viernes, 29 de junio de 2018

Los registros del 20-S .


Una secretaria judicial contradice la versión de la Guardia Civil sobre los registros del 20-S

Los guardias dicen que el registro de Economia se eternizó porque el número dos de la Conselleria no autorizó a registrar su despacho sin estar presente
La funcionaria judicial del registro en la casa de Jové asegura al juez que éste renunció ante varios agentes a su derecho a ser trasladado a la Conselleria
Los hechos alrededor de Economia centran una parte del relato de la presunta rebelión con el que Llarena ha procesado a los líderes independentistas



El registro a la conselleria de Economía del pasado 20 de septiembre es una de las claves de la causa por rebelión. Además de las masas que supuestamente impidieron la salida de la comitiva judicial del edificio hasta altas horas de la madrugada, la Guardia Civil viene señalando a lo largo de la investigación otro motivo para explicar la insólita duración del registro: la negativa del exnúmero dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, a que el registro de su despacho en la conselleria se hiciera en su ausencia. Nueve meses después, una secretaria judicial ha desmentido la versión de la Guardia Civil y ha certificado ante el Tribunal Supremo que Jové permitió a los agentes registrar su despacho sin tener que estar él presente.
En un escrito, al que ha tenido acceso este diario, la letrada de la administración de justicia de Granollers que levantó acta del registro en el domicilio particular de Jové el mismo 20-S certifica al magistrado Pablo Llarena que el exsecretario general de la Vicepresidencia "renunció a estar presente en el registro de su despacho en la conselleria". La hora de esta renuncia es importante: la secretaria la sitúa antes de las 12:15 del mediodía, cuando finalizó el registro en la casa de Jové en Les Franqueses del Vallès, un pueblo a unos 40 kilómetros de Barcelona.
Cabe recordar lo ocurrido durante el 20 de septiembre: a Jové le dieron el alto tres vehículos y dos motos sin distintivo policial en la ronda Litoral de Barcelona minutos después de las 8:00h. En vez de trasladarse a la sede de Economía para registrar su despacho, la comitiva dio media vuelta hacia Les Franqueses. El registro del domicilio particular de Jové no empezó hasta las 9:40h: la secretaria judicial de Granollers no quería iniciarlo hasta que el abogado del exnúmero dos de Junqueras, Andreu Van den Eynde, hubiera llegado.
Es en Les Franqueses donde el detenido y la comitiva judicial reciben las primeras noticias sobre la concentración en la conselleria de Economía. Para no complicar más las cosas, explican fuentes conocedoras de la situación, Jové permitió a la Guardia Civil registrar su despacho en Barcelona sin tener que trasladarle a la capital catalana. Lo dice en presencia de su abogado, destaca el documento de la secretaria judicial de Granollers aportado al Supremo.
"La letrada de la administración de justicia no recuerda la hora exacta en la cual el detenido renunció a estar presente en el registro de su despacho en Economía, pero tuvo lugar entre las 9:40h. y las 12:15h.", indica la secretaria judicial, que añade otro dato que deja en entredicho la versión del Instituto Armado: "La manifestación [de Jové] se hizo en presencia de varios miembros de la Guardia Civil, sin poder precisar su identidad".
También a solicitud del juez Llarena, la Guardia Civil ha mantenido su versión, esto es, que ni Jové ni su letrado "manifestaron en ningún momento, ni de forma oficial ni como comentario, que renunciaba a estar presente en el registro de su despacho profesional". El Instituto Armado, de hecho, asegura que nunca llegó a informar a Jové ni a su abogado del segundo registro en su despacho.
Finalmente, un agente en la casa de Jové y el teniente que comandaba el registro en Economía decidieron "por seguridad" suspender el traslado de Jové a la conselleria. "El teniente comunicó la imposibilidad de acceso del detenido con la seguridad necesaria a la conselleria debido a que la concentración no permitiría el acceder con el vehículo que trasladaba el detenido, según le comunicó al agente el interlocutor de los concentrados, Jordi Sànchez Picanyol", sostiene la Guardia Civil.
Esta conversación entre el por entonces líder de la ANC y los agentes está avalada por la carta que dejó escrita la secretaria del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, la encargada del registro en Economía que denunció que tuvo que salir del edificio "trepando y escalando tejados y azoteas". La funcionaria dejó constancia que "a lo largo de la mañana", Sànchez "quería pactar el acceso de los detenidos pero no fueron aceptadas por la Guardia Civil".
Además de la manifestación en Economía, se produjo una concentración, de unas trescientas personas, frente a la casa de Jové en Les Franqueses. Los agentes solicitaron a las 12:30h. apoyo del Grupo Rural de Seguridad de la Guardia Civil. La salida de Jové de su domicilio no se produjo hasta pasadas las 15:00h. Llegó detenido a la Comandancia de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia a las 16:00h. Solicitó un habeas corpus por detención ilegal, que fue denegado esa misma noche. Quedó finalmente en libertad junto a otros detenidos dos días después.
El registro en la conselleria de Economía, que afectó a seis despachos de altos cargos y técnicos, empezó a las 8:00h. y terminó a las 20:40h. No obstante, debido a la manifestación, la secretaria judicial logró salir a la calle por otro edificio a las 23:30h. Los agentes no abandonaron el departamento hasta las 3:40h., hasta que se dispersó la concentración que mantiene en prisión provisional a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y que tiene a un paso del juicio al exmajor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
¿Hubiera terminado antes el registro en Economía si la entrada en el despacho de Jové se hubiera producido por la mañana? Esta es la pregunta que se hacen varias fuentes que vivieron el registro, que recuerdan que la presencia de manifestantes se incrementó durante la tarde hasta llegar a miles de personas, antes de que los 'Jordis' disolvieran la concentración.



 Ver el documental además  ..

 

Catalunya es la prueba del algodón de la democracia española .

El talón de Aquiles del auto del Tribunal Supremo


El “juez ordinario predeterminado por la ley” en este caso no puede ser nada más que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Nunca el Tribunal Supremo
El CEDH contempla la “idoneidad abstracta” del Tribunal Supremo para ser juez de primera instancia en determinados supuestos
Pero esa “idoneidad abstracta” no supone automáticamente “idoneidad concreta” para cualquier tipo de asuntos y para cualquier tipo de personas


El Talón de Aquiles del auto de la Sala del Tribunal Supremo dado a conocer el pasado miércoles por el que se otorga firmeza al auto de procesamiento dictado en su día por el Juez Pablo Llarena respecto del expresidente Carles Puigdemont y otros políticos nacionalistas se encuentra en el último párrafo del Fundamento Jurídico Tercero que dice así: " Finalmente, se alega también que la atribución de competencia a esta Sala causa la desaparición de la segunda instancia. Es cierto que ese no es un dato menor que deba ser ignorado, pero esa posibilidad se ha considerado legítima en el artículo 2 del Protocolo 7º al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (CEDH), 'en los casos en los que la persona afectada sea juzgada en primera instancia por el más alto Tribunal".
En un solo párrafo y sin argumentación jurídica la Sala despacha la cuestión más importante a la que tenía que dar respuesta, que no es otra que la de la constitucionalidad de la competencia del Tribunal Supremo para actuar  como juez de primera y única instancia en este asunto.
Se trata de la cuestión más importante porque es el presupuesto del que depende todo lo demás. Si el Tribunal Supremo no es el “juez ordinario predeterminado por la ley” (art. 24.2 CE), para entender de la conducta de los querellados, no podrá ser el juez de primera instancia, sino que únicamente podría serlo en la segunda y última. No es la privación del derecho a la segunda instancia lo decisivo, sino que lo decisivo es que la privación de ese derecho se produce como consecuencia de la privación de otro: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Sin la violación de este primer derecho, no se produciría la del segundo.
Esta es la cuestión a la que la Sala del Tribunal Supremo tenía que dar respuesta y, sin embargo, no da. Por eso digo que en este párrafo no hay argumentación jurídica. Hay una apariencia de argumentación, pero no argumentación.  El problema al que hay que hacer frente no es el que dice el Tribunal Supremo, sino otro completamente distinto. El auto afirma que puesto que en el CEDH se admite la posibilidad “en abstracto” de que “el más alto Tribunal” entienda en primera instancia de la conducta de una persona, está justificado que el Tribunal Supremo de España entienda “en concreto” de la conducta del expresidente de la Generalitat y demás exconsejeros así como de la conducta de la expresidenta del Parlament y demás miembros de la Mesa. Y no es así.
El auto está dando por demostrado lo que hay que demostrar. El que el Tribunal Supremo pueda ser juez de primera instancia en determinados supuestos no quiere decir que pueda serlo en este concreto supuesto. El problema es el inverso al que el Tribunal Supremo plantea. Habría que demostrar en primer lugar que el Tribunal Supremo es el “juez ordinario predeterminado por la ley” para entender de la conducta de los querellados que figuran en el auto de Procesamiento dictado por el Juez Instructor. Y únicamente después de que esto se hubiera demostrado, se podría considerar jurídicamente aceptable la exclusión de la segunda instancia. Pero si el Tribunal Supremo no tiene la condición de juez ordinario predeterminado por la ley en este caso, no puede  ser juez de primera instancia y sería inaceptable la exclusión de la segunda.
El interrogante se impone: ¿Puede ser el Tribunal Supremo el juez de primera instancia en la querella contra el ex president y demás políticos nacionalistas?
La respuesta es NO. En ningún caso. Ninguno de los querellados es miembro del Congreso de los Diputados o del Senado y, en consecuencia, el Tribunal Supremo no es competente para entender en primera instancia de su conducta. Por ningún tipo de delitos. Es así de sencillo y así de rotundo.
De la conducta de los querellados únicamente pueden entender en primera instancia órganos judiciales radicados en Catalunya, que es donde sucedieron los hechos. En la querella inicial contra el expresident y los exconsellers el órgano competente era la Audiencia Provincial de Barcelona y en la querella contra la expresidenta del Parlament y los miembros de la Mesa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Tras las elecciones del 21 D, una vez que Carles Puigdemont y los demás volvían a tener la condición de Diputados, sería el TSJC el que tendría que entender de su conducta.
El “juez ordinario predeterminado por la ley” en este caso no puede ser nada más que el TSJC. Nunca el Tribunal Supremo. El CEDH contempla la “idoneidad abstracta” del Tribunal Supremo para ser juez de primera instancia en determinados supuestos. Pero esa “idoneidad abstracta” no supone automáticamente “idoneidad concreta” para cualquier tipo de asuntos y para cualquier tipo de personas. Todo lo contrario. Lo que el CEDH contempla es la excepción y no la norma. Y la excepción tiene que ser siempre justificada.
Esto es lo que el auto del Tribunal Supremo no hace. Da por supuesta la competencia que tendría que justificar. Vulnera con ello el artículo 24.2  de la Constitución en lo que al juez ordinario predeterminado por la ley se refiere y, como consecuencia de ello, vulnera también el derecho fundamental a la segunda instancia.
Antes de que se abra el juicio oral sería imprescindible que las defensas de los querellados interpusieran un recurso de amparo contra el auto de la Sala del Tribunal Supremo. El contenido constitucional de la demanda, la “especial transcendencia constitucional” del asunto, de acuerdo con la jurisprudencia más exigente en este terreno del Tribunal Constitucional, está presente en este caso de manera inequívoca.
Sin que el Tribunal Constitucional despeje la duda acerca de la competencia del Tribunal Supremo para actuar como juez de primera y única instancia, no se debería abrir el juicio oral. Todos los querellados que figuran en el auto de procesamiento dictado por el Juez Pablo Llarena y confirmado por la Sala de Apelaciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene el derecho a una primera instancia ante el juez ordinario predeterminado por la ley, que tendría que ser el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y a una segunda instancia, en su caso, ante el Tribunal Supremo.
Este es el momento procesal en el que tiene que interponerse el recurso y en el que el Tribunal Constitucional tiene que verificar si se ha producido o no vulneración de derechos fundamentales. No se puede esperar a que se haya celebrado el juicio y haya sentencia. En ese momento la reparación de los derechos vulnerados sería imposible.



 NOTA .-

  El problema es que si son juzgados en el TS como  única instancia no hay posibilidad de recurso  a un tribunal superior solo  pedir amparo al TC... que no  entra en materia. Y si entrara tendría que tumbarlo por saltarse las garantías.

  y ver ..







miércoles, 27 de junio de 2018

El paso del caballo de Atila de Rajoy .

 
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Rajoy no deja un país mejor que el que encontró



Una de las últimas frases que pronunció M. Rajoy desde la tribuna de oradores del Congreso, tras saber que la moción de censura había acabado con su indecente Gobierno, fue la siguiente: "Es un honor saber que dejo un país mejor que el que encontré". Frase que nos provocaría un ataque de risa, a no ser porque, por incierta y cínica, lo que nos provoca es un ataque de profunda indignación. Rajoy no se va dejando un país mejor que el que encontró, ni siquiera igual, sino que deja un país muchísimo peor, un país "hecho unos zorros" diríase coloquialmente. Es más, podríamos concluir sin temor a equivocarnos que ningún aspecto de nuestra sociedad, ninguna faceta de nuestra vida, ninguna institución del Estado, acaba mejor que antes de los 6 años de infructuoso, intolerante, antisocial, mezquino y detestable Gobierno del PP de Rajoy. Ni en economía, ni en pensiones, ni en política exterior, ni en derechos y libertades, ni en igualdad, ni en servicios públicos, ni en medio ambiente, ni en justicia, ni en cultura... no hay parcela alguna que pueda registrar un saldo positivo tras el paso del caballo de Atila de Rajoy y sus perversas políticas. En justicia, hasta los colectivos de profesionales se han manifestado en contra de las reformas del Gobierno de Rajoy, que eliminó la justicia universal, que no ha dotado de mejores medios materiales ni humanos a la Administración de Justicia, y que ha acortado los plazos de instrucción de los procesos. Asímismo, mediante la famosa Ley Mordaza, ha eliminado el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando se dan circunstancias de limitación de libertades públicas básicas.
Reformó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que junto con la ya referida Ley Mordaza, limitan grandemente nuestro anterior sistema de derechos y libertades. Asimismo, el Gobierno saliente de Rajoy se ha caracterizado por utilizar y poner a su servicio las más altas Instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional, judicializando una serie de procesos que debían haberse tratado únicamente por cauces políticos, tal como el conflicto nacional catalán. Como nos cuenta este reciente editorial del medio digital Contexto: "Deja Rajoy unos derechos fundamentales erosionados, expuestos a una percepción de la seguridad ciudadana, de la tranquilidad pública y de la respuesta a la delincuencia que sólo provocan más sufrimiento en términos colectivos, más cárcel y más temor en el ejercicio de conductas hasta hace poco consideradas derechos sin más, además de un rosario de agravios con sed de sentencia ejemplarizante". En efecto, sin ir más lejos, y sin actividad armada alguna de la banda terrorista ETA, las denuncias y condenas por enaltecimiento del terrorismo se han visto elevadas frente a anteriores períodos. A ello han contribuido también los medios de comunicación dominantes del sector privado, todos ellos adalides del neoliberalismo más salvaje, y por supuesto, la degradación a la que ha estado sometido el ente público Radio Televisión Española, que ha alcanzado con el Gobierno de Rajoy unos niveles de manipulación informativa nunca antes vista, así como una involución de su programación general que le ha alejado seriamente de su carácter y función como servicio público, y que la ha relegado a una herramienta de propaganda del Gobierno y un instrumento al servicio de la alienación cultural.
