El modus operandi del Ibex 35 en América Latina
La Marea
Un informe de Ecologistas en Acción y OMAL, entre otros, denuncia las malas prácticas de las grandes corporaciones españolas en Latinoamérica |
Vista aérea de una zona deforestada en Pará (Brasil). Foto: Alberto César / Greenpeace.
Grandes
empresas del Ibex 35 con negocios en América Latina vulneran derechos
elementales de las personas y el medio ambiente bajo “patrones
sistemáticos” que van desde el supuesto pago de sobornos hasta la
infiltración de colectivos que se oponen a sus megaproyectos, según el
informe El Ibex 35 en guerra contra la vida, realizado por Ecologistas en Acción, con ayuda del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y la organización Calala Fondo de Mujeres.El informe, elaborado por Miriam GarcÃa-Torres, analiza los conflictos socioecológicos y la violación de derechos relacionados con algunas prácticas de las transnacionales españolas. En este sentido, recuerdan la tragedia medioambiental de la represa Belo Monte (Brasil) -en cuya propiedad participa Iberdrola-; el impacto causado por la actividad de Repsol en la AmazonÃa peruana y los problemas generados en México por Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia, entre otros.
El informe arranca citando a numerosas instituciones y organismos internacionales que arrojan datos impactantes. Por ejemplo, 69 de las 100 entidades económicas más poderosas del mundo son multinacionales, no Estados. Las 10 corporaciones más grandes del planeta registran un volumen de negocio superior a la suma del PIB de 180 paÃses.
Las estrategias de acumulación de poder de estas multinacionales han evolucionado con el tiempo, pero el objetivo sigue siendo el mismo: “Dar prioridad a la generación de beneficios económicos por encima de cualquier proceso de reproducción de la vida”, sostiene GarcÃa-Torres. América Latina, región periférica en el capitalismo global, es uno de los objetivos geoestratégicos más importantes para las grandes corporaciones de España, uno de los principales socios comerciales de la región.
El informe desvela las prácticas de las grandes corporaciones y pone en tela de juicio los métodos empleados para obtener el petróleo, el cobre o la madera, entre otras materias primas. Tal y como recoge este trabajo, no es casual que dos de cada tres activistas asesinados en 2017 realizaran su labor en América Latina (en total, más de 300 personas según Front Line Defenders), una región que desde tiempos coloniales depende económicamente de la exportación de materias primas a los paÃses industrializados del norte. Tampoco lo es que el 40% de esas vÃctimas fueran indÃgenas. “Los asesinatos son solo la punta del iceberg de un patrón sistemático para acallar a quienes se enfrentan a los intereses corporativos, que incluyen amenazas, hostigamiento y detenciones, entre otras agresiones”, sostiene GarcÃa-Torres, especializada en conflictos socioecológicos y en ecologÃa polÃtica feminista.
IndÃgenas y campesinos
Las violaciones de derechos humanos que cometen algunas grandes corporaciones españolas en América Latina presentan varios factores en común, según la investigación de GarcÃa-Torres. Por lo general, tienen lugar en territorios en manos de indÃgenas y campesinos, dos grupos especialmente vulnerables que padecen la impunidad de altos cargos directivos y polÃticos en la región. Estas prácticas corporativas utilizan y al mismo tiempo profundizan la desigualdad entre hombres y mujeres en las comunidades afectadas, sostiene el informe. Como consecuencia, la llegada de multinacionales españolas acelera la pérdida de soberanÃa alimentaria y polÃtica de quienes habitan esas zonas, especialmente de las mujeres.
Otro punto en común de la ‘marca España’ en América Latina es la puesta en marcha de megaproyectos de distinta Ãndole sin llevar a cabo ningún tipo de consulta previa con las personas afectadas por los mismos, tal y como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de los Pueblos IndÃgenas de la ONU. Para solventar estos escollos, las transnacionales cuentan con importantes aliados en grandes medios de comunicación y usan la influencia de exaltos cargos polÃticos (puertas giratorias).
También es frecuente, según denuncia el informe, que la actividad de las compañÃas del Ibex 35 en suelo latinoamericano tengan una incidencia especialmente desastrosa sobre los recursos hÃdricos y la tierra, dando lugar a graves casos de deforestación, pérdida de biodiversidad y fragmentación de ecosistemas, entre otros impactos ecológicos. Este factor, agravado por la falta de transparencia, aparece de la mano de prácticas también habituales en las multinacionales españolas, como el pago de sobornos, la creación de redes clientelares, la extorsión e incluso las injerencias en colectivos y organizaciones locales, añade el documento. “Estas agresiones no siempre son cometidas directamente por los actores corporativos, pero todas ellas tienen lugar en el marco de los conflictos originados por sus actividades y están dirigidas a asegurar los intereses económicos de sus inversiones”, matiza Ecologistas en Acción.
Repsol: gas a toda costa en la AmazonÃa peruana El caso de Repsol en Perú es uno de los más ilustrativos para comprender la dinámica que caracteriza el quehacer de las transnacionales españolas en América Latina. La petrolera española participa en el proyecto de gas de Camisea (AmazonÃa peruana), un negocio financiado por BBVA y participado por otras compañÃas con sede en Madrid. En Camisea se extrae el 95% del gas que produce Perú y afecta a un territorio protegido en el que habitan siete importantes comunidades indÃgenas, tres de ellas en situación de aislamiento voluntario.
Desde su llegada a Perú, Repsol jugó a influir en el gobierno para promover cambios legales que facilitasen su negocio a toda costa. Primero se benefició de las medidas del exdictador Alberto Fujimori, que abrió la puerta a las multinacionales extractivas, y más tarde aplaudió las medidas del expresidente Ollanta Humala (hoy preso por un caso de corrupción que involucra a la española Enagás) en detrimento de la protección medioambiental e indÃgena, una tendencia que hoy continúa el presidente Pedro Kuczynski.
