradición de Puigdemont a Alemania han sido rechazados. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein de dejarlo en libertad y no aceptar la petición por “rebelión” supone un varapalo para la justicia española, cuando además añade que “el comportamiento del que se acusa al señor Puigdemont no sería penalmente punible en la República Federal de Alemania según la ley aplicable en Alemania”.
Está claro que un estado será realmente democrático y de derecho si existe separación de poderes y, por tanto, si la justicia es independiente e igual para todos los ciudadanos. Por desgracia en nuestro país no es así y arrastramos valores y comportamientos heredados del régimen anterior.
Para el futuro habrá que plantear, para garantizar la independencia de la justicia, que los miembros de las diferentes instituciones de la judicatura sean elegidos democráticamente o bien por los propios miembros o por la ciudadanía, buscando los más preparados y con mejor experiencia.
Juan García Ballesteros. Colectivo Prometeo /FCSM 




domingo, 6 de mayo de 2018

El pantano afgano


Estados Unidos no puede ni ganar la guerra en Afganistán, ni ponerle fin ni salir del país


Los últimos ataques suicidas vuelven a poner en el centro de atención el fracaso de los esfuerzos de Trump por estabilizar el país
 

Los  últimos terribles ataques suicidas cometidos en Kabul y Kandahar que mataron este lunes a más de 50 personas han puesto de nuevo la atención en el fracaso continuo de los esfuerzos estadounidenses por estabilizar el país. Tras 16 años de conflicto, sostienen los críticos, EEUU está en un triple apuro: no puede ganar la guerra, no puede ponerle fin y no puede salir del país.
A medida que aumentan las víctimas civiles y sin indicios de que los recientes refuerzos de la OTAN y de EEUU estén marcando la diferencia, una situación de seguridad ya de por sí extrema se está complicando. Parte del problema es que ISIS y los talibanes parecen estar compitiendo por el título de 'los terroristas más temidos'.
ISIS reivindicó los ataques del lunes en Kabul, así como el atentado la semana pasada en un centro de registro de votantes que mató a 60 personas. Pero fueron los talibanes los que perpetraron dos atrocidades infames en enero. En una, una  ambulancia llena de explosivos estalló y mató a cerca de 100 personas. En la otra, el hotel de lujo Intercontinental de Kabul se convirtió en un campo de batalla.
La semana pasada, los talibanes lanzaron su ofensiva de primavera de 2018, amenazando con un caos cada vez mayor. De acuerdo con cálculos estadounidenses, las fuerzas del Gobierno controlan menos del 60% de Afganistán, con el resto en disputa o bajo el control de los insurgentes.
Otro problema es que los terroristas están ahora atacando específicamente la frágil y recién nacida democracia. De ahí los repetidos ataques a ministerios del Gobierno, a los organizadores de las elecciones parlamentarias y locales de octubre y a los periodistas que trabajan para medios locales independientes u occidentales.
Cada nueva matanza en un lugar público de perfil alto debilita la autoridad interna y externa de Ashraf Ghani, el asediado presidente de Afganistán. Ghani presentó en febrero un ambicioso plan para la paz, ofreciendo un alto el fuego inmediato y conversaciones sin condiciones previas. La única respuesta que ha recibido hasta ahora ha sido el derramamiento de sangre.
Ghani no está solo en su impotencia. El pasado agosto, Donald Trump presentó una estrategia de 'combate para ganar ' , revirtiendo así su anterior posición de no inmiscuirse. Trump ha desplegado unos 3.000 soldados adicionales, ha aumentado el alcance y autonomía de las operaciones antiterroristas y ha pedido a los aliados de la OTAN que hagan más para ayudar en su misión.
La iniciativa de Trump ha resultado ser casi tan inútil como su decisión de tirar 'la madre de todas las bombas', que cumplió un año el mes pasado –conocida así porque en inglés coincide con el acrónimo oficial MOAB (Massive Ordnance Air Blast)–. EEUU lanzó el artefacto sobre lo que se creía que era una red de cuevas y túneles de ISIS al este de Afganistán. Trump se jactó de una gran victoria, dando un nuevo significado a la palabra "bombastic" (grandilocuente).
En lugar de contener la violencia e imponer la paz, la decisión de Trump de dar luz verde a un mayor uso de ataques con drones, a ataques de las Fuerzas Aéreas de EEUU y a operaciones antiterroristas de las fuerzas especiales, parece haber tenido el efecto contrario. De acuerdo con datos de la ONU de febrero, el aumento el año pasado del número de ataques indiscriminados provocó más de 10.000 bajas civiles, incluidas 3.500 muertes. Como ha ocurrido en el pasado, la mayoría de estas víctimas se deben a acciones de los insurgentes, pero en ningún caso todas.
En ausencia de una estrategia completa de Estados Unidos, Afganistán corre el riesgo de convertirse en un gran campo de entrenamiento y un punto de ensayo de armas para las Fuerzas Armadas estadounidenses. Aparentemente, Trump está volviendo a su anterior postura de escepticismo sobre el embrollo afgano.
Rand Paul, senador republicano conocido por sus opiniones aislacionistas, ha afirmado que Trump está de acuerdo en que EEUU debe olvidar el "combatir para ganar" y, en su lugar, promover un concluir y escapar. "El presidente me dijo una y otra vez que nos largamos de allí", ha declarado Paul esta semana al periódico The Washington Post.
El aparente giro radical de Trump, como el del Gran Duque de York (canción popular en la que un comandante ordena a sus soldados subir y bajar una colina en repetidas ocasiones), es un reflejo de su decisión más reciente e impulsiva de retirar las tropas estadounidenses de Siria.
Estudios más serios del dilema afgano de Estados Unidos creen que diga lo que diga Trump, EEUU está atrapado allí de forma indefinida. Está ampliamente aceptado en Washington que no se puede "ganar" la guerra en el sentido estricto de la palabra. Tampoco se puede ponerle fin, dada la negativa de los insurgentes de hablar sobre la paz, de su creciente complejidad similar a la del conflicto sirio y del desprecio que siente Trump por la diplomacia.
"Pensar en una guerra con una simple dinámica de ganar-perder no es lo correcto. EEUU no está en Afganistán para ganar. Está ahí para que las cosas no empeoren", señala Nicholas Grossman, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Illinois, en un artículo para National Review.
El objetivo de EEUU ya no es la construcción de un Estado democrático, como era en la época de George W Bush, explica Grossman. No había un estado final ideal a la vista, pero EEUU no tenía más elección que quedarse para impedir que grupos yihadistas llenasen futuros vacíos de poder, tal y como ocurrió en Irak, para impedir la entrada de iraníes y rusos, y para mantener un Pakistán estable y en línea con EEUU.
A medida que aumenta el número de víctimas y que el Gobierno afgano se debilita, el resumen de la reducida ambición estadounidense en Afganistán parece consistir en resistir y cruzar los dedos.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti