miércoles, 14 de marzo de 2018

Falacias de Rajoy sobre las pensiones.



 Los diez olvidos y medias verdades de Rajoy en el debate sobre las pensiones

El presidente del Gobierno retuerce el lenguaje y los datos para elogiar su gestión con el fin de conjurar el creciente malestar social, y sus eventuales consecuencias electorales, por su gestión del sistema de previsión socia  l  

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha abordado el debate sobre las pensiones en el Congreso de los Diputados con un discurso tan intencional, por tratar de conjurar el miedo (y sus eventuales consecuencias electorales) que su propia gestión ha extendido entre pensionistas y trabajadores, y tan plagado de afirmaciones matizables, contradicciones y omisiones que en ocasiones bordeó la mentira piadosa, que es la que “se dice para evitar a otro un disgusto o pena”, y la oficiosa, cuyo objetivo es “obtener un provecho o ventaja sin causar daño a otro”.
El presidente se arrancó con un olvido, al señalar que el debate iba de “garantizar las pensiones presentes y futuras” sin ninguna referencia a su suficiencia, que es tanto como obviar el mandato constitucional de asegurarla para los mayores, y con la formulación de un propósito torticero como el de “mantener y revitalizar el consenso” en este “tema trascendente” cuando quien lo rompió fue su partido, que la anterior legislatura impuso sin el apoyo de ningún otro la reforma que establece el Índice de Revalorización de las Pensiones (IPR), que limita su aumento anual al 0,25% mientras el sistema sea deficitario, y el lalmado Factor de Sostenibilidad, que las recortará un 0,5% a partir del año que viene.inRead invented by Fueron las dos primeras afirmaciones matizables dentro de unas intervenciones presidenciales plagadas de ellas y en las que el baile de datos alcanzó en ocasiones velocidades de vértigo. Fue, eso sí, el único de los intervinientes que tiró de cifras en un debate en el que las posiciones y las propuestas de la oposición destacaron por la inconcreción: necesidad de destinar más recursos al sistema y de mejorar el empleo, recuperar la hucha de las pensiones, derogar la reforma laboral y el Factor de Sostenibilidad (Rajoy lo rechazó) y vincular la revalorización al IPC.

Los 139.000 millones de gasto y su peso en el PGE

Rajoy cifró en “139.000.000.637 euros” (sic) el gasto anual en pensiones, aseguró que “el 40% del presupuesto del Gobierno de España” se dedica a pagarlas y afirmó que “el 29% del gasto público”, incluido el de la Administración central y el de las autonómicas, tiene ese destino. Se trata de tres conceptos matizables.
Los datos oficiales de la Seguridad Social cifran el gasto en pensiones de 2016 en 111.991 millones de euros y el acumulado de enero a noviembre de 2017 en 99.211 millones. Este dato incluye jubilación, orfandad, viudedad, invalidez y ayuda a familiares, cifra a la que Rajoy sumo los subsidios de baja, maternidad y prestaciones sociales (9.507 millones hace dos años y 8.343 en los primeros once meses del pasado), pero también las transferencias a instituciones y empresas (3.463 y 2.705). El total de las obligaciones reconocidas en 2016 fue de 124.887 millones, mientras que el presupuesto para el pasado se elevó a 129.475.
El esfuerzo que las pensiones le suponen a las arcas públicas es, por otro lado, bastante menor que el expuesto por el presidente, cuyos últimos presupuestos contemplaban 318.444 millones de gasto consolidado a los que la realidad añade más de 30.000 millones en intereses de la deuda. Así, sin incluir la amortización de deuda pública y préstamos, las pensiones no suponen más del 34% del total.

¿A salvo de los recortes?

Reducir el gasto público “era la única alternativa” para sacar adelante el país a partir de 2011, sostuvo el presidente, que aseguró que “solo quedaron al margen del recorte del gasto público las pensiones y el desempleo”.
Se trata de otra afirmación matizable, ya no por la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, que se produce por lo exiguo de las subidas, sino por la modificación que su Gobierno aplicó a la cotización social de los desempleados, cuya base cayó del 125% del subsidio al 100%.
Esa medida tuvo dos efectos: un recorte en diferido de las pensiones de jubilación de los parados, ya que empeora su carrera de cotización, y una merma de los ingresos del sistema que, intensificado por el desplome de los salarios que causa la precariedad, se acerca a los 4.000 millones en seis años: de 10.338 millones en 2011 a  los 6.592 millones presupuestados para 2017, de los que en once meses se habían recaudado 5.509 millones.

“Cuanto más y mejor empleo, más y mejores pensiones”

Para nada. El número de personas con derecho a pensión no depende de cuántas trabajen sino de cuántas se jubilen, enviuden, enfermen o se queden huérfanas.
Y su revalorización queda limitada al 0,25% anual siempre que el sistema de la Seguridad Social sea deficitario, algo que lleva camino de mantenerse un largo periodo al superar su endeudamiento los 37.000 millones y alcanzar los 25.000 la brecha entre ingresos por cotizaciones y gastos en cotizaciones y subsidios.