El informe repasa los megaproyectos de Repsol y sus sociedades en Perú, y cuantifica sus impactos: 10.000 barriles de gas licuado derramados en 2013, contaminación de acuÃferos, merma de la fauna ictiológica (“un mito”, según un directivo de Repsol) y silvestre (se redujo en un 67%), y una constante precarización del trabajo y pérdida de soberanÃa alimentaria de las comunidades locales, cada vez más afectadas por los estragos naturales de la petrolera española y el entramado de sociedades con que opera en el paÃs que alberga la segunda mayor reserva forestal de América Latina. Actualmente, el 80% de los indÃgenas nahua, uno de los pueblos afectados, padece contaminación por mercurio asociada a las explotaciones gasistas de Camisea.
ACS: las represas de la codicia en Guatemala La constructora de Florentino Pérez también está envuelta en escándalos que reflejan la impunidad de las transnacionales españolas en América Latina. ACS participa en la construcción de tres plantas hidroeléctricas en el complejo Renace, el más grande de Guatemala. A través de su filial Cobra, el Grupo ACS usa sus nexos con el poder polÃtico guatemalteco y español para obtener beneficios y cambios legislativos que facilitan su negocio, en perjuicio del medio ambiente y de quienes viven del rÃo Cahabón, el más importante del paÃs.
ACS y otras empresas involucradas en este megaproyecto aseguran que están beneficiando al paÃs. Sin embargo, el departamento de Alta Verapaz, que alberga numerosas poblaciones indÃgenas y un tercio del negocio hidroeléctrico, es la que menos cobertura eléctrica tiene en todo Guatemala. Solo el 3% de su población local atiene acceso a agua potable y los conflictos sociales han estallado debido a los daños que causa la multinacional española en los recursos hÃdricos de esta y otras regiones, asà como la negativa de ACS a negociar con poblaciones locales, la invasión de pequeñas tierras en manos de familias que se niegan a venderlas. Al menos 263 defensores y defensoras ambientales crÃticos con este proyecto hidroeléctrico han sido atacadas, según datos de la UDEFEGUA. “Somos la mano de obra de los promotores, sin ninguna responsabilidad social”, declaró una fuente de Cobra citada en el informe.
Corredor eólico en México En una franja de Oaxaca, sureste de México, conocida como Istmo de Tehuantepec, viven cinco pueblos indÃgenas. Los vientos de este territorio hacen que sea un lugar muy atractivo para la generación de energÃa eólica. Actualmente varias corporaciones españolas construyen allà el corredor eólico más grande de América Latina (5.000 aerogeneradores), un proyecto que también se rige por el modus operandi de la ‘marca España’ en la región que describe el informe.
Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Acciona y Renovalia controlan más de la mitad de los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, y el 87% de sus aerogeneradores salieron de las plantas de Gamesa y Acciona. Este megaproyecto tampoco está exento de problemas: denuncias por apropiación de territorios y bienes comunes; problemas de discriminación (la población local sigue teniendo graves carencias de acceso a electricidad), pérdida de biodiversidad (allà convergen las principales rutas de aves migratorias), alteraciones en el cauce de los rÃos, pérdida de tierra fértil, vertidos masivos de aceites y otros desechos…
El documento pone énfasis en cómo la falta de transparencia y diálogo con comunidades locales han hecho que este megaproyecto destruya el tejido social de ese territorio. Las multinacionales españolas mencionadas, especialmente Iberdrola, están acusadas de corromper a funcionarios públicos y ciudadanos para que se infiltren en las asambleas locales que denuncian y resisten ante estas prácticas. La supuesta connivencia entre las trasnacionales españolas y el poder polÃtico en México llega al punto de que son agentes de policÃa y militares quienes hacen de guardias privadosen las instalaciones privadas de estas empresas. “Tanto es asà que las comunidades locales han denunciado amenazas, intimidaciones y amedrantamiento por parte de personal de Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia”, recoge el informe. Este también informa de que, “en algunos casos, personas defensoras y periodistas que trabajan sobre el conflicto han recibido amenazas de muerte, y se han reportado actos de violencia fÃsica y agresiones con armas de fuego”.
Más desigualdad entre hombres y mujeres Las prácticas de las multinacionales en América Latina están agravando y aprovechando al mismo tiempo la desigualdad entre hombres y mujeres, explica GarcÃa-Torres en el documento. Por un lado, las compañÃas españolas analizadas dan prioridad a las negociaciones bilaterales, dejando de lado el diálogo colectivo y excluyendo a las mujeres en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, estas corporaciones fomentan contrataciones precarias que dificultan la independencia de las mujeres. La violencia que se genera en torno a estos negocios y la frecuente militarización de los territorios afectados también representa una traba en el empoderamiento de las mujeres latinoamericanas. A pesar de todo esto, son ellas las que cada vez con más frecuencia lideran las luchas y resistencias frente a las crisis ecológicas, humanitarias y económicas que generan las multinacionales.
La publicación de este informe estuvo acompañada por un acto de protesta de varios activistas ante la Bolsa de Madrid. El documento subraya la importancia de crear leyes internacionales con carácter vinculante para evitar que estas prácticas sigan perpetuándose. Además, insta a la Unión Europea a suspender las negociaciones para la firma de nuevos tratados de libre comercio, al considerar que “refuerzan la arquitectura jurÃdica de la impunidad a favor de las transnacionales”, y anima a las autoridades a potenciar las formas de economÃa social, bajo criterios ecologistas y feministas.
Fuente: https://www.lamarea.com/2018/02/07/ibex-35-america-latina/
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