El asunto catalán ha sido otro de los caballos de batalla del expresidente que afirmó "dejar un país mejor que el que encontró", pero sin embargo, lejos de reconocer la responsabilidad de su partido en el encono del asunto (pues los orígenes se remontan al recurso que interpuso el PP ante el TC sobre el famoso Estatut de 2006), ha sido absolutamente incapaz de establecer vías de diálogo y negociación con los sucesivos gobiernos de la Generalitat, dejando que el tema se enquistara en la sociedad catalana hasta alcanzar límites desorbitados, que tuvieron como cénit la jornada de violenta represión a la ciudadanía que participó en el referéndum del pasado 1 de Octubre. Rajoy no sólo ha sido un presidente antidemocrático, sino completamente inepto para abordar problemas políticos desde la política, traspasando dichos asuntos a la órbita de la justicia. Bien es verdad que para estas tareas ha tenido como compañeros de viaje al partido que ahora gobierna de nuevo, el PSOE de Pedro Sánchez y a esa nueva derecha de Ciudadanos, que aunque pretende aparecer como renovada y moderna, sigue siendo fiel a los postulados más ultraconservadores. Incluso la Corona desempeñó su detestable papel en este asunto. Pero de dicha institución ya sabemos que nada puede esperarse, salvo su disolución y la transformación de nuestro Estado en una República Federal. El culmen de dicho proceso ha sido la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha dejado como resultado un montón de políticos catalanes presos o en el exilio. Un balance absolutamente lamentable.
La mano de Rajoy también se ha dejado sentir en varias Leyes que han sido completamente ninguneadas e ignoradas por su Gobierno, tales como la Ley de Memoria Histórica (sobre la cual se jactaba incluso de haber dedicado "0 euros" a su financiación), la Ley de Violencia de Género, o la Ley de la Dependencia, que han sido igualmente despojadas de presupuesto, lo cual es sinónimo de hacerlas inviables, y por tanto, suponen otra forma de incumplirlas. Tampoco ha sabido o querido dejar solución para algunos temas urgentes de carácter estatal, tal como el sistema de financiación autonómica, que tras muchos años de demanda de las diversas autonomías (incluidas las gobernadas por su propio partido), no han visto satisfechas sus demandas de una mejor financiación. Más bien al contrario, el Ministerio del ex Ministro Montoro se ha dedicado a practicar la guerra interna contra las Administraciones autonómicas, controlando sus cuentas mediante mecanismos como el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), y exigiéndoles unos niveles de déficit público que les obligaban a no poder financiar el conjunto de sus servicios públicos. Las mujeres han sido otro saldo negativo del ex Presidente, aunque él mantuvo que dejaba "un país mejor que el que encontró". Huelgas feministas, brecha salarial, feminización de la pobreza y de la precariedad, y sobre todo, incremento de los crímenes machistas han sido los principales saldos del Gobierno de M. Rajoy en asuntos de igualdad. La visión transversal de género ha sido una carencia fundamental en las políticas del PP de Rajoy. Su desinterés por las mismas también.
La Ley de la Dependencia ha sido también objeto de acoso y derribo. Rajoy presupuestó 1.400 millones de euros para esta partida, lo que supone un 6,7% menos que en 2011. En 2017 un total de 38.000 personas dependientes fallecieron en nuestro país sin haber recibido prestación alguna. Dos de cada tres dependientes son mujeres, y el 90% de las personas que se ocupan de los cuidados, también. El grave deterioro de la economía que ya sufríamos con los últimos años del Gobierno de Zapatero tampoco fue corregido con Rajoy, por mucho que éste presumiera del "crecimiento económico y el empleo", coletilla que usaba como un mantra incuestionable de sus políticas. Nada más lejos de la triste realidad. El crecimiento económico únicamente ha servido en estos últimos años para acrecentar el número de ricos en nuestro país, para afianzar los beneficios empresariales, y para consolidar una hegemonía de los poderes económicos, que salieron inmensa y mayoritariamente beneficiados con la Reforma Laboral de 2012, toda una contrarreforma que acabó con los (ya mermados) equilibrios anteriores. El "empleo creado" no ha sido tal, sino una transformación de nuestro mercado laboral anterior, una reconversión hacia un mercado mucho más inestable y precario, dependiente de los deseos, necesidades y objetivos de los patronos. Con Rajoy la precariedad se ha convertido en modelo de vida, en norma cotidiana, en registro vital. Incluso los trabajadores y trabajadoras veteranos/as pierden sus puestos de trabajo sin mayores problemas, para que sus empresas contraten después "recursos humanos" jóvenes y precarios. La devaluación salarial ha sido continua, la pérdida de poder adquisitivo en todos los sectores laborales una constante, y el desmontaje de la Seguridad Social (incluso aunque durante algunos períodos haya aumentado el número de cotizantes puntualmente) y del Sistema Público de Pensiones, sus consecuencias más directas. Para una radiografía más completa de los destrozos económicos de Rajoy, véase el artículo de Emilio de la Peña para el medio digital Ctxt.