El inexistente pacto del factor de sostenibilidad

Según Rajoy, el Factor de Sostenibilidad, que limita la cuantía de las pensiones de jubilación si aumentan la esperanza de vida y el número de beneficiarios, “garantiza unas pensiones futuras equivalentes a las de hoy” y “responde a un pacto intergeneracional”, cuando fue impuesto la pasada legislatura por la mayoría absoluta del PP.

“Fortalecer el empleo, su fuente de financiación”

“Las pensiones están seguras porque este país ha fortalecido el empleo, su fuente de financiación”, dijo el presidente del Gobierno, obviando que la propia Ley General de la Seguridad Social establece un sistema mixto de financiación abierto a “las aportaciones del Estado que se acuerden para atenciones específicas”, que en España se trabajan cada semana 700.000 horas menos que cuando su Gobierno llegó al poder y 1,7 millones menos que cuando estalló la crisis y, también, que la cotización media por trabajador ha caído en cinco años de 6.146 a 5.902 euros.

Ensalada de pensionistas, parados y subsidiados

Rajoy se hizo un lío con los datos de afiliación y pensionistas y creó otro con el de los beneficiarios del sistema de previsión ya que, cuando aseguró que “son más de 14 millones de personas los que reciben cada mes algún tipo de pensión, prestación o subsidio”, incluyó en un mismo saco a jubilados, viudos, huérfanos, padres y madres recientes, inválidos, trabajadores de baja, desempleados y parados que cobran ayudas sociales, entre otros colectivos. Las palabras del presidente tampoco se ajustaron a las cifras de la Seguridad Social cuando se refirió a los “10,6 millones de pensionistas”, puesto que la Administración que los atiende los cuantifica en 8,69. Los otros dos millones son perceptores de subsidios.

Seis empleos por cada nuevo pensionista

“Hoy se crean seis empleos por cada nuevo pensionista que entra en el sistema” y “desde 2011 se crean cinco empleos por cada nuevo pensionista”, aseguró Rajoy, en una relación que las cifras ponen en duda. Según la Seguridad Social, la cifra de perceptores de pensiones aumentó en 95.559 personas el año pasado y en 631.653 en los seis últimos.
Y la Encuesta de Población Activa (EPA) de promedios, hinchada con medio millón de ocupados precarios que se emplean pero no consolidan su presencia en las listas del Seguro, cifra la creación de empleo en 2017 en 483.300 puestos (de 18,34 millones a 18,82 millones) y en 403.400 (de 18,42 a 18,84) la del sexenio, lo que reduce a cinco el ratio actual y revela que desde que Gobierna el PP el número de pensionistas ha aumentado más que el de trabajadores.
Las cifras de afiliación a la Seguridad Social avalan la proporción de seis a uno del año pasado, con un avance de 589.210 trabajadores frente al aumento de 95.559 pensionistas, pero reducen de cinco a uno a dos a uno la del sexenio, en el que los contratados a 31 de diciembre aumentaron en 1,21 millones.

El IRPF menguante y los cálculos de Hernando

“Plantearé concentrar en el IRPF las ayudas a los pensionistas” anunció el presidente, en un avance de las medidas que prevé incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
La relativa efectividad de una medida de ese tipo, que deja fuera a millones de jubilados ya que quienes ingresan menos de 12.000 euros anuales no declaran Renta y por lo tanto no podrían beneficiarse de esas futuras desgravaciones y devoluciones, fue recortada más todavía por el portavoz de los conservadores, Rafael Hernando: con su locuacidad característica, y entre aplausos, anunció que “vamos a subir a 14.000 euros la exención del IRPF”, algo que prácticamente reduce el abanico de beneficiarios a quienes reciben pensiones superiores la media.
Hernando realizó una de las intervenciones más disparatadas del debate al afirmar que “destinamos 44.000 millones más cada año a pensiones”. Menos de la mitad: de los 99.553 millones pagados en 2011 a los 115.611 millones presupuestados para 2017 van 16.058 millones.





http://www.publico.es/economia/pensiones-quince-propuestas-rajoy-haga-sostenibles-dignas-pensiones.html



 Miren Etxezarreta Doctora en Economía y economista crítica
“No quieren que el sistema público de pensiones sea viable”

 

http://deverdaddigital.com/articulo/22326/no-quieren-que-el-sistema-publico-de-pensiones-sea-viable

 Nota del blog  .. 
Los datos de la Comisión Europea desmienten la versión de Rajoy en el Congreso sobre el uso del IPC para revalorizar las pensiones
"La indexación al IPC en Europa existe en dos países, que son Bélgica y Hungría", afirmó Rajoy en el Congreso
El último informe de la Comisión Europea explica que en realidad son 20 Estados los que usan los precios para actualizar las pensiones: 4 como único criterio y 16 junto a otras variables

martes, 13 de marzo de 2018

‘Palo’ de Estrasburgo al Constitucional español.