En el "país mejor" que deja Rajoy, se despide más fácilmente, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sido vaciado, y los pensionistas están en pie de guerra debido a sus míseras pensiones. En el "país mejor" que deja Rajoy, sólo la mitad de los desempleados están cobrando prestaciones, y los jóvenes no tienen expectativa vital de futuro, ya que están abocados a depender de sus familias, de la precariedad, o del exilio laboral. En el "país mejor" que deja Rajoy, la cultura y la ciencia han sido atacadas y desmanteladas, y los artistas tampoco pueden vivir de su trabajo. En el "país mejor" que deja Rajoy, las pocas empresas públicas que quedaban han sido absolutamente privatizadas, los bancos rescatados, las personas desahuciadas de sus viviendas, los clientes estafados, los estudiantes expulsados de la Universidad, y los servicios públicos básicos (sanidad, educación, etc.) disminuidos en recursos y en personal. Un conjunto de Mareas ciudadanas han sido la constante en su expresión de protesta ante los ataques, recortes, privatizaciones y desmantelamientos que estaban sufriendo sus respectivos sectores. En el "país mejor" que deja Rajoy, las políticas destinadas a la mejora y conservación del medio ambiente y a contrarrestar los gravísimos efectos del cambio climático han brillado por su ausencia. Una gran parte de la legislación ambiental existente se derogó, se privatizaron recursos naturales (montes, ríos, playas, costas...), y en el plano energético, ha destacado el freno a la implantación y desarrollo masivo de las energías renovables, dando por el contrario impulso a las prospecciones petrolíferas, facilidades al fracking y mayores poderes al oligopolio eléctrico, lo cual se ha traducido en mayores ganancias para las empresas, incremento del coste de los suministros básicos, y aumento de la pobreza energética.
Pero todavía hay más puntos negros en la España que deja Rajoy. Las cuotas de refugiados no se han cumplido, y ese "país mejor" se ha caracterizado por una agresión constante por todos los medios (tierra, mar y aire) a los migrantes que han intentado llegar a nuestra tierra, desplegando los más execrables mecanismos para impedirlo. La insensibilidad y la inhumanidad han llegado a límites insospechables. Las políticas de Defensa han sido absolutamente desastrosas, aumentando los presupuestos para armamento de forma obscena, multiplicando por tres los gastos dedicados a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, y plegándose a los requerimientos de la OTAN y de los Estados Unidos de Trump descaradamente. Y por si todo ello fuera poco, Rajoy se atreve a proclamar que deja "un país mejor que el que encontró", cuando la radiografía de la corrupción nos dibuja un paranoma absolutamente deprimente. La corrupción durante los años de Rajoy se ha convertido en realidad cotidiana, y de hecho, como sabemos, él mismo no ha tenido la dignidad suficiente como para dimitir como máximo responsable de su partido, cuando éste está salpicado hasta las cejas por cientos de casos que afectan a dirigentes de su formación. Jamás asumió sus propias responsabilidades, se limitó a mirar para otro lado, a desfigurar la vomitiva realidad, y a atacar a todos los demás para disculpar las indecentes prácticas de su formación política. Tuvo que ser desalojado del Gobierno por una Moción de Censura, cuando la situación era ya de plena salud democrática, de harto insostenible. Rajoy, como decíamos arriba, no ha dejado un país mejor que el que encontró. Pero él, desde su plaza de Registrador de la Propiedad en Santa Pola, seguirá pensando que sí. Ya sabemos por tanto la visión de un "país mejor" que tiene el Partido Popular.
Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es

  y ver  ...



https://www.eldiario.es/politica/Gobierno-Rajoy-ACS-FCC-Acciona_0_784621912.html
 

 Nota .- Es sorprendente como  la prensa de  derechas    incluido el País  no dedica ni un artículo a analizar  el periodo de  Mariano Rajoy .