El TEDH condena a España a devolver la multa de 2.700 euros a la que fueron sancionados dos jóvenes por el delito de injurias a la corona
La Justicia europea sentencia que quemar fotos de los reyes es libertad de expresión

eldiario.es


Quemar una foto de los reyes de España es libertad de expresión. Así lo ha sentenciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha estimado el recurso de los dos jóvenes condenados por injurias a la Corona por quemar una foto de los reyes en 2007 en Girona en protesta por la visita a la ciudad de Juan Carlos I y Sofía. Los magistrados europeos creen que el castigo penal impuesto a los jóvenes por la Justicia española "constituye una interferencia con la libertad de expresión".
La Audiencia Nacional condenó en 2008 a los dos jóvenes a una pena de quince meses de prisión, sustituida por una multa de 2.700 euros. El Constitucional negó en 2015 el amparo solicitado por los condenados, una decisión que provocó cuatro votos discrepantes en el seno del tribunal. Los jóvenes recurrieron finalmente ante Europa la "injerencia injustificada" que, a su juicio, supuso la condena en su derecho a la libertad de expresión, protegida por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).
Más de diez años después de los hechos, el TEDH da la razón, por unanimidad, a los dos jóvenes y concluye que la quema de la foto de Juan Carlos I y Sofía por la que fueron condenados Enric Stern y Jaume Roura "no fue un ataque personal contra el rey de España destinado a despreciar y vilipendiar" a la institución, sino "la expresión simbólica del rechazo y crítica política" a la monarquía, según recoge la sentencia publicada este martes ( consultable en francés).
En consecuencia, los magistrados creen que la Justicia española vulneró el artículo 10 de la CEDH al castigar penalmente a los jóvenes por la quema de fotos, y condenan a España a devolver los 2.700 euros de multa a los que fueron sancionados, así como a indemnizarles con 9.000 euros. La sentencia es vinculante para el Estado.
"La puesta en escena orquestada, aunque dio lugar a la quema de imagen de los monarcas, es una forma de expresión de una opinión en el contexto de un debate sobre una cuestión de interés público, a saber, la institución de la monarquía", sostienen los magistrados de Estrasburgo, que recuerdan que la libertad de expresión ampara no sólo los actos o ideas consideradas "inofensivas", sino también las que generan "conmoción" o "preocupación".
Los jueces europeos enmarcan la protesta en "una crítica a lo que el rey representa, como jefe y símbolo del aparato del Estado" que los dos militantes independentistas realizaron prendiendo fuego a una fotografía colocada boca abajo de Juan Carlos I y Sofía. Concluyen los magistrados que la quema de la fotos "entra dentro del ámbito de la crítica política o la disidencia y corresponde a la expresión de un rechazo de la monarquía como institución".
El TEDH da un revolcón a la argumentación esgrimida por siete de los once jueces del Tribunal Constitucional (TC) para negar el amparo solicitado por los jóvenes. Los magistrado del TC consideraron que quemar públicamente el retrato de los monarcas no era solo un acto "ofensivo" sino también incitador al odio y a la violencia. Interpretó el Constitucional que la protesta "trasladó la idea de que los Monarcas merecen ser ajusticiados".
Los magistrados europeos niegan por completo que la quema de fotos de los monarcas puedan ser consideradas como incitadoras al odio, y recuerdan que este tipo de delitos protegen a minorías discriminadas por su raza o su condición sexual. De hecho, los magistrados de Estrasburgo creen que vincular la quema de fotos de los monarcas con el discurso de odio y la violencia, tal y como hizo el TC, "sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de sin el cual no hay una sociedad democrática".
Así, el TEDH se sitúa en línea con los votos particulares de magistrados progresistas del TC, que, en contra del criterio mayoritario del pleno, consideraron que el tribunal sí debía dar amparo a los dos jóvenes. "La crítica malsonante, la manifestación políticamente incorrecta, los gestos o actos desabridos, de mal gusto o de impactante exageración no quedan expulsados del campo legítimo de la libertad de expresión", recordó la magistrada Adela Asua en su voto particular, al que se adhirió su colega Fernando Valdés Dal-Ré.Esta es la resolución del TEDH sobre el caso
Leer también: PP, PSOE y Ciudadanos apoyan que las injurias a la Corona sigan siendo delito pese al varapalo de Estrasburgo


Fuente: http://www.eldiario.es/catalunya/politica/Estrasburgo-quema-fotos-reyes_0_749275464.html


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